Casi libres

A las 18:00 del miércoles 28 de marzo de 2018, el fiscal Carlos* llegó a la Base Naval de San Lorenzo, cerca de la frontera con Colombia, sobre la costa norte de Ecuador, con una misión: recibir al equipo periodístico del diario El Comercio que había sido secuestrado 48 horas antes por el Frente Oliver Sinisterra, un grupo nacido a mediados de 2016, dedicado al narcotráfico y la extorsión, y liderado por alias Guacho, cuya identidad ecuatoriana es Walther Patricio Arizala Vernaza (en Colombia tiene otra identidad: Luis Alfredo Pai Jiménez), exmiembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Alguien del Comité de Crisis, desde Quito, le pidió al fiscal que esperara allí al periodista Javier Ortega, al fotógrafo Paúl Rivas y al conductor Efraín Segarra, que habían sido liberados y llegarían en cualquier momento. El plan era acompañarlos en helicóptero hasta el aeropuerto de Tachina, en la ciudad de Esmeraldas (norte de Ecuador), desde donde volaría en avión hasta Quito. Pasaron casi cinco horas, pero los periodistas nunca llegaron.

Alrededor de las 19:00, el diario El Tiempo de Bogotá reportó la supuesta liberación como un hecho: la presión conjunta de las tropas ecuatorianas y colombianas había provocado la liberación de los tres secuestrados. “Según las autoridades, los periodistas y el conductor se encuentran en buen estado de salud y están en poder del Ejército ecuatoriano”, decía la nota. 

El diario atribuía su información a fuentes militares de “altísima” credibilidad y verificó la información en terreno; Yadira Aguagallo, pareja del fotógrafo Paúl Rivas, le contó a esta alianza periodística que tuvo conocimiento de que la información vino del entonces ministro de Defensa colombiano, Luis Carlos Villegas.

En Quito, algunos alcanzaron a festejar: en las afueras del palacio de Carondelet, sede presidencial, amigos y simpatizantes se abrazaban y comentaban con júbilo que pronto los cautivos estarían de vuelta.

“Aquí gritamos todos. Fueron unos segundos de alegría indescriptibles. Un compañero se puso a llorar, pero nos duró segundos porque en la publicación hablaban de dos liberados; entonces, la preocupación era por el tercero. ¿Quién es? ¿Qué pasó con él?”, dijo Geovanny Tipanluisa, editor de la sección Seguridad de El Comercio a la que pertenecía Javier Ortega. Las autoridades en Ecuador les dijeron que no tenían datos sobre la supuesta liberación.

Mientras los teléfonos de periodistas, familiares y amigos de los secuestrados no paraban de sonar, las autoridades ecuatorianas se sumían en un silencio angustiante. Al día siguiente, el entonces ministro del Interior de Ecuador, César Navas, dio unas escuetas declaraciones: calificó de irresponsable esa información y negó que hubiera una liberación. Pero los hechos cuestionan sus palabras.

Después de seis meses del secuestro y asesinato de Segarra, Rivas y Ortega, el Gobierno ecuatoriano no ha dado respuestas claras sobre qué pasó. En una entrevista que Navas dio, ya fuera del cargo, dijo que el Ministerio de Defensa preparó un avión para trasladar a los tres periodistas una vez liberados. Supuestamente se le avisó al presidente Lenín Moreno, y la Secretaría de Comunicación estaba organizando una rueda de prensa para anunciar el desenlace.  En una entrevista concedida en París, el exministro de Defensa de entonces, Patricio Zambrano, negó que se hubiera preparado un helicóptero y un avión. “Falso, eso no es verdad”. Al insistirle sobre la versión de que había un helicóptero esperando en la Base Naval de San Lorenzo para salir hacia Tachina, dudó. “No tenía conocimiento de esa información que tienen”, dijo. “No lo sé, para mí nunca sucedió. Podía haber estado un helicóptero preparado en el caso de que fuera cierto, pero es lógico, es una zona en la que están militares, pero que haya habido una disposición porque teníamos la certeza de que estuvieran liberados, no, no es cierto”. Tampoco cree que los periodistas hayan sido liberados jamás y aseguró que nunca estuvieron en manos del Ejército ecuatoriano. “Si hubieran sido entregados a militares ecuatorianos, la muerte de ellos habría sido en Ecuador, no en Colombia”, señaló.

Para tratar de llenar los vacíos de las versiones oficiales, este equipo intentó conversar además con autoridades ecuatorianas: el exministro del Interior, el secretario de Comunicación, el exdirector de la Unidad Antisecuestros y Antiextorsión (Unase). Ninguno respondió.

Durante la crisis, Navas y Zambrano cayeron en imprecisiones y contradicciones. Yadira Aguagallo, dice que al enterarse de la supuesta liberación, ese 28 de marzo, el hermano de Paúl, Ricardo, habló por teléfono con Navas, quien le dijo que se había enterado a través de los medios colombianos. Dos meses después, en una entrevista con el medio digital Plan V, Navas se contradijo: “La información me llegó a través de la Dirección Nacional de Inteligencia y teníamos información cruzada con Colombia”. Dos líneas después, en la misma entrevista, se desdijo: “Sale la noticia de que los habían liberado y no sabíamos nada. Nos llama el ministro de Defensa (de Colombia, sic) a felicitarnos. Nunca pasó. Nunca nos escribió Guacho sobre la supuesta liberación. Todo lo contrario, siguió presionando con los mensajes”.

