Información y pandemia en Colombia

Por: La Liga Contra el Silencio

La mayor pandemia mundial registrada desde la llamada gripe española (1918-1920) ha trastocado el calendario y ritmo del planeta. De la misma manera, el acceso a la información pública se ha convertido en uno de los campos diezmados por el brote. En Colombia la respuesta por parte de las entidades oficiales a los derechos de petición se ha ralentizado, y con ello se cierne oscuridad a la hora de montar seguimiento sobre la eficacia o pertinencia de las políticas públicas, y otras medidas adoptadas por el gobierno de Iván Duque.

La investigación trasnacional coordinada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, Clip, muestra que Colombia maneja parámetros aceptables de transparencia en la información, al menos contrastados a la luz de los datos de países vecinos como Brasil o Ecuador, pero hay dos vacíos cruciales por resolver. Primero, el país cuenta con una cifra aproximada del número semanal de pruebas moleculares PCR de detección del virus, las más precisas, efectuadas localmente, pero no es posible saber cuál es el número diario. Y segundo, se desconoce cuál es el número de camas vacantes en las Unidades de Cuidados Intensivos en los hospitales (la excepción es Bogotá).

El médico salubrista Diego Lucumí, de la Universidad de los Andes, explica que el vacío de datos sobre camas vacantes en las UCI se debe a una limitación administrativa. Colombia adolece de un sistema de monitoreo en tiempo real que permita ver cómo se desarrolla la ocupación hospitalaria. El país ha tratado, infructuosamente, de fortalecer el Sistema Único de Información en Salud desde hace décadas.

El presidente de la Federación Médica Colombiana, Sergio Isaza, opina que la tendencia hacia la privatización de la salud ha sido el gran obstáculo: “A pesar de que la Corte Constitucional ordenó activar el Sistema de Información, los gobiernos no lo han hecho. Por el contrario, han sido complacientes con un modelo que se inclina por el negocio privado. Ninguna de las EPS estaban interesadas en que se supiera cómo estaban funcionando por dentro ni todas las sinverguencerías que se han cometido durante estos 26 años”. 

Diego Lucumí añade otras inquietudes. Por ejemplo, el hecho de que no haya un alto grado de certeza de que las condiciones de las 5300 camas reportadas en las UCI del país sean adecuadas para atender a los pacientes de COVID-19. Existe la posibilidad de que dentro de las cifras se incluyan camas de Unidades de Cuidados Intermedios, una clasificación diferente, que no cuenta con equipos vitales ni las áreas de aislamiento para manejar un virus como este. 

Lucumí utiliza el ejemplo de Quibdó. Según información con la que él cuenta, la ciudad tiene 27 camas de UCI disponibles. “Cuando llamamos para hablar con la gente”, continúa el médico salubrista, “nos dijeron que de esas solo tres estaban habilitadas con los requisitos de aislamiento y otros cuidados necesarios. Entonces el problema no se reduce solamente a un número”.

Sergio Isaza señala que también hay lagunas en torno a la “capacidad real del personal capacitado, tanto médico como de enfermería, para un uso adecuado de las UCI, donde el manejo inadecuado de equipos -como los respiradores- puede conllevar incluso a la muerte”. 

Concluye así mismo que los datos aún no son suficientes ni consistentes.

“No podemos tomar decisiones sólidas, ni establecer realmente cuál es la prevalencia de la enfermedad COVID-19 en Colombia. Tampoco proyectar ni programar cuáles van a ser las necesidades en un tiempo inmediato”. 

Sergio Isaza, presidente de la Federación Médica Colombiana.

Sobre la misma línea trabaja Jorge Galindo, doctor en Sociología y analista del diario El País de España afincado en Bogotá. Para el académico, más que un déficit en la transparencia de la información, el problema es la falta de previsión para las medidas futuras: “por ejemplo, cuándo tendremos más reactivos y para qué se emplearán” o cuándo se ejecutarán los denominados “tests rápidos” y en qué casos exactamente: si en pacientes probables portadores del virus o en muestras representativas.

