Por Natalia Pedraza Bravo.

Hace 23 años, una comunidad de indígenas inga en la Amazonia colombiana logró que el Estado le reconociera la propiedad de un pedazo del territorio heredado por sus ancestros y que se extiende a lo largo de 68 000 hectáreas de selva. Con ello creyeron cumplir su misión, la de proteger esas tierras en el departamento del Putumayo, para preservar su riqueza natural, cultural y espiritual.

Hoy, sin embargo, los habitantes del resguardo indígena de Villa Catalina de Puerto Rosario no han podido conocer las tierras por las que tanto lucharon. La devastación avanza inevitablemente y aseguran que sus pedidos de ayuda no son escuchados. Desde hace un tiempo, colonos conocidos en la región como “los caqueteños” han ocupado y talado miles de hectáreas de selva dentro de su territorio, para transformarlas en potreros donde introducen ganado o en extensas áreas donde siembran cultivos legales e ilegales. Se reparten una porción de las tierras con los proyectos de extracción petrolera que han sido señalados por años —desde antes que se creara el resguardo— de afectar los ecosistemas y recursos naturales. Todo esto, en medio de la amenaza permanente del recrudecimiento del conflicto armado interno.

Según la Defensoría del Pueblo, la situación actual de orden público en el resguardo hace que líderes y lideresas indígenas “vean restringidas las posibilidades de ejercer su autonomía y gobierno propio, debido al ingreso de actores armados a sus territorios y a la imposición de pautas de comportamiento que van en contravía de sus usos y costumbres, incrementando riesgos de extinción física y cultural”. 

La comunidad apenas puede asomarse a una pequeña porción del territorio, donde construyeron una casa de gobierno y hay unas 15 familias asentadas. El resto es su tierra, pero solo en el papel porque allí no pueden entrar.

“En la zona del río, por la Inspección de José María, se nos entraron “caqueteños” que parece que tuvieran la intención de no dejar en pie ni un arbolito”

Olga López, gobernadora indígena del resguardo Villa Catalina de Puerto Rosario, Putumayo, Colombia.

No es un escenario apacible, pero eso no detiene a los inga. Siguen defendiendo su territorio y tradiciones ancestrales, mientras esperan que las entidades estatales tomen medidas para preservar su patrimonio, y así garantizar que las generaciones futuras puedan disfrutar del legado de sus antepasados. 

La defensa interminable del territorio 

Después de un viaje de 45 minutos en moto, por una vía sin pavimentar desde Puerto Guzmán, en el departamento de Putumayo, se avista la casa cabildo de la comunidad inga del resguardo Villa Catalina de Puerto Rosario. Olga López, la gobernadora del resguardo, el abuelo Amable Mojojoy Jamioy y al menos 10 personas de la comunidad entre hombres, mujeres y niños reciben a los visitantes. 

Le dicen casa, aunque es más un lugar de encuentro que cuenta con tres salones, baños, una cancha de fútbol y una chagra (parcela) donde siembran yuca, plátano y otros alimentos y plantas tradicionales. 

La gobernadora da la bienvenida oficial, sólo como preámbulo a la voz del abuelo Amable Mojojoy Jamioy, un hombre de 75 años que relata de memoria la historia del territorio que él mismo ayudó a fundar.

En 1948 la familia del abuelo se asentó en un punto donde aún había selva virgen y al que llamaron La Kutanga (palabra en idioma Inga que significa: utensilio de piedra en forma de luna para triturar los alimentos), a la orilla del río Caquetá. Allí encontraron un espacio ideal para vivir. Había caza, pesca, plantas de uso medicinal y frutos. Echaron raíces y, según cuenta el abuelo, otras familias de su comunidad llegaron y ayudaron a poblar la zona en medio de muchas necesidades. 

“No había motores para transportarnos, era difícil sacar cualquier cosa para vender, así que todo lo que se daba era para comer y para compartir con los vecinos que iban llegando poco a poco”, recuerda. 

Él, que ya era mayor y había ido a la escuela, empezó a buscar soluciones para mejorar la calidad de vida de su comunidad y para ello se unió a las organizaciones indígenas que se estaban gestando en medio de las selvas del Putumayo. Se hizo miembro de la Organización Zonal Indígena del Putumayo (OZIP) y aún hoy recita de memoria el lema que construyeron para basar en él todos sus proyectos: “Unidad, tierra, cultura y autonomía”. 

