Las estrategias de la Alcaldía de Caucasia para silenciar a los críticos

El 14 de mayo pasado Sandra*, una abogada de Caucasia, entró a la cuenta de Facebook de la Alcaldía para consultar las publicaciones de la entidad. Se sorprendió al ver que no podía. “Le escribí a alguien que trabaja en la Alcaldía y le comenté la situación. Como no les gustaban mis comentarios, entonces, me bloqueaban. Les dije que lo iba a hacer público en las redes sociales”.

Sandra, a quien cambiamos el nombre para proteger su identidad, no es la única en Caucasia a la que han bloqueado. A dos periodistas y a tres personas más les ha sucedido lo mismo, según le contaron a La Liga Contra el Silencio. Todos coinciden en que la decisión de la Alcaldía obedecería a la molestia por las preguntas, acusaciones y publicaciones críticas que periodistas, ciudadanos y empleados del municipio le hacen a la administración.

“Esto no es un perfil privado en el que yo decido bloquear a alguien porque no me gustan sus comentarios. Esto es una página de una entidad pública y como ciudadana tengo el derecho a comentar, preguntar y estar informada”, afirma Sandra. Se quejó ante un funcionario de la Alcaldía. “Me dijo que el alcalde me manda a pedir disculpas y que ya están solucionando”, cuenta.

Bloquear usuarios considerados molestos en las redes sociales es una práctica común en Colombia y en el mundo. En 2019, Martín Santos (hijo de Juan Manuel Santos) denunció que el presidente Iván Duque lo había bloqueado en Twitter. En septiembre de 2018 un juez colombiano falló una tutela presentada por un ciudadano y determinó que el senador Álvaro Uribe Vélez podía bloquear a quien quisiera en su cuenta personal de la misma red, pero ante casos similares en Estados Unidos la justicia consideró inconstitucional que el presidente Donald Trump bloqueara a sus críticos.

Para Catalina Botero, decana de la facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y codirectora de la Junta de Supervisión de Facebook, lo que se configura con este tipo de actuaciones es la vulneración a la libertad de expresión.

“Una entidad pública, dueña de un perfil de Facebook, no puede establecer [allí] más restricciones a la libertad de expresión ni más restricciones al acceso a la información de las que establece la ley”. 

Catalina Botero, decana de la facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y codirectora de la Junta de Supervisión de Facebook.

Explica que ninguna entidad pública o funcionario, que utilice sus cuentas para ofrecer información pública, puede bloquear a un usuario que hace comentarios críticos, incluso si son comentarios ofensivos -siempre que no inciten a la violencia- “porque estos están protegidos por la libertad de expresión”. 

La única razón por la que se puede bloquear a un usuario es porque viole las normas comunitarias de Facebook o las leyes de la República, dice Botero. De lo contrario “se estaría discriminando a los usuarios por razón de opiniones políticas en el acceso a una información que todos tenemos derecho a conocer en igualdad de condiciones”. También se estaría bloqueando la posibilidad de interacción y deliberación en un foro público: “Es como impedir que, en una plaza en la que hay una discusión pública sobre una determinada política, las personas que opinan de una cierta manera puedan hablar”.

Acallar las críticas

El primer caso de estas restricciones a la libertad de expresión le ocurrió a la periodista Paola Fernández. Dice que por sus críticas y cuestionamientos a la Alcaldía de Caucasia y al hospital César Uribe Piedrahita, a través de Facebook, la bloquearon. Ocurrió cuando cuestionó una publicación del centro médico en donde se convocaba a una audiencia pública en la biblioteca municipal el 18 de marzo, una semana antes del inicio de la cuarentena. “Todos brincamos y dijimos: ‘¿cómo es posible si todo el país está entrando en un aislamiento, del mismo hospital van a promover un encuentro masivo de esos?’ Ahí me bloquearon (…) De hecho en la página del hospital sigo bloqueada”, asegura.

Fernández dice que después de eso ha sido bloqueada y desbloqueada varias veces por la Alcaldía. La última fue el 3 de junio. También ha publicado en sus redes sociales quejas de otros ciudadanos. “Me di cuenta hace como un mes que estaba bloqueada en la página de la Alcaldía. De los otros compañeros nos dimos cuenta sin querer porque (…) formamos un grupo de WhatsApp para demostrar la inconformidad con las irregularidades que están ocurriendo. Ahí comenté y los demás dijeron que también estaban bloqueados”, explica.

