Los juegos del cobre en Putumayo

Por Rutas del Conflicto y La Liga Contra el Silencio

Un auge de patrocinios para deportistas jóvenes, campeonatos de microfútbol, equipos de patinaje y eventos culturales se vive desde 2022 en Mocoa, la capital del Putumayo, ubicada entre ríos y montañas, en la confluencia de la Cordillera de los Andes y la cuenca amazónica. Ahí también abundan las fiestas populares para entregar premios a atletas y artistas. Todo se realiza con una fuerte promoción en redes sociales con figuras de la farándula nacional y personajes de algún renombre internacional, como Roberto de Assis Moreira, el hermano y mánager de la exestrella del fútbol brasileño, Ronaldinho Gaúcho. 

Los eventos tienen en común el patrocinio de entidades públicas y empresas privadas. Una destaca: Libero Cobre. Con el respaldo de gran capital financiero internacional, aspira a desarrollar la mayor explotación minera en la Amazonía colombiana. 

En las piezas publicitarias, junto a los logos de restaurantes, supermercados y otros comercios locales, aparece la imagen corporativa de Libero Cobre, propiedad de Copper Giant Resources Corp., registrada en Vancouver, Canadá. Según registros públicos, desde mayo de 2025 su principal accionista es el magnate canadiense Frank Guistra, inversionista en los estudios de cine Lionsgate y Thunderbirth, productores de películas como Los Juegos del Hambre y Blade Runner 2049. 

Giustra y sus empresas también han invertido en proyectos mineros y petroleros en distintos países, entre ellos, Pacific Rubiales, la mayor compañía privada de explotación de crudo en Colombia entre 2008 y 2016. La empresa fue señalada por presuntas irregularidades en el manejo accionario, apropiación de baldíos y precarias condiciones laborales para sus trabajadores. (Ver: “Pacific Rubiales, el coloso petrolero que cayó” y “El gobierno petrolero de la vereda Rubiales”).

En Putumayo, la inversión de Libero Cobre en la promoción de deportistas y eventos ha generado críticas de pobladores y organizaciones sociales, por considerarla una estrategia para ganarse la confianza de parte de la comunidad en medio de las protestas en contra de la presencia de la empresa. Estos sectores se oponen al proyecto minero —en fase de exploración actualmente— por la posible explotación de cobre en el futuro y los impactos que generaría en los ecosistemas de esta región rica en recursos hídricos y biodiversidad.

La publicidad e inversiones de Libero Cobre en Mocoa han crecido. “Aquí todo lo pone la empresa. Desde la carretera, el puente, hasta los cascos para la competencia de patinaje”, dice una de las fuentes en el territorio consultadas para esta investigación y que pidió no ser identificada por los conflictos sociales en la zona. 

En medio de ese contexto, la empresa impulsa la idea de aprovechar el cobre “como mineral estratégico para hacer viable la transición energética”.

En los últimos años, en medio de las protestas de organizaciones indígenas y campesinas contra la minería y en defensa del agua y el territorio, Libero Cobre ha difundido los beneficios que traería la explotación de cobre mientras patrocina eventos como los “Premios Putumayo, energía del futuro en 2024”, una competencia de motociclismo y un campeonato de microfútbol en 2025, o apoya a deportistas en los Juegos Panamericanos de patinaje y a niños de colegio en vacaciones recreativas. 

Según fuentes consultadas en el departamento, el apoyo económico de Libero Cobre a los deportistas y a los eventos, mediado por la publicidad de la compañía, ha empeorado el conflicto entre quienes, en las comunidades, apoyan y rechazan una posible explotación futura de cobre en el Putumayo.  

Libero Cobre comenzó a explorar la zona en busca del mineral en 2022. Actualmente tiene cuatro títulos mineros, con la proyección de comenzar la explotación del mayor yacimiento de cobre de Colombia y uno de los más grandes de molibdeno en el mundo, según lo menciona la misma compañía.

El cobre, cada vez más demandado en el mercado mundial, es reconocido por su alta conductividad eléctrica y es indispensable para la generación de energía renovables como la solar y la eólica, y para sectores que van desde movilidad eléctrica hasta aparatos tecnológicos.  El molibdeno es utilizado en las industrias química, petrolera y automotriz.

El proyecto Mocoa, el único de la empresa Libero Cobre en Colombia, se ubica 10 kilómetros al norte de la capital del departamento, en la cuenca alta del río Putumayo.  La minera opera en 7 850 hectáreas cerca a los resguardos indígenas de Inga Condagua, Kamentsá Biya Sibundoy y Yunguillo. 

