Por Dora Montero* 

Donde el río Caquetá abandona el territorio colombiano para ingresar a Brasil, a no más de 35 kilómetros de la frontera, Custodio Yucuna Tanimuca se topó, en junio de este año, con un grupo de militares varados en el chorro de Córdoba, uno de los raudales más temidos en ese afluente, incluso para los más hábiles navegantes. A este poblador indígena, promotor de salud, líder de la etnia yucuna y nacido en el resguardo Curare Los Ingleses, le pidieron ayuda para cruzar con su embarcación y él, hábil en esos asuntos como casi todos los que crecieron moviéndose por esas aguas impetuosas, logró llevarlos al otro lado del río donde cada quien siguió su camino.

Lo que el promotor no sabía era que el grupo de la vigésima sexta brigada de selva del Ejército iba tras un cargamento de 800 kilos de marihuana prensada. La carga —muy bien custodiada— descansaba en una finca situada al suroriente del país, con destino a Brasil, país donde el comercio de la hierba se ha fortalecido en los últimos años y puede alcanzar valores superiores a la coca. 

El precio que Custodio Yucuna Tanimuca pagó por su ayuda fue la muerte. Dos días después, el grupo armado ilegal que custodiaba el cargamento de marihuana, una de las mafias que controla el río Caquetá, por el que además transitan coca, armas, oro y otros metales explotados ilegalmente, lo asesinó. También prohibió a los pobladores de la zona mover el cadáver y denunciar ante las autoridades el crimen, como narraron con impotencia varias fuentes locales que por seguridad pidieron la protección de su identidad. Nadie habla hoy del tema en este sector de la Amazonía colombiana donde movilizarse depende de la autorización de los grupos criminales.

“Al que está defendiendo el territorio inmediatamente lo amenazan. Tiene que estar quieto o tiene que estar callado porque de lo contrario pierde la vida”, dice Carlos Alberto Gaitán, coordinador de territorio, medio ambiente y cambio climático de la Organización Nacional de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac), al referirse a la situación de seguridad para los líderes en los territorios amazónicos.

Un mes antes del asesinato de Custodio Yucuna, la Defensoría del Pueblo expidió la Alerta Temprana 017-2023 que advirtió sobre el riesgo en la zona, sobre todo para las comunidades ubicadas en la frontera entre Vaupés y Amazonas, específicamente entre el municipio de Taraira y La Pedrera, por la presencia de dos disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC): el “Frente Primero Carolina Ramírez”, que opera desde el Putumayo hasta el medio Caquetá, y el “Frente Primero Armando Ríos”, organización que junto a grupos de crimen organizado de Brasil trafica estupefacientes y productos de la minería ilegal, como oro y los llamados “minerales raros” —17 elementos como lantano, cerio, praseodimio, neodimio, samario y europio que tienen numerosas aplicaciones tecnológicas—.

Los resguardos indígenas de la Amazonía de Colombia llevan años siendo las víctimas silenciosas de una violencia que en lugar de terminar muestra una tendencia a empeorar. Para entender la magnitud de este problema, un equipo de Mongabay Latam en alianza con tres medios colombianos —Baudó Agencia Pública,  entreojos.co, y La Silla Vacía— y la alianza periodística La Liga Contra el Silencio, viajó a cinco resguardos para narrar lo que están viviendo las poblaciones indígenas y analizó geoespacialmente el impacto de los delitos ambientales en 230 de estos territorios que forman parte del bioma amazónico de Colombia, un área que abarca seis departamentos completos y segmentos de cuatro más. El diagnóstico es crítico: 218 resguardos amazónicos perdieron más de 19 181 mil hectáreas de cobertura arbórea durante 2022, 88 registran la presencia de cultivos ilícitos de coca y 10 son afectados por la contaminación de la minería ilegal de oro que proviene de los ocho ríos que limitan con los resguardos.

Los resultados de este análisis geográfico trabajado con datos de siete instituciones estatales y de la sociedad civil llevaron al equipo periodístico a cinco resguardos donde la ilegalidad los tiene cercados: Yurayaco, El Hacha, La Yuquera, Villa Catalina y Curare Los Ingleses.

“Imagínese, nosotros el pulmón del mundo donde escasamente tenemos una vela para prender, no tenemos las condiciones. ¿Qué vamos a hacer? En nuestra zona obviamente existen grupos, pero ahí qué podemos hacer. Tenemos que saber convivir con ellos, es la única”.

