En la Comuna 20 de Cali recuerdan los episodios violentos que vivió esa ciudad durante el estallido social de 2021. Allí la arremetida policial dejó amenazas y miedo entre las víctimas, pero también el ánimo de enfrentar una justicia que consideran veloz contra los manifestantes y lenta contra la fuerza pública.
La presencia de grupos armados ilegales a ambos lados de la frontera ha generado desplazamientos en zonas como Norte de Santander, Arauca y Vichada. Solo en el estado Amazonas, en Venezuela, se calcula que 13.000 indígenas han salido también hacia Brasil desde 2019.
Durante décadas esta economía ilegal ha sido una fuente de ingresos para miles de familias dentro del país. Ahora, con la crisis al otro lado de la frontera, el narcotráfico ha incorporado una mano de obra extranjera que resulta más vulnerable en medio de un conflicto armado ajeno. Personas de las etnias yukpa y barí en Perijá se están sumando a tareas hasta ahora desconocidas.
El clan Char no es el único que la Fiscalía involucró con el tráfico de marihuana y cocaína en los años noventa. En el expediente que halló esta alianza periodística también figuran otras familias de políticos y empresarios de la Costa que supuestamente habrían amasado sus fortunas con los millones de dólares que les dejó el narcotráfico. Esta es la segunda entrega de #LosPapelesDeBarranquilla.
Documentos de la Fiscalía de los años noventa involucraron a Fuad Char y a varios de sus hermanos con el supuesto comercio ilegal de marihuana y cocaína. En 78 cuadernos y 16.000 folios se escondía un capítulo silenciado de la historia reciente en esa región. Esta es la primera entrega de #LosPapelesDeBarranquilla.
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La elección de Zarwawiko Torres como cabildo gobernador sumió en un conflicto interno a este pueblo indígena, uno de los más representativos de Colombia. En la disputa figuran el Ministerio del Interior y la familia de la concejala de Bogotá Ati Quigua Izquierdo, junto a intereses económicos en la EPS indígena más grande de la Sierra Nevada de Santa Marta. La pugna se agudiza y tiende a la violencia.
La crisis humanitaria que enfrenta Venezuela y las dificultades en Colombia para atender el ingreso masivo de migrantes ha llevado a que menores de edad venezolanos se vean obligados a trabajar para sobrevivir y ayudar a sus familias. En medio de esa necesidad, son explotados y expuestos a situaciones de alto riesgo como maltratos y abusos y acechados por organizaciones criminales a ambos lados de la frontera.
La atención médica en esta zona es un cuerpo enfermo. Con contratos por 114 mil millones de pesos, el clan Rodríguez asfixió las finanzas del hospital de Caucasia, el más grande de la región, a través de la subcontratación de sindicatos y asociaciones de la salud. Este mecanismo llegó a otros cuatro municipios cercanos en un negocio millonario manejado por congresistas y gobernantes que afecta a más de 306 mil personas.
Luis Octavio Gutiérrez cesó la contratación con el cuestionado sindicato Sintrasant y realizó una auditoría interna a la antigua administración del exgerente Orlando Rodríguez, del clan Rodríguez. Casi un año después del homicidio del odontólogo, sus familiares aseguran que la investigación en la Fiscalía no avanza y se sienten solos exigiendo justicia.
Óscar Pastrana, de 35 años, murió en la Clínica Los Nogales de Bogotá en diciembre de 2020 en circunstancias que aún no han sido esclarecidas. Su deceso ocurrió después de que denunciara presuntos hechos de corrupción, cuestionables prácticas de contratación y falta de salubridad en los insumos médicos del hospital público de Caucasia. El médico sufría depresión por acoso y presiones derivadas de sus acusaciones.
En esta zona compartida por Colombia y Venezuela, el nuevo año empezó con asesinatos selectivos y una disputa intensificada entre el ELN y una facción disidente de las FARC. El pulso por el control territorial no para y cada vez es más evidente que los gobiernos, sin relaciones bilaterales, no mandan allí.
La jornada anual terminó con el regreso paulatino a la presencialidad y una deficiente implementación de la escuela a distancia en varias zonas de Colombia. Este departamento resume las dificultades que atravesaron maestros y estudiantes para intentar cumplir sus objetivos, y los rezagos que dejó este periodo en un territorio afectado por la pobreza y los grupos armados ilegales.