Navas presidía el llamado Comité de Crisis, un cuerpo colegiado cuyo propósito era coordinar acciones para salvaguardar la vida de los periodistas. Además de él, estaba conformado por Zambrano, el Fiscal General, el Defensor del Pueblo, un delegado de la Secretaría de Comunicación, el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Director Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros, el Jefe de la Unidad Antisecuestros y Antiextorsión (Unase) y el oficial del caso. La familia de cada periodista estaba, también, representada en el comité.

Para que el fiscal Carlos se trasladara a la base naval tuvo que haber sido notificado por una autoridad del Comité de Crisis. Si a las 18:00 del 28 de marzo estaba allí, Navas sabía de la supuesta liberación por lo menos una hora antes de que la noticia saliera en El Tiempo. ¿Por qué entonces el exministro dijo haberse enterado por medios colombianos?

Los familiares de las víctimas se hacen esta y otras preguntas. Tienen dudas sobre las actas que surgían de cada reunión del Comité. En la primera cita, celebrada la misma noche del secuestro —lunes 26 de marzo—, consta el nombre de Carolina Rivas, hija de Paúl, pero ella no asistió, se enteró del secuestro en la madrugada del 27, cuando se lo contó Yadira. Ninguna de las actas está firmada por los asistentes (ni las autoridades, ni los familiares de los periodistas). La inexistencia de firmas es solo una de las inconsistencias que los familiares han señalado durante el tiempo que duró el secuestro, incluida la investigación de la Fiscalía ecuatoriana.

Aguagallo cuenta que el 3 de abril, ocho días después del secuestro, a su correo, al de una periodista de El Comercio y al de un periodista de diario El Universo les llegó un mensaje con dos fotos: en una se leía un breve mensaje escrito a mano por Paúl Rivas, en la otra aparecían los tres secuestrados. Había además dos videos. Quien remitía el email, en los tres casos, era una persona que se identificaba con nombre y apellido y aseguraba ser camarógrafo de un canal de televisión colombiano. El mensaje decía que le llegó este material de un número desconocido y pedía que, por favor, conservaran la fuente en secreto. Localizamos a esa persona y confirmamos que era quien decía ser y que colaboraba para el medio colombiano en mención. Mantenemos en reserva su nombre para preservar su seguridad.  

El equipo de este reportaje tuvo una breve conversación vía telefónica en la que confirmó que él había sido quien envió el mail por pedido expreso de alias Guacho, que lo contactó en la zona de Tumaco, donde trabaja el periodista en cuestión. Al verse obligado, envío la información que recibieron Aguagallo y los otros dos periodistas. Dijo, además, que la gente de Guacho le envió más material y lo presionó para que siguiera divulgándolo, pero él se negó. En un momento dado, las amenazas de Guacho y su gente llegaron a tal punto, que el periodista tuvo que ser protegido y trasladado fuera de Tumaco. Según el periodista, ni la Fiscalía ecuatoriana ni la colombiana lo han requerido para pedirle información sobre el material que recibió, las amenazas de Guacho y cualquier otra información que pudiera ayudar a esclarecer el caso.

Cuando Aguagallo vio el correo electrónico se encontraba en diario El Universo, a donde la habían convocado para que viera lo que el periodista había recibido. Desde allí, se contactó con la Unase para que investigara el origen del mensaje que había sido abierto en una computadora de ese medio. La Unase acudió y se hicieron las pericias. El parte con los resultados, al que este equipo periodístico tuvo acceso, es sumamente confuso en su redacción. Queda claro que se logra identificar una IP que los familiares creyeron estaba vinculada a una casa ubicada en el centro de Quito.

“En horas de la noche se procedió a verificar información que habrían recibido en un pedazo de papel los familiares del señor Paúl Rivas verificando la dirección Manuel Larrea y Riofrío”. Abajo adjuntan una imagen del “pedazo de papel” que, en realidad, nunca se recibió, pues lo que llegó como adjunto a Yadira Aguagallo, y a los reporteros de El Comercio y El Universo, en el correo electrónico enviado por el periodista de Tumaco, fue la foto de una carta escrita a mano por Paúl, sin ninguna dirección.  

No está claro qué tiene que ver la casa y el nombre del propietario (incluido en el parte de la Unase), pero están dentro de la investigación. A pesar de eso,  según una fuente que tuvo acceso al proceso, el fiscal Wilson Toainga, a cargo de la investigación del caso, no ordenó el allanamiento de la vivienda, ni investigó quiénes viven ahí ni convocó al propietario a declarar, tampoco averiguó qué vínculo puede tener con alias Guacho.

