Por: Edinson Arley Bolaños, de la Revista RAYA, con apoyo de La Liga Contra el Silencio.

Una subametralladora Uzi, una carabina Franchi, cuatro pistolas 9 milímetros y once escoltas hacen parte del departamento de seguridad que en junio de 2012 el Estado colombiano le autorizó al empresario Armando de Jesús Gnecco Vega, a través de su empresa Gnecco’s SAS, dedicada a la comercialización de combustible para carros y aviones. 

La licencia fue cancelada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada en junio de 2019, pero las armas continúan en poder de Gnecco de manera ilegal y le han servido para defenderse de sus delitos. La Fiscalía lo identifica como alias ‘Mandarino’ y lo acusa de homicidio y concierto para delinquir, delitos por los que estuvo detenido entre 2014 y 2015. Las investigaciones judiciales lo señalan, además, de ser la persona “encargada de las finanzas de la organización criminal” de Marcos de Jesús Figueroa García, alias ‘Marquitos Figueroa’, narcotraficante, exparamilitar del ala de ‘Jorge 40’ y sicario, condenado a 36 años de prisión por homicidio. En un organigrama de la Fiscalía, Gnecco aparece junto al narcoganadero José Guillermo Hernández Aponte, alias ‘Ñeñe’ Hernández, como parte del “brazo financiero” de la organización de Figueroa en el Cesar.

El ‘Ñeñe’ Hernández y Gnecco, ambos de Valledupar, tienen otra cosa en común: los dos recibieron del Estado armas que no han sido devueltas, aunque la licencia para su porte venció hace más de cuatro años y sus prontuarios criminales se conocen desde 2014. Juntos suman 24 armas entre pistolas y subametralladoras. Además, comparten el mismo abogado, Dorian de Jesús Coquies Maestre, actual alcalde local (e) de Usme (Bogotá) por el Partido Verde, quien ha negado la responsabilidad de devolver las armas, como contamos en esta investigación. 

La diferencia entre los dos hombres que se presentaban como respetables empresarios es que el ‘Ñeñe’ fue asesinado en Brasil en mayo de 2019, mientras Gnecco sigue vivo y acusado por la Fiscalía, por los sicarios y otros miembros de la organización criminal, de ser uno de los determinadores del crimen del político de La Paz, Cesar, Efraín Ovalle, asesinado en febrero de 2012.

El patrimonio económico de Armando Gnecco, según lo reportado por la Fiscalía, incluía una constructora, una piscícola y seis estaciones de gasolina para carros y aviones en los departamentos de Cesar, La Guajira y Atlántico. Gnecco’s SAS, a través de la cual obtuvo las armas, es una de las empresas con las que Gnecco alcanzó a sumar activos por más de $13.000 millones hasta 2019, cuando las propiedades fueron decomisadas por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).  Con el departamento de seguridad buscaba cuidar esos bienes y a su familia de los enemigos que acumuló por sus actividades criminales en la organización de alias ‘Marquitos Figueroa’. Aparte de Armando Gnecco, entre los protegidos por las armas del Estado figuraban: José Gregorio Hernández Aponte —alias ‘Goyo—’ quien junto a su hermano y amigo, el narcoganadero ‘Ñeñe’ Hernández, están señalados de haber financiado en 2018 la campaña del expresidente Iván Duque en el César y La Guajira, según lo reveló La Nueva Prensa en lo que se conoce como la “Ñeñepolítica”. El otro socio y protegido era Celso Roberto Castro Gnecco, un ganadero de 60 años que en julio de 2019 resultó herido en Valledupar cuando un sicario le disparó. Dos años después, la justicia condenó al sicario a 12 años de prisión; y otros 16 para un taxista que lo recogió tras el atentado.

El apellido Gnecco en esta región del noroccidente del país siempre ha estado relacionado con ejércitos privados, autodefensas o paramilitares. En 1996, uno de los patriarcas políticos, Jorge Gnecco Cerchar, creó la Cooperativa de Vigilancia y Seguridad Privada denominada Convivir Guaymaral, junto al reconocido jefe paramilitar Salvatore Mancuso. Las oficinas tenían su sede en Bogotá, pero operaban principalmente en el Cesar con diez subametralladoras y diez pistolas 9 milímetros. En 1997, cuando la Corte Constitucional declaró estas cooperativas de seguridad privada como inconstitucionales, Jorge Gnecco devolvió 18 de las 20 armas que le prestó el Estado, según un acta del Ministerio de Defensa.

En diciembre de 2011, cuando Armando Gnecco solicitó el departamento de seguridad, posaba como constructor, ganadero y empresario de combustibles y lubricantes para carros y aviones en el Cesar y La Guajira. Este negocio, según él, lo hacía vulnerable en sus labores “empresariales” y por eso buscaba armas y tener registrados en la SuperVigilancia sus propios hombres para que lo protegieran.  