El médico cirujano Luis Jorge Hernández pone sobre la mesa un reparo generalizado en el mundo entero: la posibilidad de que haya un subregistro en la mortalidad del virus, debido, entre otras razones, a que “la confirmación es solo por laboratorio y en muchos casos hay dificultades por bioseguridad de las muestras post mortem”. El facultativo explica que los casos de mortalidad están muy por debajo de las simulaciones.

En todo caso y a pesar del ambiente de zozobra e incertidumbre, cierra con una advertencia de tipo pedagógica:

“La información institucional que se está dando genera miedo, pero no una respuesta ciudadana. Es clave que el ciudadano sepa en qué estado se encuentra la utilización de los servicios de salud y cómo se está dando acompañamiento a las familias confinadas”.  

Luis Jorge Hernández, médico cirujano.

En el marco de esta pandemia, La Liga Contra el Silencio se suma a la iniciativa regional Centinela COVID-19, coordinada por Clip, para presentar información comparada, análisis de encuestas y cifras, e historias sobre la crisis sanitaria en países de América Latina, y tres de los estados con mayor población latina en Estados Unidos. Se trata de un trabajo transnacional dirigido a transparentar la gestión de los gobiernos, aportar herramientas para contrastar la información y combatir la censura. Como lo señaló el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el médico etíope Tedros Adhanom: “no se puede combatir una pandemia con los ojos cerrados”.

A continuación, La Liga publica la investigación completa.

¿Qué tanto informan los gobiernos de América Latina sobre la respuesta al COVID-19?

Los ciudadanos de la mitad de los países de América Latina no saben cuántos tests del nuevo coronavirus realizan sus gobiernos cada día. Tampoco saben cuántas camas de cuidados intensivos existen actualmente, antes incluso de que lleguen los picos de pacientes que requieren atención médica urgente y especializada.

Hay únicamente dos datos que están universalmente disponibles en 11 países de la región: cuántas personas han sido confirmadas como portadores de COVID-19 cada día y cuántas han fallecido. Ni siquiera la estadística de cuántas personas se han recuperado es pública en todo el continente, subrayando cómo los gobiernos latinoamericanos están apostando por comunicar un mínimo de datos sobre la enfermedad causada por el nuevo coronavirus.

Un grupo de periodistas pertenecientes a 15 medios en 13 países de la región nos juntamos para unir los puntos y entender aspectos de la respuesta a la mayor crisis global de salud pública en un siglo en nuestros países y en los tres estados de Estados Unidos con mayor población hispana. Esto encontramos al mirar qué información está fácilmente disponible y cuál no.

¿Cuántos latinoamericanos tienen COVID-19?

Los 13 países actualizan todos los días sus cifras públicas de casos confirmados de COVID-19, así como las de fallecidos.

Un país, Estados Unidos, no está publicando los números de personas que se recuperaron de COVID-19, un dato crucial porque permite entender la capacidad y calidad de respuesta de los centros médicos ante la cantidad de personas contagiadas. Brasil solo empezó a publicarlo este 14 de abril.

La mayoría de los países sí están haciendo público el origen de cada caso (es decir, si son importados, si están relacionados con esos casos importados o si se trata de transmisión comunitaria), lo que ayuda a los ciudadanos a entender su propagación. Tres países -Ecuador, Brasil y Estados Unidos- no revelan esta información. 

Adicionalmente hay dos países -Brasil y Perú- que no están publicando el rango de edad de sus casos confirmados con COVID-19. En Brasil, anteriormente el Ministerio de Salud publicaba esporádicamente el rango de edad de los pacientes en estado grave, pero ahora solo revela las edades de las personas que murieron.

La mayoría de países hace pública la ubicación geográfica de sus casos (por ciudad o municipalidad), otro dato que también ayuda a entender la propagación regional. 