Hay también un mensaje de texto que habría sido intercambiado por miembros de las Fuerzas Armadas. Este fue reenviado por una fuente desconocida a un periodista, como prueba de que hubo un intento de liberación. Este equipo periodístico recibió una copia del mensaje. En la jerga militar el mensaje está textualmente escrito así: “QTH 7/4 recibiendo fritada 3 periodistas retenidos por irregulares 26032018. Estarian siendo liberados a 1K de Mataje y llevados a RTNIM y de ahí Y Mataje – San Lorenzo para disposición final. Estoy confirmando si hay fritada positivo envío material. Manten linea tengo mi gente adentro. QAP 7/3”.

QTH es el anuncio de una ubicación. El general del Ejército (en servicio pasivo) José Luis Castillo asegura que se usa el término “fritada” para referirse a muertos; querría decir que la entrega era de cuerpos, no de los periodistas con vida. RTNIM es el Retén Naval de Infantería de Marina. Una fuente de la Secretaría de Inteligencia, que pidió no ser identificada, confirma que “fritada” es el encargo y que QAP significa: manténganse en espera, y 7/3, saludos cordiales.

Mientras tanto, esa noche de incertidumbre del 28 de marzo, en Colombia las autoridades tampoco se habían pronunciado. A los medios se les informó que el Ministerio de Defensa daría una rueda de prensa el día siguiente, pero a última hora se canceló sin ninguna explicación. Los periodistas de El Tiempo creían que la información podría estar relacionada con la liberación, pues la convocatoria se habría dado minutos después de la publicación de la noticia en ese diario.

Jhon Torres, editor de la sección Justicia de El Tiempo, dijo que se había esperado hasta el sábado 31 de marzo para recibir noticias de la liberación, pero no ocurrió nada. El Tiempo, sin embargo, no se desdijo: su fuente era de “altísima credibilidad”, y había sido comprobada en varias ocasiones. Para ellos también falta una pieza que permita entender lo que ocurrió el miércoles 28 de marzo. Este equipo solicitó a la oficina de prensa del ministro de Defensa Villegas una entrevista cuando estaba en el cargo para consultarle del tema, pero no fue posible obtenerla.

Aunque no llegaría a concretarse, la liberación como posibilidad estuvo flotando alrededor de los cautivos. En el expediente sobre este caso, la Fiscalía colombiana posee una transcripción de un interrogatorio realizado el 22 de junio a uno de los testigos protegidos. Según él, alias Pitufo o Pitufín —uno de los líderes de la estructura criminal y exjefe del testigo— aseguró que los periodistas iban a ser liberados. El testigo no menciona la fecha en la que esto habría ocurrido.

Nada de esto se conocía en Ecuador la noche del 28 de marzo. Los familiares de los periodistas estaban reunidos en casa de la madre de Paúl Rivas revisando el manual antisecuestro de las Naciones Unidas, cuando se enteraron de la supuesta liberación a través de El Tiempo. Enseguida preguntaron a las autoridades, pero solo recibieron respuesta dos horas después. Hacia las 21:00, cuando el fiscal Carlos aún permanecía en la base naval, Navas se comunicó con los familiares, que nunca supieron de la presencia del fiscal en la base, y les dijo que la información de la liberación era falsa.

¿Por qué, entonces, un fiscal seguía esperando? ¿Quién le ordenó que se trasladara a la Base Naval de San Lorenzo?

Aunque las familias de Paúl, Javier y Efraín han solicitado documentos que comprueben las acciones que las autoridades dicen haber realizado, no han recibido nada. A mediados de agosto de 2018 pidieron una ampliación de los documentos desclasificados —en la primera parte, han dicho, casi no había información de valor—. La respuesta del Ministerio del Interior ha sido que muchos de los acuerdos se hicieron de forma verbal y que no existen papeles que los respalden.

Los familiares pidieron, por ejemplo, documentos que demuestren en qué fecha el Gobierno ecuatoriano contactó a Monseñor Eugenio Arellano, obispo de Esmeraldas, que habría conocido a Guacho cuando era niño. La respuesta: “Se informa que por pedido verbal del Presidente de la República, del 11 de abril de 2018, se mantuvo una reunión con el Monseñor Eugenio Arellano”. Pero no hay nada que respalde la afirmación.

Algo similar ocurrió con la información que Navas dio en un encuentro con medios extranjeros el 9 de abril, cuando habló de cuatro escenarios que estaban contemplando. “No se ha encontrado la rueda de prensa del 9 de abril del exministro Navas a la que se hace referencia”, respondió el Ministerio del Interior en un oficio firmado por Andrés de la Vega, viceministro de esa cartera de Estado aún en funciones.

La despedida

Seis meses después del secuestro y asesinato de Paúl, Efraín y Javier, sus familiares aún recuerdan con angustia el día del viaje. El domingo 25 de marzo los tres salieron de sus casas para trasladarse a la frontera, una zona que en las últimas semanas había sido escenario de violencia patrocinada por Guacho. Habían estado allí más de una vez en 2018, y varias veces se habían despedido de sus familias.

—Por favor no, esta vez no.

Le dijo Yadira Aguagallo a su pareja Paúl, el 24 de marzo. No era su turno de viaje, pero los jefes en El Comercio le pidieron que fuera. Ese fin de semana el diario había publicado la noticia sobre un cadáver abandonado en la carretera cerca de Mataje, que nadie se atrevía a recoger y que era una supuesta advertencia del grupo de Guacho.

