En solo tres semanas y en plena cuarentena por el nuevo coronavirus, Chocó ha encarado problemas que agudizan su ya precaria situación en materia de salud: el cierre parcial de su único hospital público de segundo nivel, la suspensión de la máxima autoridad departamental investigada por presuntas irregularidades, y la decisión de no divulgar las cifras por municipio para prevenir amenazas y desórdenes, que fue modificada poco antes de la publicación de este reportaje.

Chocó fue el único departamento en Colombia del que no se conocía el número de contagios desagregados por municipios. La alerta la hicieron varios periodistas de la región que consideraron se les estaba violando el derecho de acceso a la información. En la base de datos del Instituto Nacional de Salud (INS), los casos de Chocó aparecieron durante varios días solo como departamento, pero el 6 de mayo, un día después de que La Liga Contra el Silencio indagara sobre el tema, la entidad incluyó la información de Quibdó y Unión Panamericana. En los reportes de la Gobernación, la información se detalla por subregión. Hasta el 5 de mayo se registraban 27 casos y  tres fallecimientos. Los contagios estaban ubicados en dos subregiones: 22 en Atrato (que reúne a ocho municipios, incluyendo la capital Quibdó) y cinco en San Juan (que comprende 11 municipios). Chocó tiene 3o municipios.

Antes del cambio de decisión, el Instituto Nacional de Salud explicó, a través de un mensaje a La Liga, que recibió “una solicitud del departamento de no publicar porque los casos estaban siendo buscados y amenazados por grupos al margen de la ley. Hicimos la consulta a la Procuraduría. El INS no publicará esa información por seguridad de las personas. Preferimos luego publicar retrospectivamente que lamentar una muerte”.

Consultada, la Secretaría Departamental de Salud se remitió a lo dicho por el titular de esa dependencia, Carlos Murillo, en el sentido de que “se estaban presentando conflictos por mencionar municipios específicos donde se detectaron positivos de COVID-19”. La oficina de prensa dijo que no existe un documento o resolución de esa directriz, pero citó casos como el de una enfermera en Quibdó que se vio obligada a desocupar su barrio por sospechas de que podía haberse contagiado y el del primer caso reportado el 11 de abril, que generó la circulación de audios en grupos de Whatsapp que contenían amenazas de muerte.

La Procuraduría recibió una comunicación fechada el 24 de abril en la que el INS le consultó si podía publicar datos del Chocó excluyendo algunos criterios, como municipio, sin que eso transgrediera el “principio de publicidad y transparencia de la información” debido a la “situación de vulnerabilidad” de las comunidades indígenas y afro que habitan en la zona. El caso está en manos de la Procuraduría Delegada para los asuntos de transparencia. 

La decisión está en vigor y ha generado quejas. Jairo Rivas, periodista y corresponsal de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) en Chocó, y otra reportera que pidió reserva de su nombre, coinciden en que la decisión la tomó un funcionario que la comunicó sin analizar todas las implicaciones.

«Tanto las restricciones al acceso a la información como el que se filtre la identidad de las personas es una falla de la institucionalidad que tendrían que corregirla porque en otras partes funciona y debería también funcionar en el Chocó».

Jairo Rivas, periodista.

“Hay un conducto que está roto desde la institucionalidad que permite que se conozca la identidad de las personas y eso da pie a que haya reacciones de vecindario o de la comunidad general asustada por un posible contagio. Es una falla por donde se mire. Tanto las restricciones al acceso a la información como el que se filtre la identidad de las personas es una falla de la institucionalidad que tendrían que corregirla porque en otras partes funciona y debería también funcionar en el Chocó”, dijo Rivas.

Su colega también reclama: “Nos sentimos vulnerados, sentimos que nos están violando el derecho a informar y a ser informados, al punto también que ya la gente no nos cree a los medios porque piensan que nosotros tenemos algo que ver”.

Para ambos la información por municipios es importante, no solo para que haya conocimiento del tema, sino para tomar precauciones y evitar -en palabras de Rivas- el “relajamiento” de la población. Además, dicen, su ausencia contribuye a la desinformación, a especular en el voz a voz y a malos entendidos. En Chocó, el 53% de la población vive “en municipios en silencio, es decir, lugares donde no existen medios de comunicación que produzcan noticias locales”, según el informe Cartografías de la Información.

Otro caso retrata el manejo de la información en el departamento. El fallecimiento de la primera persona en Chocó, el 25 de abril, generó un cruce de versiones entre familiares, autoridades y EPS, y evidenció fallas de procedimientos, según se evidencia en comunicados públicos.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) revisó el caso de Chocó y tras hacer un análisis, conocido como “test tripartito”, utilizado para considerar restricciones de la información, concluyó que la limitación relacionada a cifras por municipio “no es válida”.

“No es suficiente alegar las excepciones de “seguridad del Estado”, “defensa nacional” u “orden público” para limitar el acceso a la información, debe haber certeza sobre el grado de precisión y claridad de estos términos (…) Está prohibido  limitar la libertad de expresión con base en mandatos legales vagos, ambiguos, amplios o indeterminados, que permitirían actuaciones arbitrarias”, señaló el equipo legal de la FLIP, organización que ideó el proyecto de La Liga Contra el Silencio.

