En Boyacá compran periódicos para callar noticias

18/07/2019
Pablo Escobar mandaba a comprar periódicos en Medellín para agotar la edición y evitar que se conocieran las noticias que lo denunciaban. Treinta años más tarde, en Sogamoso, Boyacá, la maniobra de censura se repitió para ocultar una denuncia de violencia intrafamiliar.

“Concejal golpea a mujeres”. Ese fue uno de los ocho titulares de la portada del pasado miércoles 22 de mayo en el diario Boyacá Siete Días. La historia se refería a Wilkins Chaparro, del partido Opción Ciudadana, quien aparece junto a la noticia. 

Ese día Armando Aguilar* llegó temprano a la terminal de transporte de Sogamoso a comprar el Boyacá Siete Días como es su costumbre, pero extrañamente se había agotado. En otro punto céntrico de la ciudad, Jesús Mora* se encaminaba a abrir la caseta donde vende periódicos y revistas; un hombre le esperaba para pagar por todos los ejemplares.

En ambos casos, los personajes pidieron no revelar sus verdaderos nombres porque no querían “meterse en problemas” en esta ciudad de solo 200 mil habitantes. 

“Todos los días compro el periódico y me causó curiosidad que la vendedora me dijo: ‘No, no hay periódico’”, cuenta Aguilar. “¿No hay periódico a las siete de la mañana?”, le preguntó. La respuesta fue que llegó “una camioneta a comprar todos los periódicos” y que tenía que ver con “un problema por allá de un concejal”, según recuerda.

Ilustración: @mmmariaelvira

El relato coincide con el de otros tres vendedores ubicados en puntos estratégicos de expendio de diarios en la ciudad, entrevistados por La Liga Contra el Silencio.

“Me preguntaron cuántos periódicos tiene. Tantos. ‘Deme todos’. Yo los vendo porque ese es mi trabajo”, explica uno de los dependientes. Cada periódico cuesta mil pesos. El vendedor tenía diez ejemplares, entre Boyacá Siete Días y Extra.

Jesús Mora da más detalles: “Vino un caballero; él me estaba esperando a que yo abriera el negocio. Buscaba que le vendiera cien Boyacá Siete Días, que él me compraba todo. Yo dije: ‘no le puedo vender cien porque tengo clientela’. Le vendí 20 no más. Me preguntó en qué más sitios venden la prensa, pero yo no sabía por qué era que me preguntaba”. El resto de diarios los vendió entre distintas personas.

Aunque nadie quiso acusar directamente al concejal Chaparro de “mandar a recoger los periódicos”, en Sogamoso relacionan lo sucedido con el caso del político.

Dos días antes, en plena sesión del Concejo Municipal, su cuñada tomó la palabra en el espacio de participación ciudadana. Habló de su parentesco con Chaparro y denunció “una situación” que, según dijo, venía ocurriendo “en el hogar de mi hermana”, pero no pudo decir más. 

El presidente del Concejo, Juan Pablo Parra (Cambio Radical), la interrumpió y le sugirió hablar en privado. “Nosotros queremos que todos lo sepan, no en privado”, decía la suegra del concejal, como se puede ver al final del video de la sesión en Facebook, que se transmitía en vivo y que fue cortada. El video no registra el momento en el que las dos mujeres acusan a Chaparro de golpear y maltratar a la esposa y a una de sus tres hijas.

Parra conocía a la cuñada de Chaparro, pero no sabía del parentesco. Con “el receso” que pidió buscaba impedir que la mujer se ganara una demanda por injurias, según relató a La Liga. Ya en privado se enteró de todo. Estaban “alteradas, se les notaba que estaban bravas, que estaban sufriendo por su familiar”, contó Parra.

No era la primera vez que la sesión del Concejo de Sogamoso se veía interrumpida por un escándalo. En lo que va del año se pueden contar otros dos episodios. El primero también involucra a Chaparro, quien aspira a ser candidato a la Asamblea departamental. El 3 de febrero se levantó de su silla para darle una chachetada a Julio César González, concejal del partido Alianza Verde, en plena sesión. La Procuraduría General de la Nación confirmó a La Liga que existe, en etapa probatoria, una investigación disciplinaria contra Chaparro “por presunta agresión física a otro concejal”.

Chaparro, abogado de profesión, también es el concejal “que más se ha ausentado de las sesiones”, según contó Boyacá Siete Días, basado en el registro de asistencias del cabildo municipal de Sogamoso de enero a abril de este año. La estrategia, explicó este medio, es llegar al recinto, contestar a la lista y retirarse. Así puede cobrar sus honorarios sin quedarse hasta el final de los debates. Aunque Chaparro no es el único, eso fue lo que este concejal hizo durante una sesión en junio durante la cual estuvo presente La Liga.