Comunidades campesinas e indígenas han organizado protestas e insisten en los posibles efectos ambientales de una explotación minera de estas dimensiones en esta región —conocida como el piedemonte amazónico—, por la fragilidad del ecosistema y la posible contaminación de las fuentes hídricas.

Libero Cobre ha solicitado nuevos títulos mineros en la zona colindante a los resguardos indígenas de la entrada a la Amazonía colombiana, en medio de una política pública poco clara. Mientras el gobierno de Gustavo Petro prohibió nuevos licenciamientos de exploración de hidrocarburos en la región amazónica, la Agencia Nacional de Minería emitió una resolución en 2023 que prioriza la exploración y explotación de minerales estratégicos, —como el cobre, el níquel y el zinc— para la transición energética. 

José Luis López, investigador del Observatorio de Conflictos Ambientales de la Universidad Nacional, explica que priorizar la transición energética en zonas sensibles ambientalmente, donde están ubicadas comunidades campesinas e indígenas trae consigo un debate. “Nos quieren vender la idea de que tenemos la responsabilidad de salvar el planeta a través de la explotación de minerales estratégicos como el cobre, pero lo que no dicen es que en Colombia solamente producimos menos del 5 % de los gases de efecto invernadero de todo el mundo, mientras que otros países están produciendo 40 %”.

Las protestas y la publicidad

“La gente cuenta que la minera es el actor dominante en la ciudad. Buscan ganarse el consentimiento de la población local patrocinando eventos deportivos y culturales”, dice en entrevista Matt Rendell, periodista británico que ha investigado casos de sportwashing, un término que el mismo Rendell usa para describir cómo empresas extractivas en el mundo invierten miles de millones de dólares en el deporte para mejorar su imagen, mostrar su espíritu cívico, y así enfrentar los señalamientos por afectaciones de diferente tipo a comunidades o ecosistemas. Esta práctica, que se puede traducir como “blanqueamiento deportivo”, busca limpiar la imagen de una empresa a través de la vinculación al deporte, como también lo ha descrito la organización Amnistía Internacional.

El informe Dirty money: How Fossil Fuel Sponsors are Polluting Sport, realizado por la ONG ambiental británica New Whether, muestra cómo varias empresas han gastado al menos    5 600 millones de dólares a nivel mundial a través de 205 acuerdos activos en 2025. “Los cuatro deportes más patrocinados por las empresas de combustibles fósiles son el fútbol (con un mínimo de 58 acuerdos activos), los deportes de motor (39), el rugby (17) y el golf (15)”, señala el documento.

En Colombia, empresas extractivistas han patrocinado actividades deportivas a diferentes niveles. La investigación “Petróleo: Acumulación de agua y tierras en la Altillanura”, de las organizaciones Somos e Indepaz, publicada en 2016, señala que la petrolera Pacific Rubiales, en la que también invirtió el empresario Giustra, patrocinó torneos de golf con invitados internacionales, e incluso a la Selección Colombia durante las eliminatorias al Mundial de Brasil 2014.
En 2024, Rutas del Conflicto evidenció la inversión de la minera AngloGold Ashanti y su proyecto Quebradona en Jericó, Antioquia, en actividades deportivas en medio de un conflicto socioambiental, similar en varios aspectos al de Putumayo.  La investigación mostró que, por un lado, la empresa denunció penalmente a 61 personas, por hechos relacionados con protestas contra la minería y, por el otro, patrocina a casi 1 300 deportistas jóvenes de los municipios de Jericó y La Pintada.

En el caso del Putumayo, en marzo de 2025, los habitantes de la vereda Pueblo Viejo, en la zona de influencia del proyecto de Libero Cobre, organizaron una protesta llamada la “Carpa de la resistencia”.  Lo que inició como una manifestación para resolver necesidades de las comunidades aledañas al proyecto se convirtió en la oposición a la presencia de la empresa.

En los días previos, mientras la comunidad organizaba la manifestación, en el coliseo de Mocoa se realizaba el “Conversatorio Deportivo Putumayo Unido”, un evento al que asistieron directivos del América de Cali y el Nacional de Medellín, además del viceministro de Deportes, Daniel Palacios. El conversatorio fue patrocinado por varias empresas públicas y privadas, incluida Libero Cobre. Fue organizado por la Corporación Putumayo Somos Todos. En las redes sociales de la empresa fue evidente la publicidad del proyecto minero en el evento.