No obstante, hay tres países que no los precisan a esa escala. Brasil solo publica datos por estados, Argentina por provincias y Paraguay por departamentos. En el caso de Guatemala, las autoridades dejaron de publicar la información de 22 departamentos y 340 municipios hace una semana, pasando a agruparla en cinco regiones de manera muy general. En Perú, el Ministerio de Salud reporta a nivel regional y solo en el caso de Lima, la capital, a nivel distrital.

Ese no es el único dato relevante de dónde se encuentran los casos confirmados. Buena parte de los países de la región están contándole a sus ciudadanos qué tipo de atención médica están recibiendo quienes han contraído COVID-19, incluyendo si están en casa, en el hospital o en cuidados intensivos. Dos países -Brasil y Guatemala- no hacen público este dato, que permite entender la gravedad del estado de salud de las personas contagiadas. Argentina informa a diario solo el número de personas en cuidados intensivos.

¿Qué tanto nos cuentan del testeo?

Una de las mayores preguntas ciudadanas en la fase inicial de la pandemia es qué tantas pruebas de detección están haciendo los países, bien sea las pruebas moleculares PCR que ofrecen el mayor nivel de confiabilidad o los tests serológicos de diagnóstico rápido que permiten hacer barridos poblacionales más amplios a menor costo.

La información que proporcionan los gobiernos sobre el testeo, que es una de las capacidades técnicas más urgentes de escalar, es en general restringida. 

Menos de la mitad de los países de América Latina revelan de manera consistente los números de pruebas de detección que realizan cada día. Esta información se publica en Colombia, Costa Rica, Perú, México, Argentina, Ecuador y Bolivia. 

En Costa Rica apenas se comenzó a informar el 15 de abril, tras la presión de la prensa y grupos de sociedad civil que exigen cada vez más datos abiertos. En Colombia se actualiza cada día  el número total de muestras procesadas, aunque esos datos están desmenuzados solo por semanas. Perú es el único que explicita cuántas de esas pruebas son moleculares y cuántas serológicas.

De todos, únicamente Bolivia publica datos sobre en qué lugares del país está tomando las muestras.

Asimismo, pocos países están revelando cuántas pruebas están en estado de procesamiento diariamente. Solo Bolivia, Paraguay y México lo hacen.

¿Qué capacidad tienen los hospitales?

Apenas en la mitad de los países consultados hay información pública sobre el número total de camas en Unidad de Cuidado Intensiva (UCI), otro dato importante dado el riesgo real de que en el pico de la enfermedad lleguen más pacientes que requieren la atención médica más especializada que los que permite atender la infraestructura existente. 

Aunque no todos los pacientes con COVID-19 que son hospitalizados requieren cuidados intensivos, es uno de los datos que permiten entender los pasos que han dado los países para escalar su capacidad de brindar atención médica. Esta información es pública en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Paraguay, Perú y Estados Unidos.

Sin embargo, ello no significa que la información sea fácil de analizar. En Perú, los números de camas de UCI -así como de ventiladores- no están publicados en ningún lugar, sino que se conocen porque las autoridades nacionales los han revelado en entrevistas cuando se les ha preguntado. Esas cifras son, en todo caso, nacionales y no hay manera de entender cómo están repartidas por regiones u hospitales.

Pero de todos, solo tres países están contando a sus ciudadanos cuántas de esas camas en Unidad de Cuidado Intensivo (UCI) están disponibles, dado que muchas están ocupadas actualmente por pacientes con otros problemas de salud. Esto ocurre en Paraguay, Perú y Estados Unidos. 

En algunos otros países las autoridades ha reportado alguna vez el porcentaje de ocupación en una fecha determinada o hay datos para regiones o ciudades específicas, pero no un panorama nacional que se informe periódicamente.

¿Con qué frecuencia reportan las autoridades? 

