Por Germán García Barrera, alianza Mongabay Latam – entreojos.co

El clima está a punto de cambiar y para las doce familias indígenas que viven en el resguardo La Yuquera, en el departamento del Guaviare, llega el peor momento del año. Es cuando en medio de un verano intenso, ven cómo grupos de campesinos colonos arremeten contra los bosques, talan sin control y abren potreros para introducir ganado y sembrar cultivos legales e ilegales. 

El capitán de La Yuquera, Gustavo Ramiro Bernal Sierra, está preocupado porque según han visto los últimos años, noviembre es apenas el comienzo. Los invasores siguen su devastación en diciembre y en enero, y programan quemas para los meses de febrero y marzo. “Por eso tenemos que ir a verificar, estamos próximos a hacerlo, este problema se ha presentado con mayor intensidad desde hace dos años”, cuenta Bernal, quien además explica que la labor de verificación consiste en vigilar a través de recorridos periódicos por el área del resguardo para evitar la presencia de invasores.  

Para los indígenas del pueblo Tucano Oriental, la pérdida de bosques es terrible porque se definen como “hijos de la tierra, de la palabra, de los sueños y del agua” porque, según reza en su plan de vida, “el universo, la tierra, los astros, la lluvia, el viento, los animales, las plantas y los minerales, tienen un origen común y hacen parte de una misma familia”.

La Yuquera es un resguardo ubicado entre los municipios de Calamar, con el que limita por el oriente, y Miraflores, por el occidente. Tiene 7708 hectáreas y sus líderes están a la espera de la aprobación final de una modificación en la cartografía que lo reduciría a 3576 hectáreas, algo poco usual pero que la comunidad pidió para lograr un verdadero control sobre el territorio.

Hasta allí se llega por dos vías: la fluvial, a través del río Unilla, la que más usan los pobladores indígenas, y una trocha carreteable (vía de tierra) que en tiempo de verano es medianamente transitable, pero que en invierno no permite el paso. Se trata de un camino abierto por las mismas comunidades, para poder sacar sus productos, pero que ha terminado encontrándose con una vía ilegal que pretende unir los municipios de Calamar y Miraflores, y que se ha convertido en uno de los siete núcleos de deforestación de la Amazonía colombiana durante los últimos años. Las consecuencias hoy las padecen los resguardos.

La pérdida de bosque en el área completa del resguardo La Yuquera (7708 ha) suma cerca de 955 hectáreas entre 2017 y 2022, según los datos del Instituto de Hidrología, Metereología y Estudios Ambientales (IDEAM) y los reportes de Global Forest Watch. Las causas son muchas, entre la ampliación de la frontera agrícola y ganadera, los cultivos de coca y el acaparamiento, pero con la constante de que las autoridades hasta hoy no logran dar con los responsables. La realidad de La Yuquera se inserta en un escenario de devastación más amplio puesto que Calamar y Miraflores son dos de los municipios con mayores índices de deforestación en Colombia. En el medio están los habitantes de este resguardo tucano y otros resguardos intentando conservar y sobrevivir. 

“Entre nosotros hemos bregado a que no se siga destruyendo eso, pero es imposible con los campesinos, se nos han metido bastante a nuestro territorio”, dice Bernal Sierra y se lamenta del abandono estatal. 

Los líderes tucano oriental aseguran que ni las alcaldías de Calamar o Miraflores —vecinas de La Yuquera— ni las personerías, tampoco la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico (CDA), hacen presencia en el área del resguardo para conocer su situación. Dice Bernal que lo que tienen y lo que necesitan lo han conseguido por sus propios medios. 

“Entre nosotros hemos bregado a que no se siga destruyendo eso, pero es imposible con los campesinos, se nos han metido bastante a nuestro territorio”.

Gustavo Bernal Sierra – Gobernador de La Yuquera. Guaviare, Colombia.