Esos cuatro pilares se volvieron su objetivo personal y por eso la primera tarea que se propuso fue construir una vía de acceso al resguardo. Seis años les tomó a las comunidades y a él, que encabezaba el equipo de trabajo, conseguirlo. Ese tramo de carretera llegaba hasta el territorio ancestral La Kutanga, donde crecieron él y sus hermanos, así que cuando se convirtió en vereda y en homenaje a su madre, le cambiaron el nombre a “Puerto Rosario”. 

Ese logro los llevó a plantearse una tarea aún más ambiciosa: ampliar su territorio.

Era 1996 y los pobladores indígenas de la Amazonía, encabezados por la Organización Nacional Indígena (ONIC), se habían organizado para recuperar sus tierras con la creación de resguardos. 

El territorio revelado

“Mi hermano era cazador, le gustaba mucho ir al monte a cazar animalitos para alimentarnos. Se iba y se internaba hasta doce horas en la selva y, aunque yo nunca en mi vida he disparado una escopeta, un día me llevó a conocer”, recuerda el abuelo Mojojoy Jamioy. “Me encantaron esas tierras y le dije: ‘éste en un futuro tiene que ser un resguardo, me voy a poner al frente»‘. Y eso hizo. 

Su cosmovisión como pueblo Inga les indicaba el primer paso: pedirles a los taitas que le preguntaran a los espíritus, amos de la selva, si la tarea de crear el resguardo era viable. 

Hicieron el ritual de toma de yagé que para su comunidad es la fuente de todo el conocimiento, que les guía en la vida espiritual y física. La respuesta le llegó a la esposa de uno de los taitas. Uno a uno, nombró sitios que ella no conocía en el mundo físico, pero el abuelo y los demás hombres, sí. “Les pedí a los taitas que me acompañaran a hacer los linderos”, recuerda. 

Se internaron en la selva, caminaron, midieron y marcaron los límites, y junto con las asociaciones indígenas hicieron todos los trámites técnicos y legales para solicitar ante el Estado el registro del territorio como propio. No fue fácil, reconoce, pero el 29 de junio del 2000 el extinto Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) declaró la existencia del que fue en ese momento el más grande de todos los resguardos del departamento del Putumayo, con 68 357 hectáreas.

“En ese territorio tenemos aguas, santuario de animales y bosque, nuestra misión es cuidar el medio ambiente y allí podemos hacerlo. Ahí existen todos los animales que usted quiera conocer: hay dantas (Tapirus terrestris), tigres (Panthera onca), venados  (género Odocoileus), borugas (Cuniculus paca), armadillos (Dasypus novemcinctus), pescado en el río Mecaya; también está el yagé y todas las plantas medicinales que el humano necesita”, asegura. 

Sin embargo, Mojojoy Jamioy reconoce con pena una realidad: “Nosotros no hemos recorrido todo el territorio”.

Visitantes inesperados y permanentes

Por décadas, los grupos armados ilegales han intentado conquistar las tierras de la selva del Putumayo. El Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali recopiló los hechos y publicó en 2020 un libro que explica cómo “los grupos insurgentes inician presencia en el Putumayo en la década de 1980. Tanto el Movimiento 19 de abril (M-19), el Ejército Popular de Liberación (EPL), como las FARC”. Estos grupos, se lee en el documento, “llevaron a cabo una apuesta por su afianzamiento en la zona sur del país”.

El M19 y el EPL tuvieron una estadía relativamente corta, comparada con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que se mantuvieron en control casi total del territorio hasta que, a finales de la década de los noventa, grupos paramilitares tomaron la zona y desataron una brutal confrontación con el Estado entre 2002 y 2010. 

Las FARC sólo salieron del territorio con el proceso de paz. Sin embargo, quedaron las disidencias que siguen controlando gran parte de ese territorio en el sur del país y no han dejado salir la guerra del departamento. La Defensoría del Pueblo ha publicado ocho alertas tempranas desde 2018, para las zonas donde está ubicado el resguardo Villa Catalina de Puerto Rosario. La más reciente es del 7 de marzo de 2023, pero desde enero de 2021 han señalado la presencia de los “Comandos de Frontera” y el “Frente Primero Carolina Ramírez”, ambas disidencias de las extintas FARC, pero enemigos a muerte al momento de buscar el control de la zona. 