“No es suficiente alegar las excepciones de “seguridad del Estado”, “defensa nacional” u “orden público” para limitar el acceso a la información, debe haber certeza sobre el grado de precisión y claridad de estos términos».

Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP.

Respecto al hecho de que Chocó haya sido el único departamento con ese “tratamiento diferenciado” de la información, esto es considerado por la FLIP como una conducta “particularmente gravosa por las condiciones existentes de vulnerabilidad de su población, exponiéndola a un mayor riesgo por la desinformación y de cara a un sistema de salud precario”. Además, dijo, “profundiza la desigualdad racial y estructural al incrementar el riesgo que afronta su población” porque se impide que se adopten medidas urgentes para afrontar la crisis.

La suma de males

Chocó ha lidiado históricamente con la pobreza, la violencia, el abandono de las autoridades y la corrupción de funcionarios, un caldo de cultivo que hace que sus habitantes, la mayoría afrodescendientes, sean aún más vulnerables frente a la COVID-19.

Algunos indicadores muestran su fragilidad: el departamento reúne a los municipios más pobres de Colombia, el porcentaje de población con necesidades básicas insatisfechas alcanza el 65 % y el 20 % vive en condiciones de miseria; su capital, Quibdó, registró en marzo pasado la tasa más alta de desempleo nacional (22,5 %)  -lo que obliga a la gente a salir a buscarse el sustento en las calles en la economía informal e implica no acceder a servicios médicos- y la discriminación racial pesa. 

Diego Lucumí, médico salubrista, investigador y profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, es chocoano y ha seguido de cerca durante varios años la situación y actualmente prepara un informe sobre su región. “Chocó tiene unas enormes condiciones de desventaja. Y las causas son de tipo estructural. ¿Cuál ha sido la respuesta institucional? Insuficiente. En Chocó se ha desbordado todo. Las debilidades en salud pública son de muchos años atrás y la respuesta siempre ha sido limitada”, señaló. A ello se suma la “crisis en la dirección y rectoría” de la salud, y políticos que tradicionalmente han usado los recursos de ese sector para pagar favores.

«En Chocó se ha desbordado todo. Las debilidades en salud pública son de muchos años atrás y la respuesta siempre ha sido limitada».

Diego Lucumí, médico salubrista, investigador y profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes.

El ejemplo más reciente es el del gobernador Ariel Palacios y su secretario de Salud, Carlos Tirso Murillo, el mismo que decidió no dar información por municipios. Ambos son investigados por la Procuraduría, a cuatro meses de haber asumido sus cargos y en plena pandemia, por presuntas irregularidades en contratos celebrados con motivo de la emergencia sanitaria. El primero fue suspendido por tres meses y el segundo presentó su renuncia ante el gobernador encargado, como el resto de funcionarios. 

Otra muestra de la situación vulnerable en Chocó es que el sector público no cuenta con unidades de cuidados intensivos y en el privado existen solo 27 camas en tres hospitales. Además, el Hospital San Francisco de Asís en Quibdó, el único hospital público de segundo nivel (de los cuatro niveles posibles, donde el tercero y cuarto son entidades hospitalarias con especialidades complejas y mayores servicios), no cuenta con condiciones de salud óptimas ni infraestructura adecuada para atender casos complejos. El otro hospital público, el Ismael Roldán, es de primer nivel. A este último se suman otros cinco hospitales del mismo nivel, pero privados, para atender a una población de casi 520.000 habitantes.  El San Francisco de Asís tuvo cerrar parcialmente porque se confirmaron casos de COVID-19 entre el personal. Precisamente, el primer caso en el departamento fue el de una auxiliar de enfermería. 

El doctor Lucumí también habla de la “situación laboral difícil” del personal y las entidades de la salud en el departamento: retrasos de pagos (hasta 14 meses en el hospital San Francisco), el lento flujo de recursos de las EPS, condiciones laborales y de dotación precaria. Incluso hubo protestas antes de la emergencia en el Ismael Roldán.

En las zonas rurales no hay suficientes puestos de salud y para llegar a Quibdó la gente debe viajar en lancha o hacer largos trayectos por tierra. Los casos más graves son remitidos por aire hasta Bogotá, Medellín o Cali. La espera puede costarles la vida. Alrededor de “70 pacientes, quienes esperaban las autorizaciones requeridas para su traslado a otro lugar” murieron de distintas causas, según un dato que recoge el Auto 039 de 2017 de la Sala de Seguimiento en Salud de la Corte Constitucional con información de la Defensoría del Pueblo aunque no especificó en qué periodo.