Una lucha solitaria 

Los habitantes de La Yuquera, armados de paciencia y siguiendo sus saberes ancestrales, han entendido la diplomacia como su principal estrategia para procurar la protección de su territorio. 

Ni la confrontación con los colonos invasores ni la denuncia ante las autoridades han sido alternativas viables para esta comunidad de la etnia tucano, de 80 personas, agrupadas en doce  familias que habitan este resguardo reconocido por el Estado a través de la Resolución No. 027 de 1994, expedida por el desaparecido Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora) 

Son vecinos del río Unilla, se sirven de él y se transportan a través de su caudal. El trayecto entre Calamar y el caserío Tucano Oriental —el poblado más cercano— puede hacerse en una hora. Cuando el viaje es hacia Miraflores, en el sur, o hacia San José, la capital situada en el norte, el viaje es de un día completo. El costo del desplazamiento bordea los 500 mil pesos (USD 127 dólares) en lancha. 

El territorio de La Yuquera hace parte de la Zona de Reserva Forestal de la Amazonía, conocida como Reserva Forestal de Ley Segunda, y creada en 1959 para promover “el desarrollo de la economía forestal y la protección de los suelos, las aguas y la vida silvestre”. Por eso y por sus tradiciones, los habitantes de La Yuquera siempre han entendido que pueden hacer uso de la tierra para sus actividades productivas y culturales, al tiempo que deben velar por la protección de los recursos naturales.

El resguardo, además, se encuentra dentro del área de influencia del Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, único patrimonio mixto (cultural y natural) de la humanidad declarado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en Colombia. Está por fuera de los límites de esta área protegida pero conectada espiritualmente con ella, según lo destacan sus autoridades. 

A pesar de los privilegios naturales que abrigan a La Yuquera, el resguardo está rodeado de amenazas. En el Sistema de Monitoreo Territorial de la Organización Indígena de Colombia (ONIC) se advierte que esta zona de Calamar —municipio del que hace parte—  está declarada “como área de hidrocarburos, susceptible a afectaciones dentro y en áreas adyacentes”, según se desprende también del Mapa de Área Petrolera en resguardos de abril de 2011. Y en el análisis geoespacial hecho por Mongabay Latam, el 100 % del territorio del resguardo tiene lotes petroleros identificados. 

Otros riesgos que se ciernen de manera evidente sobre La Yuquera, según la ONIC, los generan “la tala y quema de bosque para la ganadería, la contaminación de las fuentes de agua por residuos sólidos y por vertimiento de combustibles provenientes de los motores de las lanchas, y el manejo inadecuado de pequeñas granjas porcícolas y del matadero de la región”. 

Los otros invasores: los cultivos ilegales de coca

En el territorio del resguardo hay una clara tendencia al alza en la siembra de cultivos ilícitos. El más reciente informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc por sus siglas en inglés), indica que los cultivos aparecieron en 2010 cuando se identificaron 62 hectáreas de coca. Desde ese momento, la coca no ha dado tregua y aunque con altibajos —las superficies con este cultivo disminuyeron entre 2011 y 2013— el aumento ha sido exponencial: en 2020 llegaron a 132 hectáreas, en 2021 descendieron a cien y para el 2022, los cultivos de coca subieron a 115 hectáreas sembradas.

Según contó el capitán Gustavo Ramiro Bernal Sierral a esta alianza periodística, colonos que viven en la vereda La Unión, de Calamar, en la parte sur del resguardo, transgreden frecuentemente sus límites: entran, talan, queman y siembran coca. Cuenta que lo hacen con frecuencia, sin miramientos, se apoderan de la tierra reservada para conservación y desprecian cualquier argumento o documento a través de los cuales los descendientes tucano oriental quieran defender su titularidad. 

El líder local admite que esta situación les ha traído problemas con las autoridades antinarcóticos porque los han acusado de promover los cultivos ilegales y los han perseguido por mantenerlos dentro de su territorio. “Es un permanente dolor de cabeza”, sostiene, especialmente porque se han visto obligados a intentar controlar las siembras por su cuenta, sin la colaboración de las instituciones.  

