Los campesinos que quieren apagar las motosierras en Guaviare

Hace cuatro años, María Gaitán no tumba un árbol. Lo hizo cuando compró su finca y llevó ganado, y lo hacían otros para quienes trabajaba recogiendo hoja de coca. Ahora conserva un enclave de selva resistiendo a la ganadería y a los cultivos ilícitos, principales actividades económicas en Guaviare, uno de los departamentos amazónicos de Colombia con mayor deforestación.

“Eso nos enseñaron y esa fue la forma de nosotros de vivir, porque otros lo hacían. Esto que mira potreros era todo selva. Esto no era potreros así despejados”, dice la mujer de 35 años mirando el paisaje donde vive, una zona aledaña a afloramientos rocosos de alto valor turístico que se levantan en medio de “un mosaico diverso de bosques, sabanas y arbustizales que albergan elementos de la Orinoquia, los Andes, la Amazonia y el Escudo Guayanés”, según se describe en un inventario rápido hecho por científicos de distintas instituciones y organizaciones sociales en 2017.

Es precisamente debido al conocimiento de su entorno, que hoy María lidera junto a su pareja, Olmes Rodríguez, un proyecto de conservación y aprovechamiento sostenible del bosque desde su finca El Sinaí.

“Yo también fui tumbador de selva. Hacía los contratos de tumbar como sea 10, 12, 15 hectáreas y tumbar con una motosierra”, cuenta Rodríguez, quien llegó a los 17 años a Guaviare desde San Pedro de Jagua, zona rural de Ubalá, Cundinamarca, en el centro del país, atraído por la “ambición de la coca”. Primero, raspó las hojas de coca. Luego se puso “a quimiquear” para transformarlas en pasta base de cocaína. Por último, tuvo un terreno donde sembró matas de coca.

Pero apostar por la conservación y los usos sostenibles del territorio también implica para los campesinos amenazas, estigmatizaciones y riesgos que buscan a veces disuadirlos de denunciar delitos y otras, desalentar sus esfuerzos por proteger los ecosistemas selváticos en los que viven.

Para llegar a la finca El Sinaí, en la vereda Tortugas, hay que recorrer tres horas en moto desde San José del Guaviare, la capital departamental, y atravesar el corregimiento de El Capricho, por caminos de tierra que en invierno pueden ser una tortura. Las fincas ganaderas dominan el paisaje, a excepción de un tramo en la Serranía de La Lindosa que se caracteriza por sus imponentes formaciones de piedra, pinturas rupestres prehispánicas y caños con plantas acuáticas carmesí que se han convertido en destinos turísticos. 

Lo mismo ocurre en otras dos vías importantes: la que va al sur de San José hacia el municipio de Calamar y la que une a Calamar con Miraflores. La ganadería extensiva lo cubre casi todo y el acaparamiento de tierras acecha con nuevos colonos. Todo en plena Amazonía colombiana.

Los mensajes del Estado frente al Guaviare han sido ambiguos históricamente. Por un lado, ordenó todo lo que hoy es el departamento como zona de reserva forestal cobijada por la Ley Segunda en 1959; por el otro, empujó la colonización campesina hacia esa reserva, como consta también en el inventario rápido, donde se explica que “la población actual lleva 100 años o menos en esta región” de El Capricho y que su “poblamiento más importante se dio a partir de 1968, cuando el Gobierno Nacional promovió la colonización dirigida, con el propósito de poblar amplios territorios baldíos de la nación”.

Entre la conservación y la colonización

María Gaitán y Olmes Rodríguez hablan de su pasado de tala a pequeña escala desde un pedazo de selva virgen que ella conserva en medio de sus propios potreros y de predios vecinos dedicados a la ganadería. 

Los dos hablan también de su futuro: la forestería comunitaria, como se conoce a la forma sostenible de aprovechar el bosque para obtener ganancias. Apenas empezaron en 2018 y ya trabajan con 110 familias de siete veredas del corregimiento.