Carlos Alberto Gaitán – Organización Nacional de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac).
Amazonía, Colombia.

Las comunidades indígenas del Bajo Caquetá viven confinadas, y no son las únicas. En la Amazonía, la ilegalidad navega por los ríos, se cruza por los bosques y batalla por romper la barrera que milenariamente los territorios ancestrales han creado para proteger la selva, los recursos naturales, su cultura y su propia vida.

Convivir para sobrevivir 

“Cada pueblo que vive en la Amazonía tiene sus creencias para poder sobrevivir porque nosotros los pueblos indígenas, lo que hemos hecho en nuestro país, es supervivencia”, dice Carlos Alberto Gaitán, líder indígena piapoco y coordinador de la Opiac en una entrevista con Mongabay Latam.

Ese duro camino por resistir, explica Gaitán, ha dejado muchas víctimas mortales en los últimos años. Según la ONG Global Witness, Colombia se encuentra entre los países más peligrosos del mundo para los defensores ambientales y de territorio. En los últimos diez años, al menos 382 defensores del ambiente fueron asesinados en el país y 159 de ellos eran pobladores indígenas. 

“En nuestro país, algunos líderes han caído por defender el territorio. Nosotros tenemos nuestra forma de gobernar, pero nosotros no somos de armas, somos más de espiritualidad y entonces, como somos frágiles en el sentido de no guerra, lo que han hecho los grupos [armados] es abusarnos”, concluye Gaitán.

Por eso no se conocen muchas de las amenazas y muertes ocurridas en estos territorios —incluido el asesinato de Custodio Yucuna Tanimuca—, porque quienes mandan son los ilegales. “No hay protección del Estado, entonces hay que tomar distancia. Imagínese, nosotros el pulmón del mundo donde escasamente tenemos una vela para prender, no tenemos las condiciones. ¿Qué vamos a hacer? En nuestra zona obviamente existen grupos, pero ahí qué podemos hacer. Tenemos que saber convivir con ellos, es la única. Eso es como el lema de nosotros: tenemos que saber convivir donde estemos, usted sabe, convivir para sobrevivir”, dice Gaitán de la Opiac.

Los 230 resguardos indígenas están distribuidos a lo largo de 27 millones de hectáreas que representan el 56 % del bioma amazónico colombiano. 

El análisis geoespacial realizado para esta publicación por Mongabay Latam tuvo como base información de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), el Sistema de Información Ambiental Territorial de la Amazonia Colombiana – SIAT-AC, Global Forest Watch (GFW), el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Undoc), la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (Raisg) y la Fundación Gaia. Las cifras reunidas y analizadas permiten entender el impacto de la deforestación, la presencia de cultivos ilícitos de coca y la minería ilegal en los territorios indígenas amazónicos de Colombia.

De los 230 resguardos indígenas (aquellos con al menos 1 % de su territorio dentro del bioma amazónico), 218 son afectados por la pérdida de cobertura arbórea, como lo muestra la información de Global Forest Watch. De este grupo, los cuatro resguardos que más hectáreas han visto desaparecer —Nukak Maku (3264 ha.), Vaupés (2445 ha.), Predio Putumayo (1514 ha.) y Llanos del Yarí- Yaguara II (1179 ha)— están distribuidos entre los departamentos de Guaviare, Vaupés, Putumayo, Amazonas y Caquetá.

Además, al analizar aquellos territorios indígenas que han perdido un mayor porcentaje de sus tierras en 2022, con respecto a su extensión, doce aparecen entre los más afectados. De ellos resaltan el resguardo San Rafael, en el Caquetá, que perdió un 5 % y los resguardos Inkal Awa, en Putumayo, y La Julia, en el Meta, con el 3 % cada uno. 

Un dato importante es que mucha de la deforestación reportada en la Amazonía del país es provocada por la presencia de cultivos ilícitos de coca. El análisis geoespacial revela que al menos 88 resguardos tienen más de dos hectáreas de estos cultivos y son afectados por este problema. Los casos más críticos están distribuidos entre el Guaviare y Putumayo. En el primer departamento figuran Nukak Maku y Morichal Viejo-Santa Rosa, Cerro Cucuy y otros. Los ochos restantes, situados en el Putumayo, son: Villa Catalina de Puerto Rosario, Yarinal-San Marcelino, San Andrés-Las Vegas, Buenavista, Damasco Vides, Awá De Cañaveral, El Hacha y Jerusalén San Luis Alto Picudito Putumayo.