“Estas son tierras baldías”, es la respuesta de los colonos a los residentes de La Yuquera quienes dicen que no tienen forma de evitarlo. En su principio de vida no están la confrontación, la discusión o la conflictividad —repiten constantemente— y menos con actores externos y en las actuales condiciones de inseguridad. Su vulnerabilidad frente al actuar de los invasores o actores armados ilegales como las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que operan en la zona,  es tal que el tema no ha sido denunciado ante ninguna autoridad. 

En 2014, las comunidades de La Yuquera fueron sujetos de consulta previa para el inicio de un programa del Gobierno nacional que buscaba la erradicación voluntaria de cultivos ilícitos, pero los pobladores indígenas votaron en contra.  Según explican, las hectáreas cultivadas de coca en sus tierras no les pertenecían, así que era imposible que tumbaran algo ajeno. 

Sin embargo, este hecho los alertó sobre la necesidad de volver a delimitar su resguardo, pues mientras aparezcan con cultivos ilícitos en los mapas del Gobierno, muchos proyectos de inversión también les serán negados. Así que, auspiciados por el Ministerio del Interior, en 2015 hicieron un recorrido de verificación acompañados de topógrafos y con estos datos hicieron los ajustes en la cartografía de su resguardo. El mapa ajustado del resguardo La Yuquera quedó con un área aproximada de 3577 hectáreas sin presencia de cultivos ilícitos, pero aún no está vigente. Desde ese momento, se encuentra en trámite ante la Agencia Nacional de Tierras.

Los peligros de una vía ilegal 

El camino de trocha o tierra que lleva al resguardo ha sido construido por la misma comunidad para tener un medio para sacar sus productos y poder salir ante cualquier eventualidad. Terminó conectada con la vía Calamar – Miraflores, una carretera ilegal construida sin permisos ni licencia ambiental, en una zona de reserva y que, según dijo en abril de 2023 la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, favorece a “terratenientes fantasmas” que al “acaparar lotes, quemarlos y apropiarlos y poner ganadería” cometen un acto ilícito. Por eso, el 12 de septiembre pasado, la funcionaria anunció que intervendrán judicialmente los predios deforestados. Ya la autoridad ambiental multó a un gobernador y dos alcaldes y tiene cerrada la obra. La Fiscalía les imputó cargos a tres alcaldes por omisión.

En octubre de 2022, Mongabay Latam reportó que entre enero y la primera semana de octubre de ese año, se registraron 145 116 alertas de deforestación en la zona de influencia de esa vía. Se detectaron picos en los meses de abril, junio y agosto y, además, varias vías anexas a esta carretera, como la que lleva al resguardo indígena La Yuquera.

En la publicación, se alerta que “la situación en esta vía ilegal es tan grave que en los últimos cuatro años más de 59 kilómetros han sido abiertos rompiendo la frontera agropecuaria, sin ninguna restricción sobre la apropiación de tierras en las áreas deforestadas al lado de la vía. Solo entre abril de 2021 y marzo de 2022, se abrieron 29 de esos 59 kilómetros, es decir, el 49 % de la extensión actual de la carretera”. 

La plataforma satelital Global Forest Watch, que registra en tiempo real la pérdida de cobertura forestal, muestra que entre el 1 de enero y el 5 de septiembre del 2023 se registraron 11 174 alertas de deforestación más. Cada una de estas alertas significa una pérdida de 30 por 30 metros, el equivalente a casi una cancha de básquetbol. Las alertas están dispersas por todo el territorio del resguardo, pero se ven especialmente concentradas en el área cercana a la vía ilegal.

De acuerdo al análisis hecho por la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCSD), en Calamar se concentran los principales focos de la deforestación del país junto a El Retorno, Miraflores y San José del Guaviare, y otros municipios de Meta, Caquetá y Putumayo. Todos ellos forman el llamado arco de deforestación. 