Uno de ellos es Miguel Castro Gnecco, alias ‘Armando Iglesias’, quien desde 2006 tiene una orden de captura acusado de haber despojado de sus tierras a tres finqueros de Chibolo, Magdalena. Según la Fiscalía, Castro Gnecco, respaldado por paramilitares, utilizó amenazas, extorsión y terrorismo para lograr su cometido. En 2012 volvió a aparecer en un documento de organizaciones sociales que lo denunciaban como miembro de un “ejército antirrestitución” que se oponía a que dichos campesinos recuperaran sus tierras. 

Otro personaje que aparece en el listado de escoltas de Gnecco, de junio de 2019, es Juan Pablo Castro Romero, un joven vallenato de 36 años, administrador de empresas y candidato al concejo de Valledupar por el partido Centro Democrático en las elecciones de 2019. De los nombres de los otros ocho escoltas no existe mucho rastro público, pero sus identidades aparecen en el listado que tiene la Superintendencia. 

Mientras Armando Gnecco alistaba a sus hombres legalmente armados, los investigadores de la Fiscalía le pisaban los talones por el crimen de Efraín Ovalle. Tanto así que los testimonios de los sicarios y miembros rasos de la estructura criminal de ‘Marquitos Figueroa’ delataron a los jefes que se ocultaban gracias al poder político y militar, posando de empresarios de la ganadería y los combustibles, una característica que salió a relucir en la solicitud que Gnecco le hizo a la Superintendencia para que le renovara la tenencia de las armas. “Nuestro objetivo específico es proteger a nuestras familias en nuestro entorno, como personas honorables dedicadas a nuestra actividad empresarial”, justificó.

En junio de 2014 se venció la licencia de su departamento de seguridad y en ese mismo mes solicitó la renovación ante la SuperVigilancia. A principios de 2015 se la negaron, pero tardó más de tres años en resolverse la apelación. Mientras tanto, los permisos de las armas fueron renovados; incluso fueron utilizadas mientras Armando Gnecco estaba en prisión. Gnecco fue capturado por la Fiscalía el 6 de agosto de 2014, acusado de ser el determinador del crimen de Ovalle. 

Por esa época, las llamadas interceptadas por la Fiscalía a Gnecco, también develaron que hablaba con prestigiosos abogados de Bogotá. Por eso, cuando terminó preso, rápidamente movió sus fichas para no permanecer mucho tiempo en la cárcel. Según un documento de la Fiscalía que revela la revista RAYA, el 7 de octubre de 2014, dos meses después de su captura, una abogada ingresó a la cárcel La Picota para entrevistar a uno de los testigos más importantes del crimen: Manuel Ricardo Benavides, quien en 2013 había acusado a Gnecco y al cantante vallenato Jorge Oñate, de ser los determinadores del homicidio de Ovalle. 

En esa declaración, tomada por la abogada, adjunta al proceso, Benavides se retractó de lo dicho y acusó a los investigadores de la Policía Wadith Velásquez y Michael Pérez de haberlo presionado para señalar a Gnecco. No obstante, la Fiscalía archivó esta denuncia y, por el contrario, dijo que quien le entregó dinero a Benavides había sido Armando Gnecco. “Con el fin de que la investigación que se adelanta por el homicidio del señor Efraín Ovalle tomara otro rumbo”, dijo la Fiscalía Especializada Contra el Crimen Organizado el 30 de enero de 2015.

El 29 de enero de 2015, un día antes de que la Fiscalía tomara esa decisión en favor de los investigadores, Gnecco y los otros acusados del homicidio quedaron en libertad. En la solicitud dijeron que “se mal interpretó las comunicaciones sostenidas telefónicamente por sus prohijados por parte de un novato investigador”. Cuando en realidad, Wadit Velásquez era un experimentado policía que se desempeñaba como jefe de investigación de homicidios en el departamento del Cesar. De hecho, fue quien descubrió y desmanteló parcialmente la banda de ‘Marquitos Figueroa’. La jueza de garantías de Valledupar, Nelida Yadira Pedraza Moreno, decretó la libertad de los acusados. “Una decisión bastante controvertida”, dijo al término de la audiencia, desde el búnker de la Fiscalía, el entonces director contra el Crimen Organizado, Álvaro Sarmiento, quien anunció una investigación contra funcionarios porque “informaciones de inteligencia hablan de que al parecer (Gnecco) habría tenido contacto con miembros de la rama (judicial) para lograr esta decisión”, complementó Sarmiento ante la prensa. 

Casi cinco años después, en noviembre de 2019, en el municipio de El Banco, Cesar, Benavides fue el testigo número seis del caso que terminó asesinado por sicarios. 

