Por: Claudia Julieta Duque *. Cuestión Pública en alianza con Forbidden Stories.

Un día antes de ser asesinado, Rafael Moreno iba y venía de un lugar a otro en el estadero “Rafo Parrilla” que él y su amigo Organis Cuadrado habían abierto hacía pocos meses en Montelíbano: el local estaba abarrotado de clientes y encargos a domicilio, la cocina no daba abasto con los pedidos, las meseras no lograban atender a todos los comensales y la cerveza se había agotado gracias a aquel hombre con cabello de corte militar, orejas prominentes, ojos cafés, 1.75 de estatura, de entre 45 y 50 años y un rosario colgado al pecho, que invitaba a los presentes a beber por cuenta suya.

Si bien desde el miércoles las ventas venían en aumento, y durante esos días al sitio llegó gente de Montería y viajeros que iban camino a La Apartada, Puerto Libertador o San José de Uré, vecinos a la llamada capital niquelera de América, ese sábado 15 de octubre de 2022 solo entre dos mesas se vendieron tres cajas de cerveza Costeñita. El hombre, a quienes algunos reconocieron como un antiguo trabajador de Jaguazul —la empresa de acueducto municipal— invitaba a todos a una pola, departía jocosamente con sus acompañantes y se dejaba saludar de comerciantes, empresarios y otros lugareños, como si Rafo Parrilla fuera su coworking informal.

La escena podría ser similar a la de un sábado caluroso en cualquier pueblo de la Costa Caribe, donde entre trago y comida todos se vuelven amigos de todos, de no ser porque esa tarde se esparció entre los presentes una instrucción: nadie podía negarle una cerveza a aquel cliente, pues se trataba nada más ni nada menos que del comandante del Clan del Golfo en esa zona del sur de Córdoba. Quienes lo conocían previamente se asustaron: sabían que era un desmovilizado de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), pero solo hasta ese momento se enteraron de que además hacía parte de una de las mayores empresas criminales del país y era el jefe en la región.

A pocos metros de allí, en el lavadero de autos “Las Palmas”, también administrado por los noveles empresarios Moreno y Cuadrado, ese mismo 15 de octubre Rafael recibió otra importante visita: la del alcalde de San José de Uré, Custodio Libardo Acosta Urzola, ante quien un mes antes el periodista había elevado un derecho de petición en el que indagaba sobre los permisos de extracción de material para la ejecución de obras viales en ese municipio. 

Según Custodio Acosta, la charla fue amena, pues Rafael y él eran amigos desde 2019 y se llamaban “compadres” entre sí porque el reportero le había pedido que fuera el padrino de su hija menor. “Ese día me contó de su proyecto de seguir estudiando, me habló de su hija, del emprendimiento de las carnes y del lavadero que tenía con Organis. Le compré unas carnes y le dejé un detalle para la niña, aproximadamente como 500 mil pesos”.

Entre los documentos obtenidos por Forbidden Stories después de la muerte de Rafael Moreno, se halló además que el 12 de octubre, tres días antes de su visita al lavadero, un juez había admitido una acción de tutela interpuesta por Rafael contra el alcalde y le había dado al mandatario local 48 horas para responder la demanda. 

Para Rafael y Organis, ambos periodistas y socios de los dos locales ubicados en la calle 4 con avenida de Los Estudiantes, el día fue “loco”: “mientras yo llevaba domicilios, Rafael despachaba la cerveza; luego yo ayudaba en la parrilla. Eso se llenó, nosotros estábamos locos ahí”, recuerda Organis. 

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Llegada la hora del cierre, hacia las tres de la mañana, los dos se alegraron con el balance: más de un millón de pesos en ventas. Pese a la hora, Rafael se tomó el tiempo de pronunciar un emotivo discurso de aliento para sus empleados: al domiciliario, lo animó a trabajar fuerte, pues el dinero le ayudaría con sus estudios; a las tres meseras, las reunió y agradeció por el esfuerzo de esa noche. Organis, por su parte, llegó incluso a insinuarle a su amigo que tendrían que hacerse cargo del sitio y “dejar la denunciadera”: el asadero y el lavadero de carros, contiguo, serían la base de un futuro económico estable para los dos reporteros.