Era el episodio de violencia más reciente registrado en las poblaciones ecuatorianas de la Costa cercanas a Colombia. El primero se dio el 27 de enero, cuando un carro bomba estalló frente al Comando de Policía de San Lorenzo sin dejar víctimas. El segundo fue el 18 de febrero, cuando militares que patrullaban el caserío de El Pan fueron atacados a tiros. En marzo hubo atentados con explosivos en las comunidades esmeraldeñas de Borbón, El Pan y Alto Tambo. El más grave ocurrió en Mataje, cuando un artefacto estalló al paso de una caravana que patrullaba y mató a cuatro infantes de marina: Luis Mosquera, Jairo Sandoval, Sergio Elaje y Wilmer Álvarez. Dos meses inusualmente violentos para la zona y para el país.

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Yadira Aguagallo, pareja del fotógrafo Paúl Rivas, en el departamento que compartían. | Foto: Periodistas Sin Cadenas.

—No quiero que te vayas, siento que es muy riesgoso.

Yadira insistió, pero la decisión estaba tomada. Al día siguiente, el domingo 25 de marzo, Efraín Segarra recogió en su camioneta Mazda azul a Paúl Rivas y al periodista Javier Ortega.

Ella subió al vehículo junto a los tres para que la dejaran en la casa de su madre. En el camino, Paúl le dijo que durante esa semana de ausencia ella debía buscar un tatuaje con un diseño que fuera una suerte de lazo, para hacérselo juntos al regreso. Ella pensó que era una propuesta de matrimonio, pero no dijo nada. Poco después se bajó, cerró la puerta y con la mano se despidió de Paúl. La camioneta arrancó.

El adiós de Galo, el padre de Javier, fue más inusual. No pudo darle el abrazo que siempre le daba cuando se iba de viaje, porque estaba algo enfermo y le costaba levantarse del sillón desde el que le dijo adiós a su hijo. Así lo relata:

—Llegó el momento en que se fue. Apenas me levanté. Le di un abracito, que no fue como las demás veces, y se marchó. Yo en la puerta lo quedé mirando, él no regresó ni a ver y se fue. Que le vaya bien, le di la bendición y se fue.

Cristian Segarra, también periodista de El Comercio, habló el viernes 23 con Efraín, que prestaba servicios al diario como conductor. Ese mismo día, como su padre no respondía el teléfono, de la oficina de personal llamaron a Cristian para preguntarle si al papá le interesaba un seguro, debido al viaje que haría dos días después. El hijo dijo que sí y pagó para que se fuera “de alguna forma tranquilo”.

—Jamás me imaginé a lo que se iba a enfrentar. Simplemente me despedí de mi padre como cualquier día normal. No dimensioné el riesgo.

Como en tantos otros viajes hacia la frontera, los tres salieron de Quito, tomaron la vía Panamericana Norte y luego la carretera que lleva a Esmeraldas. Su destino era la Hostería El Pedregal, en las afueras de San Lorenzo, donde solían hospedarse los colegas del diario. Su destino era una cobertura periodística que terminaría en tragedia.

En el registro del hotel están sus nombres escritos a mano. Al otro día empezaría la misión que los llevó a la muerte, confirmada 19 días después. El lunes 26 de marzo, pasadas las 07:00, según revelaron las cámaras del hotel, salieron hacia Mataje, un pueblo fronterizo ubicado a unos 23 kilómetros o 20 minutos de viaje por carretera.

De ahí en adelante solo hay versiones de testigos, contradicciones de autoridades ecuatorianas y colombianas, e hipótesis que resultan insuficientes para esclarecer los hechos. De acuerdo con el Ministerio del Interior de Ecuador, Efraín, Javier y Paúl dejaron el hotel a las 07:10, y a las 09:00 pasaron por el control militar de ingreso a Mataje, donde fueron registrados y, según las autoridades, advertidos del peligro en la zona.

Dos fuentes que pidieron no ser identificadas, que conocen bien el lugar y que conversaron con habitantes del sector conocido como Nuevo Mataje dicen que las versiones de los pobladores coinciden en que los periodistas llegaron, parquearon la camioneta y salieron a caminar. Aseguran que cruzaron “al otro lado”, a territorio colombiano, atravesando el río Mataje, sin violencia. La gente del pueblo vio que mientras caminaban se les acercó alguien, conversaron y lo siguieron.  

“Ellos le van siguiendo a ese señor (…), se embarcan en una canoa y los pasan al otro lado. Pero ellos fueron sin presión, y cuando llegan allá y los meten más adentro (les dicen): ‘ahora sí, están detenidos’. Se los llevan”, dijo una fuente que trabaja en la zona al resumir sus conversaciones con varios pobladores de Mataje poco después del secuestro. Pidió omitir su nombre y profesión por temas de seguridad.

Muertos que caminan

A las 17:02 del 26 de marzo, el mayor de la Policía de Ecuador Alejandro Zaldumbide, jefe de Gestión Logística del Distrito de Vigilancia San Lorenzo, recibió un mensaje de un número colombiano. Una persona que se identificó como Guacho le informó que tenía en su poder a tres periodistas de El Comercio.