RAYA intentó comunicarse con Armando Gnecco, pero su teléfono personal suena apagado y el de su empresa fue atendido por una mujer que negó conocerlo. 

La cara legal de Gnecco y el ‘Ñeñe’

Tras recobrar la libertad, semanas más tarde, Armando Gnecco cambió de abogado, entregando un poder a Yesid Rivera Contreras y reemplazando, al parecer sólo para este trámite, al abogado Coquies Maestre, quien –como hemos reseñado– es la misma persona que ayudó a gestionar las armas del ‘Ñeñe’ Hernández. De hecho, la Superintendencia le llamó la atención a Rivera porque él no era el apoderado del departamento de seguridad de Gnecco, y porque esa entidad no lo había reconocido para este trámite.

Entonces, el encargado de rogar por las armas de Gnecco fue el abogado Rivera, quien, según reconoció Coquies, era su socio en la abogacía. Así describió el abogado a Gnecco ante la Superintendencia para que no le quitaran el departamento de seguridad. “Al momento de recuperar su libertad, una vez se comprobara que mi defendido fue detenido por falsas denuncias o por denuncias temerarias, se puede evidenciar que existen personas que persisten en denunciarlo y amenazarlo, lo que nos conlleva a un peligro en contra de su vida e integridad personal”, dice el memorial firmado por el abogado Rivera. Aunque el abogado Coquies Maestre no firmó este documento, llama la atención que posteriormente se haya presentado ante la SuperVigilancia para recibir documentos y notificarse a nombre de Armando Gnecco, como sucedió con la resolución del 19 de octubre de 2017, en la que le informaron que se iniciaba un proceso sancionatorio contra la empresa Gnecco’s SAS por no reportar ante la Superintendencia la información contable de la empresa, gastos de personal y otros requisitos legales, algunos de los cuales luego sustentaron. Cinco años más tarde, cuando Coquies Maestre era alcalde encargado de la localidad de Tunjuelito, posesionado por la alcaldesa Claudia López en mayo de 2020, le otorgó un contrato al abogado Rivera, su “socio”, como Coquies lo llama, el que había rogado por las armas de Gnecco, por 71 millones de pesos con el fin de asesorar al alcalde local ante la Contraloría, dice el objeto de dicho contrato.

RAYA consultó nuevamente al abogado Coquies, quien le restó importancia a su papel como apoderado del departamento de seguridad de Gnecco: “Yo soy consultor de vigilancia y seguridad privada. Ellos (Gnecco y el ‘Ñeñe’) tenían departamentos de seguridad autorizados y se hacían trámites porque ellos viven en Valledupar y nosotros en Bogotá, y ellos me enviaban un poder para que me notificara de actos administrativos legales. Él me dio un poder para notificarme de millones de actos administrativos que hice en la Superintendencia durante 12 años. Ese era mi trabajo”, dijo en entrevista el actual mandatario local de Usme. Sobre el contrato con Rivera en un principio aseguró que no existía y luego afirmó que era producto de su sociedad con él.  En junio de 2018, un año antes de que la Superintendencia cancelara definitivamente el departamento de seguridad de Gnecco, sus abogados volvieron a utilizar la misma estrategia que en el caso del ‘Ñeñe’ para que una subametralladora pudiera seguir en poder de Gnecco de manera legal: aprovechar el vacío que les da la ley para renovar los permisos de armas mientras la entidad estatal emite una resolución definitiva sobre la licencia. Eso pasó cuando Gnecco solicitó ceder una subametralladora Uzi, que presentó como propia, a su departamento de seguridad. Este hecho confirma que Armando Gnecco tiene en su poder seis armas del Estado, incluyendo la anterior, pero no aparecen en los sistemas digitales del Estado. “Fueron borradas del sistema de manera malintencionada”, afirmó una fuente del Departamento de Control y Comercio de Armas del Ejército. La revista RAYA revela los documentos que así lo demuestran.

El 9 de mayo de 2019, ad portas de que la SuperVigilancia se pronunciara respecto al departamento de seguridad, Armando Gnecco renunció a la representación legal de Gnecco’s SAS y nombró a Nini Johana López Contreras, quien tres días después remitió una solicitud a la Superintendencia para renovar el permiso de la subametralladora que había cedido Gnecco al departamento de seguridad y la que pretendía seguir teniendo legalmente en su poder. No obstante, la petición de López fue negada porque ya existía la resolución que había cancelado la licencia. Intentamos comunicarnos con López, pero al llamarla a los números que registró en la Cámara de Comercio respondió una mujer que dijo no conocerla.