#HablemosDeCorrupción
Cada año en el país se destapan nuevos escándalos y el ciclo se repite: los medios, las redes y las conversaciones cotidianas propagan las denuncias y se acentúa la frustración. Nadie parece rendirse: ni quienes roban, ni quienes levantan la voz en busca de sanciones.
Los habitantes de la zona rural en ese municipio de Nariño carecen de telefonía móvil e internet. Los colegios no tienen bibliotecas. A 130 escuelas debieron llegar los puntos de internet que prometió la exministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, pero el escándalo de corrupción mantiene en vilo la esperanza de las comunidades.
A través del monitoreo web varias empresas públicas y privadas, y algunas entidades de gobierno, rastrean contenidos que puedan afectar su imagen en internet. Esta vigilancia, que suele producir comunicaciones intimidantes contra periodistas para ocultar o eliminar información, propicia la autocensura en los medios y restringe la libertad de expresión.
Microtráfico, extorsión, carteles, disidencias de las Farc y corrupción. El panorama delictivo de esta ciudad en el Valle del Cauca provoca temor y autocensura entre los periodistas, que prefieren callar tras el asesinato de su colega Marcos Montalvo.
En la grabación, Misael Cadavid, candidato a la Cámara por Antioquia, asegura que se reunió con Daniel Quintero y que el mandatario, a quien su cargo le prohíbe participar en política, los respalda a él y a Luna desde la Alcaldía. Añade que les darán unos “carguitos”.
El Estatuto Temporal de Protección es la apuesta más ambiciosa del gobierno colombiano frente a la migración masiva de venezolanos. El proceso empezó hace seis meses. Sin embargo, llevarlo del papel a la realidad choca con brechas sociales y digitales, falta de comunicación entre instituciones, vacíos que afectan a los más vulnerables, y la pregunta: ¿qué pasará con quienes se queden afuera?
🎥 El 19 de septiembre fue asesinado el periodista de 68 años en una tienda en Tuluá, Valle del Cauca. Su muerte significa la pérdida de un símbolo del periodismo crítico en el municipio. También es un síntoma del complejo entramado de violencia que azota a la ciudad y de las dificultades que se le impone al periodismo regional en Colombia.
La Iglesia católica interpuso siete acciones de tutela contra el periodista Juan Pablo Barrientos y Editorial Planeta para frenar la venta y distribución del libro ‘Este es el cordero de Dios’. Compartimos el primer capítulo del libro, que revela el mayor caso de abuso sexual confirmado de un grupo de sacerdotes contra un solo sobreviviente en Colombia.
El asesinato del reportero Marcos Efraín Montalvo, ocurrido hace un mes, calló una voz crítica de ese municipio y sumió a sus colegas en la zozobra. Ahora muchos se preguntan cómo seguir en su oficio bajo la amenaza permanente de la violencia.
En el tercer y último capítulo de #AsíNosRobaronAColombia, producido por La Pulla en alianza con el CrossmediaLab de la Universidad Tadeo, y con el apoyo de La Liga, nos preguntamos ¿qué tan amarrado está el Estado con el narcotráfico y cómo eso ha degradado las instituciones? Acá revisamos cómo este fenómeno también se ha robado al país.
Robar el sistema de salud mata gente, literalmente. Así que venimos a amargarlos con algunos casos descarados de corrupción en Colombia que han ocurrido en los últimos 40 años.
Colombia ha sido robada una y mil veces. Políticos, narcos y empresarios saquearon el país para llenarse los bolsillos. Esta es una serie para hacer memoria de cómo la corrupción atravesó al país.
La Fiscalía investigó diez casos entre 2002 y 2010, pero cinco fueron archivados porque ocurrieron del lado venezolano. Muchos otros ni siquiera han sido denunciados. Naciones Unidas manifestó su preocupación ante la falta de voluntad de los gobiernos de Colombia y Venezuela. Organizaciones en Norte de Santander han documentado posibles fosas comunes.