Rafael estaba tan entusiasmado que regresó al lugar antes de las diez de la mañana del 16 de octubre. Desde hacía ya un tiempo había trasladado su oficina a un pequeño salón al interior del restaurante, donde escribía derechos de petición a autoridades municipales y departamentales, posteaba noticias en Facebook y Twitter, hacía transmisiones en directo para su medio Voces de Córdoba y fustigaba a todos los clanes políticos de la región, con quienes pese a todo mantenía relaciones cordiales y hasta les aceptaba dinero para cubrir sus gastos, práctica tristemente común entre los periodistas del departamento: desde ventas por publicidad hasta “ayudas” económicas para solventar necesidades básicas.

Rafa, como todos le llamaban, no trabajaba solo: con Organis Cuadrado hacía investigaciones relacionadas con multinacionales como Cerromatoso y Carbomas y corrupción en la Alcaldía de Puerto Libertador; y con otros dos colegas, Walter Álvarez Berbel y Yamir Jhan Pico, las relacionadas con la explotación de recursos naturales en la zona de Uré, en la que estaba enfocado en las últimas semanas.

Los cuatro periodistas venían recibiendo amenazas de tiempo atrás: panfletos que los declaraban objetivo militar, hombres armados que los interceptaban para anunciarles que serían asesinados, llamadas telefónicas y todo tipo de intimidaciones. 

Para el momento en que Rafael Emiro Moreno Garavito fue ejecutado por un sicario aún sin identificar, Yamir se encontraba en México laborando con un canal de televisión, pero Organis y Walter debían estar junto a él en “Rafo Parrilla” ese anochecer del 16 de octubre: el primero porque coadministraba los locales y el segundo porque tenía una cita con Moreno para escribir un “importante trabajo de investigación” que nunca vio la luz.

“Encontré a Rafa en el lavadero poco antes del mediodía. Tenía pendiente cobrar la publicidad de unas vaquillas (corralejas) en la vereda Los Caracoles y como el sábado el negocio se había llenado no pude ir. Lo hablé con Rafa y lo invité a acompañarme al menos cuatro veces, pero él no quiso irse conmigo. Le dije que regresaría a las tres y media o cuatro de la tarde, le choqué la mano y me fui. Fue nuestro último saludo. Como me pagaron el dinero a las tres y media, me quedé tomando cerveza con unos colegas. A las seis, cuando iba a salir, vi que ahí afuera el picotazo estaba bueno y me quedé. Pensé: bueno, las muchachas están en el negocio y Rafa en el lavadero, ahora me voy. Pero a las siete, una señora a la que le había regalado un poncho llegó corriendo para decirme que a Rafa lo habían matado”, recuerda Organis con la voz acongojada mientras señala que “para mí, Rafael era más hermano que mis hermanos”.

Mientras tanto, en Montelíbano, hacia las seis de la tarde del 16 de octubre, Walter Álvarez se despedía de su esposa a pocas cuadras de “Rafo Parrilla” para cumplir la cita con Rafael Moreno. Pero ella le reclamó por dejarla sola un domingo para irse a trabajar, en especial porque sus hijas lo esperaban en casa. Resignado, Walter continuó camino a La Apartada, donde residía en ese momento, y gracias a ello se salvó de la muerte. 

Si Organis y Walter hubieran tomado otras decisiones, esa noche Colombia no habría lamentado el crimen de un reportero, sino la masacre de tres de ellos en Córdoba.

Paramilitarismo y política: El riesgo de informar sobre San José De Uré

La confluencia ese 15 de octubre de paramilitarismo y política en el mismo lugar donde Rafael Moreno fue asesinado, refleja como ninguna el escenario en el cual se desempeña el periodismo en Córdoba, donde la mezcla entre ambos poderes se selló hace dos décadas con acuerdos entre prestantes hijos de la región con grupos criminales que sembraron el terror y los impusieron en alcaldías, Gobernación y Congreso a sangre y fuego.

¿Fue la presencia de esas dos facciones del poder, la ilegal y clandestina, y la legítima y reconocida, el presagio de lo que vendría al día siguiente para el periodista?