Antes de ser pareja, los dos ya ocupaban puestos de liderazgo. Gaitán como coordinadora de la Red de Mujeres Comunales de El Capricho y Rodríguez, como presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal del mismo corregimiento. Pero fue el año pasado, en un encuentro de conservación, que su preocupación por el ambiente los unió.

Rodeados de árboles de asaí, seje, abarco y achapo, todas ellas especies nativas de la Amazonía, la pareja habla de montar un vivero y de recuperar el bosque que tumbaron. No tan lejos de allí se escucha una motosierra.

Esas son las dos caras del departamento, que alcanzó su pico más alto de deforestación en 2017 cuando registró 38.221 hectáreas taladas, según datos del Sistema de Monitoreo de Bosque y Carbono del Ideam.  Ese récord histórico ocurrió exactamente al año siguiente de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). La cifra representó un aumento del 233 % frente al año anterior y un total del  17 % de lo contabilizado en todo el país ese año (220 mil hectáreas). Esos números alarmantes ubicaron al Guaviare como el segundo departamento más deforestado, solo después de Caquetá, con el que comparte frontera.

Desde entonces las cifras siguen preocupando. En 2018 el cálculo bajó a 34.527 hectáreas y para 2019 aún no hay datos oficiales, aunque la iniciativa de Conservación Amazónica-ACCA MAAP estima que estas darán cuenta de una “posible gran disminución en la Amazonía colombiana después de un auge de deforestación reciente”.

Se trata de altas tasas de deforestación, cuando en Guaviare debería -por normativa- primar la conservación. De la zona de reserva forestal establecida en 1959 se sustrajeron después otras áreas especiales: una zona de reserva campesina, varios resguardos indígenas y dos parques nacionales: Nukak y Serranía de Chiribiquete. Este último, una cadena montañosa que forma parte del Escudo Guayanés y es de las más antiguas del planeta , fue declarado Patrimonio Mixto de la Humanidad por la Unesco en julio de 2018 por su valor natural y arqueológico. 

Angélica Rojas, coordinadora regional para Guaviare y sur del Meta de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), señala que el ordenamiento “determina básicamente dos usos para este territorio: o se vive de la economía forestal o se conserva”. Al menos eso señala el papel. 

Rojas explica que de los 5,4 millones de hectáreas que mide el Guaviare, solo un 7 % -o 400 mil hectáreas- son titulables. Es decir, solo ahí un colono puede legalizar su propiedad. Esta área titulable es la zona de reserva campesina más grande del país: una figura creada por la ley colombiana en los años 90 para fomentar la economía campesina y que, justamente por esto, la blinda del acaparamiento de tierras, puesto que solo se adjudican predios del tamaño de una Unidad Agrícola Familiar (UAF), que es lo que necesita como mínimo una familia para subsistir dignamente, en todos los casos menores a 200 hectáreas.

Aún así, los títulos de propiedad para campesinos en esta área son pocos, mientras que el acaparamiento por parte de terratenientes es alto. Esta es otra de las razones por las que la ocupación, la deforestación, las vacas y la coca han salido de estos límites y llegado a zonas ambientalmente protegidas del Guaviare. 

Uno de los ejemplos más dramáticos del incumplimiento de estas normas es el de los indígenas nukak, pueblo que permaneció no contactado hasta 1988 y al que la Corte Constitucional declaró en “riesgo de exterminio étnico y cultural” en un famoso auto de 2009. Los nukak han sido desplazados de manera forzada de su resguardo legalmente constituido debido a estas dinámicas de colonización, deforestación y cultivos ilícitos. Muchos de ellos viven hoy, en precarias condiciones, en el casco urbano de San José.

En abril de 2018, la Corte Suprema de Justicia declaró a la Amazonía colombiana -incluyendo Guaviare- como sujeto de derechos y ordenó, a través de la sentencia STC 4360 de 2018, poner en marcha mecanismos para frenar la deforestación. 