Una niña haitiana abandonada en el Darién resume la tragedia que genera el tráfico de personas en el golfo de Urabá. Allí las redes de extorsión, los abusos y las muertes continuarán mientras los gobiernos de Colombia y Panamá no faciliten pasos humanitarios.
Durante diez años, Talanú Chemical, el mayor proveedor de glifosato antidrogas en Colombia, omitió información sobre los efectos de su herbicida ante la autoridad ambiental. Esto no impidió que siguiera contratando, bajo requisitos aparentemente laxos, con la Policía Antinarcóticos, que ha estado en el centro de las quejas de campesinos por “fumigación indiscriminada”.
La aspersión aérea con glifosato para erradicar cultivos de coca empezó en Guaviare en 1994 y terminó en 2015. Durante esta época aumentó la cantidad de bebés que nacieron con malformaciones y en condición de discapacidad en Calamar, uno de los cuatro municipios de este departamento. A las madres de estos bebés los médicos les decían que el glifosato probablemente era la causa de las enfermedades de sus hijos, pero ante la escasez de datos y estudios sobre este herbicida en la región, siguen sin certezas y cargando con las consecuencias.
Un grupo de campesinos del sur de Bolívar cambiaron la coca por cultivos legales de cacao sin apoyo del Estado. Pero las fumigaciones aéreas con glifosato destruyeron sus vidas y su proyecto.
Este fotoensayo reúne las historias de tres campesinos del sur del departamento y muestra cómo es su relación con los cultivos de coca y su vida en medio de la presencia de grupos armados y un Estado que incumple y erradica la mata sin ofrecer alternativas.
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La Policía y la Gobernación de Cundinamarca descartan la presencia de grupos ilegales en ese municipio, pero la Fiscalía confirma al menos dos acciones armadas que habrían sido ejecutadas por una disidencia del Frente Décimo de las Farc. A la violencia física se suman la extorsión y las amenazas de estructuras sucesoras del paramilitarismo.
La guerra entre estas bandas por el control territorial en la capital del Atlántico deja reclutamiento juvenil, amenazas, extorsiones, desplazamiento y muertes. El narcomenudeo en esta ciudad, apetecida por su ubicación entre el mar y el río Magdalena, genera miles de millones de pesos cada año paraestas organizaciones criminales sobre las que pesa el silencio administrativo. Una realidad social muy distinta de las campañas publicitarias que venden a Barranquilla como ejemplo de progreso.
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Barranquilla es una capital que oculta muy bien su lado más oscuro: el de la marginalidad, la pobreza extrema y la criminalidad. Estas situaciones nada tienen que ver con la imagen idílica de desarrollo y prosperidad que las autoridades promueven. Vokaribe Radio lo cuenta en este podcast, basado en la investigación periodística de La Liga “Los Costeños y el Clan del Golfo se disputan el microtráfico en Barranquilla”.
Como otros migrantes, viajan solos en busca de oportunidades. Pero son niños que padecen las dificultades de la migración como si fueran adultos. Cientos de chicos y chicas enfrentan duras travesías bajo una gran vulnerabilidad, mientras los estados de Venezuela y Colombia siguen sin ofrecer una ayuda eficaz.
Durante siete años, en una zona controlada por paramilitares, una red de minería ilegal explotó oro en ese departamento. Dos estadounidenses de origen iraní, representados por la firma de Diego Cadena, exabogado de Álvaro Uribe, habrían iniciado las actividades. Varios miembros de la red fueron sentenciados antes de salir libres.
El pasado 23 de agosto, en el programa Zona Franca de Red Más Noticias (de Claro Colombia), se habló sobre la investigación de Cuestión Pública y Canal 2 sobre lo ocurrido la noche del 19 de mayo en el Éxito de Calipso, en Cali. El trabajo aportó evidencia sobre posibles hechos de tortura y abuso de autoridad de la Policía dentro del almacén. Tras la emisión, el programa fue eliminado de YouTube. Horas después volvió a estar disponible. Aquí publicamos el reportaje.
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Por las noches, en las montañas de esta región, se iluminan las parcelas que producen la mayor parte de la marihuana para el mercado ilegal. Al mismo tiempo hay espacio para quienes prefieren cultivar la hierba y dedicarla al uso medicinal. En Toribío, Caloto, Miranda y Corinto, donde se instaló este boom, llegó el sustento para muchas familias, pero también una violencia que no cesa.
