ARAUCA

En los primeros días del pasado enero Arauca conoció el hallazgo de 27 cuerpos en zonas rurales de Fortul, Saravena y Arauquita; y en el vecino Cubará, en Boyacá. Algunas de las víctimas, según la Fiscalía, eran miembros o afines a las disidencias de las Farc. Ese episodio marcaría el año en Arauca: doce meses de sangre y terror.  

La confrontación entre los Frentes 10 y 28 con el ELN, que ha tenido una presencia histórica en la región, ha desatado una guerra sin cuartel. Hasta los primeros días de diciembre iban 341 asesinatos, y hasta noviembre 47 secuestros y cerca de 19.000 víctimas de desplazamiento, confinamiento, amenazas o desaparición forzada, según la Defensoría del Pueblo. Tame, Saravena y Puerto Rondón son algunas de las zonas más afectadas, aunque prácticamente todo el departamento, que apenas tiene siete municipios, está bajo el fuego cruzado de los actores armados. 

Tanto las disidencias como el ELN se han ensañado contra la población civil y contra las organizaciones sociales de Arauca. También contra los periodistas. “Aquí hay que ser medio suicida para sobrevivir”, dice una reportera. La guerra es por el control social y territorial de la zona fronteriza con Venezuela, un corredor estratégico por donde pasa la droga que entra a Arauca desde otras regiones de Colombia con destino a las Antillas y de ahí a Estados Unidos y Europa. Arauca es un departamento prácticamente libre de cultivos de coca, pero las disidencias impulsan la siembra, algo a lo que supuestamente se opone el ELN, según las fuentes que consultó La Liga. 

Durante los primeros años del Acuerdo de Paz, el ELN consolidó su poder en el departamento, pero en 2019 arribaron las disidencias. Inicialmente convivieron, pero la tregua se empezó a deteriorar y saltó por los aires tras los asesinatos de enero.  “La mayoría de las muertes de este año están en la completa impunidad. Las autoridades ni siquiera hacen los levantamientos; los hacen las funerarias. No hay interés en investigar quiénes son las personas asesinadas y qué hacían. En la zona de la sabana, que es donde está habiendo enfrentamientos casi permanentes, la gente lo está pasando muy mal. Hay amenazas y atropellos, incluso de la fuerza pública. Los confinamientos dificultan el acceso de los niños a la educación y también a la alimentación de las familias”, relata la lideresa Sonia López, presidenta de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, que trabaja en la región.

Sonia López, presidenta de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra.

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