Según las cifras del Ideam, la deforestación en La Yuquera comenzó a crecer en 2017 cuando se perdieron 69 hectáreas de bosque, luego la tendencia se mantuvo al alza hasta 2020 cuando alcanzó las 249 hectáreas. En 2021 hubo una disminución hasta 133 hectáreas. Y en 2022, de acuerdo con los datos extraídos de Global Forest Watch, la pérdida de cobertura boscosa fue de 339 hectáreas. 

La presencia de grupos armados

Los recorridos para monitorear su territorio los hacen a pie y en grupo, andan por entre el bosque húmedo tropical para reconectarse con sus deidades y agradecerles por su generosidad, ya que les proveen lo necesario para vivir, las frutas amazónicas, los animales, el aire. Aunque están en lo suyo, relatan, andan con precaución, sin más armas que su voluntad. Ni siquiera tienen guardia indígena, son conscientes de los riesgos por el merodeo de vecinos intransigentes y de integrantes de las disidencias de las FARC que operan en la zona. 

El accionar de este actor armado ilegal está identificado en la Alerta Temprana No. 012 – 2023 de la Defensoría del Pueblo, fechada el 30 de marzo de 2023, y en ella se advierte una situación de riesgo inminente que enfrentan comunidades campesinas, indígenas y afro de los municipios de San José, El Retorno, Calamar y Miraflores (Guaviare). 

La advertencia de la Defensoría hace referencia a varios hechos de violencia en la zona motivados por una disputa armada asociada a la fragmentación o división al interior de la facción disidente del Frente Primero ¨Armando Ríos de las FARC-EP¨.

Dicha confrontación ha ocasionado, como lo describe la misma Defensoría, enfrentamientos armados y violencia hacia la población civil “generando el incremento de homicidios, amenazas y desplazamientos con efectos directos e indiscriminados sobre las comunidades, sus bienes … [además de] graves afectaciones a la vida, libertad, integridad y seguridad y/o posibles infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH)”.

La Defensoría le pidió al gobierno nacional proteger la integridad de los habitantes de la zona y a la Fiscalía investigar y judicializar a los responsables de los hechos de violencia en contra de la población civil.

Cada día resulta más azarosa la tarea de conservar su resguardo y los bienes naturales en su interior. La destrucción del bosque ya se ve reflejada en la disminución acelerada de fuentes de agua como el caño Tapiao. Cuentan que su caudal ha descendido y los animales de los cuales se alimentan como el saíno (Pecari tajacu) y la lapa (Cuniculus paca) se espantan con el ruido de las motosierras. 

Los tucano oriental son cazadores y agricultores, tienen cultivos de yuca, plátano, maíz, arroz y caña de azúcar, y suman a su dieta la fauna que cazan e igualmente son diestros pescadores. Lo que cosechan lo utilizan para su autoconsumo y una parte la venden en el mercado de Calamar con los  productos que deben transportar por el río Unilla. 

El limitado control de la autoridad ambiental 

La vigilancia, el control y el seguimiento sobre el capital natural del municipio de Calamar, de la zona donde está La Yuquera y los departamentos de Guaviare, Guainía y Vaupés, está a cargo de una de las autoridades ambientales más pequeñas en recursos y en capacidad institucional para ejercer su papel integralmente: la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico (CDA). 

Con 17 millones de hectáreas bajo su tutela, la CDA tiene entre sus funciones monitorear las alertas por deforestación generadas desde el Ideam. Sin embargo, disponen sólo de un profesional especializado en Sistemas de Información Geográfica (SIG). Y únicamente cuando está vigente el convenio con el programa Visión Amazonía pueden contratar personal operativo para rastrear los focos de deforestación, producir los conceptos técnicos y abrir los expedientes sancionatorios para identificar a los infractores, siempre y cuando la situación de orden público así lo permita. 