La consolidación de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia en el corredor del Nudo de Paramillo y el reacomodo de un reducto de disidencias de las Farc, junto a los vacíos en la implementación del acuerdo de La Habana, mantienen a las familias atrapadas en una contienda por el control de ese territorio.
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Tres meses han transcurrido desde el inicio de las protestas más multitudinarias y prolongadas que se han registrado en Colombia durante las últimas décadas. El descontento ciudadano vio surgir a este nuevo actor: un colectivo diverso; a veces elogiado, pero también temido y estigmatizado, que resume la resistencia frente al abuso policial. En este podcast reunimos sus voces.
Los antecedentes del nuevo presidente del Senado de la República incluyen un negocio con dos socios de un narcotraficante, una denuncia por estafa, una disputa familiar por tierras, y el embargo de su apartamento, su sueldo y su carro.
Entre 2018 y 2020 la Defensoría del Pueblo emitió cuatro alertas tempranas debido a la violencia en Tumaco y el Pacífico nariñense. Esta comunidad, una de las más afectadas por las disputas entre grupos armados, ha padecido confinamientos, amenazas, desplazamientos masivos y más de 40 asesinatos en los últimos 18 meses.
Obligadas a huir de su país, cada vez más venezolanas padecen la desprotección y la violencia extrema. Sus familias, además, enfrentan barreras burocráticas que entorpecen la recuperación de sus cuerpos; mientras sus huérfanos terminan en un limbo ante la inacción de los gobiernos.
La comunidad religiosa adquirió al menos 32.253 hectáreas en Puerto Gaitán, Meta, para expandir su proyecto agroindustrial. Algunos predios pertenecían a narcotraficantes, otros eran baldíos investigados por irregularidades en su compra. Comunidades indígenas de la región reclaman una parte del territorio.
Cientos de posibles desaparecidos en Colombia fueron ‘rebautizados’ en el marco del Paro Nacional como “personas no localizadas”. El cambio término no es un mero asunto nominal, detrás de él hay un efecto que parece conveniente para dos entidades estatales encargadas de reportar e investigar ese delito, y que pone en riesgo la protección de sus eventuales víctimas.
Una repartija de puestos en las entidades públicas de la ciudad alcanza para sectores políticos diversos y antagónicos. En el centro de ese esquema clientelista figura Esteban Restrepo, secretario de Gobierno y Gestión del Gabinete, y muy cercano al alcalde Daniel Quintero.
El asesinato de cinco jóvenes en este barrio de Cali es un rompecabezas incompleto. Dos capturas y una orden de detención bastaron para que el Fiscal General considerara esclarecido el caso. Pero detrás de este crimen existe una telaraña de crimen organizado que sigue sin despejarse.
Las protestas, la represión y las violencias registradas desde el 28 de abril en Cali han dejado hechos confusos, videos virales que circulan sin verificación o contexto y declaraciones que evidencian errores o simples mentiras. Este trabajo intenta esclarecer uno de los episodios que generó controversias.
Las protestas contra el gobierno de Iván Duque, reprimidas con una violencia policial que ha sido condenada por varios países y organismos internacionales, han estimulado un discurso oficial que repite viejas explicaciones para señalar como responsables a grupos criminales. Con etiquetas como “terrorismo urbano” o “vandalismo extremo” se intenta justificar las reacciones excesivas contra los manifestantes.
Al menos 28 personas han muerto en los últimos 15 días en choques con la policía durante las protestas contra el gobierno de Iván Duque. Estos son los puntos y los videos que ayudan a entender cómo ocurrieron sus muertes.
Este clan del Cesar ejerció por décadas su influencia, mientras crecían su poder y sus líos con la justicia. El empresario Carlos tiene pedido de extradición desde España; el ganadero Edward está acusado de homicidio; y el excongresista Alfonso enfrenta acusaciones por el desplazamiento de una comunidad indígena. Rutas del Conflicto y La Liga Contra el Silencio presentan una radiografía de las cuentas que estos hermanos tienen pendientes.