Francisco Lara, abogado y quien participó en las diligencias judiciales para redactar ese Auto, recuerda que se concentraron en el caso del Hospital San Francisco de Asís porque la situación era grave y llevaba años sin resolverse, y la Defensoría del Pueblo solicitó la intervención de la Corte. En 2007 la entidad hospitalaria fue intervenida por la Superintendencia de Salud y tras ocho años, en los que pasaron una docena de gerentes y un sinnúmero de otros funcionarios, “estaba peor de lo que lo habían tomado”, dijo Lara. El hospital se liquidó y nació otro con casi el mismo nombre. La situación tampoco ha variado mucho. En 2017 cuando se expidió el Auto se hablaba de cuatro problemas: falta de especialistas porque no se firmaban contratos; pésima infraestructura; falta de protección, custodia y archivo de historias clínicas, y corrupción (contratos con sobreprecios, desvío de recursos, entre otros temas).

Casi tres años después del Auto 039 de 2017, casi nada ha variado en el hospital y en la situación de Chocó. El mismo gobernador Palacios, antes de ser suspendido, admitió en una entrevista con El Tiempo que no estaban preparados para la emergencia por la COVID-19.

«Debo reconocer que no cuento con la infraestructura para atender  una eventual emergencia (…) Aquí no contamos con elementos de bioseguridad, eso es lo más urgente inicialmente para dotar a nuestro equipo médico. Me refiero a tapabocas, guantes, máscaras, botas, gorros, los necesitamos con urgencia», señaló entonces.

También mencionó la violencia que vive el departamento por la presencia de grupos ilegales. En Chocó operan la guerrilla del ELN y las Autodefensas Gaitanistas, cuyos combates y la siembra de minas antipersonales han afectado principalmente a poblaciones rurales donde habitan indígenas y afrodescendientes. El más reciente informe sobre Chocó de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, del 15 de abril, menciona que en plena cuarentena se registró el desplazamiento masivo de al menos 393 personas de la etnia Embera y el confinamiento de varias veredas, y expresó su preocupación porque a esas emergencias humanitarias se suma el impacto por la crisis de la COVID-19 y la dificultad para dar respuestas humanitarias.

En Chocó operan la guerrilla del ELN y las Autodefensas Gaitanistas, cuyos combates y la siembra de minas antipersonales han afectado principalmente a poblaciones rurales donde habitan indígenas y afrodescendientes.

Y no solo se trata de los problemas estructurales y del contexto de violencia, también de la salud de las personas, “de los cuerpos de la gente negra”, explicó Juan David Delgado, sociólogo colombiano e investigador candidato a doctor de la Universidad de California que estudia temas de desigualdad racial. “Son personas que han crecido en este contexto de una salud precarizada, son personas que tienen unas preexistencias y unas comorbilidades más altas que el promedio de la población colombiana”, con altas tasas de incidencia de hipertensión, sobrepeso y obesidad. Entonces, “pueden tener la misma posibilidad de contagiarse, pero todo indica que tienen una mayor probabilidad de morirse”, añadió.

Restringir el acceso a la información

Alegar razones de orden público para decidir no entregar información por municipio por parte del INS y las autoridades chocoanas, abre interrogantes. Otros departamentos como Cauca o Norte de Santander, donde está Catatumbo, son zonas víctimas del accionar de grupos ilegales y sí muestran la información desagregada.

Para el abogado Francisco Lara, la restricción de acceso a la información pública, un derecho garantizado en el artículo 23 de la Constitución y la Ley de Acceso a la Información, debe estar probada. “No puede decir no, no la entrego por razón de orden público y punto final, créanme. Tienen que venir a justificar, motivar y demostrar por qué razón entregar esta información puede poner en peligro la vida de ciertas personas (…) Todas esas excepciones tienen que plantearse sobre casos concretos no sobre (casos que) hipotéticamente puede llegar a ocurrir”, explicó Lara. 

Además, los datos no solo son números, permiten orientar la toma de decisiones. Por ejemplo, la idea de retomar las actividades en los municipios que no registren casos de COVID-19 implica conocer la información desagregada. Aún así no hay certezas de que eso sea suficiente ni que baste con el número de pruebas realizadas.

El sociólogo Delgado plantea incluso la necesidad de que las estadísticas oficiales muestren también una desagregación racial para advertir los efectos diferenciados en poblaciones vulnerables, una recomendación que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a propósito de la pandemia, para obtener datos por origen étnico-racial, género, edad y discapacidad.

“Si no entendemos que Colombia no es una sola, sino que son muchas y que esta enfermedad va a tener un impacto diferenciado en las regiones más periféricas y en las personas que viven en esas regiones más periféricas, difícilmente vamos a poder cuidar a las personas más vulnerables”, dijo Delgado a La Liga, y recordó que la población afrodescendiente ha sido históricamente invisibilizada en las estadísticas y aparecieron solo hasta los noventas del siglo pasado en censos.

En una columna reciente publicada en The New York Times, Delgado planteó la necesidad de “desracializar la salud del país”. “Las líneas divisorias de la exclusión en salud han seguido históricamente muy de cerca las líneas divisorias de la exclusión racial”, escribió.

El caso de Chocó es un claro ejemplo de ello.

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