El 27 de junio de 2019, la SuperVigilancia decidió cancelar definitivamente la licencia del departamento de seguridad argumentando que la sociedad Gnecco’s SAS no cumplió a cabalidad los requisitos establecidos para la renovación de la licencia de funcionamiento, principalmente porque aportó como prueba de su supuesto riesgo un documento de la Fiscalía de Valledupar en el que Armando Gnecco denunció amenazas en 2010. Esta situación demostró, según la resolución, que para esa fecha ya habían cesado las amenazas o no las reportaron a la Superintendencia. Igualmente, porque registraron en el sistema cinco escoltas más, aunque tenían sólo autorizado el mismo número de armas: seis. “No cumpliendo así con la proporción hombre-arma”, como lo muestra el documento en el facsímil anterior. 

Armas, militares y “ÑeñePolítica”

Corría octubre de 2018 cuando el ‘Ñeñe’ Hernández le solicitó a la SuperVigilancia la renovación del permiso para las dos subametralladoras Uzi que le había prestado el Estado. Tres meses antes, Gnecco hizo lo mismo, pero con una subametralladora que tenía para su uso personal y que buscaba cederla a su departamento de seguridad, como efectivamente sucedió. A los dos, la SuperVigilancia ya les había cancelado la licencia de funcionamiento en primera instancia, pero estaban esperando el fallo definitivo. En medio de esos trámites, el 19 de octubre de 2018 el ‘Ñeñe’ recibió la llamada de un sargento del Departamento de Control y Comercio de Armas del Ejército, quien se identificó como “Álvarez” y saludó con pleitesía al narcoganadero. Le advirtió que el permiso de un arma Jericó 9 milímetros estaba vencido y que sin sanar esa situación no podría “pasar el fusil a comité”.

El siguiente paso era ir al Departamento de Control y Comercio de Armas, pues tanto el ‘Ñeñe’ como Gnecco querían seguir con los fusiles en su poder, pero estaban teniendo dificultades en la Superintendencia. Por eso, el 6 de noviembre de 2018 se registró una llamada entre el ‘Ñeñe’ Hernández y el general Pablo Alfonso Bonilla Vásquez, entonces comandante de la Primera División del Ejército en los departamentos de sur de Bolívar, Cesar, Magdalena, Atlántico y La Guajira. En dicha comunicación quedó claro que el narcoganadero había gestionado una cita con el ministro de Defensa de ese momento, Guillermo Botero, para hablar con el nuevo director del departamento encargado del control de las armas del Estado. 

Por las afirmaciones del ‘Ñeñe’ en la llamada y por las solicitudes que hizo Gnecco ante la Superintendencia, para que autorizara el traspaso de un fusil de las manos de Gnecco a las de su departamento de seguridad, queda en evidencia que el contacto de los supuestos empresarios en esa oficina era justamente su director saliente: el coronel Gilberto Morales Quintero, el mismo que dos años después, en junio de 2020, fue señalado en una investigación de contrainteligencia del Ejército, publicada por la revista Semana, como uno de los traficantes de armas para la Oficina de Envigado. El ‘Ñeñe’ le dijo en esa llamada al general Bonilla que estaba esperando una cita con el nuevo director del departamento de control de armas, el coronel Miller Vladimir Nossa Rojas, pues “a Morales lo cambiaron”, dijo. 

El general Bonilla, quien se retiró en medio de los señalamientos por la presunta venta de permisos y salvoconductos de armas en el Ejército en mayo de 2020, según lo reveló Noticias RCN, aseguró en una entrevista para esta investigación que conocía al ‘Ñeñe’ porque era una persona reconocida en la región y negó haber tenido negocios de ganado con él, como se les escucha en la llamada de noviembre de 2018, al inicio de la presidencia de Iván Duque. 

Al final queda en evidencia que el Estado está lejos de tener el monopolio de las armas y que, por el contrario, son sus mismos agentes quienes sirven de puente para que los criminales consigan armas legales para defenderse en medio de sus delitos. Sucedió en los casos del ‘Ñeñe’ Hernández y Armando Gnecco. Otros 22 empresarios y ganaderos tienen en su poder más de 300 armas de manera ilegal porque sus licencias fueron canceladas, pero no las han devuelto. Otro ejemplo claro, con el que cerramos esta historia, es el de ‘Marquitos Figueroa’, jefe de la banda criminal que integraban el ‘Ñeñe’ y Gnecco, actualmente en prisión. Tenía en su poder seis escopetas, tres pistolas, una carabina y un revólver, todas las obtuvo de manera lícita; hoy tienen los permisos vencidos y tampoco aparecen. Aquí les revelamos el documento de la Décima Brigada Blindada del Ejército, seccional de Control de Armas N° 69 de Valledupar, la misma de la que fue comandante el general Bonilla entre 2015 y 2017 y que lo llevó posteriormente, al inicio del gobierno de Duque, al ascenso a general y a convertirse en subjefe de Estado Mayor de Operaciones del Comando General de las Fuerzas Militares.