Esa guerra actual por el control territorial ha hecho recordar a los mayores las prácticas más atroces que vivieron durante los 90 y comienzos de siglo. El abuelo Amable Mojojoy Jamioy cuenta que evitan ir a los bosques por temor a pisar alguna de las minas antipersonal sembradas por los armados. Con ello, se lamenta, se pierden prácticas ancestrales relacionadas con los conocimientos de la medicina tradicional.

Deforestación: coca, vacas y colonos 

Durante la fugaz época de tranquilidad que se vivió en el departamento tras la firma del Acuerdo de Paz con las FARC, algunos comuneros —como llaman a cada uno de los indígenas inscritos en el resguardo— lograron llegar a zonas que, por la presencia de los armados, antes eran inaccesibles. El recorrido, que buscaba hacer un inventario de las riquezas ambientales, les dio una sorpresa: lo que ellos creían que era selva virgen, estaba deforestada y ocupada por colonos (campesinos foráneos no indígenas). 

“En la zona del río, por la Inspección de José María, se nos entraron “caqueteños” que parece que tuvieran la intención de no dejar en pie ni un arbolito”, cuenta Olga López, la gobernadora indígena del resguardo inga Villa Catalina de Puerto Rosario. 

La lideresa asegura esto mientras muestra un mapa satelital que confirma lo que dice. La deforestación entre el año 2000 y el 2022 es voraz en la zona del resguardo que señalan que está ocupada por campesinos. 

Las cifras de deforestación reportadas por el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) para 2022, refuerzan la sensación que tienen los indígenas de la selva que están perdiendo. De los cuatro departamentos que usualmente encabezan el listado con las mayores pérdidas forestales en Colombia, el departamento del Putumayo es el único que aumentó su porcentaje de deforestación en vez de disminuirlo, en comparación a 2021. 

Entre 2002 y 2020, según el informe del Sistema de Información Ambiental Territorial de la Amazonia Colombiana (SIAT-AC) del Instituto Sinchi, el resguardo Villa Catalina de Puerto Rosario perdió 5953 hectáreas de bosque. Además, el Observatorio de Conflictos Socioambientales de la Amazonía reportó la pérdida en 2020 de 912 hectáreas y de 624 en 2021.

En 2022, de acuerdo con los análisis hechos por Mongabay Latam basados en la plataforma satelital Global Forest Watch (GFW), fue el sexto resguardo amazónico con mayor pérdida de bosque. En total, fueron 496 hectáreas deforestadas. 

La pérdida de bosque ha sido constante. En el monitoreo satelital que GFW registra en tiempo real, la pérdida de cobertura forestal, muestra que entre el 1 de enero y el 12 de octubre de 2023 se registraron 16 601 alertas de deforestación. Cada una de estas alertas significa una pérdida de 30 por 30 metros, el equivalente a casi una cancha de básquetbol. La mayor concentración de alertas aparece en la parte noreste del resguardo indígena, con picos evidentes entre junio y agosto de este año.

Buena parte de la tala dentro del resguardo está destinada a los cultivos ilegales de coca. De acuerdo con los datos del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc por sus siglas en inglés), el territorio de Villa Catalina de Puerto Rosario pasó de tener 226 hectáreas de cultivos ilegales de coca en 2019, a 221 en 2020 y 241 en 2021. Aunque parecía ser una cifra constante, el recién entregado informe de la Unodc da cuenta del aumento exponencial de los cultivos, pues en 2022 pasaron a ser 431 hectáreas de coca cultivadas, un aumento de 78 %. Esta cifra equivale a cerca de 16 000 canchas profesionales de tenis. 

Mientras todo esto ocurre, los pobladores indígenas han intentado sanear y recuperar sus tierras por la vía legal. Sin embargo, los intentos de las autoridades del resguardo para convertir su territorio en una zona de protección ambiental, como lo soñaron al momento de fundarlo, ha tenido algunos tropiezos burocráticos.

El resguardo tiene catorce veredas campesinas dentro de sus límites y dos de ellas fueron reconocidas por el Estado. Además, cuatro familias campesinas tienen títulos sobre las tierras indígenas. Nada de esto podría existir teniendo en cuenta el carácter especial de la zona, pues se trata de un resguardo indígena que, como lo estableció la Carta Magna y ratificó la Corte Constitucional, representa una propiedad comunitaria y es inalienable, imprescriptible e inembargable. 