“La acción de la Corporación está muy limitada por orden público, necesitamos seguridad para poder actuar y que se supere el desequilibrio del Sistema Nacional Ambiental (SINA), tenemos un territorio extenso y poco presupuesto para atenderlo”

Orlando Castro – director de la Seccional Guaviare de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico.

Orlando Castro, director de la Seccional Guaviare de la CDA, admite la imposibilidad de identificar a los responsables de la deforestación en el resguardo La Yuquera, así como de conseguir datos de la magnitud de la tala por las limitaciones de personal para llegar hasta ese lugar. “La acción de la Corporación está muy limitada por orden público, necesitamos seguridad para poder actuar y que se supere el desequilibrio del Sistema Nacional Ambiental (SINA), tenemos un territorio extenso y poco presupuesto para atenderlo”, explica el director seccional de la autoridad ambiental regional a esta alianza periodística. 

El funcionario explica que dependen del trabajo conjunto con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y las acciones estratégicas adelantadas por el Consejo Nacional de Lucha Contra la Deforestación (Conaldef), del cual hacen parte el Ejército, la Policía Nacional y la Fiscalía. Esta última entidad acaba de designar, según lo asegura Castro, a cinco fiscales especializados en delitos ambientales para perseguir a los grandes deforestadores. 

Jhon Jairo Moreno, profesional especializado de la CDA en Guaviare, hizo referencia a los núcleos de desarrollo forestal promovidos por la ministra de Ambiente, Susana Muhamad González, en las zonas donde se han detectado los mayores puntos de calor por intervención directa al bosque nativo, y La Yuquera no aparece en ese inventario de prioridades. “El más cercano -dice Moreno- es el Núcleo de Desarrollo Forestal Los Puertos que incluye a las veredas Puerto Cubarro y Puerto Polaco, de Calamar, cerca al río Itilla. Ese núcleo podría ayudar a evitar afectaciones de la deforestación en La Yuquera”, sostuvo el funcionario.

Los núcleos de desarrollo forestal incluyen trabajo directo con las juntas de acción comunal y acciones concretas en materia de educación ambiental, pago por servicios ambientales para conservar la cobertura de los bosques, aislamiento de nacimientos de agua y zonas de importancia hídrica, inventarios forestales, planes de aprovechamiento de productos maderables y no maderables, e implementación de modelos de reconversión productiva ligados a una estrategia de seguridad alimentaria. 

Pero La Yuquera no está incluido en el Núcleo de Desarrollo Forestal Los Puertos. ¿Por qué? Es algo que ni los funcionarios de la CDA ni los habitantes del resguardo saben. 

Origen ancestral

Los tucano proceden del departamento del Vaupés. Sus antepasados llegaron al Guaviare en 1973, en busca de mejores condiciones de vida y en muchos casos lo hicieron para escapar de la violencia y la esclavitud de la cauchería. 

Relatan en su plan de vida, que el nombre de la Yuquera nació de la primera actividad que realizaron al llegar, que fue sembrar yuca como su base alimentaria. “Cuando pasaban los colonos decían: ¿Dónde está la Yuquera?, como punto de referencia para ellos y para los visitantes de la ribera del caño”.

“Todos los Tucano Orientales tienen un mismo origen, vienen de lago de leche mar y viajan en la canoa, la canoa es el güío  (boa constrictor) en términos ancestrales, y el agua de leche es como el mar”, según describen en un documento titulado justicia propia en el resguardo indígena La Yuquera donde se describe su origen mitológico. 

Las narraciones de sus sabedores detallan además las razones y las características del viaje realizado por los primeros tucanos: “Vinimos de un lugar llamado Tahûro, en un punto del mar que nosotros llamamos Ajpêkôndiá o lago de leche. Allí estaban todos reunidos y se sentían encerrados en la profundidad del mar. El jefe se comunicó con Diroâ, el mayor, y le dijo que la gente estaba cansada y aburrida. El mayor dijo: ‘los voy a sacar de este espacio’ y como no podía sacarlos por sus propios medios, invitó al güío (boa constrictor), convertido en forma de canoa, para que los sacara a todos. Esta embarcación era muy bonita, por fuera se veía como un güío, pero por dentro era como una canoa”. 

