Nadie sabe a ciencia cierta por qué la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Mabel Torres, ha estado ausente en las alocuciones diarias que el presidente Iván Duque convoca desde hace dos meses a las seis de la tarde. 

Desde el primer caso de COVID-19 reportado el 6 de marzo en el país, la bióloga chocoana se sumió, además, en un silencio monacal de 21 días que inquietó a buena parte del establecimiento científico colombiano. Y cuando apareció, ya el virus había ganado terreno. Sus contradictores aprovecharon para subrayar con fuerza el papel descoordinado y marginal de la cartera de Ciencia y Tecnología en medio de la crisis sanitaria más aguda del último siglo. 

Una fuente del Gobierno alega que “se trata de una funcionaria destituida de facto”. Pero Torres resiste. Y aunque tarde, según la opinión de varios investigadores, el pasado 25 de marzo anunció una batería de medidas para hacer frente a esta pandemia que, hasta el pasado 8 de mayo, había cobrado la vida de más de 400 colombianos. 

Probablemente la más polémica fue la Mincienciatón, una convocatoria dotada de 26 mil millones de pesos para escoger a 25 grupos de investigadores que hoy ya se conocen y avanzan en el desarrollo, entre otros, de  dispositivos médicos o sistemas de monitoreo en tiempo real para hacer seguimiento a la crisis.

Al proceso, sin embargo, le faltó transparencia; y dio paso a que afloraran silencios acumulados o falencias estructurales de un sector ninguneado históricamente por el Estado y que hoy se hace más necesario que nunca.

Una veintena de fuentes consultadas por La Liga, entre las que se cuentan físicos, matemáticos, biólogos, químicos, economistas, expertos en bioética e incluso filósofos confirma lo anterior. 

Algunos de ellos participaron en la Mincienciatón y se encuentran entre los 25. Otros no. Pero ninguno conoce, por ejemplo, a uno solo de los miembros del consejo evaluador que, en apenas una semana, revisó unos 531 proyectos postulados. No se sabe de qué áreas del conocimiento provienen, ni qué experiencia tienen. 

Algunos de los investigadores invitados a la convocatoria no quisieron comprometerse ante la falta de claridad en los términos de referencia. El proceso de financiación entre el Ministerio y los investigadores se hace, en general, a través de un sistema de convocatorias públicas. También por medio de convenios entre ministerios o  invitaciones directas. Una fuente del Gobierno explica que el modelo de la Mincienciatón es “un lío”. “Es complejo. Pero digamos que se enmarca dentro de la excepcionalidad del momento. El problema es que generalmente se hace dentro de un esquema colaborativo, no competitivo”. 

Según sostiene el Ministerio de Ciencia y Tecnología en respuesta a un derecho de petición enviado por La Liga, en el caso de los evaluadores “mantiene su anonimato para prevenir presiones durante el proceso y mantener la transparencia del mismo”. 

Una experta en bioética que pidió mantener su nombre en reserva, asegura que es una verdad a medias. Afirma que el anonimato de los examinadores puede ser comprensible en las primeras fases del concurso para respetar el “proceso de revisión de pares”. 

Pero añade que, una vez finalizado, es esencial conocerlos como “garantía de imparcialidad, como ejercicio de transparencia e instrumento de verificación de que no haya habido conflictos de interés”. Y pone un ejemplo: “Para mí es una garantía enorme tener la certeza de que entre los jurados que evaluaron las propuestas de equipos y dispositivos médicos, por ejemplo, haya habido ingenieros biomédicos y no publicistas”.

El médico microbiólogo Juan Guillermo Bueno compara la opacidad del proceso con “no saber a estas alturas cómo fueron asignadas a los chinos las obras del metro de Bogotá. Es igual, porque se trata de dos licitaciones públicas, con fines públicos y con recursos públicos”.

Dos integrantes del Consejo Nacional de Bioética, un organismo independiente de comisarios que se encargan de velar por la integridad científica, rechazaron ejercer como auditoras. Las investigadoras se limitaron diplomáticamente a “acompañar las evaluaciones de algunos de los proyectos y a realizar algunas observaciones”. 