En términos de justicia, esto significó que la Fiscalía dispusiera de un grupo de ocho fiscales para investigar delitos como el acaparamiento de tierras, el tráfico de madera, la minería ilegal y el narcotráfico en los siete departamentos que conforman esta región. Guaviare pasó de registrar cuatro procesos judiciales en 2018 a 191 en 2019, por nueve delitos relacionados con afectación al ambiente, según la Fiscalía. Del total, el 70 % (136) están en indagación y el 24 % (48) en etapa judicial. La institución se reservó el nombre de los implicados porque ningún proceso ha terminado.

El Ejército también se involucró en nuevas tareas. En abril de 2019 lanzó la Operación Artemisa como una ofensiva contra la deforestación. En ese año capturó a 48 personas solo en Guaviare. Ningún pez gordo entre ellos. El mismo coronel Norberto Salgado, comandante de la Brigada 22, dijo en enero de 2020 que se trataba de campesinos con motosierra que ganan un jornal, “que tumban tres, cuatro, cinco, 10, 15, 20 hectáreas”. Insistió en que “la mayoría de hectáreas que están tumbando la están haciendo para los nuevos cultivos de coca”, aunque el resto de fuentes consultadas para este reportaje señalan a la ganadería extensiva como principal factor de deforestación.

No existe ningún gran deforestador detenido ni identificado. En este escenario, los campesinos temen que denunciar implica riesgos y que las autoridades son permisivas.

¿Mejor callar?

Jairo Sedano es propietario de la reserva natural El Diamante de las Aguas y veedor ambiental de la Red de Veedurías Ciudadanas Guaviare en Paz. Era un ganadero “muy pujante, defensor de la ganadería, en la Serranía de La Lindosa”, recuerda. Llegó a tener 65 reses, pero el discurso de la conservación y las capacitaciones en temas ambientales le fueron calando. Hace 14 años decidió sacar todo el ganado y dedicarse a recuperar lo que había talado. Hoy tiene 31,5 hectáreas de reserva natural y logró repoblar su propiedad de especies como seje, asaí, abarco, macano, cachicamo y guayabeto. El lugar también sirve como trabajo de campo para estudiantes universitarios.

A inicios de 2020 Sedano escuchó “una motosierra encendida durante ocho días” cerca de su propiedad y, semanas después, registró en video la tala en un humedal cerca de San José del Guaviare por parte de constructores. 

Sabe que hablar tiene su precio. “Por defender la vida, termina uno siendo señalado, siendo excluído de la sociedad (…) Conservar en el Guaviare es difícil”, afirma este hombre que llegó desde Santander, en el centro-norte de Colombia, hace 35 años. Hoy es un firme defensor de la conservación a pesar de que considera que son pocos los incentivos. Junto a otros miembros de la red de veedores, Sedano está siempre pendiente del impacto ambiental de las obras públicas y privadas, y hace seguimiento a planes y proyectos en el departamento.

“Lo que más le dicen a uno es: ‘¿por qué se mete en lo que no le importa?’ Es ahí donde nosotros, los que estamos en el territorio, nos vemos abocados a eso, a sentir miedo, a sentir que estamos siendo señalados. ¿Pero señalados por qué? Porque las instituciones no quieren hacer el trabajo, porque las instituciones son permisivas”.

La voluntad de conservación, que es la bandera de Gaitán, Rodríguez y Sedano, no es la regla sino la excepción entre los campesinos del Guaviare y los nuevos terratenientes. Convencerlos “de cambiar el chip” no es fácil e incluso “hay gente que no le gusta la conservación” y prefiere extender sus potreros sin fin, dice Rodríguez.