Aunque hoy es un secreto a voces que grandes porciones de la contratación pública en Córdoba se reparten entre coimas a políticos, pagos al Clan del Golfo y cuotas a intermediarios, así como la existencia de fronteras invisibles en municipios y vías del departamento, nadie se atreve a cuestionar los bajos porcentajes de ejecución de obras. Tampoco se preguntan porque solo pueden hacer política candidatos autorizados—muchos de ellos familiares cercanos de antiguos gamonales condenados por parapolítica—, ni menos aún osan relacionar las amenazas, desplazamientos y atentados contra opositores y líderes comunales con la presencia inmanente de grupos ilegales que sostienen el status quo en la región. Ejemplo emblemático de ello es el caso del líder Yaimer Arcia Padilla, documentado por Cuestión Pública para esta investigación.

Pero Rafael Moreno lo hacía, y lideraba un grupo de colegas que desde sus medios empezó a denunciar. Primero Montelíbano y Puerto Libertador: elefantes blancos, contaminación ambiental, obras inconclusas, denuncias por violación sexual, contratos leoninos de transporte escolar y muchos otros temas, por uno de los cuales fue imputado recientemente el actual alcalde de Puerto Libertador John Eder Soto Cuadrado.

Una de las últimas denuncias de Rafael fue la operación de una “cantera ilegal” en la finca Marcelo, de propiedad de la familia Calle Aguas, clan político enfrentado a Erasmo Zuleta Bechara del Partido de La U para la Gobernación y cuyo padre, Gabriel Calle Demoya, repite en la contienda por la Alcaldía de Montelíbano. En su informe, el periodista aseguraba que “lógicamente, las autoridades de San José de Uré están ciegas, sordas y mudas”.

Un mes después de la muerte del periodista, la Corporación Autónoma Ambiental del Valle del Sinú y San Jorge (CVS), visitó la región y no encontró “siquiera rastros” de lo que para el subdirector ambiental de la CVS, Albeiro Arrieta López, en realidad son “sitios de extracción furtiva”. Sin embargo, al ampliar la exploración, la Corporación halló 12.8 kilómetros más arriba, pruebas de explotación no autorizada del río (también llamado quebrada) Uré. Tanto así que en febrero de 2023, la CVS abrió indagación administrativa contra la Alcaldía de Uré y el Consorcio Versalles por daños ambientales al ecosistema en la región. 

Es la segunda investigación que afronta la municipalidad: en 2019 la CVS sancionó a la Alcaldía por vertimiento de residuos al río Uré sin tratamiento alguno por hechos que sucedieron cuando Luis José Acosta González fungía como mandatario.

San José de Uré, creado como municipio en 2007, ha estado en manos del clan Acosta desde 2012: Lourdes Acosta Urzola, hermana del actual mandatario Custodio Liborio Acosta Urzola, gobernó hasta diciembre de 2015 con su tía Salma Acosta Sierra en funciones como gestora social. En 2016, entregó el poder a su primo, Luis José González Acosta, hijo de Salma, y este le cedió la silla a Custodio Acosta. Hoy, Luis José repite como candidato a la Alcaldía para el período 2024-2027.

El jefe político de los poderosos Acosta, del partido de la U, es Erasmo Zuleta Bechara, hijo de Mara, dueña de la Universidad del Sinú que ha estado envuelta en investigaciones penales por  presunta corrupción. Zuleta, la cara joven y renovada del clan Besaile, es primo de la congresista Zaray Elena Robayo.

Meses antes de morir, Rafael fijó su mirada y olfato periodísticos en la extracción de materiales del río Uré, una cuenca hídrica en la que confluyen dieciséis quebradas y que constituye el sustento para las comunidades afro de la zona, cuyo ecosistema es rico en fauna, flora y minerales. Sus investigaciones apuntaban a contrataciones multimillonarias para la construcción o mantenimiento de obras viales en San José de Uré, un municipio que para 2023 contaba con menos de 15 mil habitantes y que entre regalías, presupuesto y recursos de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), desde 2020 recibió un total de 298 mil 286 millones de pesos ($298.286.330.186).