Una de ellas es Constanza Ovalle, doctora en Ciencias Sociales, escéptica de los resultados a futuro. Cuenta que recibió la invitación del viceministro de Ciencia, Diego Hernández, cuando ya el proceso estaba diseñado y andando. Por eso declaró el conflicto de interés y se limitó, junto a su compañera, a fungir como observadora. 

Ovalle sostiene que la Mincienciatón se saltó uno de los pilares básicos de cualquier proceso de investigación en el mundo:

“¡Se van a realizar pruebas clínicas en seres humanos! Es obligatorio contar con el aval de un comité de ética. Las primeras 400 propuestas no pasaron por esa revisión y nosotros no quisimos prestarnos para legitimar una iniciativa de la cual no fuimos parte desde el comienzo”. 

Constanza Ovalle, doctora en Ciencias Sociales.

Algunos de estos apuros, como los escasos tres días (72 horas) que tuvieron los investigadores para escribir los proyectos, se deben entender en el actual contexto de emergencia. Pero la cantidad de desajustes resultaba tan inquietante que la otra científica del comité de ética publicó sus reparos en una columna en El Espectador. 

Se trata de Diana Bernal, doctora en Bioética y Biojurídica. Ella afirma que desde el principio tuvo dudas. “Lo presentaron como una invitación a contratar con el Estado, pero en el camino nos encontramos con todos los rasgos burocráticos de una convocatoria tradicional de Colciencias”.

También se queja de que no se conozca la asignación detallada de los presupuestos, que provienen de fondos públicos. Ni cuáles son las alianzas entre los equipos participantes. Ni el porcentaje destinado para pagar a los investigadores en las universidades.

Pero más inquietante resulta el hecho de que los esfuerzos, al parecer, se estén duplicando. “Conozco fondos privados”, asegura Bernal, “que también están desarrollando ventiladores artificiales o materiales para equipos de bioseguridad”. Según ella se trata de  proyectos similares a los de la convocatoria. La diferencia es que en el caso de los privados tendrán prototipos en dos o tres meses, mientras que los financiados por el Estado se supone que deben arrojar resultados en diciembre. 

Julián Riaño, médico e investigador en bioética, alerta sobre el hecho de que “al menos ocho” de los proyectos escogidos tienen como objetivo desarrollar tecnologías de inteligencia artificial o análisis de datos para diagnóstico o autodiagnóstico. En ese orden de ideas, le preocupa que el estado de excepción haya abierto grietas para la utilización de datos por parte del Estado y de las compañías de telefonía celular, entre otros. De hecho, afirma, el marco legal colombiano ya era “impreciso y falto de definición”.

“Hay una línea dentro de la convocatoria”, prosigue Riaño, “que es la de sistemas de monitoreo, donde algunos proyectos van a requerir la información clínica de los pacientes para poder alimentar o hacer los tests y entrenar inteligencias artificiales. En términos de protección de datos y privacidad no son claros los límites ni los protocolos”. 

Explica así mismo que se generan dos riesgos: por un lado quedarán libres y sin reserva los datos sensibles de muchos pacientes. Y por el otro, unos grupos de investigación, tanto privados como públicos, quedarán con un inquietante poder encarnado en la minería desregulada de información.

Justo ese panorama buscaron evitar organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) a través de sus guías. Una y otra vez les sugirió a los países miembros privilegiar el trabajo abierto y colaborativo para agilizar los resultados contra el virus; para privilegiar la transparencia; para que hubiera articulación, incluso a nivel regional; y para evitar derroche de dinero.

La Liga solicitó un peritaje de la Mincienciatón a la Asociación Colombiana de Virología, cuya presidenta, María Cristina Navas, participó en uno de los proyectos elegidos como financiables. A pesar de la falta de herramientas para el examen, desde la asociación apuntan que es posible que la convocatoria tenga “limitaciones”. Algo que no es novedad.

El documento señala que ya en otras ocasiones se había “limitado” a los grupos de investigación para competir y se había concentrado “la financiación en algunos temas, descuidando otros problemas de salud pública (…)”.  