A eso se suma el resquemor de ir contracorriente: “‘Vea, María ya está con eso de no tumbar, de cuidar… esa de pronto nos va a sapear (delatar), esto, lo otro. Ella ya está en ese cuento’. A mí ya me lo han dicho”, cuenta Gaitán. Su pareja, Rodríguez, admite sentir “miedo” por defender la selva. “No he recibido amenazas directamente, por ahí sí comentarios. Hay personas que dicen, acusándolo a uno, que uno es el que está hablando sobre los que están deforestando cuando eso es una mentira. Yo a ninguno he denunciado, es gente que habla sin tener argumentos, pero un comentario de esos sí lo puede perjudicar a uno”, añade.

En Calamar, Jorge Avendaño, líder social, veedor ciudadano y soldador de oficio, lleva 20 años viviendo en Guaviare, pero solo desde 2016 empezó a recibir amenazas  e intimidaciones. El último episodio se dio a través de un panfleto con el logo de las FARC que dejaron en su casa en julio de 2018, donde decía que era “objetivo militar” y que debía “guardar distancia de los hechos que están pasando”.

Como parte de sus tareas como veedor y líder ha denunciado la falta de acciones de las autoridades locales ante problemas en la región y el mal manejo de los recursos públicos. “Pareciera que hubiera negocios entre las administraciones (municipales) y las gentes que están invadiendo” tierras, señala Avendaño, quien denunció las amenazas en la Fiscalía y luego recibió un teléfono celular, un botón de emergencia y un chaleco antibalas.
El silencio que reina en Guaviare frente a los responsables de la deforestación, que -insiste él- no son los pequeños campesinos, lo explica así: “Quienes tienen esas grandes extensiones de tierra son poderosos. ¿Quién va a denunciar a una persona de estas si sabe que lo que le va a ocurrir es la muerte? Entonces, en Colombia estamos acostumbrados a vivir: ‘mejor si no digo nada, más duro, más vivo’. Por eso no pasa nada y los que tienen las armas no están actuando (…) Como no hay quién controle, pues fácilmente cogió todo el mundo y deforestó”.

La centralidad de la coca

En Guaviare, durante décadas, las Farc fueron la ley y controlaban todo, hasta la deforestación. Con su desarme, luego de la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016, quedó un vacío que el Estado no ha podido llenar y que ha sido aprovechado por quienes talan. Además, los grupos disidentes que se apartaron del  acuerdo, retomaron las armas y siguen definiéndose como “guerrilla”, se imponen en extensas zonas alejadas de los cascos urbanos. En el departamento operan el Frente Primero al mando de ‘Iván Mordisco’ y el Frente Séptimo encabezado por ‘Gentil Duarte’. También hacen presencia bandas criminales (o bacrim), integradas por exmiembros de grupos paramilitares.

Los disidentes de las Farc “se benefician de la deforestación con la extorsión a los terratenientes”, con una vacuna cobrada por hectárea talada y por cada cabeza de ganado, señala un reporte de Insight Crime. Además, siguen controlando los cultivos ilícitos de coca y las rutas del narcotráfico en la región.

La economía cocalera floreció en Guaviare en los años noventa, bajo la administración de las Farc y hacia 1997 atrajo a los paramilitares del Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Ambos bandos se enfrentaron en un capítulo del conflicto armado que quedó grabado en la memoria de los locales. En 2006, los paras se desmovilizaron y la violencia se volvió menos general, pero la coca se mantuvo.

Según cifras del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas, en 2006 Guaviare registró un pico de 9.477 hectáreas sembradas de coca. Para 2018 la cifra bajó a 4.340. Una de las razones para la reducción fue la implementación del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), que nació tras el acuerdo de paz firmado en 2016, con el objetivo de insertar a los campesinos en una economía legal con el compromiso de no volver a la coca.

En total 7.251 familias se acogieron al programa en Guaviare y erradicaron sus cultivos manual y voluntariamente, como lo hizo Olmes Rodríguez, el líder de El Capricho que ahora quiere dedicarse a conservar.

