Cuatro líderes del corregimiento de La Vega, Playa de Belén, se dirigen a sus vecinos y a los miembros de la Comisión de Verificación de Derechos Humanos que ha llegado a visitarlos. En pleno parque principal y megáfono en mano, se quejan del abandono estatal, de la escasez de ayudas recibidas y de otros olvidos de la institucionalidad, pero ni una palabra sobre lo que ha llevado a la comisión hasta allí: las consecuencias de la confrontación entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL) por copar los territorios del Catatumbo. Los líderes tienen miedo.

Tras los discursos, hablamos con uno de los líderes (omitimos su nombre, así como el de todos los líderes comunitarios que aparecen en esta crónica, por motivos de seguridad). Cuenta que ha tenido que desplazarse un mes por el “acoso” que recibía de “los grupos enfrentados”, y acaba de regresar. Explica que no ha hablado en público de ello porque no se sabe quién pueda estar escuchando. Él quiere volver a su finca, pero su familia prefiere que no lo haga: “¿Qué voy a hacer yo sin estudios en la ciudad?”.

Al rato se acerca una señora preguntando dónde puede denunciar la presencia de minas y artefactos sin explotar en su vereda. Al identificarnos como periodistas cambia el semblante y dice que prefiere no hablar, pero luego se lanza: “Se han encontrado artefactos cerca de la escuela, la gente tiene miedo de llevar a los niños. También en las tomas de agua para los regadíos”.

La población del Catatumbo vive una situación de zozobra permanente por el enfrentamiento entre ELN y EPL y de esas organizaciones con el Ejército. La situación es tan grave que ha juntado por primera vez a las tres grandes organizaciones sociales de la región en la llamada Comisión por la Vida, la Reconciliación y la Paz del Catatumbo. | Foto: Sergi Cabeza | La Liga contra el Silencio

Los enfrentamientos entre el EPL y ELN empezaron el 15 de marzo, han generado más de 10.000 desplazados y 168.000 afectados, según el Consejo Noruego para los Refugiados, y han puesto a la población del Catatumbo en una situación desconocida hasta la fecha. Si bien los enfrentamientos entre guerrillas y fuerza pública han sido una constante histórica, el hecho de que sean dos grupos asentados en la zona eleva el nivel de riesgo: ambos presionan a las comunidades para que se alineen a su favor o se atengan a las consecuencias. Como dijo en La Vega Ismael López, delegado del Comité de Integración Social del Catatumbo (Cisca):

“Es una guerra entre insurgencias, pero peor aún, es una guerra entre hermanos, tíos y primos”. La población está atrapada.

La situación es tan grave que ha juntado por primera vez a las tres grandes organizaciones sociales de la región en la llamada Comisión por la Vida, la Reconciliación y la Paz del Catatumbo, que acaba de recorrer, entre el 13 y 19 de mayo, refugios humanitarios y cascos urbanos de toda la región. Así, el Cisca, la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) y el Movimiento por la Constituyente Popular (MCP), junto a la Asociación de Juntas Comunales (Asojuntas), se unieron en una caravana acompañada por Naciones Unidas, Defensoría del Pueblo, Gobernación de Norte de Santander, Ministerio del Interior y algunas organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos.

Los enfrentamientos en la zona han generado más de 10.000 desplazados y 168.000 afectados, según el Consejo Noruego para los Refugiados. Los pobladores se han concentrado en refugios humanitarios para tratar de huir de la violencia. |Foto: Sergi Cabeza | La Liga contra el Silencio

La lista de desagravios recogidos en todas las comunidades es larga. Un líder del refugio humanitario de Mirafores, Playa de Belén, denunció que en el puesto de mando unificado de Ocaña le dijeron que el municipio estaba bien, que no había pasado nada, pese a que él mismo representaba a 115 familias desplazadas. Más tarde, en el casco urbano de Hacarí, denunciaban que los médicos se habían ido porque corrían el riesgo de que los grupos armados los llevaran a socorrer a sus heridos. También, que el EPL obligó a la emisora comunitaria a emitir un comunicado, poniendo a sus miembros en riesgo ante el ELN. La emisora de San Calixto, directamente, cerró.