En ese grupo están la abogada Sandra, el periodista Fabio Puerta y el tecnólogo Harold Levi. Aseguran que la orden viene del mismo alcalde encargado Félix Olmedo Arango. Puerta y Levi dicen que fueron bloqueados después de que cuestionaron en la fanpage de la Alcaldía la inauguración del Centro de Experiencia del Adulto Mayor. “Hice el comentario. Me parece muy mal hecho que inauguren una obra que es de la administración pasada y que ya habían inaugurado”, afirma Levi. Luego, hace dos meses se dio cuenta del bloqueo: “Durante cuatro años seguía la página y este año no me dejaba comentar”. 

Fabio Puerta tomó acciones legales. Al percatarse de su situación, el 5 de junio de 2020 elevó un derecho de petición para solicitar al alcalde Arango y a los encargados de las comunicaciones en la Alcaldía que no continuaran “vulnerando sus derechos constitucionales a la libertad de expresión y al acceso a la información”. A la fecha de esta publicación la entidad no ha respondido.

Del informe a la tutela

A las voces que cuestionan al Alcalde se suma Sergio Mesa, investigador y columnista de medios como Análisis urbano y La Nueva Prensa. Mesa publicó en su blog personal, el 26 de mayo, el informe “La feria de los ‘contratos chuecos’ de la Alcaldía de Caucasia”. Allí denunció que desde enero hasta mayo de este año, la Alcaldía había suscrito 169 contratos, en su mayoría por prestación de servicios y mínima cuantía (contratación directa) y que estos últimos superaban el valor que por ley se le permitía a un municipio como Caucasia.

La publicación detalla varias irregularidades como el presunto direccionamiento de una licitación a favor de un contratista y el posible conflicto de intereses de Arango en la celebración de un convenio interadministrativo entre la Alcaldía y el hospital municipal, donde había laborado hasta diciembre. Además, menciona anomalías en la contratación de personal del municipio, la posible existencia de una nómina paralela y el enganche de un pool de 14 abogados para su administración.

Arango, administrador de empresas y contador público, llegó al cargo en enero del 2020, luego de que el alcalde electo Leiderman Ortiz, del Partido de la U, fuera suspendido por una presunta inhabilidad para ser elegido por firmar un contrato en noviembre de 2018, a menos de un año de las elecciones regionales. Antes de asumir el encargo Arango era subdirector científico del hospital municipal César Uribe Piedrahita, bajo la gerencia de Orlando José Rodríguez, miembro de una poderosa familia de la región. 

A las investigaciones de Mesa, el alcalde Arango respondió el 2 de junio con una acción de tutela contra el periodista por considerar que se le vulneraron sus derechos a la honra, buen nombre e intimidad personal y solicitó que rectificara la información divulgada. El viernes 12 de junio, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Caucasia negó la acción de tutela interpuesta por el Alcalde.

Este proceso se suma a otras seis tutelas presentadas entre mayo y diciembre de 2019, contra Mesa, por la publicación de otros informes en los que el periodista menciona a miembros de la familia Rodríguez (a la que pertenece el exgerente del hospital en el que trabajó el ahora Alcalde encargado) relacionados con presuntos actos de corrupción. Según Mesa, todas fueron falladas a su favor.

En Colombia las acciones de tutela contra periodistas y las denuncias por injuria y calumnia ante tribunales cuando se revelan presuntos hechos de corrupción y otras conductas suelen usarse como un mecanismo de censura y para atacar la libertad de expresión, según ha documentando la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). En 2019, esa organización registró en su informe anual sobre la libertad de prensa en el país 66 casos de acoso judicial, 25 de los cuales por parte de funcionarios públicos. 

¿Miedo a filtraciones?

Arango ha sido cuestionado también por empleados de la Alcaldía y pobladores de Caucasia por decisiones como la de no permitir el ingreso de teléfonos celulares a su oficina. El 13 de mayo ubicó afuera de su despacho una canasta en la que se leía: “POR FAVOR DEPOSITAR CELULARES (sic)”. Cualquier persona que no fuera de su círculo de confianza debía dejar su equipo móvil en un recipiente si quería participar de las reuniones. Quien no lo hacía, no entraba. 