Pero Constanza Ovalle va más allá y señala “elementos de oportunismo para posicionar a un Ministerio muy resistido”. Según ella, el riesgo es que nadie sabe “qué le quedará al país, cuánto le quedará a la gente y cuánto a los intereses particulares”. Su compañera Diana Bernal agrega que se trata de un ministerio al cual el Gobierno está dejando solo. “Y si tú te fijas sigue siendo irrelevante frente al manejo de la pandemia. Y al no darle la importancia que se merece, pues nadie pone los ojos encima para ver qué hace y cómo lo hace”.

Para el momento de cierre de esta investigación, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación no había desembolsado aún los recursos de la Mincienciatón. 

Silencios archivados

Otra cuestión espinosa es la fuente de los 26 mil millones de pesos de la convocatoria. Debido a la contingencia, el Ministerio de Ciencia tuvo que cambiar el destino original del dinero, asignado desde 2019 a las becas en salud del denominado Fondo en Investigación en Salud (FIS). 

Una fuente que pidió no revelar su nombre sostiene que desde el ministerio se promocionó como si se tratara de un “presupuesto nuevo, de que se hizo una gestión nueva de recursos exclusiva para este tema”. 

La realidad, según esta fuente, es que se “desfinanciaron convocatorias”. Recuerda que, al margen de la pandemia, Colombia sigue teniendo brotes de dengue, leishmaniasis, y malaria. “Creo que fue un error hacer una publicidad tan imprecisa y dejar desfinanciados proyectos que ya venían andando”.

Fuente que pidió no revelar su nombre.

Tras lo anterior se abre una pregunta: ¿por qué tantas quejas y conflictos del campo científico se suelen evaporar en el debate público? 

Una posible respuesta es que la ciudadanía y los medios de comunicación, pero el Estado también, aún presienten la actividad científica como algo alejado. Aún persisten los estereotipos del científico enclaustrado en su laboratorio desde el cual trabaja con sus propios códigos. El nuevo coronavirus, quizás, modifique el desinterés. Enrique Forero, doctor en Botánica y presidente de la Academia Colombiana de Ciencias aplicadas, dice que es hora de  instalar la palabra ciencia en el vocabulario de los colombianos.

Otro problema es el silencio. Existe algo de temor a alzar la voz. Varios investigadores consultados afirman que prefieren ser prudentes ante ciertas situaciones negativas, antes de comprometer su desempeño en las pocas convocatorias a las que tienen acceso.

Lo explica un joven químico farmacéutico de la Universidad de Antioquia:

“Todos los científicos sabemos lo que funciona mal, pero no somos capaces de organizarnos en bloque y alzar la voz. Como el Ministerio de Ciencia es de las pocas entidades que financian proyectos, entonces a los investigadores les da miedo que los fichen en las universidades o que sean estigmatizados por criticar y terminen en una lista negra”.

Se trata de un defecto que viene de tiempo atrás, de los días de Colciencias, el antiguo departamento administrativo convertido desde el 24 de enero pasado en nuevo ministerio (aunque para personas como la doctora en Inmunología Susana Fiorentino sigue siendo el mismo viejo organismo menospreciado por la “ignorancia del Estado”).

Una científica con amplia experiencia, y que habló bajo condición de anonimato, confirma que desde los despachos oficiales de la investigación científica en Colombia siempre han existido nombres censurados. Recuerda haber presenciado ocasiones “concretas” en que había que sugerir expertos para una consulta o una convocatoria. Admite que en Colciencias y en el medio se sabe cuáles nombres resultan incómodos: “Si uno sugería a uno de esos expertos, el nombre era descartado directamente. No importaba que esa persona pudiera aportar, que tuviera todos los méritos académicos, de plano lo descartaban”.

No es el único caso. La abogada María Piedad Villaveces dirige la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia (ACAC), una organización de la sociedad civil dedicada a facilitar y desarrollar estrategias en el sector. Recuerda que el mandato del presidente Juan Manuel Santos fue tan crítico para la investigación en Colombia, que el descuido, o la ignorancia del primer mandatario, quedó al desnudo cuando presentó a un director de Colciencias como director de investigación del Ministerio de Educación.

En ocho años del gobierno Santos pasaron siete directores por la entidad. Un hecho que dio pie para que desde la ACAC se exigiera, a través de cartas dirigidas al presidente, seriedad y estabilidad. 