Si algo expresaron los líderes de Hacarí ante la Comisión fue su temor: “Si hablamos, si no nos amenaza el uno nos amenaza el otro”, decía uno; “Nos da miedo salir de la casa, ir a la ciudad y pararnos a hablar, porque no sabemos quién nos tiene en la mira”, decía otro; “Hablar es ponerse una lápida en la espalda”, decía un tercero. Iban parándose uno a uno, expresando su incertidumbre: “No conocemos qué es lo que las insurgencias están peleando”, contaban. “Es triste que tengamos que huir de los mismos que nos dijeron que hagamos el cambio social”, sentenció uno de los líderes comunitarios.

Tras los miedos llegaron las denuncias, las afectaciones de la confrontación y del paro armado de 15 días que decretó el EPL. Por ejemplo, que el territorio ha quedado plagado de minas y la gente tiene miedo de ir a trabajar sus fincas; o que se han perdido muchas cosechas, poniendo la soga al cuello de los campesinos que tienen créditos firmados con el Banco Agrario y no saben cómo podrán pagar; o que no hay entrada de insumos para trabajar; o que hay mucha deserción escolar. En definitiva, un desastre económico y social.

La población queda en medio de la violencia. «Nosotros no sabemos por qué están peleando las insurgencias, nadie nos ha dicho y hoy nos tienen en una encrucijada y no sabemos a quién tenemos que tenerle miedo. Le estamos teniendo miedo a todo el mundo», dice uno de los líderes comunitarios en el municipio El Tarra. | Foto: Sergi Cabeza | La Liga contra el Silencio

El hostigamiento

La Comisión y la comunidad estaban recibiendo el almuerzo cuando se escucharon dos grandes explosiones, seguidas de 15 minutos de ráfagas de fusil. Ocurrió el 14 de mayo en Mesitas, Hacarí, a pocos metros de la escuela que hace allí las veces de refugio humanitario. La lluvia que empezó a caer apagó los disparos, que no consiguieron cancelar la reunión prevista. “Ustedes lo han visto en carne propia, llévense la inquietud y no comprometan a ninguno”, dijo un líder de la comunidad de Mesitas, que es zona de influencia del EPL, al iniciar el debate.

La comunidad presentó entonces cierta hostilidad hacia la Comisión, pues pedían soluciones inmediatas para terminar con el conflicto. “Lo que más esperábamos nosotros era que nos trajeran la mejor noticia, que el ELN y el EPL fueran a parar esta confrontación. Lo esperamos día y noche”, dijo uno de los presentes, quien mandó un dardo a la Comisión: “Si ustedes no van a hacer nada, digan a ver qué vamos a hacer, porque nosotros ya estamos hasta el cuello con esto”. El debate se encendió.

“Hagamos comisiones y subamos a hablar con las guerrillas”, dijo uno de los presentes. De nada sirvió que los miembros de la Comisión explicaran una y otra vez que la tarea era verificar la situación, que no podían solucionarla.

El papel del Estado

“Lo que hablan los terroristas, que hay una guerra, pues no hemos podido nosotros evidenciarla”, dijo a Noticias Caracol el Comandante del Ejército, General Ricardo Gómez Nieto, el pasado 18 de abril. “Cada uno es presa de su propio miedo, pero en los cascos urbanos no hay ningún enfrentamiento, no hay ninguna presión”, añadió. Por su parte, el Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, aseguró que salud y educación estaban regresando a la normalidad. Ambas declaraciones son contrarias a las evidencias que La Liga Contra el Silencio encontró en el Catatumbo un mes después.

La reacción del Estado, además de repartir mercados y colchonetas que muchas comunidades han considerado como insuficientes, ha sido aumentar en 2.000 uniformados el pie de fuerza militar en la zona. En los días en que la Comisión estuvo en las zonas rurales de los municipios de Playa de Belén, Hacarí y San Calixto, no se advirtió presencia militar alguna, pero la cosa cambió al adentrarse en la vía de Convención a Tibú, que pasa por San Pablo, El Tarra, Filo el Gringo y Versalles. En esa vía, la principal del Catatumbo, hay constante ajetreo de gasolina de contrabando procedente de Venezuela con destino a Aguachica, según relatan los pobladores. También hay presencia militar.