“La gente se convenció y arrancó sus matas. La mayoría de los que teníamos las matas las arrancamos. Firmamos un acuerdo de sustitución donde nos daban dos millones de pesos (586 dólares a febrero de 2020) en primer pago y teníamos 60 días para arrancar”, cuenta. Luego venían otros recursos para un  proyecto de seguridad alimentaria, que recibieron el 62 % (4.490) de las familias del Guaviare hasta octubre del año pasado, según el último informe de seguimiento de Naciones Unidas.  

Queda por completar el pago por ese concepto al resto de familias y la entrega de recursos para proyectos productivos, retrasos que han motivado la queja de los campesinos, quienes erradicaron 1.481 hectáreas de hoja de coca del total de 3.019 que estaban identificadas, de acuerdo con los datos de Naciones Unidas. Esto significa que, con esa economía ilícita, más de 7 mil familias se sostenían con un impacto ambiental de 1.481 hectáreas de selva taladas.

Los incumplimientos han generado que los campesinos busquen otras opciones legales para sostenerse. “Por eso la ganadería aumentó, porque la gente ya se levantó de la coca” y no tiene alternativas, explica Rodríguez. Dice también que cultivar alimentos para vender no es rentable por el mal estado de las vías y las distancias. “La gente vive de la leche y del ganado, del ordeño, de ahí sacan su queso, eso lo compran, la cuajada y eso”, explica. 

El concejal de Calamar, Mateo Federico Cruz, que antes de ocupar el cargo era veedor ambiental, coincide: “Casi toda esa gente que ha venido tumbando (la coca) ha sido para implementar modelos de ganadería, de ceba (de engorde) y de doble propósito (carne y leche)”.

La ganadería que engulle la selva

“La ganadería es uno de los principales motores de deforestación, porque aquí lo que hacen es praderizar: tumban, queman, y meten pasto para después meter vacas”, explica Andrea Fernanda Calderón Caycedo, directora de la seccional de Guaviare de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente amazónico (CDA), la autoridad ambiental en la zona. Lo están haciendo incluso en zonas protegidas.

Aldemar Galeano, responsable de los asuntos técnicos y administrativos del Comité Ganadero del Guaviare, describe la relación ganadería-coca en estos términos: “Después de la coca, lo más rentable aquí es la ganadería. ¿Y a muchos de dónde les quedó para hacer ganadería? A los que les quedó algo de la coca”.

La gente optó por comprar fincas y reses, y el número empezó a crecer. Actualmente, la capacidad de carga de las fincas ganaderas en el Guaviare es de una vaca por hectárea, o incluso menos. Según los números que maneja Galeano, quien se encarga de la vacunación de las reses en todo el departamento, la cantidad de vacas en el Guaviare asciende a 450 mil cabezas de ganado. Es decir, 450 mil hectáreas de pasto para reses en territorio amazónico, esto equivale al área completa disponible para titular a los campesinos. Si toda la tierra que pisan las vacas estuviera legalizada, nadie más podría vivir en el departamento.

Pero buena parte de esa tierra no tiene títulos de propiedad y muchos de esos potreros son nuevos. La directora regional de la CDA denuncia que su trabajo se ve truncado por su impopularidad entre los vecinos y los grupos armados. “Nuestro equipo técnico ha tenido escenarios de vulneración frente a la misma comunidad que no los recibe, les hacen saboteos y, por otro lado, retenciones por estos grupos al margen de la ley”, advierte . 

El antecedente más grave se registró en marzo de 2015 cuando Ricardo Molina, funcionario de la CDA, fue asesinado por sicarios al salir de la entidad. Hacía control de minería ilegal. Hoy, al igual que Parques Nacionales, los funcionarios de la autoridad ambiental tienen prohibido entrar a zonas donde deberían estar ejerciendo control, debido a las amenazas de grupos armados. Desde la firma del acuerdo de paz se han registrado en Guaviare dos asesinatos de líderes sociales (en junio y octubre de 2017), según información de la Defensoría del Pueblo y de la organización Somos Defensores.