Para los líderes inga, las entidades del Estado encargadas han fallado y, como consecuencia, ellos ahora se disputan su tierra con un grupo de campesinos.

Pablo Cuchalá, quien fue el representante legal de la Asociación de Cabildos Inga Andino Amazónico Kausai y uno de los líderes de las organizaciones indígenas que ha buscado exigir garantías de participación para su comunidad, lo resume así: “Nosotros sabemos que este malentendido también tiene que ver con la cosmovisión nuestra y de los campesinos. Para ellos, el trabajo de la tierra es la base fundamental de la vida y por eso talan la selva para cultivar y criar vacas. Por el contrario, para nosotros la vida depende de conservar la selva y los recursos naturales y hacer uso de lo que nos brinda respetando sus ciclos”. Por esto, con ánimo conciliador les propusieron a los campesinos que resolvieran la disputa a través de los mecanismos legales. 

“Nosotros sabemos que este malentendido también tiene que ver con la cosmovisión nuestra y de los campesinos. Para ellos, el trabajo de la tierra es la base fundamental de la vida y por eso talan la selva para cultivar y criar vacas. Por el contrario, para nosotros la vida depende de conservar la selva y los recursos naturales y hacer uso de lo que nos brinda respetando sus ciclos”.

Pablo Cuchalá, líder indígena, Putumayo, Colombia. 

“Antes de la reunión con las entidades estatales, llegamos a un acuerdo preliminar. Nosotros accedimos a darles a los campesinos un permiso transitorio para que vivan en el territorio hasta que la institución competente resuelva el problema, pero con el compromiso de que ellos no siguieran deforestando el territorio”, cuenta Pablo Cuchalá.

En 2018, la necesidad de restitución de tierras y un plan de ordenamiento territorial estaban en la agenda del Gobierno, como aparece en un documento de la Agencia de Renovación del Territorio. Después de eso, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) decidió atender el conflicto con los campesinos, pero según figura en el informe de gestión de 2022, sólo se realizó una reunión sobre el tema.

Cuatro años más tarde, el 11 de diciembre de 2022, la comunidad indígena se reunió con líderes de once veredas campesinas que se encuentran dentro del resguardo y representantes de entidades gubernamentales como el Ministerio del Interior, la ANT, la Gobernación del Putumayo, la Defensoría del Pueblo, la Unidad de Restitución de Tierras y Corpoamazonía. En el encuentro se acordó instalar una “mesa interinstitucional e intercultural de diálogo social”, con el fin de garantizar los derechos fundamentales de campesinos y pobladores indígenas. Pero ahí quedó todo.

Mongabay Latam contactó a la ANT y esta entidad explicó que hay un desfase en las medidas del resguardo que han dado las entidades estatales. “Los métodos de medición y delimitación de territorios étnicos del Incora, no son los mismos del Incoder (Instituto Colombiano de Desarrollo Rural), y hoy ANT”, aseguraron. 

Por eso, dicen, aunque en la resolución de creación del resguardo el territorio que pertenece a los indígenas es de 68 000 hectáreas, en la base cartográfica de la ANT sólo aparecen 64 000. Ante esto, la entidad asevera que necesita hacer un nuevo estudio de georreferenciación para asegurar si los campesinos están o no dentro del resguardo. 

Sin embargo, asegura que sí llegaron a algunos acuerdos con la comunidad indígena y los líderes campesinos en diciembre de 2022, acuerdos que se realizarían “en vigencia del 2023”. Agregaron que están adelantando “la coordinación para evacuar el plan propuesto”, pero para octubre de 2023, aún no habían tenido contacto con la comunidad Inga del Resguardo de Villa Catalina de Puerto Rosario para llevar este proyecto a cabo. 

En abril de 2023, los líderes de Villa Catalina enviaron una carta solicitando el apoyo del director de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior, German Carlosama, pero hasta hoy no han obtenido respuesta. 

Desde Mongabay Latam contactamos a la Defensoría del Pueblo y a Germán Carlosama, pero ninguna de las dos entidades dio respuesta sobre el avance del proceso, a pesar de que notificaron haber recibido las solicitudes. 