La minería ilegal, por otro lado, si bien no afecta a gran parte de los resguardos, sí es un delito que significa un problema serio para al menos 10 de ellos. Los límites de estos territorios son bañados por ocho ríos amazónicos que cargan en sus aguas el mercurio de la actividad ilegal. El impacto, en este caso, no es solo en la biodiversidad sino sobre todo en la salud de las poblaciones. 

La coca que avanza en el Putumayo

Los datos de 2022 del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de la Unodc revelan un incremento sustancial de cultivos ilegales de coca dentro de los resguardos de la Amazonía de Colombia: de 4743 hectáreas reportadas en 2021 se pasó a 6618 hectáreas en 2022. Esto significa un aumento superior al promedio nacional. Mientras en el total de los resguardos del país las siembras ilegales aumentaron en 18 % en ese período, en los amazónicos el incremento fue de 39 %, según los datos del Simci. 

De todos los resguardos que tienen coca en el país, el 28 % está distribuido en tres amazónicos y el 14 % lo tiene uno solo, el Nukak-Maku, con 925 hectáreas de coca sembradas. Le siguen Villa Catalina de Puerto Rosario, con 465 hectáreas de coca sembradas y Yarinal-San Marcelino, con 431. 

Una de las zonas más críticas es Putumayo. En 2022, en 45 de los 78 resguardos indígenas de ese departamento, se registraron en promedio 105 hectáreas de coca sembradas, según el análisis realizado por Mongabay Latam con los datos de Unodc. Además, ahí  se encuentran ocho de los diez resguardos indígenas amazónicos con más cultivos ilícitos, que suman 36 % de toda la coca sembrada en los territorios indígenas del país. 

Los cinco resguardos que tienen un mayor porcentaje de su territorio tomado por estos cultivos también están en Putumayo. El caso más destacado es el de Selva Verde, resguardo del pueblo Awá, que tiene el 45 % de su territorio tomado por estas siembras. En segundo lugar está Nuevo Horizonte, del pueblo Pastos, que tiene el 41% de su resguardo afectado por los cultivos de coca y el tercero es el Damasco Vides, también del pueblo Awá, con 28 % de sus tierras afectadas.

La misma historia se repite en la frontera sur, donde el río Putumayo separa a Colombia de Ecuador y Perú. En ese lugar, los siona encabezan su propia resistencia ante las amenazas y el confinamiento. Armados con sus bastones de mando, y portando con orgullo los brazaletes de la guardia indígena, los jóvenes líderes de varias comunidades admiten que por culpa de los grupos armados ilegales, no pueden moverse libremente por su propio territorio. 

Esos grupos ilegales, disidencias de las FARC —en esta zona los frentes “Comandos de Frontera” y “Frente Primero Carolina Ramírez” que son enemigos a muerte—, son los encargados de controlar los cultivos de uso ilícito que, en la parte norte de la selva, cerca del río Caquetá, bordeando e incluso entrando en sus resguardos, va dejando decenas de hectáreas deforestadas a su paso. 

En el recorrido que hicieron los reporteros de La Silla Vacía por el río Putumayo, entre Puerto Asís y Puerto Leguízamo, se encontraron con un retén de hombres armados del frente “Comandos de Frontera” que con lista en mano, revisaban las cédulas de los pasajeros de las embarcaciones de transporte público. Eso ocurrió precisamente en la entrada del resguardo El Hacha. 

Visto el panorama de esta forma, la batalla parece perdida en el Putumayo. “Nosotros conservamos porque ahí está todo, la enseñanza, la madre tierra, todo lo que nos da la vida. Nacimos con esa idea de proteger y de cuidar, pero nada podemos hacer ante la tala para los cultivos. Peleamos para que no entren a nuestro resguardo, a nuestro territorio, pero hay zonas donde está prohibido tumbar las matas de coca porque todo está bajo un reglamento”, cuenta uno de los integrantes de la guardia.

Para Leonardo Correa, coordinador técnico de la Unodc, los cultivos ilegales de coca son sólo el punto de partida de lo que está ocurriendo en esta zona. “Me preocupa que el núcleo del Perú ya está pegado al río porque el negocio no es solamente sembrar coca, es transformarla y para eso hay que mover sustancias químicas, hay que poner laboratorios y para ello hay que hacer pistas de aterrizaje o hay que hacer flujos en los ríos, entonces es mucho más complejo”. Lo que inquieta a los investigadores es la posibilidad de que los narcotraficantes construyan centenares de pistas dentro de los territorios indígenas y parques nacionales mejor conservados en la Amazonía, en su intención de llegar a Brasil para continuar con el proceso de comercialización. 