Veinte minutos más tarde, desde el mismo número, le llegó a Zaldumbide la primera prueba de vida: al menos tres fotografías de los secuestrados. La foto no ha sido divulgada hasta hoy, y es parte de la investigación. Los tres periodistas aparecen con la misma ropa que vestían al salir del hotel. Los tres lucen serios, pero en sus expresiones no parece haber miedo, como sí se vería más tarde en los videos que se difundieron. Al fondo se pueden ver sembríos de coca.

Esa noche, sus familiares fueron contactados, pero solo hasta el otro día se informó oficialmente del secuestro en Ecuador, en una rueda de prensa donde nunca se mencionaron los nombres de los secuestrados.

Hasta hoy no está claro cómo se desarrolló el intercambio de mensajes entre Guacho y las autoridades ecuatorianas: no se sabe en qué tiempo hubo una respuesta a estos primeros mensajes ni en qué términos se hizo. El Gobierno ecuatoriano se ha negado a entregar la información sobre las conversaciones. La indagación que realiza la Fiscalía de Ecuador es reservada, y el acceso a los documentos es restringido.

Los integrantes del Frente Oliver Sinisterra no pedían algo que fuera nuevo para la Policía de Ecuador. Desde enero, a través de mensajes y llamadas telefónicas, le exigían a Zaldumbide la liberación de tres de sus miembros que permanecen detenidos en Latacunga (centro de Ecuador), y la cancelación de un acuerdo entre Ecuador y Colombia de lucha contra el narcotráfico. Zaldumbide notificó cada una de estas conversaciones mediante partes policiales, los mismos que están incluidos en el expediente de Fiscalía sobre el atentado al retén policial de San Lorenzo, el 27 de enero de 2018. Según la versión de un testigo protegido de la Fiscalía en Colombia, que dio la información sobre el lugar donde se habían enterrado los cuerpos y la ubicación de cinco artefactos explosivos alrededor de las fosas, no haber atendido estas exigencias habría causado el asesinato de Segarra, Rivas y Ortega.

Los hombres cuya liberación buscaba Guacho eran tres: Patrocinio C. P., o alias Cuco, James C. A. y Diego T. V., capturados después de un operativo en Mataje, el 12 de enero de 2018, de acuerdo con el acta de audiencia de flagrancia realizada en San Lorenzo. Al menos dos de estos hombres tenían un valor especial para Guacho. Cuco es una de las personas más cercanas al líder del Frente. Él y Guacho estuvieron juntos en las FARC, dedicados al transporte de drogas y armas en lancha, según las versiones que tres testigos protegidos han dado en Colombia. En sus declaraciones, recogidas por la Fiscalía de Ecuador en el marco de la cooperación internacional, señalan que Cuco era el jefe de las milicias en la zona baja del río Mira, uno de los principales delegados en Ecuador y encargado de “organizar a los muchachos” de Mataje. Añaden que alias James integraba el anillo de seguridad de Guacho. En las versiones de los testigos, Diego T. V. no es mencionado.

Tan importante era Cuco para Guacho, que el atentado con coche bomba en el cuartel policial de San Lorenzo, el 27 de enero, fue una respuesta a su detención, conforme cuenta uno de los testigos. Él asegura, además, que tres personas fueron secuestradas para un canje dos semanas después de la detención de Cuco, pero fueron liberadas.

Las amenazas de esos atentados se mantuvieron desde enero a través de los chats y llamadas a Zaldumbide, en los que siempre exigían la liberación de los tres “muchachos”. Diez días antes del secuestro, las advertencias arreciaron. Un allanamiento de los uniformados ecuatorianos a la casa de la madre de Guacho en Mataje despertó nuevas amenazas contra civiles. El secuestro del equipo de El Comercio pudo ser el cumplimiento de esa amenaza.

Contradicciones, vacíos, confusión y el manejo errático de la información han sido el telón de fondo de esta tragedia que aún no encuentra verdades. Que los apresaron en Ecuador, que en Colombia, que en Ecuador… y el modo tampoco está confirmado. El expresidente colombiano Juan Manuel Santos sorprendió a los medios cuando se anunció oficialmente el asesinato el 13 de abril:

—Estos hechos ocurrieron en el Ecuador, fueron secuestrados en el Ecuador, por un individuo de nacionalidad ecuatoriana.

Tras recibir información de inteligencia, Santos debió admitir que habían sido asesinados en Colombia, y que sus cuerpos estaban en ese país, en una región donde se disputan el control territorial el Frente Oliver Sinisterra y otros grupos dedicados al narcotráfico.

El 18 de julio, Villegas, el entonces ministro de Defensa de Colombia, informó de la captura de Gustavo Angulo Arboleda, alias Cherry. Según el funcionario, se presumía que fue él quien interceptó a los tres y luego los trasladó a Colombia. Días después, la Fiscalía de ese país dijo en la audiencia de imputación que fue Cherry, como encargado de la comisión de secuestro del Frente, quien recibió en territorio colombiano a Efraín, Javier y Paúl, después de que alias Roberto y alias Cristian los retuvieron en Mataje. Presuntamente Cherry “dio la orden de retenerlos y pasarlos a Colombia”, dijo la fiscal del caso.