Tierras adjudicadas 

Hay una riqueza bajo los suelos del resguardo de Villa Catalina de Puerto Rosario que llama especialmente la atención y que ha causado conflictos desde antes que los Inga recibieran los títulos de propiedad: la presencia de reservas de petróleo. El problema se hace evidente en un análisis geográfico realizado por Mongabay Latam y en el que se observa cómo seis lotes petroleros se superponen con la totalidad del territorio del resguardo. 

El 23 de septiembre de 1994, el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible  otorgó licencias ambientales a la empresa Ram Petroleums Limited, en asociación con Ecopetrol, para iniciar un programa de exploración sísmica llamado “Bloque Río Putumayo”. Esa exploración inicial dio resultados positivos y en 1996 la empresa obtuvo permisos de la misma entidad estatal para comenzar perforaciones exploratorias en tres pozos situados dentro del resguardo. 

Tres años más tarde, la compañía canadiense reportó ante el Estado colombiano el hallazgo de petróleo en el primero de los pozos, que se llamó Airu-1, pero la promesa de la bonanza petrolera duró muy poco. 

Según se lee en una serie de documentos de entidades del Estado como la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), el Minambiente y la autoridad ambiental Corpoamazonía, Ecopetrol canceló, el 14 de enero de 2000, el contrato con el Minambiente para exploración y explotación de petróleo, de forma unilateral. Aunque la mayoría de los documentos no explica el motivo del cierre del contrato, un comunicado de Ecopetrol de mayo del 2019 dice que Ram Petroleum Limited “no demostró la capacidad financiera”. 

Sin embargo, los habitantes de la zona aseguran que el abandono del pozo se dio por un atentado terrorista. Una publicación del periódico El Tiempo de 1999 (un año antes del reconocimiento del resguardo, aunque ya estaba en trámite), registra que la empresa y específicamente el proyecto de tres pozos fueron amenazados por el frente 13 de las FARC que les ordenó no volver a movilizar ningún tipo de automotor.

Los ataques por parte de grupos armados ilegales a estructuras petroleras han sido una constante en la historia del conflicto armado en Colombia. Así lo documenta una investigación de la Universidad del Rosario que evidencia que los 41 pozos petroleros que existían en el país entre 1986 y 2006, fueron atacados 2005 veces por estos actores.

Mongabay Latam consultó con Ecopetrol si tienen conocimiento de alguna actividad ilegal en contra de la infraestructura del pozo Airu-1 y negaron que sepan de algún atentado que haya ocurrido en la zona, pero aclaran que al momento del abandono del pozo “ellos no eran los encargados”. 

La empresa le dijo a este medio que, cuando se celebró el contrato de Ram Petroleums con el Estado colombiano, Ecopetrol “era la autoridad que debía validar que se cumpliera con los acuerdos establecidos en el contrato, pero Ram Petroleums Limited era el único y exclusivo responsable de las decisiones y actividades que se realizaran en el pozo”. 

Según explican, Ecopetrol cumplía las labores que hoy cumple la Agencia Nacional de Hidrocarburos como “administradora de los recursos hidrocarburíferos en Colombia”, pero el pozo Airu-1 no fue perforado por ellos y tampoco eran los titulares de la licencia ambiental y, por lo tanto, no debían cumplir con las obligaciones derivadas de ella.

Lo que sí han registrado en los años posteriores al abandono del pozo, es la existencia de “refinerías artesanales”. En un reporte de Ecopetrol de 2019 se lee que en una inspección técnica encontraron “manchas oscuras provenientes posiblemente de hidrocarburos derramados por una contingencia que ocurrió el 24 de febrero de 2017 o por la destrucción de una refinería artesanal”.

La empresa explicó a Mongabay Latam que el crudo es utilizado para algunos procesos de la producción de cocaína. Esto podría acrecentar el conflicto armado que está resurgiendo en la zona, pues los grupos ilegales estarían sacando provecho de la infraestructura abandonada y podrían oponerse a la clausura definitiva del pozo para no dejar de beneficiarse del petróleo.  

Un informe de noviembre de 2019 de la ONG Asociación Ambiente y Sociedad —especializada en temas de medio ambiente y derechos humanos— , reporta que “hasta 2008 no hubo una respuesta por parte de la empresa (Ram Petroleums Limited) en cuanto a un plan de desmantelamiento de los pozos, por lo que el Gobierno Nacional estableció que la responsabilidad de esos pozos debía recaer en Ecopetrol. A fecha de hoy, los pozos se encuentran en proceso de desmantelamiento por parte de Ecopetrol. Sin embargo, están generando daños socioambientales debido a su lenta clausura”. 