De forma particular, el periodista se concentró en tres contratos: el celebrado con el llamado Consorcio Versalles para la pavimentación de una vía que conduce hasta el corregimiento del mismo nombre, ubicado en las estribaciones del Nudo del Paramillo —cuna del paramilitarismo en Colombia— por 16 mil millones de pesos; el del mejoramiento de la vía Tapasola, que conecta al municipio con Montelíbano, otorgado al Consorcio Corredor Vial por 30 mil millones, el más oneroso de los firmados en todo el sur de Córdoba desde el año 2020; y el de la construcción de una placa huella en la vía entre la vereda El Porvenir, La Cabaña – El Cerro, otorgado por 1.814 millones a la firma Construcciones 3D Ingenieros. El primero debió entregarse en diciembre de 2022, el segundo en mayo de 2023 y el tercero en octubre de 2022. Pero, según respuesta del alcalde Custodio Acosta a Forbidden Stories y el Proyecto Rafael, a la fecha el de Versalles sólo se ha ejecutado en un 85 por ciento y el de Tapasola en un 54%. Sobre la vía a El Cerro, la Alcaldía no envió información.

Chaparral y Corozal: Vecinos y familia en la contratación vial

Lo que Rafa no alcanzó a saber —porque fue asesinado y porque su crimen acabó abruptamente con las investigaciones de los periodistas Yamir Pico y Walter Álvarez— es que por la misma vía veredal que se encuentra la hacienda Marcelo, y que durante décadas fue paso obligado entre Montelíbano y San José de Uré, se encuentran dos fincas más: Chaparral, de propiedad de Martha Sierra Cura y Corozal, cuya dueña —en el papel— es Brunilda Cristina Jaramillo Guarizo, predios que resultan claves para desenmarañar la cadena de irregularidades que indagaba el periodista sobre las obras de los consorcios Versalles y Corredor Vial.

De acuerdo con certificaciones expedidas por la Alcaldía de San José de Uré, los escombros resultantes de los tres proyectos (Versalles, Corredor Vial y la vía Porvenir – El Cerro) tendrían como lugares de depósito estos dos predios, cuyos terrenos, al igual que la finca Marcelo, bordean el río Uré. 

La administración local también envió al consorcio del Proyecto Rafael una constancia fechada el 25 de enero de 2020, sin sello ni autenticación notarial, mediante la cual la señora Sierra Cura concede permiso por un período de cuatro años para la “disposición final de los residuos no contaminantes de las obras civiles adelantadas en jurisdicción del municipio” en su propiedad. 

No obstante, la entidad omitió informar que la finca Chaparral o Gran Chaparral le pertenece a la misma persona que desde el año 2013 —esto es, desde que la familia Acosta llegó al poder en San José de Uré— le alquila la sede a la municipalidad: Martha Sierra Cura. Es decir, una contratista del municipio presta sus tierras para que el municipio haga uso de ellas.

Ambas fincas, Chaparral y Corozal, son vecinas a la finca Marcelo. Hasta allí llegó Rafael Moreno para demostrar que el sitio se utilizaba como lugar de explotación ilegal del río, y apuntó hacia la familia Calle Aguas, que, sin duda, también tiene interés en la región. 

Hace pocos días, al expresar su apoyo a Jorge Velásquez Crespo —candidato opositor a los Acosta en la contienda por la Alcaldía de San José de Uré— Gabriel Calle Aguas prometió que, en caso de resultar elegido gobernador de Córdoba, trabajaría para poner en marcha un muelle turístico en la quebrada de Uré, “que tiene una enorme belleza, una riqueza natural que hay que mostrársela al mundo. Uré tiene una capacidad para el caucho que es un elemento importante para el crecimiento de todos los sectores económicos (…) y Uré nació con un anhelo de que el caucho fuera una fuente de riqueza (…) Ahí vamos a examinar la posibilidad de crear una planta sustractora del material del caucho (…)”.

Pese a ello, los hallazgos de la investigación seguida por Cuestión Pública y Forbidden Stories en honor al periodista asesinado, apuntan en forma directa hacia los Acosta y sus parientes: la hacienda Corozal pertenece a Brunilda Jaramillo, madre del actual alcalde de La Apartada, Luis Carlos González Jaramillo, medio hermano del exalcalde de San José de Uré, Luis José González Acosta: el padre de ambos, Luis Fernando González Botero, fue un político de la región del sur de Córdoba asesinado en mayo de 2001.