El boom de este fruto provoca disputas en cada región donde se siembra. La acumulación de tierras en manos extranjeras, la deforestación, la falta de control ambiental, la captación y contaminación de aguas, y las presiones sobre los campesinos generan pugnas en Quindío, Caldas y Risaralda, donde el ‘oro verde’ va desplazando al café.
El gobierno de Colombia no ofrece una plataforma para monitorear los avances. Varias denuncias revelan un represamiento de datos que no se cargan al sistema, mientras la iniciativa de la sociedad civil le apuesta a la transparencia para medir el verdadero ritmo de la inmunización contra el covid-19
Durante el último año nueve personas han sido asesinadas en operativos de erradicación forzada de cultivos de coca. Ante la ausencia de alternativas, hoy las movilizaciones campesinas continúan en varios departamentos del país, mientras algunas muertes siguen sin ser investigadas.
En la capital del Chocó crecen los asesinatos, sobre todo entre menores de 30 años. Los grupos armados, que aprovechan la pandemia para conquistar terreno, desplazan y amenazan a quienes denuncian. El Estado aumentó la presencia de la fuerza pública, pero no la necesaria inversión social.
Dos empresas, Air-e y Afinia, compraron esta cuestionada empresa de energía en una subasta de la que se sabe muy poco. El secreto sobre el monto pagado y otros detalles del cambio de manos dejan interrogantes sobre las concesiones que hizo el gobierno para conseguir que la operación se concretara.
Abogados y personajes públicos usan los tribunales para censurar, mientras alegan que el derecho a la honra y el buen nombre está por encima de la libertad de expresión. La mayoría no busca una rectificación, sino ahogar a quienes investigan con procesos que consumen tiempo y lesionan su estabilidad económica y emocional.
El escritor Nahum Montt, director de la filial colombiana de la editorial Fondo de Cultura Económica, ha estado involucrado en episodios de abuso de poder, conflictos de interés y conductas que podrían ser investigadas tanto en México como en Colombia. Con base en el testimonio de una decena de fuentes y de una amplia documentación, La Liga Contra el Silencio reconstruye este caso que afecta a uno de los referentes del mundo editorial en español.
Asesinatos, amenazas a líderes sociales, narcotráfico, destierro y dominio territorial. Las estructuras que heredaron el poder de Hernán Giraldo, hoy en guerra contra el Clan del Golfo, han convertido al distrito turístico en una zona donde el miedo y el silencio presagian el regreso a las épocas oscuras.
Mapiripán, El Naya, El Salado y Bojayá nos recuerdan episodios atroces de nuestra historia reciente, con decenas de vidas segadas por distintos grupos armados. Las masacres ocurridas allí nos remiten a una violencia que creíamos superada.
Miles de mujeres colombianas, víctimas de la violencia de sus parejas, encontraron mayores dificultades para recibir protección y justicia durante el largo confinamiento que trajo el covid-19. Muchas ahora son más vulnerables.
El cierre de las oficinas por la pandemia afectó a miles de personas y limitó su derecho a la identificación. Los planes de respuesta frente a la emergencia no han logrado responder con suficiencia a la demanda.
Aunque el gobierno Duque insiste en un “plan premeditado” de grupos ilegales tras los ataques a más de 70 CAI en Bogotá, la Fiscalía solo tiene pruebas contra las disidencias en dos casos, y ninguno atribuible al ELN.
Las distintas cifras sobre desaparición forzada durante el paro nacional esconden relatos de jóvenes cuyo paradero fue desconocido durante horas o días, mientras eran torturados. Muchos callan por temor, acosados por las secuelas psicológicas que, según dicen, les dejaron los maltratos de la fuerza pública.
Promesas incumplidas, falsedades, ‘decretazos’ y verdades a medias inquietan a los isleños, mientras se inicia con tropiezos la reconstrucción tras el paso del huracán Iota. Cuatro meses después del desastre, en las islas abundan el caos, la zozobra y la desesperanza.
La revista ARCADIA fue suspendida antes de publicar la que sería su edición 172. Sus autores y colaboradores, que se refieren a ella como #LaRevistaQueNoFue, le propusieron a La Liga Contra el Silencio publicar los artículos que ya no verían la luz.
Léalos aquí, distribuidos en los portales de los medios que integran esta alianza.