El presidente del Concejo estima que de los 17 concejales entre el 75 y 80 por ciento “asiste regularmente” a las sesiones.

La Liga conversó con Chaparro después de la sesión que abandonó tras registrar su asistencia. Le consultamos sobre las denuncias de violencia intrafamiliar, su actuación en el Concejo y si era el responsable de la compra masiva de periódicos. Dijo que había decidido no hablar con la prensa y negó todo sin acceder a una entrevista.

Su hermana, Daniela Chaparro, activista de equidad de género, sí se pronunció sobre el caso a través de un comunicado, donde lamentó el “maltrato psicológico y físico” que sufrían su cuñada y sus sobrinas, y se solidarizó con ellas.

La Comisaría Tercera de Familia confirmó que en esa dependencia existen “dos solicitudes de medida de protección” en contra de Chaparro “por presunta violencia intrafamiliar de tipo físico y psicológico”. La última solicitud la realizó la suegra del concejal el 21 de mayo.

Según cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal, en 2018 esa entidad registró 78.314 casos de lesiones por violencia intrafamiliar en Colombia, el 76 por ciento contra mujeres. En Sogamoso el número llegó a 482. Quizá el caso más sonado fue el del alcalde Sandro Néstor Condía y su esposa, Nubia Esperanza Pérez, quienes se acusaron mutuamente de violencia en el hogar y fueron noticia nacional.

En el caso del concejal Chaparro, su esposa, también abogada, no ha querido hacer pública ninguna denuncia sobre la supuesta agresión. Ante eso fueron su hermana y madre quienes se atrevieron a denunciar frente al Concejo. La familia no quiere hablar del tema con la prensa.

El silencio y la censura

Yecid Medina, jefe de redacción de Boyacá Siete Días, explicó que habían recibido las denuncias contra el concejal días atrás, pero que no publicaron nada porque no pudieron confirmarlas hasta que ocurrió el episodio de la sesión en el Concejo. “Con esa denuncia pública que ellas (las dos mujeres) hicieron nosotros podíamos sacar la nota. Nos llamó mucho la atención es que a nosotros nos empezaron a llamar”, dijo. 

Las primeras llamadas, cuenta Medina, las empezó a recibir sobre las siete y media de la mañana. Amigos y conocidos empezaron a decir: ‘¿Oiga, no circuló el periódico?’. No está por ningún lado, no se consigue en ninguna parte’”.

El equipo de Boyacá Siete Días empezó a averiguar y confirmó que una camioneta negra, desde las cinco de la mañana, recorrió las calles de Sogamoso para comprar el periódico a los voceadores y en varios expendios. “A las siete de la mañana no había un periódico en la ciudad, por lo menos en la zona céntrica”, dice Medina.

Ilustración: @mmmariaelvira

En Sogamoso circulan entre 1.500 y 2.000 ejemplares diarios de este periódico, aunque no se sabe cuántos fueron comprados con la intención de ocultar la denuncia contra el concejal. Solo una de las fuentes consultadas, Germán Pineda, gerente de uno de los puntos de distribución de periódicos, dijo que la venta del diario fue “completamente normal”, y que incluso hubo alguien que lo llamó buscando el especial que el Boyacá Siete Días traía ese miércoles sobre el colegio Inocencio Chinca de Sogamoso. Sus registros muestran que ese 22 de mayo repartió 63 ejemplares en 19 puntos y que devolvió (por no venta) 22 periódicos. La cifra es bastante inferior al promedio de devolución de esa quincena.

Para Medina, el jefe de redacción del Boyacá Siete Días, es claro: de las ocho noticias en portada, solo una estaba relacionada con Sogamoso, y solo en ese municipio se registraron las compras masivas que denunciaron en Twitter, pero sobre el responsable no se sabe nada.

“Nosotros no podemos decir que fue el concejal Wilkins o que fue gente suya los que compraron el periódico, solo nos llama la atención que en primera página aparecía esa información y el periódico se desapareció”, explica.

Medina niega cualquier tipo de “persecución” contra el concejal y dice que el periódico solo hace seguimiento a los casos porque Chaparro ejerce un cargo público y ha sido protagonista de episodios que llaman la atención. “No estamos escarbando su vida privada. No tratemos de cortarle la cabeza al mensajero, el mensajero no tiene la culpa. Nosotros simplemente estamos llevando la información”, declaró.

La censura que se compra

La estrategia de desaparecer periódicos para ocultar una noticia es vieja, aunque ahora funciona menos desde que existen las redes sociales. Nadie acusa directamente a Wilkins, pero varios entrevistados lo dieron por hecho.

“Lo tomé como jocosamente porque el concejal pretendía que los sogamoseños no supieran acerca de la información. A él se le olvidó una parte esencial que son las redes sociales, que se están manejando más que el periódico físico y hoy en día todo el mundo tiene un celular”, dijo Aguilar, el hombre que buscó el diario en la terminal. Él leyó la información en WhatsApp y en Facebook.