La totalidad de las personas entrevistadas por Cuestión Pública durante el trabajo de campo en la zona fueron coincidentes en señalar a Luis José González como “el dueño de Corozal”: allí realiza sus reuniones políticas y reside gran parte del tiempo.

En dos oportunidades, este medio contactó tanto a Martha Sierra Cura como a Brunilda Cristina Jaramillo, vía WhatsApp, con resultados infructuosos.

Frente a este punto resulta revelador lo dicho por Gabriel Calle Demoya, exalcalde y candidato en Montelíbano, durante una entrevista con Forbidden Stories y Cuestión Pública a comienzos de 2023. En su calidad de dueño de la hacienda Marcelo, Calle Demoya se refirió a la finca Corozal de forma específica, y la señaló como punto de excavación de la quebrada Uré.

“Por ahí pasan tractores y camiones a buscar material. Es una isla que queda en medio de tres fincas, una de ellas también es la vecina, que es del anterior alcalde de Uré: Luis José, no sé si estará a nombre de él o no, pero todo el mundo sabe que esa finca es de Luis José, y me imagino que ustedes saben quién es el alcalde. Sé que hay tres vueltas de trabajo en Uré en esas pavimentaciones, pero no sé ni qué congresista le mandó eso a Uré, ni cuáles son las empresas que libremente sacan piedras. Inclusive, una vez me tocó decirle a Luis José porque se metió dentro de la finca a hacer huecos en una playa y se me murieron dos animales. Le dije: ‘si me sigue sacando ahí hago la denuncia’, porque eso se estaba haciendo en mi propiedad. Lo que yo sé es que esas excavadoras necesitan varios permisos: el que exige la ley y el del que manda. Allá no entra nadie con permiso de Gabriel Calle. Esa es una vía que está encajonada, y no hay ninguna puerta siquiera que impida el paso para llegar al corregimiento, que queda a tres kilómetros de la quebrada. Lo que sé es que allá no se mueve una hoja sin esos dos permisos”.

¿Por qué un exalcalde que además es primo del actual mandatario de San José de Uré y aspirante a reemplazarlo terminó siendo beneficiado con el depósito de escombros y residuos de construcción en su finca? ¿Qué uso le dio a los mismos? Cuestión Pública y Forbidden Stories enviaron un cuestionario a González Acosta con estas y otras preguntas que a la fecha de publicación de este reportaje no había sido respondido.

Consultado de nuevo para esta investigación, Gabriel Calle Demoya dio más detalles de cómo funcionaría el esquema de contrataciones amañadas entre gobernaciones, congresistas y entidades del orden nacional, que, según él, ya no opera en el actual gobierno. “Era conocimiento de todos que los ministros por orden presidencial adjudicaban cupos a los congresistas de turno. (…) esos cupos se los vendían a los alcaldes de turno. Es lo que se comenta a vox populi y no solamente en la oposición, sino en la prensa: todos saben los cupos que daban para tener coaliciones en el Congreso de la República. En ese momento, los congresistas que hacían parte de esa coalición del departamento de Córdoba eran Waldith Manzur, David Barguil, el doctor Jhony Besasile, Erasmo Zuleta… de ellos deben ser esos contratos, porque ellos son los dueños de la Alcaldía de San José de Uré que es del partido de U desde hace tres periodos consecutivos. Pero decirle yo de quién era el cupo es imposible.”

Erasmo Zuleta: ¿El eslabón?

Múltiples fuentes consultadas por esta alianza periodística dan cuenta de una relación de estrecha amistad entre Rafael y el candidato Erasmo Zuleta, que el político niega en forma tajante. No obstante, el propio alcalde de San José de Uré, Custodio Acosta, afirmó que el 15 de octubre, mientras se encontraba con Rafa en el lavadero de carros, el periodista llamó a Zuleta porque se consideraba “muy amigo” del candidato. En igual sentido, se expresaron al menos cinco fuentes consultadas para este reportaje, y así lo dejó ver el periodista en varios de sus posts en Facebook.