Quienes se mueven por la región confirman que esos temores ya son una realidad. Juan Felipe Guhl, coordinador del Programa de Investigación de Dinámicas Socioambientales del Instituto Sinchi, asegura que han recibido reportes de presencia de grupos ilegales que controlan el negocio de la coca en la frontera con Amazonas. “La vulnerabilidad de los derechos humanos de las poblaciones en Putumayo es superiorísima al resto de la región amazónica y ya están llegando al norte del Amazonas. Es como una zona de alta tensión donde no es posible movilizarse libremente y eso nos ha impedido hacer varios proyectos con comunidades indígenas”.

Mientras tanto, estas poblaciones viven en una incertidumbre constante. “Todo es por la deforestación, por los cultivos, es que estamos perdiendo hasta la espiritualidad. Hasta los peces se han ido, hasta los micos se fueron”, denuncian apenados los jóvenes siona.

Los bosques que pierden los resguardos

Al superponer el mapa de los 230 resguardos amazónicos con los datos de pérdida de cobertura arbórea registrados para 2022 por la plataforma satelital Global Forest Watch, se muestran pérdidas de cobertura arbórea de entre una y 3200 hectáreas en 218 resguardos de la Amazonía de Colombia. En total, estos resguardos amazónicos perdieron 19 181 mil hectáreas de bosque. 

Las mayores pérdidas coinciden con el arco de la deforestación en los departamentos de Guaviare, Meta, Caquetá y Putumayo que, según la ONG Gaia Amazonas, desde 2017 tiene una tendencia al alza. Este panorama, sin embargo, podría haber cambiado, como lo indica el último reporte del Ideam, aunque algunos expertos señalan que las cifras son mayores. 

Según el Instituto de Hidrología, Metereología y Estudios Ambientales (Ideam), 102 de los 230 resguardos amazónicos tuvieron una deforestación de 12 081 hectáreas en 2022. De éstas, los territorios más afectados fueron los Llanos del Yari-Yaguará II con 2338 hectáreas deforestadas y Nukak-Maku con 2251 hectáreas perdidas. Luego siguen Predio Putumayo, con 904 hectáreas; Vaupés, con 745; y Selva de Mataven, con 736. 

Al analizarlo desde el porcentaje perdido con respecto al territorio total, dos resguardos han perdido el 7 % en 2022: La Aguadita y Monilla Amena.  

En la parte que corresponde al departamento del Guaviare “se han transformado en los últimos años 8391 hectáreas de bosque natural para ampliar lotes preexistentes, aperturas de vías, ganadería y nuevos cultivos de uso ilícito”, se lee en un estudio de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) sobre la pérdida de bosque en la Amazonía colombiana. 

En los cinco resguardos visitados por los reporteros de esta alianza, hubo más de 36 mil alertas de pérdida de cobertura arbórea en la plataforma de GFW, entre el primero de enero y el 12 de octubre de 2023. 

La deforestación tiene varias caras en la Amazonía del país y con ellas sus consecuencias en los pueblos indígenas. El recién publicado “Mapa de vegetación natural de Colombia” muestra que la frontera entre la Orinoquía y la Amazonía ha perdido entre el 25 % y 30 % de su cobertura vegetal. Quien lideró el proyecto, el profesor Orlando Rangel, doctor en Biología y director del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, explica a Mongabay Latam que “es muy claro donde están marcadas las zonas desprovistas de vegetación. En Caquetá, Guaviare y Putumayo, hay frentes de transformación que ponen en peligro a los 10 o 15 resguardos allí ubicados. Si no se toman medidas para impedir que se conecten, se va a acabar todo”.

Los vecinos pequeños del arco de la deforestación viven su propio drama. En La Yuquera, un resguardo de apenas 7708 hectáreas, ubicado entre el resguardo Nukak-Maku y el Parque Nacional Natural Serranía del Chiribiquete, en el departamento del Guaviare, poco puede hacer el pueblo tucano que lo habita. “Entre nosotros hemos bregado para que no se siga destruyendo eso, pero es imposible con los campesinos que dicen que son baldíos. Hemos evitado choques con ellos, pero se han metido a nuestro territorio”, cuenta a Mongabay Latam, Gustavo Bernal, el capitán del resguardo indígena. Allí en 2022 perdieron 339 hectáreas de cobertura arbórea, entre otras actividades, para la ganadería extensiva, la ampliación de la frontera agrícola y la siembra de coca.