Una situación actual poco alentadora

Para julio de 2023, cuando Mongabay Latam visitó la zona del Resguardo de Villa Catalina, los pozos seguían en pie, a pesar de que el Estado colombiano dio la orden de cerrarlos desde 2011. 

Ecopetrol —la empresa que debe hacer la clausura del área— explicó a Mongabay Latam que, aunque han presentado un plan de abandono y desmantelamiento del pozo, “su ejecución no se ha podido concretar porque la empresa no ha podido ingresar al área donde se encuentra”. 

La empresa colombiana asegura que sólo podrá ejecutar este plan cuando cumplan con tres requisitos. El primero, que tengan acceso al pozo, el segundo, que la autoridad ambiental les apruebe los permisos para el desmantelamiento y el tercero, que el resguardo indígena que allí habita les dé viabilidad. 

Aunque la comunidad indígena reconoce que este proceso no es sencillo, y no por voluntad sino porque no pueden autorizar la entrada de fuerza pública al área del resguardo, además alegan que la empresa colombiana no ha sido del todo transparente con la comunidad. “Nosotros nos enteramos de la necesidad de saneamiento del pozo en 2019 porque Ecopetrol no nos había tenido en cuenta antes como un sujeto activo dentro del problema”, dice Pablo Cuchalá. 

En 2020, con la pandemia de Covid-19, las conversaciones con Ecopetrol se pausaron y eso les dio tiempo a los inga para recopilar datos, contactar expertos y asesorarse sobre la problemática. Además, para considerar un tema adicional que, como sujeto de reparación colectiva por ser víctimas del conflicto armado, saben que deben contemplar: el riesgo que corren por la situación de orden público. 

“Analizando la información, nos hemos enterado de que Ecopetrol, al identificar ese vertimiento, ya sabía qué grupos armados hay en la zona y la misma comunidad campesina les había dicho que eso representaba un riesgo”, cuenta Cuchalá. Sin embargo, la petrolera insistió en cumplir con el proceso sancionatorio sin contemplar el tema de seguridad o de derechos humanos que ponía en una posición vulnerable a la comunidad del resguardo. 

Cuando llegó el día de la reunión, la entidad no acogió una petición hecha por la comunidad: que las reuniones en su territorio se hicieran sin la presencia de la fuerza pública, ya que el resguardo se encuentra en una zona donde el conflicto armado está resurgiendo. Los funcionarios de la estatal llegaron acompañados del Ejército.

Ante lo que los indígenas califican como imprudencia por parte de la petrolera, la comunidad suspendió la reunión y, hasta la publicación de este reportaje, el proceso no ha avanzado. “Ellos han insistido en hacer el cierre de ese pozo, pero con la comunidad nosotros vemos que hacer un proceso de consulta previa para el cierre y reparación de ese pozo es un riesgo porque el territorio está controlado por los intereses de los armados. Si nosotros decimos que sí (a la consulta previa) vamos a tener problemas con los intereses de ellos (los armados ilegales) y la comunidad no va a tener a la fuerza pública cuidando a las autoridades y cada comunero del resguardo”, asegura Pablo Cuchalá.

La sensación de las autoridades del resguardo Villa Catalina de Puerto Rosario es que el Gobierno nacional encabezado por Gustavo Petro ha usado como bandera su interés en atender las problemáticas ambientales y a los pueblos indígenas, pero ha perdido la fuerza con la que arrancó acompañando estos procesos. 

Los indígenas Inga de Villa Catalina guardan la esperanza de que las entidades estatales respeten el lema que plantearon en campaña y que ellos llevan décadas intentando defender: que Colombia sea una potencia mundial de la vida. 

Mientras tanto, los comuneros aguardan para poder disfrutar de la tierra que sus ancestros les heredaron y de la que sacan provecho los colonos, las petroleras y los grupos armados, pero nunca ellos.

*Nota de la edición: Esta cobertura periodística forma parte del proyecto «Derechos de la Amazonía en la mira: protección de los pueblos y los bosques», una serie de artículos de investigación sobre la situación de la deforestación y de los delitos ambientales en Colombia financiada por la Iniciativa Internacional de Clima y Bosque de Noruega. Las decisiones editoriales se toman de manera independiente y no sobre la base del apoyo de los donantes.