En todos los países hay boletines periódicos de las autoridades nacionales de gobierno o salud con datos actualizados sobre el impacto del COVID-19. En varios casos, como Perú y Colombia, el presidente hace alocuciones casi diarias por televisión o redes sociales. En México y Brasil son las autoridades de salud las que comparecen diariamente.

En algunos países, las autoridades locales de departamentos o regiones complementan esa información periódicamente con datos más localizados. En Estados Unidos, esa información de salud pública está bastante descentralizada, siendo los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y las instituciones privadas quienes aportan datos más confiables que los del nivel federal. En Perú, sin embargo, se han reportado desfases entre los sistemas de información en los distintos niveles territoriales, con casos de pacientes con COVID-19 o fallecidos que ya habían sido confirmados oficialmente por las regiones, pero no aparecían en el registro nacional.

En seis países, sin embargo, no hay información de autoridades locales, bien sean regionales o municipales : Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Paraguay. 

¿Se ha limitado el acceso a la información?

Dos países de América Latina, El Salvador y México, han tomado la decisión más drástica de suspender los términos para solicitud de información hecha en el marco de leyes de acceso de información pública, citando la urgencia de la respuesta a la pandemia. 

En México, la Plataforma Nacional de Transparencia suspendió sus términos y plazos para el acceso a la información pública entre el 23 de marzo y el 17 de abril, al tiempo que el INAI -que es el garante del derecho a la información pública- hizo lo propio con sus sesiones públicas. 

El gobierno de Brasil también lo intentó, pero se lo impidió la rama judicial. El 23 de marzo, el presidente Jair Bolsonaro publicó una medida provisional que permitía a las agencias federales extender los plazos de la Ley de Acceso a la Información, en caso de que los funcionarios estuviesen en teletrabajo y sin acceso a la documentación, o que estuviesen involucrados en la respuesta a la pandemia. También preveía que, en caso de no recibir respuesta, un ciudadano podría volver a enviarla solo hasta 10 días después y que, si ésta había sido denegada, no podría apelar. La medida, sin embargo, fue revocada temporalmente días después por un ministro de la Corte Suprema, por lo que no está actualmente en vigor.

Al menos otros tres países modificaron los términos temporales para solicitudes de información pública, extendiendo los plazos legales o cambiando las condiciones de respuesta. Esto ocurrió en Argentina, Colombia y Perú,significando en los últimos dos que el plazo legal para responder es más largo que la duración de las cuarentenas decretadas por sus gobiernos. 

En Perú también se estipuló que las solicitudes de información no digitalizada se verán afectadas por las limitaciones de movilidad de los funcionarios públicos y que algunos organismos incluso podrían suspender los plazos de estos trámites.

En la mayoría de países, los periodistas sienten que las respuestas a solicitudes de información están tardando más de lo habitual. En Costa Rica, si bien no ha habido cambios en la jurisprudencia que garantiza el acceso a la información pública, las autoridades están más herméticas a responder consultas de periodistas. En Bolivia, que no cuenta con una ley de acceso a la información pública, el Gobierno muestra apertura a atender las solicitudes pero en la práctica son comunes las alusiones a la herencia del gobierno anterior de Evo Morales, a la falta de sistematización de la información o a la inexistencia de los datos.

En todo caso, en los 12 países, sin excepciones, está garantizada la circulación de periodistas en medio de medidas de restricción a la movilidad a la población general.

¿Se está restringiendo el trabajo de periodistas? 

En general los periodistas de América Latina sienten que sí se ha restringido o limitado el acceso a la información pública desde que estalló la emergencia del COVID-19.

El caso más extremo es el de Honduras, donde el presidente Juan Orlando Hernández decretó el estado de emergencia y suspendió varios artículos de la Constitución, incluyendo el que protege el derecho a la libertad de expresión.