Desde entonces “no volvieron a llegar cotizaciones”, afirma Villaveces. La abogada cuenta que personas muy cercanas a la entonces directora de Colciencias, cuyo nombre no reveló, le confesaron que la orden era clara: “Nunca más con la ACAC. Que no nos volvieran a pedir cotizaciones de los proyectos que se estaban presentando en Colciencias”. 

Una clara muestra, en palabras suyas, de falta de profesionalismo. Dice que suele contar esta historia para que la “gente mida hasta dónde va a querer hablar”.

Más de un científico reconoce que la precariedad en las fuentes de financiación conlleva al silencio. La competencia por unos recursos insuficientes se traduce, ocasionalmente, en un respeto acrítico por las agencias financiadoras. Da igual que sea en el sector público o en el privado. Da fe de ello una microbióloga con larga experiencia: “Las personas  que han confrontado mucho a Colciencias en el pasado han tenido malas rachas en las que no ha habido financiación o no se les aprueban los proyectos”. 

Gabriela Delgado es bacterióloga y doctora en Farmacología. Una de las voces más incisivas del panorama. Ella aclara que es “crítica con argumentos”, no “criticona”. Las batallas más duras las dio en su paso como directora de fomento e investigación de Colciencias. Cuando salió de la entidad organizó plantones y marchas junto a la Academia Colombiana de Ciencias. Movilizaciones que ella cataloga de “anémicas”. Cien o 150 personas reunidas para evidenciar la falta, una vez más, de presupuesto (Colombia invierte en I+D entre 10 y 12 dólares anuales por habitante. Otros países de la OCDE destinan entre 600 y 1500).

Ella misma ha formulado sus sospechas. Tras las movilizaciones del año pasado, una de sus líneas de trabajo, la de la leishmaniasis cutánea, fue retirada de las prioridades nacionales. Esto significa que no ha podido “volver a tener acceso a financiación. Ni yo ni muchos otros investigadores con mucha más trayectoria”.

Delgado concluye: “Es paradójico. Y puede ser una coincidencia, o no. Sobre eso yo me pronuncié públicamente, frente al ministro encargado de Ciencia y Tecnología y también en Twitter”. 

Un veterano de la comunidad científica confirma el bloqueo silencioso en torno a ciertos temas. Se lo adjudica a una ley de “sálvese quien pueda”. “Hay cierta cobardía para buscar el bien común”. Cuenta que en los pasillos, en los congresos, en los chats o en los foros se escucha el descontento, pero son pocos los que se animan a decir lo que realmente piensan.

“En las convocatorias y en los trámites de Colciencias, y del Ministerio de Ciencia ahora, siempre hay irregularidades que uno no entiende muy bien. Pero como es el único sitio para tocar las puertas…”, se lamenta.

Fuente de la comunidad científica.

Ese ambiente nebuloso, con más matices de carácter político que científico, también es tangible para el médico con doctorado en Bioética Boris Pinto: “Sí, es evidente que hay discursos hegemónicos que tratan de acallar a otros. De imponer sus líneas de investigación en absoluto desconocimiento de otras”.

¿Quizás por salirse de ese discurso dominante, molesta tanto a ciertos círculos la ministra?  Responde que no. Que muchas de las posturas de Mabel Torres carecen de rigor. Y que a lo mejor también le falta liderazgo. 

Pero explica que cuando se habla de “censura”, o de “ausencia de debate”, o de “incapacidad de discernir”, se debe tener en cuenta que en todo esto hay varios trasfondos. Menciona en particular las “luchas por priorizar ciertos tipos de conocimientos muy ligados a las lógicas del mercado”. 

Así mismo sostiene que un estudio del Global Forum for Health Research apuntaba ya hace un tiempo que el 90 % de los recursos disponibles para investigación en salud se destinan para menos del 10 % de las realidades prevalentes en el mundo.

Por eso es prudente y rehúye de las simplificaciones. Pese a la catarata de críticas contra Mabel Torres, el doctor Pinto se permite la libertad de valorar algunos elementos de la rebeldía de la ministra chocoana contra el método científico y la “relevancia que da a su ancestralidad”.