La directora seccional de la CDA también lamenta que entre la comunidad el trabajo de la Corporación no sea “bien visto” debido a que “sus líneas económicas” se concentran en la ganadería extensiva, que contraviene el uso del suelo en Guaviare.

“Conozco ganaderos de hace más de 15 años, que empezaron con 10 reses y ahoritica tienen 500”, dice Galeano, del Comité Ganadero. “Entonces ahí es donde va el tema de la deforestación: el ganadero empezó con 10 hectáreas de pasto, pero al otro año, como ya le nacieron cinco crías, pues fue y tumbó otras cinco hectáreas. Y así se fue agrandando hasta llegar donde va”.

Según esta lógica, la ganadería deforestadora sería local y obedecería a la economía de subsistencia de los guaviarenses, que es también su alternativa más viable para no volver a la coca. Sin embargo, para Angélica Rojas los constantes sobrevuelos de monitoreo de cobertura vegetal que hace como parte de su trabajo con la FCDS muestran que, si bien es cierto que los locales tienen ganado, ellos no son el principal problema. “Deberían concentrarse en los grandes deforestadores, estos que llaman ‘Los Caqueteños’ o ‘Los Gorgojos’, tienen toda una serie de nombres y son básicamente carteles de apropiación y uso indebido de las tierras”, dice.

Heydeer Palacio, gobernador de Guaviare desde enero de 2020, coincide en que “son personas foráneas las que han venido a hacer esas malas intervenciones”. Afirma que es gente con dinero que llega desde Bogotá, Arauca, Boyacá y Bucaramanga que está comprando por fuera de la zona de reserva campesina. Estas ventas serían a través de un mercado negro, porque oficialmente todo lo que está fuera de la reserva campesina es propiedad inalienable de la nación. Nadie se atreve a hablar de los responsables con nombres, pero en las conversaciones sí hablan de las “tumbas de árboles” para describir los depósitos de árboles caídos después de las talas.

Del lado de las instituciones, la identificación de culpables no es sencilla. La directora de la autoridad ambiental busca un mapa del departamento para explicarse y muestra el área donde está concentrada la deforestación. “Eso es baldíos de la Nación, eso no tiene dueño, eso no es objeto de titulación. Dime yo como CDA, ¿cómo hago para saber quién es el dueño de eso, si es que el dueño de eso es la Nación?”, señala.

Las molestias llegan cuando los campesinos no ven sanciones para los grandes deforestadores, pero sí para talas menores. “Si usted tiene plata no tiene ley y si no tiene plata pues tiene ley (…) Eso es lo que la mayoría de la gente no está de acuerdo”, se queja Olmes Rodríguez. A los pequeños los cogen normalmente en flagrancia, mientras que para los otros se requieren trabajos de inteligencia que hasta el momento no han dado resultado, explica Calderón Caycedo.

La funcionaria detalla que primero se encuentra al campesino que está talando. Éste se empieza a defender y señala a otro que lo contrató. Ese a su vez a otro, que finalmente dice: “‘no, es este, el doctor de Bogotá’”. Pero este último personaje no aparece nunca por el Guaviare. “Si yo voy y reviso a nivel de base de datos, de instrumentos públicos, esto es de la Nación”, dice. Es decir, no aparece ningún dueño de esa tierra, pero la posesión se hace efectiva a través de la tala. 