En Putumayo, los inga, habitantes ancestrales del resguardo Villa Catalina de Puerto Rosario, no pueden recorrer el resguardo por seguridad. Hace ya varios años que colonos ocupan miles de hectáreas de selva dentro de su territorio, talan los bosques, introducen ganado y siembran extensas áreas de cultivos legales e ilegales. Y en todo ese territorio, patrullan las disidencias que no dan tregua.

“En la zona del río, por la Inspección de José María [colindante con el resguardo] se nos entraron “caqueteños” que parece que tuvieran la intención de no dejar en pie ni un arbolito”, cuenta Olga López, la gobernadora indígena del resguardo inga Villa Catalina de Puerto Rosario. Las cifras lo confirman, este resguardo perdió 496 hectáreas de cobertura arbórea, entre otras actividades durante 2022.

A pesar de todas estas presiones, si se analiza el territorio amazónico en conjunto, la resistencia de los pueblos ancestrales en sus territorios ha logrado mantener la pérdida de bosque en apenas 0,19 % en las últimas décadas, según FCDS.

De acuerdo con el profesor Rangel, es necesario frenar cualquier tipo de penetración, desde las carreteras hasta las explotaciones de oro y minerales raros, y proteger las tierras indígenas. “Si hago un caminito para un hombre con una bestia, luego voy a decir vamos a despejar para tres bestias con tres hombres, y luego para una recua de mulas. Cada vez el impacto va a ser mayor e imparable”.

Otra cara es la salud de los habitantes de la Amazonía. “Para el caso de la deforestación no solamente estamos hablando de la eliminación de la cobertura boscosa sino también de la movilización del mercurio y otros metales que suben por la cadena trófica y se concentran en organismos superiores, como los pescados que consumen los pobladores amazónicos”, advierte Santiago Roberto Duque Escobar, biólogo y profesor asociado del Laboratorio de Manejo y Gestión de Humedales del instituto Amazónico de Investigaciones, Imani. Duque lidera un estudio que busca comprobar que el mercurio dejado por la deforestación también afecta las chagras [territorios de cultivo de las comunidades] y con ello los alimentos que consumen los pobladores indígenas a diario. 

De lo que se está hablando es de la existencia misma de los pueblos indígenas porque dependen de la existencia de su territorio. 

Oro que no brilla

“Nuestra supervivencia es a través de la naturaleza porque es la que nos da la comida, pero sí, ya el mundo blanco nos está afectando porque mientras nosotros conservamos la naturaleza, la cuidamos, ese mundo blanco quiere apoderarse de nuestro territorio de muchas formas, con minería ilegal o como sea”, dice el líder indígena Carlos Alberto Gaitán.

La minería ilegal no es nueva en la Amazonía, pero sí lo es la bonanza actual, según lo explican los  expertos consultados que mencionan los altos precios del oro en los mercados internacionales. La Fundación Gaia Amazonas y la Unodc han hecho seguimiento —cada uno de manera independiente— a la presencia de este negocio ilegal en parte de la región, específicamente en los ríos que la atraviesan. En ellos han identificado principalmente balsas mineras, puntos de explotación, sitios de extracción o incluso lanchas abastecedoras. 

Los reportes presentados por ambas organizaciones para 2021, evidencian la presencia de algún tipo de explotación en todos los grandes ríos amazónicos, como se pudo ver en el análisis de Mongabay Latam tras superponer los territorios de los resguardos con los datos reportados por las dos organizaciones.

La Oficina de la ONU informó sobre la presencia de minería ilegal en cinco ríos, donde los más afectados son el Caquetá, Apaporis e Inírida. 

En el caso de la Fundación Gaia Amazonas, cuyos datos han sido publicados como parte de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG), se han reportado desde 2005 hasta 2019 actividades de minería en al menos ocho ríos amazónicos, con mayor fuerza en Inírida, Caquetá, Putumayo y Cotuhé. Sus efectos alcanzaron a 10 resguardos indígenas. 