Semanas antes del asesinato, Rafael visitó a Erasmo Zuleta en su casa, donde, de acuerdo con el político, solo conversaron de los estudios de Derecho que cursaba el periodista y otras cosas triviales. “Rafael no era mi amigo. Yo vivo en Montería, él era de la región del San Jorge. Él nunca me había acompañado políticamente. Cuando yo salgo del Congreso en el año 2022 y anuncio mi candidatura para la Gobernación de Córdoba, algunos amigos de él de allá de la región del San Jorge, lo traen a mi casa un día y me lo presentan y desde ese día comenzamos a entablar una bonita relación respetuosa. Siempre me decía que quería cumplir su sueño de ser abogado. Creo que estaba estudiando Derecho (…) Él vino a mi casa como dos o tres veces. A veces venía solo, a veces venía acompañado con otro muchacho que es muy amigo también de él que se llama Organis Cuadrado. Pero yo no recuerdo mucho”.

Indagado sobre una eventual intermediación suya para la obtención de contratos en el sur de Córdoba, Zuleta se refirió a ellas como “gestiones parlamentarias”, pero negó haber realizado alguna para el caso de San José de Uré, y recordó haber apoyado solo al alcalde de Montelíbano en esa labor. “Uno lleva a los alcaldes de la mano, y pues ya ellos presentan los proyectos y el gobierno nacional en su momento asignó los recursos”.

Respecto a las denuncias realizadas por Rafael sobre extracción ilegal de balasto y piedras del río Uré, Zuleta aseguró que no se pronunciaría para que sus opiniones no fueran consideradas un ataque contra sus contendientes en las elecciones del próximo 29 de octubre.

Según diversas fuentes, nunca antes Rafa se “había metido” con Uré. El 7 de octubre, nueve días antes de su asesinato, el periodista compartió con Forbidden Stories su tesis según la cual, gracias a la extracción ilegal de piedras y balasto del río Uré, contratistas y políticos se quedaban con grandes cantidades de dinero que debían ser destinadas a la compra legal de esos materiales a asociaciones como la de los Areneros Unidos Bocas de Uré —que, según los certificados de la Alcaldía para los contratos que investigaba el periodista, proveería los materiales pétreos requeridos para la construcción—.

El tiempo le ha dado la razón a Rafa Moreno, el cantor acallado del Sinú: en entrevista con Cuestión Pública, Omar Vargas, representante de los areneros de Bocas de Uré, afirmó sin dubitación que “nunca” han vendido materiales a los consorcios y contratistas del municipio, pues estos los extraen de una cantera ilegal ubicada antes de llegar al corregimiento Bocas de Uré.

De acuerdo con Gabriel Calle Demoya, las excavaciones ilegales en cercanías a la finca Marcelo se mantienen: “aún continúan sacando materiales en la quebrada de Uré porque no han traído ninguna volqueta para estas tres obras de la ciudad de Montería, que es donde están las canteras más cercanas”.

Un año después: El fin del periodismo investigativo en el sur de Córdoba

“Le pido a Dios que no me lleve antes de ver la verdad. Si Dios me deja ver la verdad hoy, mañana mismo me puede llevar”, dice con voz a la vez firme y entrecortada doña Enaida Garavito, madre de Rafael, una calurosa mañana de septiembre en Puerto Libertador. 

Desde que su hijo fue asesinado, doña Enaida no sale de su vivienda en el barrio La Unión, con excepción de cortas visitas a casa de algunos familiares. Según ella misma dice, no desea ser abordada en la calle por “hipócritas”, ya sean vecinos, políticos o supuestos amigos de su hijo, al que todos abrazaban pese a sus denuncias, y quienes, asegura, debieron celebrar en silencio la muerte de Rafael.

El dolor de doña Enaida irradia y contagia todo y a todos a su alrededor: de pocas palabras, vestida de medio luto, aún sin quererlo, la diminuta mujer se torna en la única voz autorizada en la familia para hablar sobre Rafael. Maira, hermana del periodista; Kiara, su esposa; y José, su sobrino, callan para escuchar y asentir. A la aflicción se le suman la rabia y el reclamo por un aniversario de impunidad, y se preguntan cuántos más vendrán sin que la justicia actúe.