Putumayo Somos Todos es una corporación privada que ha organizado eventos con el patrocinio de Libero Cobre. En noviembre de 2024 entregó en medio de una fiesta popular los premios “Putumayo, energía del futuro”, que reconocieron la labor de deportistas, artistas y emprendedores del departamento. La presentadora de la entrega de galardones fue la actriz Aura Cristina Geithner y el evento fue promocionado en redes sociales por el hermano de Ronaldinho Gaúcho. Libero Cobre fue uno de los sponsors de la ceremonia.

La Corporación Putumayo Somos Todos fue fundada en 2021 por Alexander López, con el objetivo de promover y gestionar actividades culturales y deportivas en la región. López, de 26 años y oriundo de Putumayo, aparece como representante legal, presidente de la junta directiva y director de la corporación. Según su cuenta de LinkedIn, fue  contratista de la Gobernación de Putumayo entre 2020 y 2021. 

López admitió en una entrevista con Rutas del Conflicto y La Liga que la Corporación que ha recibido el apoyo de varias empresas, incluida Libero Cobre, para realizar encuentros deportivos. “El trabajo independiente que nosotros hemos hecho ha sido fundamental para generar coalición con diferentes entidades, entre ellas Libre Cobre, como una entidad más que le apuesta a la Corporación”, afirmó. 

López reconoció que existe una afinidad entre la compañía y la Corporación, pero que Putumayo Somos Todos se desliga de algunas actividades, acuerdos y alianzas que hace la empresa con las comunidades. “La gente piensa que Libero Cobre nos direcciona, que busca limpiar la imagen y ganarse a la comunidad. Eso es totalmente falso. Aquí lo que hacemos es promover el deporte y la cultura”, dijo López (escuchar la entrevista completa). 

Aclaró que solo algunos de los eventos que organiza la Corporación Putumayo Somos Todos tienen a Libero Cobre como patrocinador principal, como el campeonato de microfútbol Mocoa Somos Todos 2025. El famoso narrador deportivo Javier Fernández Franco, conocido como ‘el Cantante del gol’, participó en la final del evento como invitado y narró el partido en vivo.

La Liga Contra el Silencio le envió un derecho de petición a Libero Cobre para preguntarle por el patrocinio al deporte en Putumayo y sobre su relación con las comunidades. La empresa señaló que está comprometida con el desarrollo integral del territorio y que sus acciones “sociales y ambientales” eran “elaboradas en coherencia con la normatividad vigente y con las prioridades identificadas por las propias comunidades”. “Todas nuestras contribuciones se realizan en especie y bajo criterios de transparencia, priorizando las iniciativas locales junto al talento local y juvenil, el aprovechamiento del tiempo libre y el impulso de proyectos que promuevan sueños, liderazgo y sentido de pertenencia en el territorio”, explicó (ver la respuesta completa).

“Una grieta en el tejido social”

La presencia de Libero Cobre está generando tensiones en Putumayo entre quienes están a favor y en contra del proyecto minero. En las redes sociales de medios, influencers o de la misma empresa se pueden leer acusaciones mutuas: unos señalan a los otros de haberse vendido a la minera y advierten de los posibles efectos ambientales de la explotación; los otros los acusan de ser enemigos del progreso y de los recursos que trae la compañía a la región. “Se ha generado una grieta en el tejido social”, cuenta uno de los líderes juveniles de las veredas colindantes con el proyecto. “En las conversaciones que uno tiene, todo queda reducido a preguntar de qué vereda eres”, añade. La vereda Montclar se relaciona con la postura a favor de la minera; la de Pueblo Viejo, en contra.

La llamada “Carpa de la resistencia” permaneció 47 días en protesta hasta principios de mayo de 2025. Los manifestantes le exigían al gobierno de Gustavo Petro acciones en la zona para garantizar la protección ambiental ante la posible explotación minera. Aunque lograron dialogar con representantes de la Gobernación del Putumayo y la Agencia Nacional Minera, sus reclamos aumentaron las tensiones con quienes están a favor del proyecto.

En videos publicados en las redes sociales de la “Carpa de la Resistencia” se escucha una y otra vez: “No estamos peleando con nuestros vecinos”, en referencia a los habitantes de la vereda Montclar.  