En el expediente del secuestro, el colombiano Cherry está acusado de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio y secuestro extorsivo agravado. Además, está señalado como autor material de la retención de otros dos ecuatorianos —Óscar Villacís y Katty Velasco— 15 días después del secuestro de los periodistas, también asesinados por la gente de Guacho, y como coautor de la muerte de tres agentes de la Fiscalía colombiana el 11 de julio. Cherry no aceptó estos cargos. Su abogado accedió dos veces a una entrevista para este reportaje, pero después canceló y no fue posible ubicarlo.

Alias Roberto, ecuatoriano cuyo nombre es Jesús Segura Arroyo, fue capturado a inicios de agosto en Nariño, Colombia. Según el Ministerio de Defensa colombiano, fue él quien interceptó al equipo periodístico y, “mediante engaños”, lo habría llevado hasta territorio colombiano. Hasta el momento está pendiente su vinculación formal al proceso y permanece detenido en la cárcel de Pasto (sur de Colombia).

Hay al menos dos versiones sobre cómo inició el secuestro: que fue el mismo Cherry quien los detuvo en Mataje y cruzó a Colombia con ellos; o que fue Roberto quien hizo el primer contacto y luego los llevó ante Cherry. En cualquier caso, el resultado fatal fue el mismo.

Un video en el que Javier, Paúl y Efraín aparecen con su propia ropa, la misma de las primeras fotografías, también llegó vía WhatsApp, de acuerdo con el informe que Ecuador envió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Javier habla y dice que están bien, sin mayores detalles. Un representante de cada familia pudo ver este video el 29 de marzo; hasta ahora no se ha hecho público. Allí los tres no tienen cadenas en sus cuellos, como después aparecerían en otro video. Hasta entonces, el Gobierno ecuatoriano había informado que estaban negociando. “Estamos en un proceso propio de las negociaciones, demandas y demás…”, dijo Navas al confirmarse el secuestro. Pero la realidad era distinta y el diálogo comenzó realmente unos días después.

Entre el 26 y el 31 de ese mes, el canal de comunicación seguía siendo el celular de Zaldumbide. Según el informe del Ministerio del Interior presentado a la CIDH, el canal “exclusivo” para la negociación se creó el 27 de marzo, mientras que el jefe de la Unidad Antisecuestros y Extorsión (Unase), el coronel Polibio Vinueza, dijo que fue el 31. De acuerdo con la versión que rindió Zaldumbide en la Asamblea Nacional el 20 de junio del 2018, él entregó el canal el 31 de marzo, después de escribir un mensaje en el que compartió el contacto del coronel Carlos Maldonado Mosquera, asesor del Ministerio del Interior, quien sería el negociador. Su teléfono lo entregó a la Fiscalía el 18 de abril.

Solo cuando Maldonado entró en juego, cinco días después del secuestro, comenzó la negociación. Ese mismo 31 de marzo, a las 16:06, se recibió un mensaje: “Liberen a mis muchachos, que si no los sueltan los matamos hoy mismo”, reporta el Ministerio del Interior. La respuesta fue: “Vamos a revisar el tema legal de sus muchachos para buscar una mejor solución”.

De acuerdo con Interior, ese 31 de marzo se iniciaron los acercamientos con Cuco y los otros dos hombres requeridos por Guacho. A las 21:00 de ese día, un funcionario de la Unase y otro del Ministerio del Interior se acercaron al Centro de Rehabilitación de Latacunga para hablar con los detenidos y hacer dos videos que enviaron esa noche. La respuesta de Guacho al día siguiente fue tajante: “Yo no soy de tiempo. Si usted no pudo, le voy a enviar uno a uno en bolsa, me libera a mis muchachos y le libero a sus periodistas”. Los agentes contestaron: “Que ya hemos conversado con uno de sus muchachos y vamos por buen camino”.

El 2 de abril, la comunicación entre los secuestradores y las autoridades ecuatorianas tomó un giro. El Frente Oliver Sinisterra filtró a través de un medio de comunicación colombiano dos videos. En ellos, Javier habla mientras Paúl y Efraín miran a la cámara. Javier pide el intercambio de los tres detenidos y la anulación del acuerdo binacional. “Señor presidente Lenín Moreno, en sus manos están nuestras vidas”. Su semblante era distinto. En sus miradas puede verse el temor. Aparecen amarrados de sus cuellos con una cadena que está asegurada con candados; visten ropa ajena, la misma con la que serían encontrados sus cuerpos más de dos meses después.

Wilson Toainga, el fiscal de la causa contra Cuco y los otros dos detenidos, pidió al día siguiente continuar con el juicio para obtener una sentencia. Mientras tanto, los mensajes desde la selva siguieron:

“A mí no se me da nada matarlos. Quiero ver a mis muchachos. Mándeme videos”.

La razón para buscar terminar con el proceso judicial era que, una vez emitida la sentencia, el presidente Moreno firmara un indulto presidencial para los acusados, según lo ha indicado el exministro Navas. Hasta ese día, no se evaluó la posibilidad de liberarlos por fuera de la vía legal. “Si queríamos un indulto, teníamos que tener sentencia y hubo reuniones con Fiscalía y Judicatura para un método abreviado (en el que el procesado se declara culpable y se lo sentencia)”, dijo el exministro Navas en una rueda de prensa el 15 de abril de 2018. Pero el proceso abreviado nunca se concretó.