Pero no todos los primeros pobladores viven en La Yuquera. Algunas familias se han establecido en el casco urbano de Calamar, buscando oportunidades de educación para sus hijos. Los primeros años los cursan en el resguardo con una profesora nativa y el grado superior lo siguen  en Calamar o en San José del Guaviare. Pero eso no los ha alejado de su lengua. 

Vivan donde vivan, no pierden contacto con el espacio comunitario. Cada 15 días se reúnen en convites (minga) y realizan diversos oficios como el mantenimiento de caminos, la recolección de desechos, la siembra y cosecha de alimentos y la preparación de viandas, tareas que están definidas en el plan de vida propio y en el manual de convivencia.

Relatan que en estas integraciones hablan de sus preocupaciones, de la amenaza que se cierne sobre el bosque, de la actuación de los colonos y de las medidas y prevenciones que deben adoptar y, con la orientación de sus sabios o sabedores, realizan rituales de protección y de sanación para ellos, para sus tierras y para los otros seres que allí viven.

Los encuentros sirven además para armar semilleros con especies nativas que luego siembran en el bosque. Niños, jóvenes y adultos han comprendido la importancia de conservar el territorio, proteger los árboles, el agua y los animales. 

Gustavo Bernal Sierra, el capitán de La Yuquera, insiste en que no denunciarán a los responsables de la deforestación, aunque saben que son sus vecinos ubicados en la vereda de La Unión con quienes han intentado concertar con la junta de acción comunal local para evitar que su intervención siga afectándolos. Sin embargo, le piden al Estado el amojonamiento (señalar con linderos los límites) de sus tierras para lograr así frenar el voraz apetito destructor de los colonos. Según explica Bernal, con la medida quedaría claro para los colonos, y para ellos mismos, cuáles son los límites de su territorio.No soportarían la desaparición del bosque, sería devastador para su pueblo y una ofensa para sus ancestros.  

Mientras tanto, la comunidad trabaja para generar cohesión social desde su cosmovisión. En esa tarea, trabajan con Hilsfwerk International, una organización austriaca con 14 años de presencia en el país, trabaja con los habitantes del resguardo La Yuquera. 

“El que está en el resguardo es consciente de la conservación del territorio y el que está en lo urbano tiene un pensamiento de venta y comercialización, eso ha contribuido bastante con la problemática”, explica el profesor Marcelo Muñoz, sabedor del pueblo Tatuyo. Él, quien hace parte del equipo de Hilsfwerk en el acompañamiento a los pueblos indígenas,  es categórico en señalar que a través de la educación hay que volver a las prácticas ancestrales para rescatarlas de la aculturación de las comunidades. 

Gustavo Bernal Sierra y las familias del resguardo La Yuquera confían en que las medidas adoptadas en el entorno próximo a su territorio contribuyan a reducir la presión existente y se desvanezca el fantasma del despojo. Y que lo prometido por la ministra del Medio Ambiente, Susana Muhammad, cuando dijo que intervendrán e inhabilitarán las vías ilegales que se han creado este año en la Amazonía para fomentar el acaparamiento de tierras y la deforestación, no se quede en promesas. 

*Nota de la edición: Esta cobertura periodística forma parte del proyecto «Derechos de la Amazonía en la mira: protección de los pueblos y los bosques», una serie de artículos de investigación sobre la situación de la deforestación y de los delitos ambientales en Colombia financiada por la Iniciativa Internacional de Clima y Bosque de Noruega. Las decisiones editoriales se toman de manera independiente y no sobre la base del apoyo de los donantes.