Mientras tanto, un rumor recorre Montelíbano: el sicario que mató a Rafael ha regresado después de haber permanecido varios meses fuera de la región. Nadie se atreve a identificarlo, ni tampoco a aquel hombre que consumió tres cajas de cerveza en “Rafo Parrilla” un día antes del crimen que acalló aún más a los habitantes del sur de Córdoba.

El local donde funcionaba el estadero hoy sirve como sitio de alquiler para fiestas de quince, matrimonios y otros agasajos. El lavadero permanece cerrado. Organis Cuadrado “ha bajado el perfil”, y al igual que muchos colegas del departamento, ha aprovechado la campaña política para vender publicidad en sus espacios y garantizar ingresos dignos. 

Resignado y triste, Organis afronta las suspicacias que se ciernen sobre él después del asesinato de su amigo: le critican no haber estado en el lugar del asesinato cuando debía estarlo, así como su reacción después de que se enteró del crimen. “Me puse como loco, tenía solo cinco por ciento de batería y terminé escondido en la casa de un vecino de una finca que tenía mi mamá en la vereda Caracoles. Ahora dicen que me desaparecí para evadir dar explicaciones”. Para muchos, Organis es el “sospechoso perfecto”, incluso para Espedito Duque, exalcalde de Puerto Libertador, quien hoy también lucha por regresar al poder en el municipio y así lo insinuó en comunicaciones con Forbidden Stories entre febrero y marzo pasados.

Yamir Pico, por su parte, intentó continuar con su labor periodística desde el medio Caribe Noticias 24/7, pero tuvo que cerrarlo en noviembre de 2022, tan solo un mes después del homicidio de Rafa Moreno. Junto a su colega Walter Álvarez, a comienzos de este año denunció los efectos del llamado paro minero en la región, en realidad propiciado por el Clan del Golfo. Los panfletos, amenazas e intimidaciones continuaron hasta el pasado 21 de mayo, cuando dos hombres irrumpieron en su residencia y le advirtieron: “la próxima vez te entra plomo porque ya te hemos advertido mucho”. El periodista no aguantó la presión y salió del país rumbo al exilio junto a su familia.

Walter Álvarez, de los medios Conexión Noticias y Reportero Digital, no ha corrido con mejor suerte. Dos días antes del asesinato de Rafael, recorrió la vía a la vereda El Cerro, cuya obra fue inaugurada por el gobernador Orlando Benítez, y demostró que la obra no solo no había sido terminada, sino que tenía graves fallas. En noviembre de 2022, dos hombres armados interceptaron la moto en que se movilizaba su hija mayor y le enviaron un mensaje amenazante: o se callaba o se moría. La joven quedó con raspones y heridas leves, y el padre tuvo que ir a recogerla porque los nervios le impidieron retomar el camino.

Pero el pasado 1º de agosto Walter sufrió un golpe aún mayor: su hijo Santiago Álvarez Vasco fue asesinado por un sicario mientras dormía en la casa donde residía en Salgar (Antioquia). El 2 de octubre Santiago habría cumplido 23 años. Y aunque los móviles del crimen no han sido establecidos, el periodista no deja de preguntarse si alguna de las publicaciones que hizo sobre esa región del país, y que hoy ha borrado, pudieron ser la causa del homicidio.

El 6 de septiembre, Walter recibió un mensaje en su celular: “dentro de poco vas a hacerle compañía a Rafael Moreno. A ti y a tus escoltas los vamos a matar y quemar con todo y carro. Te crees inmortal porque tienes escoltas. Te advertimos que te callaras, te fueras o te morías y te vas a morir perro HP para que dejes de hablar tanta verga y dejes de meterte en lo que no te importa sapo HP. Ya lo sabes, compra el servicio de funeraria perro HP”. 

Haberse salvado de la muerte esa noche del 16 de octubre se ha vuelto un viacrucis para el periodista. ¿Qué habría pasado si él y Rafa hubieran escrito ese último artículo? ¿Dónde estaría si ese reportaje se hubiera publicado?

* Aída Delpuech, Paloma Dinechin (Forbidden Stories) y Claudia Báez (Cuestión Pública) colaboraron para la producción de este reportaje.