“Para cuándo me libera a mis muchachos o mato a los periodistas, y dígale a ese ministro del Interior que le tengo en la mira y mis ataques y bombas van a continuar. Hoy las 3 les mando el video de uno de ellos muerto”, decía el mensaje que llegó a las 09:00 del 7 de abril, a 12 días del secuestro. Esa sería la última comunicación recibida por el “canal exclusivo”.

Sin comunicaciones a través del chat y sin avance en el proceso judicial, en la rueda de prensa del 9 de abril, Navas se contradijo. Indicó que no había ningún proceso de negociación y que se habían abierto cuatro escenarios de posibles desenlaces. En el peor, los tres no volverían vivos.

Un semestre ha transcurrido desde su muerte y tampoco se ha podido esclarecer plenamente dónde estuvieron los periodistas secuestrados, qué hicieron durante esos días o quiénes los mantuvieron cautivos en las zonas por donde se movieron. Los testimonios de testigos protegidos y otras versiones recibidas por la Fiscalía colombiana coinciden en varios puntos: fueron llevados por distintos sitios en un movimiento constante, entre caseríos que no aparecen en los mapas, o por fincas y sembradíos de coca.

Los tres estuvieron siempre escoltados, a veces por más de una docena, a veces por pocos subalternos de Guacho que iban siempre armados. Estas zonas, a ambos lados de la frontera, se encuentran abandonadas por los Estados, sin servicios públicos, con caminos de tierra, cobijadas por una vegetación espesa, cálida y húmeda y cruzadas por ríos que permiten a los grupos irregulares moverse y evacuar sus embarques de cocaína rumbo al Océano Pacífico.

Según testimonios recogidos por la Fiscalía colombiana, en algún punto los secuestrados estuvieron en manos de Jesús Vargas Cuajiboy, alias Reinel. El 7 de julio, Reinel se convirtió en el primer detenido por este caso, acusado de secuestro extorsivo agravado y concierto para delinquir agravado. Él tampoco aceptó los cargos, aunque admite que perteneció al Frente. Un testigo afirma que los secuestrados estuvieron bajo custodia de Reinel porque alias Pitufo, que era el responsable de los cautivos, sufrió un accidente y Reinel lo reemplazó. Carlos Viveros, su abogado, lo niega: “Él nunca estuvo con los periodistas, pero sí tuvo conocimiento de que los tenían en otra comisión. Lo vinculan porque al parecer ellos pernoctaron en alguna ocasión en la casa que pertenecía a los padres de él; la casa estaba abandonada, en la vereda de El Azúcar”.

La investigación de la Fiscalía colombiana sigue su curso. Para inicios de noviembre esa dependencia tiene previsto presentar la acusación formal ante juez contra Reinel y Cherry. Existen seis órdenes de captura vigentes, se solicitarán tres más y otras tres personas serán vinculadas al proceso en una fecha aún no definida.

Sobre Reinel, la información de inteligencia policial lo señala como cuarto en la línea de mando en la estructura de Guacho, después de alias Fabián o Gringo y alias Pitufo o Joaquín, que siguen prófugos. El abogado Viveros sostiene que Reinel no tenía mando.

Casi todos los relacionados con el Frente Oliver Sinisterra integraban los dos grupos de las FARC que operaban en el suroeste de Colombia antes de que esa guerrilla se desarmara: la Columna Móvil Daniel Aldana y el Frente 29. Otros hacían parte de “milicias” o grupos de apoyo logístico a la exguerrilla.

Respecto al trayecto que habrían seguido Efraín, Javier y Paúl junto a sus captores, uno de los testigos de la Fiscalía dice que fue Pitufo quien ordenó cuidarlos y montó “guardias especiales”. Después de que Cherry le dijo: “quieto y se los llevó”, los secuestrados pasaron a manos de Munra en la vereda Mata de Plátano, del lado colombiano. Luego fueron llevados a Brisas de Mataje, caminando como una hora hasta una finca. Ahí permanecieron dos días y reiniciaron la caminata a un lugar no identificado, desde donde salieron en camionetas al sector de La Mina.

Desde La Mina fueron trasladados en bote por el río Mira hasta el caserío Quejambí (o Quejuambí). Permanecieron tres noches en una casa y siguieron por el río hasta La Corozal, “hacia donde la familia de Reinel”. Allí estuvieron en otra casa y luego volvieron a moverse hacia El Azúcar, a la residencia de otro “guerrillero” y su familia. Fue ahí, según la versión tomada por la Fiscalía, que alias Halida y su hijo, alias Barbas (ambos con algún nivel de mando en el Frente), grabaron el video, ocho días después del secuestro, que fue difundido el 3 de abril como prueba de supervivencia. Su recorrido no terminó ahí.

[Conoce en este mapa interactivo el trayecto que se cree siguieron los captores con los secuestrados.]