“Era una orden verbal”, asegura Carolina Villegas, jefa de Control Interno de la Alcaldía, quien explica que no se profirió un acto administrativo o circular que estableciera alguna restricción para ingresar a esa oficina. “Era una condición sine qua non para entrar al despacho del Alcalde”, dice. Según la funcionaria, la respuesta de la secretaria de Arango fue: “cada quien trabaja como quiere, cada alcalde pone sus reglas”. 

Villegas nunca tuvo que dejar su celular en la canasta. Recuerda que entre enero y febrero la citaron de manera urgente a dos reuniones. “Yo le hice un escrito sobre el incumplimiento y las irregularidades que se estaban presentando en la contratación, le dije que estaba siendo omisivo con la publicación de la contratación en los entes de control (SECOP y Gestión Transparente) y que eso podía traerle sanciones para él. A partir de ese momento no me volvió a llamar a ninguna reunión”, aseveró. 

La que sí se enfrentó a la canasta fue Samia Melisa Caraballo, auxiliar administrativa de Control Interno y presidenta de la Asociación de Servidores Públicos Departamentales y Municipales de Antioquia en Caucasia. Ese 13 de mayo se dirigió a la oficina de Arango para una reunión que los empleados habían solicitado. Al llegar, el guardaespaldas del Alcalde y su secretaria les informaron que debían dejar sus teléfonos afuera y que no podían entrar con ellos. “Preguntamos, ¿por qué? Y nos dijeron que era por unas supuestas amenazas que le hicieron al alcalde”, dice Caraballo. Cuando se negaron, la reunión se canceló.

Dos días más tarde la llamaron a otra reunión. Allí, afirma la auxiliar, el Alcalde les dijo directamente que la reunión no empezaba si no dejaban sus teléfonos encima de una mesa. Por esta razón Caraballo envío ese mismo día un oficio a Arango, donde argumentaba que “no existe en ningún ordenamiento legal prohibición expresa para no portar teléfono celulares en reuniones públicas con servidores del estado”. Se quejaba también de lo que consideraba una medida arbitraria y contraria a los postulados legales. Caraballo denunció el tema ante la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo.

El secretario General y de Gobierno del municipio, Manuel Rafael Arrieta, respondió al oficio de Caraballo argumentando que la decisión sobre el ingreso de celulares se tomó para proteger la vida de Arango debido a las “amenazas que han sido constantes en contra del alcalde”, y su derecho a la intimidad. “El ingreso de dispositivos celulares implica, en ocasiones y gran medida grabaciones, vídeos, fotos y demás situaciones que involucran el derecho a la propia imagen”, indicó en la respuesta. 

No obstante, el manual “Fuera de juicio” producido por la FLIP señala que el derecho a la intimidad protege ámbitos de la vida privada de las personas, pero existe un “grado de protección” que depende del interés público y la notoriedad del personaje. “Si se trata de informar sobre un funcionario público, hay menor protección de sus derechos a la intimidad, honra y buen nombre”, señala.

La Liga insistió a Arango para buscar respuestas y le envió un mensaje de voz, vía WhatsApp, con las siguientes preguntas: ¿Qué tipo de amenazas ha recibido usted? ¿De qué forma? ¿Quiénes lo amenazan? ¿Reportó esas amenazas a la autoridades? ¿Cómo contribuye a su seguridad el no permitir el ingreso de teléfonos celulares a su oficina?

El 12 de junio, Arango remitió un comunicado en el que no respondió las preguntas, pero sí se refirió a la prohibición de ingreso de celulares a su oficina. Dijo que la situación solo se presentó una vez “debido al carácter sensible de la información que iba a ser tratada”, alegando la protección de datos personales (Ley 1581 de 2012). La versión contradice lo expresado por su secretario general. La Liga quiso consultar a Arango sobre la discrepancia, pero no respondió.

Al respecto, el abogado Camilo Vallejo advierte que prohibir el ingreso de equipos de comunicación a oficinas o instalaciones oficiales, como en este caso, debería estar mediado por un protocolo específico dado a conocer a todo el personal. Para dar un ejemplo, explica que hay ciertos espacios en la Casa de Nariño en donde no se pueden ingresar teléfonos móviles, por asuntos de seguridad. Finalmente opina que, en caso de que se tome una determinación de estas, siempre que se ajuste a la ley y se informe al personal de la manera adecuada, pero que exista inconformidad de los funcionarios, es un tema que debería dirimir un juez. 