Las dinámicas de esa expansión son muy complejas para las comunidades, especialmente las indígenas, porque van de la mano con la presencia de las disidencias de las FARC. Juan Felipe Guhl, del Instituto Sinchi, cuenta que “en ríos como el Inírida y el Atabapo, los mismos mineros coartan a las comunidades y a los líderes para realizar sus actividades ilegales. Además afectan a las mujeres indígenas que terminan como sus parejas o trabajando en prostitución”. 

Las consecuencias para las poblaciones circundantes a los ríos son muy graves porque, en palabras del profesor Orlando Rangel, “están tomando la experiencia de los brasileños que se toman los ríos y todo lo que hay lo acaban”. Esa experiencia es la de los garimpeiros, buscadores de oro y piedras preciosas.

La minería ilegal, además, afecta la salud pública de las comunidades indígenas. El profesor Duque Escobar explica que el mercurio utilizado para conseguir las pepitas de oro, que se mueven por los ríos, afecta la salud de los pueblos indígenas .

“El tema central es que el agua, los ecosistemas hídricos, son de propiedad pública, no están inmersos directamente dentro de las áreas de resguardo, pero sus pobladores sí usufructúan los servicios ecosistémicos del agua, como la pesca y además hacen sus chagras”, explica Duque Escobar. Eso explicaría, dice, el número significativo de pobladores indígenas y funcionarios de Parques Nacionales en la Amazonía que tienen valores extremadamente altos de mercurio en sangre y cabello.

“Puede no haber minería donde tú estás viviendo y estás comiendo pescado, pero los peces se mueven, no tienen límites fronterizos. Yo puedo estar en Leticia abajo del río Amazonas mil kilómetros de los sitios de explotación, pero como allí desemboca el río Madeira que es uno de los de garimpeiros más críticos de Brasil, los peces pueden tener afectación de esa minería. En Leticia, Sinchi ha encontrado algunas especies que están marcando mercurio”, explica. 

Para los pueblos indígenas esto es nefasto porque debajo del paisaje de bosques frondosos que se ve desde el avión, “se esconde un peligro que ni siquiera existe en su chamanismo. El gran problema es que si hay una desarrollo cultural chamánico de manejo de los males se pueden hacer cosas, pero cuando es un agente extraño para ellos, totalmente extraño como el mercurio, pues no tienen tampoco manera de enfrentarlo. Entonces el tema es tan delicado que puede poner en riesgo la existencia de los pueblos”, dice el profesor Duque Escobar.  

Mientras la violencia se incrementa, los líderes de las organizaciones indígenas amazónicas —los mayores y los más jóvenes— decidieron luchar contra “la amenaza real de la extinción cultural, social, poblacional y territorial”. Así la define Fabio Valencia Vanegas, líder indígena del territorio Pirá Piraná y parte del pueblo macuna. Su decisión es recuperar su ancestralidad perdida y mantenerse como guardianes del bosque. “Todos unidos, acompañados de la espiritualidad, los pueblos indígenas, podremos mantener la montaña virgen”, remata uno de los jóvenes siona mientras con fuerza, levanta su bastón de mando.

* Resguardos Indígenas Amenazados es una investigación coordinada por Mongabay Latam en alianza con Baudó Agencia Pública, La Liga Contra el Silencio, entreojos.co y La Silla Vacía. 

Edición general: Alexa Vélez Edición: Michelle Carrere, Thelma Gómez Durán Coordinación: Dora Montero. Equipo periodístico: Dora Montero (Mongabay Latam), Natalia Pedraza, Isabel Caballero Samper, Jeanneth Valdivieso (La Liga Contra el Silencio), Germán García (entreOjos), Santiago Rodríguez (La Silla Vacía). Análisis de datos y visualización: Juan Julca; Cristian Salas; Vanessa Romo Espinoza. Fotografía y video: Sergio Alejandro Melgarejo, Carlos Piedrahita y Víctor Galeano (Baudó Agencia Pública) Producción audiovisual: Richard Romero. Audiencias y redes: Dalia Medina y Richard Romero (Mongabay Latam) y Nicoll Fonseca (La Liga Contra el Silencio).

* Nota de la edición: Esta cobertura periodística forma parte del proyecto «Derechos de la Amazonía en la mira: protección de los pueblos y los bosques», una serie de artículos de investigación sobre la situación de la deforestación y de los delitos ambientales en Colombia financiada por la Iniciativa Internacional de Clima y Bosque de Noruega. Las decisiones editoriales se toman de manera independiente y no sobre la base del apoyo de los donantes.