¿Hubo o no negociación? En una entrevista con Plan V, Navas ha dicho que sí pero, a su juicio, Guacho nunca tuvo voluntad de negociar. Para esta investigación, se buscó al coronel Maldonado a través de la Secretaría de Inteligencia, donde ahora trabaja como Subdirector General, pero el pedido nunca tuvo respuesta. También se contactó al exministro Navas y a la Unase, con el mismo resultado.

Aunque Navas habló de varios escenarios durante la negociación, descartó las operaciones militares en la frontera. Lo cierto es que en un momento los tres periodistas fueron conducidos a la vereda Los Cocos, muy cerca del río Mira. Según un testigo de la Fiscalía colombiana, fue en ese momento en que Efraín Segarra entendió que su suerte estaba echada y preguntó si los iban a matar. Perú, que era un gatillero, le habría contestado:

— Sí, porque el Gobierno ecuatoriano no había cumplido con el acuerdo.

Un día después del anuncio donde Navas desmintió las negociaciones, se analizó la posibilidad de un canje “previo a lo legal”. Pero el 11 de abril los medios colombianos filtraron un comunicado del Frente: Efraín Segarra, Paúl Rivas y Javier Ortega habían sido asesinados. “El gobierno de ecuador (sic) y el ministro de Colombia no quisieron salvarle la vida a los tres detenidos. (…) Lamentamos profundamente la muerte de los dos periodistas y el conductor”. Los de Guacho dijeron que llevaban dos meses de diálogo con Maldonado.

Las autoridades de ambos países nunca confirmaron la autenticidad de ese comunicado (ni del anterior) — en el que se atribuía la muerte de los periodistas a desembarcos militares en la zona— contradiciendo la versión del testigo protegido. 16 días después del secuestro, durante una reunión en la casa de Gobierno, el presidente Moreno pidió a representantes de la iglesia católica su mediación para el canje de los tres detenidos por los tres periodistas, según él mismo señaló en una rueda de prensa al confirmarse las muertes. Pero en menos de 24 horas llegaron a un medio colombiano las fotografías de los tres cuerpos.

Aunque este equipo realizó peticiones de información al Ministerio de Defensa de Colombia, este no ha informado ni siquiera a la Fiscalía sobre las operaciones realizadas durante el cautiverio.

Disparos bajo la lluvia

—Está en sus manos, señor presidente, nuestra vida.

Así lo expresó Javier Ortega en un video divulgado por el Frente. “Pitufo les dijo lo que tenían que decir”, declaró uno de los testigos protegidos en su versión ante la Fiscalía colombiana. De acuerdo con ese mismo testimonio, después de grabar el video, los periodistas fueron trasladados a otra finca cercana. Volvieron a moverse por el camino a La Corozal, a una zona cocalera, donde estuvieron dos días. Entonces recibieron la orden de moverse nuevamente. Fueron a Quejambí, y desde ahí en dos botes partieron al sector de Los Cocos, donde el largo martirio terminó. Si el testimonio del testigo protegido es cierto, fueron asesinados y enterrados bajo una noche oscura y lluviosa.

Según el informe del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia, los mataron con tiros de armas de fuego de calibre 9 milímetros, en la parte posterior izquierda de la cabeza. Todos tenían disparos en otras partes del cuerpo.  Tras una lectura de la información contenida en el informe de Medicina Legal, el médico forense Aníbal Navarro dijo que se descartaba que los periodistas y el conductor hayan muerto por fuego cruzado: fueron ejecutados a sangre fría por sus captores.

El testigo que narra el trayecto hasta el lugar donde Efraín, Javier y Paúl fueron ejecutados no menciona la fecha, pero fue en la tarde del 12 de abril cuando la cadena RCN recibió las fotos de los cuerpos con heridas de bala. Al día siguiente, el Gobierno ecuatoriano confirmó oficialmente las muertes.

Pasarían más de dos meses para que equipos forenses y policías consiguieran rescatar los cuerpos, el 21 de junio, gracias a la información entregada por una fuente que pidió no ser identificada cuando rindió su versión ante la Policía Judicial de Colombia. Cuando los encontraron,  Rivas, Ortega y Segarra ya no tenían las cadenas que los apresaron durante su infame cautiverio. En las fosas encontraron un cuarto cadáver que correspondería a Fernando Vernaza Castro, un primo de Guacho, al que habrían asesinado por sospechas de que colaboraba con el Gobierno de Ecuador, como consta en el expediente del caso en Colombia. Según confirmó Medicina Legal de ese país, el cuerpo permanece aún en “condición de no identificado”. Es una más de las tantas respuestas que los Estados de Ecuador y Colombia deben. Mientras tanto, la información confusa sigue. La más reciente: el 15 de septiembre, el nuevo presidente colombiano, Iván Duque, dijo que Guacho había recibido disparos en una operación militar y había huido gravemente herido. Dos días después, el comandante de las Fuerzas Militares, general Alberto Mejía, señaló que no podía “confirmar ni desvirtuar” la situación del hombre más buscado por los dos Gobiernos.

Tras el episodio, Yadira Aguagallo mencionó en una entrevista radial que para las familias su captura con vida “sería lo primordial”, pero que su muerte no debería implicar “el fin” sino “un paso más para la no impunidad”, para conocer la verdad que aún esperan.