Sin respuesta directa

La Liga pudo comunicarse el lunes 8 de junio con el alcalde Arango para hablar del bloqueo de ciudadanos y periodistas en las redes, el recipiente para los celulares y del caso Mesa, pero delegó la atención de la llamada a Juan José Guerrero: “Le voy a pasar a la persona más idónea para responder a esa pregunta, es el comunicador mío”, dijo el alcalde.

Guerrero niega que en la actual administración se hayan bloqueado a perfiles en el fanpage de la Alcaldía y dice que esa entidad garantiza la libertad de expresión, pero que no se hace responsable del manejo que le diera la administración pasada a las redes sociales de la institución, como también indica la Alcaldía en un comunicado oficial sobre el tema. El funcionario ofreció a La Liga pruebas de que no hay usuarios bloqueados, pero no fueron enviadas hasta la publicación de esta investigación.

Al consultarle a Guerrero por el recipiente para dejar los celulares afuera del despacho, respondió: “Yo no vi eso en ningún momento, ni pasó”.

Sobre el caso de los bloqueos también se pronunció el contratista Óscar Salgado, encargado de “prestar servicios de apoyo a la administración municipal, en las gestiones asignadas en el despacho del alcalde”, según confirma su contrato. En entrevista con La Liga manifestó que tiene “algunas funciones del despacho y [con las redes sociales] ocasionalmente hacer la pieza publicitaria”, pero que no es el administrador de las redes sociales del municipio. Sin embargo, en un audio, proporcionado a La Liga por una fuente que prefiere no ser identificada, dijo ser “la persona que está a cargo de revisar todos los comentarios y darles respuesta a los mismos”. 

Aunque Salgado desmiente los bloqueos a usuarios, sí reconoce que hubo un “incidente” hace un mes y que fue responsabilidad de una tercera persona que tenía acceso a la plataforma. “No sé el motivo, [Sandra] estuvo bloqueada como dos días. Le presentamos disculpas e inmediatamente se desbloqueó”. Salgado afirma que esta tercera persona “no era un funcionario de la Alcaldía”. Al consultarle por la identidad de esa persona y por qué tenía permisos de administrador de la fanpage, si no era trabajador del municipio, su respuesta fue: “No te lo puedo decir porque no estoy al 100 % con las comunicaciones”.

Guerrero y Salgado aseguran que todos los comentarios críticos “están en las redes”. Salgado admite que algunos se ocultan porque “hay personas que violan las políticas de Facebook, utilizan palabras obscenas, incluso amenazas”. 

Consultado sobre el manejo de las redes sociales de la Alcaldía de Caucasia, el abogado Vallejo, experto en libertad de expresión, dice que el acceso a la información es un derecho y “cuando las entidades públicas deciden usar una red social, de alguna forma están entregando un canal nuevo para entregar información”. Sin embargo, hay vacíos legales.

“La Procuraduría General de la Nación ha sido muy tímida al momento de regular o de dar protocolos sobre cómo las entidades deben usar las redes sociales. Entonces, las entidades hacen lo que les da la gana”, afirma. 

Camilo Vallejo, abogado experto en libertad de expresión.

Tanto Botero como Vallejo coinciden en Colombia no se ha registrado un litigio importante, como, por ejemplo, en Estados Unidos. En julio de 2019, un juez federal del estado de Nueva York  determinó que al bloquear a sus críticos en Twitter, el presidente Trump violaba la primera enmienda que protege el derecho a la libertad de expresión. En Colombia “no hemos llegado a un escenario judicial que permita que los jueces puedan tomar algún tipo de determinación”, opina Vallejo.

Sin embargo, hay directrices al respecto. El 22 de marzo de 2019 la Alta Consejería para la Innovación y la Transformación Digital emitió la Circular 01 sobre el manejo y uso de las redes sociales por parte entidades públicas, donde “se recomienda no realizar acciones bloqueo a usuarios, dado que se impide el acceso a la información de la ciudadanía”. 

Mientras tanto, siguen apareciendo denuncias sobre el mandatario encargado, sin que se sepa con certeza si debe hacerse un llamado a nuevas elecciones en Caucasia y, de ser el caso, cuándo lo permitirá la crisis de la COVID-19.