Esa decisión le ocasionó duros cuestionamientos al Gobierno. “Es el tipo de medidas desproporcionada y que afecta el derecho de la población a acceder a información completa sobre el COVID-19”, dijo Edison Lanza, el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “No debe abusar de esas medidas para limitar la libertad de expresión, particularmente en un momento cuando los medios desempeñan un papel fundamental para mantener a la sociedad informada y segura”, dijo el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) global.

Más allá de Honduras, en al menos otros ocho países los periodistas citan una menor disponibilidad de información pública.

En El Salvador, el gobierno restringe quién tiene acceso a los espacios de información pública  y no permite preguntas a medios que considera críticos, entre los cuales está El Faro, integrante de nuestra alianza.

Aunque el gobierno de Nayib Bukele ha sido enfático en que no busca restringir el derecho a la libertad de expresión, en la práctica ha sido la Asamblea Legislativa la que ha logrado salvaguardarlo. Por ejemplo, cuando aprobó el estado de excepción, fue la Asamblea la que incluyó un artículo que establece que el Gobierno no puede limitar la libertad de expresión. Asimismo, cuando aprobó fondos de emergencia a través de préstamos millonarios y autorizó suspender la Ley de Contrataciones para permitir compras rápidas, el legislativo incorporó cláusulas que prohíben la reserva de información.

Aún así, las oficinas de información y respuesta (OIR) que deben velar por el respeto a la Ley de Acceso a la Información Pública, no están funcionando y anunciaron que solo admitirían solicitudes de información pública tras finalizar la cuarentena decretada, por lo que en la práctica el Gobierno salvadoreño sí ha conseguido restringir de manera temporal el acceso a la información.

Las quejas de que la información disponible es limitada son frecuentes, incluyendo que se ha vuelto más difícil obtener datos adicionales a los que ya son públicos y que no hay respuestas a las preguntas hechas a las autoridades.

En Costa Rica, los periodistas envían sus preguntas a un chat de Whatsapp previo a la conferencia de prensa diaria del Gobierno, pero con frecuencia no son leídas y o no reciben respuestas claras. 

En Guatemala, el secretario de comunicación de la Presidencia ha bloqueado la participación de los periodistas durante varias días en el chat de información oficial del gobierno para evitar cuestionamientos sobre el manejo de la crisis sanitaria, por lo que se publicó un comunicado firmado por 97 comunicadores.

Aunque los periodistas no sienten que sus gobiernos estén usando esta coyuntura para restringir la libertad de expresión, sí creen que los sistemas de información sobre salud pública no son suficientes para permitir un periodismo riguroso, con base en evidencia y que intente mirar la respuesta al COVID-19 en su complejidad.

En Ecuador, por ejemplo, el gobierno de Lenín Moreno creó un mecanismo de ruedas de prensa virtuales mediante el cual los periodistas enviaban sus preguntas, pero no había claridad sobre cuál era el proceso para seleccionarlas, ni quién lo hacía. Después de una queja pública firmada por varios periodistas ecuatorianos, ahora las ruedas de prensa se hacen por Zoom con posibilidad de preguntas.

En Perú, los periodistas piden que se brinde información más segregada por parte del Ministerio de Salud en sus reportes diarios, incluyendo las características demográficas de los casos positivos así como de los fallecidos. Además, piden informar sobre las regiones con el mismo nivel de detalle con el que se informa sobre Lima, tanto los datos de los pacientes como el número de equipos y camas disponibles.

Centinela COVID-19 es un proyecto de periodismo colaborativo y transfronterizo sobre la respuesta al COVID-19 en América Latina. Sus aliados son Chequeado (Argentina), El Deber (Bolivia), Agência Pública (Brasil), El Espectador y La Liga Contra el Silencio (Colombia), La Voz de Guanacaste (Costa Rica), Ciper (Chile), GK (Ecuador), El Faro (El Salvador), No Ficción (Guatemala), Quinto Elemento Lab (México), El Surtidor (Paraguay), IDL-Reporteros (Perú), Univision Noticias (Estados Unidos), el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Oxfam y el Pulitzer Center on Crisis Reporting.