En el tercer y último capítulo de #AsíNosRobaronAColombia, producido por La Pulla en alianza con el CrossmediaLab de la Universidad Tadeo, y con el apoyo de La Liga, nos preguntamos ¿qué tan amarrado está el Estado con el narcotráfico y cómo eso ha degradado las instituciones? Acá revisamos cómo este fenómeno también se ha robado al país.
Robar el sistema de salud mata gente, literalmente. Así que venimos a amargarlos con algunos casos descarados de corrupción en Colombia que han ocurrido en los últimos 40 años.
Este fotoensayo reúne las historias de tres campesinos del sur del departamento y muestra cómo es su relación con los cultivos de coca y su vida en medio de la presencia de grupos armados y un Estado que incumple y erradica la mata sin ofrecer alternativas.
Durante diez años, Talanú Chemical, el mayor proveedor de glifosato antidrogas en Colombia, omitió información sobre los efectos de su herbicida ante la autoridad ambiental. Esto no impidió que siguiera contratando, bajo requisitos aparentemente laxos, con la Policía Antinarcóticos, que ha estado en el centro de las quejas de campesinos por “fumigación indiscriminada”.
La aspersión aérea con glifosato para erradicar cultivos de coca empezó en Guaviare en 1994 y terminó en 2015. Durante esta época aumentó la cantidad de bebés que nacieron con malformaciones y en condición de discapacidad en Calamar, uno de los cuatro municipios de este departamento. A las madres de estos bebés los médicos les decían que el glifosato probablemente era la causa de las enfermedades de sus hijos, pero ante la escasez de datos y estudios sobre este herbicida en la región, siguen sin certezas y cargando con las consecuencias.
Un grupo de campesinos del sur de Bolívar cambiaron la coca por cultivos legales de cacao sin apoyo del Estado. Pero las fumigaciones aéreas con glifosato destruyeron sus vidas y su proyecto.
La Policía y la Gobernación de Cundinamarca descartan la presencia de grupos ilegales en ese municipio, pero la Fiscalía confirma al menos dos acciones armadas que habrían sido ejecutadas por una disidencia del Frente Décimo de las Farc. A la violencia física se suman la extorsión y las amenazas de estructuras sucesoras del paramilitarismo.
La guerra entre estas bandas por el control territorial en la capital del Atlántico deja reclutamiento juvenil, amenazas, extorsiones, desplazamiento y muertes. El narcomenudeo en esta ciudad, apetecida por su ubicación entre el mar y el río Magdalena, genera miles de millones de pesos cada año para estas organizaciones criminales sobre las que pesa el silencio administrativo. Una realidad social muy distinta de las campañas publicitarias que venden a Barranquilla como ejemplo de progreso.
Barranquilla es una capital que oculta muy bien su lado más oscuro: el de la marginalidad, la pobreza extrema y la criminalidad. Estas situaciones nada tienen que ver con la imagen idílica de desarrollo y prosperidad que las autoridades promueven. Vokaribe Radio lo cuenta en este podcast, basado en la investigación periodística de La Liga “Los Costeños y el Clan del Golfo se disputan el microtráfico en Barranquilla”.
Los antecedentes del nuevo presidente del Senado de la República incluyen un negocio con dos socios de un narcotraficante, una denuncia por estafa, una disputa familiar por tierras, y el embargo de su apartamento, su sueldo y su carro.