“Eran veredas hermanas. Ambas estaban involucradas en el proyecto minero, pero una decidió no seguir y ya con eso Montclar decidió poner una tutela para decir que la manifestación de Pueblo Viejo era ilegal”, dice una lideresa de la zona, entrevistada para esta investigación y a quien protegemos su identidad por cuestiones de seguridad. Cuando la lideresa dice “involucrados en el proyecto minero” se refiere a que habitantes de las veredas trabajaban en la empresa. 

El 19 de mayo de 2025, los habitantes de Montclar presentaron una tutela por las manifestaciones de sus vecinos, alegando presuntas afectaciones a los derechos fundamentales como la dignidad humana, la libertad e igualdad. Ganaron en primera instancia, pero el Juzgado Primero Penal del Circuito de Mocoa declaró la nulidad del fallo tras evidenciar que los líderes sociales que habían organizado la protesta no fueron mencionados en la tutela y por lo tanto no habían sido vinculados al proceso judicial.

La vocera de otra organización local entrevistada para esta investigación y que prefiere mantener su nombre en reserva, señala que desde el activismo ambiental no se está señalando de ninguna manera a personas que reciben el apoyo de la empresa. “La población allí está olvidada, el gobierno no llega, entonces, culparlos de que estén trabajando en el único espacio en donde les están dando una oportunidad laboral, no tiene lógica. Al final, si nos dividimos, la que termina ganando es la minera”, dice.

Las tensiones también se evidencian entre periodistas del departamento. Un ejemplo fueron los cruces de mensajes en redes sociales por una invitación de Libero Cobre a un grupo de reporteros al “Primer Encuentro Internacional de Estudiantes de la Industria Extractiva”, realizado en julio pasado. El evento fue patrocinado por varias compañías mineras, entre ellas Libero Cobre y AngloGold Ashanti.

Un periodista publicó esa misma semana una lista de 12 medios que supuestamente habían viajado a cubrir el evento en Medellín con los gastos pagados por la minera. Los acusaba de ser “vendidos” a la multinacional. Decidimos abstenernos de publicar los nombres, tanto del reportero como de los medios, para no contribuir al escalamiento del conflicto y la estigmatización que se vive en el departamento.

Ante la publicación de este mensaje, la Corporación de Periodistas del Putumayo (Corpep), la principal organización gremial del departamento, emitió un comunicado rechazando las acusaciones y abogó por no estigmatizar a reporteros que acepten invitaciones para cubrir eventos como parte del ejercicio de contrastación de fuentes y mantenerse informados. 

“Hay un conflicto social muy tenso en el Putumayo. Hay unos a favor y otros en contra (de la minera). Con este tipo de señalamientos se pone en vilo la credibilidad de los colegas. Además, varios nos contaron que los amenazaron”, dice un miembro de la junta directiva de Corpep. 

Juan Pablo Madrid Malo, coordinador del Centro de Estudios de Libertad de Expresión de la · Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), señala que la dura situación económica que vive el periodismo, especialmente en regiones como Putumayo, hace que sea complejo culpar a aquellos reporteros que reciben algún recurso de la empresa. “En medio de los problemas de financiación, recibirlo es una cuestión clave para seguir haciendo su trabajo, sin que eso minimice el dilema ético y lo indeseable del compromiso editorial que busca la empresa”, explica Madrid Malo. Apunta, además, que “hay una responsabilidad de la empresa en las narrativas, en cómo moldea el debate público, porque tiene el recurso para pagar pauta, por ejemplo”.

El “buen vecino” y los conflictos por el extractivismo

Un vocero de la Asociación Minga, que acompaña los procesos de defensa territorial en Putumayo, dice que la minera viene realizando una campaña de relacionamiento social en Mocoa con el objetivo de generar el apoyo necesario para la exploración y debilitar la oposición a la empresa. 

Minga y otros liderazgos sociales entrevistados ven las acciones de la minera como una forma de suplir las necesidades que tiene el municipio y el departamento, especialmente luego de la avalancha registrada en Mocoa en 2017, que dejó 335 muertos, 398 heridos y más de 200 desaparecidos. La tragedia afectó a 17 barrios y 1 518 familias, y la ciudad no ha podido recuperarse desde entonces. (Lee más: “Mocoa: una avalancha de promesas incumplidas”). 

Las estrategias de relacionamiento de la empresa con la comunidad han sido cuestionadas por las organizaciones sociales que acompañan los procesos de defensa del territorio. Según las fuentes entrevistadas, la empresa tiene compromisos sociales derivados de su contrato de exploración de cobre en Putumayo que terminan supliendo necesidades que le corresponden al Estado.