Aunque la CDA aplica sanciones económicas a particulares, la directora reconoce que el nivel de cumplimiento “es reducido”. También hace lo mismo con instituciones. En 2019 impuso multas a la Gobernación y a las alcaldías de tres de los cuatro municipios de Guaviare -Calamar, Miraflores y El Retorno-  por acciones contra el ambiente. En el caso de Pedro Pablo Novoa y Jhonivar Cumbelos, alcaldes de los dos primeros municipios, que ejercieron el cargo hasta finales de 2019, la Fiscalía también los investiga “como presuntos responsables de los delitos de daño a los recursos naturales agravado e invasión de área de especial importancia ecológica agravada”. El de El Retorno, Óscar Ospina, fue suspendido de su cargo y permanece en prisión domiciliaria “por presunta responsabilidad en delitos ambientales y hechos de corrupción”.

Angélica Rojas, la experta en tierras de la FCDS, explica que entre las jornadas de derrumbe de monte, siembra de pasto y ubicación de vacas, que es como funciona el ciclo de acaparamiento, “hay unos tiempos de espera, que es para ver si alguien viene a pelear, o la corporación (ambiental) o la Policía, el Ejército, alguien que venga a armar problema por esa área que se tumbó”, dice ella. 

Cuenta que, como nadie dice nada, se consolida la ocupación y agrega que los nuevos ocupantes “no están interesados en la tierra, ellos no se quieren quedar con la tierra. Saben que en algún momento los van a sacar de ahí, lo que quieren es aprovechar, usufructuar esa tierra mientras los sacan, que pueden ser un año, 50 o nunca”.  

De colonos a reforestadores

La que se está viviendo ahora es la más reciente ola colonizadora. La primera inició a mediados del siglo XX, dirigida por el Estado, que bautizó a los recién llegados como “colonos”. 

“Un colono es un campesino desplazado fundamentalmente”,  dijo Alfredo Molano, escritor e investigador del conflicto colombiano, en una exposición sobre la coca. Al suroriente colombiano, explica Molano, era “una verdadera hazaña tumbar una hectárea con hacha en ese momento. Es una tarea realmente titánica. Y eso era lo que hacían los colonos: entrar, tumbar la selva e inmediatamente quemarla y sembrar maíz”.

“A los colonos se les adjudicó el estatus de «civilizadores» de tierras ausentes, y a sus fincas se les valoró como los lugares en donde se concretaba la economía capitalista y el progreso”, explican, por su parte, los antropólogos Carlos Del Cairo e Iván Montenegro-Perini, en el artículo ‘Espacios, campesinos y subjetividades ambientales en el Guaviare’.

Aún hoy, en San José se puede constatar algo de heroísmo cuando los vecinos se presentan como ‘colonos’ que llegaron de todos los rincones de Colombia. De hecho, todos los años se celebra en agosto el Festival de Colonias, promovido por la Gobernación.

Esa generación tenía una relación con el Guaviare desprovista de arraigo y condicionada por el extractivismo. Antes fue el caucho, la madera, las pieles y, más recientemente, la marihuana, la coca y el ganado, explica Angélica Rojas. 

“Todo el tiempo el uso fue: ‘¿qué puedo sacar para poder irme?’. No ‘¿qué puedo dejarle al suelo?’. No ‘¿cómo puedo relacionarme mejor con esto?’”, añade.

Pero una nueva generación de habitantes del Guaviare más arraigados al territorio, e incluso nacidos ya en esta región amazónica, parecen desafiar la tradición. Aunque las tensiones persisten, y el ganado y la coca no se han ido, desde El Sinaí, la finca de Gaitán y Rodríguez, o desde El Diamante de las Aguas, de Jairo Sedano, se hacen pequeños o grandes gestos de conservación que expresan también su intención de permanecer en el territorio.

Antes, dice María, “eramos crueles con la selva (…) Le dábamos a la selva sin compasión. Hoy en día a uno ya le duele, a uno le duele tumbar un árbol” y recuerda a sus hijos. “Esa mentalidad que yo tenía, ellos ya no la tienen. La niña, el niño (…) ellos se comen una pepita y siembran un árbol o dicen: ‘mamá lleve uno para la finca y siémbrelo’”.