El presidente del Concejo Municipal de Sogamoso lo leyó porque el periódico le llega directamente a su empresa. La táctica de “mandar a recoger” los diarios en la calle la considera un “acto de censura” que, según él,  generó el efecto contrario.

“Eso hace que la gente busque más la noticia, que la gente se pregunte e indague más”, dice.

En octubre de 2015, un caso similar se registró en Boyacá. Dos días antes de las elecciones regionales donde los candidatos Carlos Amaya (actual gobernador) y Osman Roa se disputaban la Gobernación, la edición completa de Boyacá Siete Días no circuló en la región. “Alguien paró el camión llegando a Tunja y compró toda la edición del periódico. El periódico se imprimía en Bogotá y todos los días salía un camioncito a Boyacá”, eran alrededor de 12 mil ejemplares, recuerda Fernando Millán, quien era entonces director del medio e hizo la denuncia a través de Twitter. 

Ese día el periódico incluía un aviso pagado por Amaya. “Siempre nos quedó la sospecha de que había un compromiso de una de las campañas en la compra de la edición. No había otro motivo (…) Nos parecía insólito que en el tema de la política se hubiera dado bloquear a un candidato con la compra de la edición de un periódico”, dijo Millán.

Boyacá tiene el número más alto de municipios en silencio o que no cuentan con medios que produzcan contenidos locales. Solo en nueve de los 123 municipios, sus habitantes tienen una oferta con “suficiente información” local. Uno de ellos es Sogamoso, de acuerdo con la investigación Cartografías de la Información, de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).

Precisamente, Boyacá Siete Días es uno de los medios locales más leídos, aunque se edita en Tunja. El único medio impreso editado en Sogamoso, el semanario Entérese, publicó la noticia sobre el concejal Chaparro cuatro días después de Boyacá porque circula solo los domingos. Su director, Hernán Castillo, dijo que no registraron intentos de censura contra esa edición.

Ilustración: @mmmariaelvira

Sobre el caso de Boyacá Siete Días, Luisa Fernanda Isaza, coordinadora de defensa y atención a periodistas de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), considera que hubo un interés en censurar la publicación.

“Esto va en contra de la libertad de expresión no solo del diario sino de lo que se llama la doble vía de la libertad de expresión o la dimensión colectiva de la libertad de expresión, que también protege el derecho de los ciudadanos de conocer esa información”, dice.

Isaza apunta que “si bien la compra (de periódicos masiva) propiamente no es ilegal, sí hay una restricción a la libertad de expresión que está garantizada por la Constitución y por el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”. Aunque en este caso la Fiscalía no podría actuar porque no hubo delito, sí cabría una responsabilidad disciplinaria, bajo jurisdicción de la Procuraduría, “si hubiera certeza de que detrás de esto hubo un funcionario”, obligado a cumplir los deberes de la Constitución y los convenios internacionales.

“Mandar a recoger” periódicos para evitar la difusión de información no es una práctica común en Colombia, pero sí existen varios casos.

Cuando Pablo Escobar, cabeza del Cartel de Medellín, era una figura política y social, que pasó de un bajo perfil a la exhibición pública en los años ochenta, las informaciones y opiniones en la prensa empezaron a chocar con los intereses de las mafias. Entonces, “la estrategia de silenciamiento y amedrentamiento se hizo clara y explícita. Fue desde la compra completa de las ediciones de la prensa escrita en las que se les criticaba y la adscripción de periodistas venales a los carteles, hasta el hostigamiento, las amenazas y los asesinatos de periodistas adversos al narcotráfico”, recoge el libro ‘La palabra y el silencio. La violencia contra periodistas en Colombia (1977-2015)’ del Centro Nacional de Memoria Histórica.

El documento menciona otros episodios. En 2007 la compra de ediciones de El Tiempo en Tabio, Cundinamarca, por parte del entonces candidato a la Asamblea, Julio Eduardo Rivero, y sus familiares, ante una denuncia de corrupción. En 2011, cuatro días antes de las elecciones en el departamento de Magdalena, desaparecieron  casi todos los ejemplares del periódico El Informador de Santa Marta, aparentemente por una noticia en la que un candidato a la Alcaldía alegaba un complot para involucrarlo con paramilitares con falsos testimonios. Ese mismo año también la edición dominical de El Heraldo de Barranquilla fue comprada masivamente en Santa Marta. Un análisis crítico contra todos los candidatos a la gobernación del Magdalena pareció ser el motivo. 

Sogamoso se vuelve noticia ahora por la misma práctica.

*Los nombres fueron cambiados para que las fuentes no fueran identificadas.


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