Como lo explica Fabián León, director del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH), “la empresa va ganando legitimidad con inversiones mínimas, y cuando ya la tiene consolidada es más sencillo fragmentar a la comunidad. Cualquier persona que se oponga al proyecto minero va a ser visto como alguien en contra de las inversiones y apoyo a las comunidades”, explica. 

Gran parte de esas inversiones de la empresa han estado dirigidas a la población más joven: patrocinan vacaciones recreativas y clubes de patinaje infantil, incluso Libero Cobre costeó parte de la participación en los Campeonatos Panamericanos de esa disciplina en Ibagué en 2024.

El dinero de la empresa, además, ha financiado infraestructura vial en la región. Varias de las personas entrevistadas para esta investigación narraron cómo en abril de 2025 se entregó un puente que comunica a las veredas Pueblo Viejo y Montclar, que fue construido por la empresa. “No lo hizo el Estado, no lo hizo la Alcaldía, lo hizo Libero Cobre. Entonces, ellos utilizan los vacíos sociales para justificar necesidades. Cuando alguno se queja empieza el conflicto y se divide la comunidad”, explica uno de los habitantes de las veredas próximas al proyecto.

Habitantes de esas comunidades que fueron entrevistados señalan que las inversiones de la empresa no resuelven los temores sobre los futuros impactos ambientales, pero aclaran que resulta inevitable que un sector de la población no acepte estos “regalos”, cuando hay condiciones de vulnerabilidad social en la zona.

“Yo, personalmente, no estoy a favor de la minería, no quiero que estén. Estoy en las marchas, estoy en los plantones, estoy en todo, pero de ahí a decirle a los padres de familia que no reciban el uniforme, que no reciban sus patines nuevos, que no reciban sus cascos, pues no, no lo voy a hacer”, dice uno de los líderes entrevistados.

La preocupación en torno a la explotación del cobre se da en un departamento que ha vivido y sigue viviendo conflictos entre comunidades indígenas y empresas petroleras por el impacto ambiental y la propiedad de la tierra. Como lo ha documentado Rutas del Conflicto, a menos de 20 kilómetros del casco urbano de Mocoa, los líderes del resguardo Wasipungo del pueblo Inga, en el municipio de Villa Garzón, han denunciado públicamente la contaminación de cuerpos de agua por la actividad de la compañía canadiense Gran Tierra. Otro caso es el del resguardo Buenavista del pueblo Siona, en Puerto Asís, que ha denunciado en instancias internacionales los daños ambientales por la operación de la petrolera británica Amerisur.

La presencia de estas compañías y sus proyectos extractivistas en el Putumayo se dan en un territorio con problemas sociales y económicos históricos. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el 16 % de la población del departamento vive con necesidades básicas insatisfechas. Incluso, en municipios como Puerto Guzmán y Puerto Leguízamo esa cifra llega a casi al 20 %.

Fabián León, del CIEDH, dice que Libero Cobre conoce estas circunstancias sociales. “No se trata de que el Estado esté ausente, es más un tema de cooptación de lo público por parte de las compañías privadas. La empresa apoya proyectos que dan resultados inmediatos y con un gran impacto meditativo y cercano a la gente como lo es apoyar a deportistas y eventos culturales”, señala.

Libero Cobre señaló en la respuesta al derecho de petición enviado por La Liga que desde su llegada al territorio han “priorizado el diálogo transparente y permanente con las comunidades” y han desarrollado “diversos espacios de encuentro como los Encuentros de Buenos Vecinos en las veredas del área de estudio, Un Café con Libero en el área urbana de Mocoa, y programas de comunicación continua a través de redes sociales y medios locales”. 

También explicó que con su política de “Buenos Vecinos”, busca una “relación recíproca y respetuosa con las comunidades, donde Libero Cobre actúa como un actor más del territorio, promoviendo la confianza, la cooperación y la convivencia armónica”.  “Nos esforzamos por mantener siempre el mejor comportamiento social y ambiental, participando activamente en las actividades comunitarias a las que somos invitados”, añadió la empresa.

Aunque Libero Cobre no haya explotado un solo gramo de cobre hasta el momento es evidente el peso que tiene en lo económico en una región con las vulnerabilidades sociales de Mocoa y sus alrededores. Por ahora, siguen las protestas en contra de la posible futura minería a gran escala, pero también continúan en aumento las tensiones y los señalamientos entre las comunidades.