Las poblaciones afectadas han visto llegar un fuerte contingente militar a la zona, pero reclaman del Estado algo más que presencia armada. Por largo tiempo olvidadas, estas comunidades requieren salones escolares, dispensarios médicos, vías, electrificación, antenas de comunicación, saneamiento básico, proyectos productivos, escenarios deportivos, acceso a créditos y titulación de tierras. | Foto: Sergi Cabeza | La Liga contra el Silencio

En la reunión de la Comisión con las comunidades de San Pablo (Teorama) y sus alrededores, un representante de la comunidad de Las Cecilias denunció, precisamente, la presencia de mucha fuerza pública en el corregimiento. “Tenemos mucha zozobra”, dijo. La misma denuncia trajo un representante de El Aserrío: “La fuerza pública restringe el paso a la gente; son agresivos, llegan y se asientan en las casas; nos tratan de guerrilleros”.

La presencia de grupos armados, legales o ilegales, en zonas pobladas contraviene el Derecho Internacional Humanitario, pues pone en peligro a la población civil en caso de confrontación armada. Por eso, para las comunidades del Catatumbo, la solución a los problemas, actuales y pasados, no pasa por enviar a más uniformados. “En una confrontación donde se están matando dos grupos armados, se le echa más leña al fuego llegando otro actor, que así sea legal llega con fusiles.

“Donde hay fusiles hay guerra”, argumenta Wilder Franco, delegado de Ascamcat a la Comisión. “Le hemos dicho al gobierno que cambiemos a esos militares por inversión social”, concluye.

Esa inversión social es la que reclama el sector de la salud de San Pablo, por ejemplo. En el centro médico, que atiende a más de 5.000 personas, solo hay dos médicos, que trabajan más de 120 horas a la semana. Además, carecen de los recursos necesarios: “Solo hay entre un 5 y un 8 % de la dotación mínima”, asegura Robinson Omeara, que cumple allí como médico rural. Los galenos también corren riesgo físico porque no pueden atender a muchos pacientes debido a la falta de recursos. “La gente se pone brava porque no les podemos atender. Uno acá qué les va a decir, puede venir alguien y pegarle un tiro”, razona Omeara.

Algunas de las comunidades que visitó la Comisión aprovecharon la oportunidad para presentar lista de reclamos, ya que consideran que solo así terminarán los problemas de la región. Así fue en La Fortuna, municipio de El Tarra, en donde solo se puede llegar en moto por el pésimo estado de la vía. En el refugio humanitario allí conformado pidieron salones escolares, un dispensario médico, adecuación de las vías, electrificación, antena de comunicación, saneamiento básico, proyectos productivos, escenarios deportivos, acceso a créditos y titulación de tierras. En La Fortuna, como en otros muchos rincones del Catatumbo, la comunidad se siente olvidada. Allí tampoco han notado avance alguno en la implementación de los acuerdos de paz ni en la sustitución de cultivos de uso ilícito, que riegan todo el valle.

Una caravana integrada por organizaciones sociales e instituciones nacionales e internacionales recorrió la región del Catatumbo del 13 al 19 de mayo para verificar la situación de las comunidades afectadas que claman por una solución al conflicto. | Foto: Sergi Cabeza | La Liga contra el Silencio

Pero quien, quizá, habló más claro de la situación del Catatumbo fue uno de los líderes del corregimiento de Filo el Gringo, municipio de El Tarra: “Además de daños materiales, hemos recibido daños psicológicos, daños económicos y daños sociales […] Hoy por hoy, la población está atemorizada, se ha reducido la movilidad, el trabajo, todo. En estos momentos, la fuerza pública está dentro del caserío, durmiendo en las casas en construcción, y nos pone en peligro. No podemos hablar con ellos porque no sabemos quién nos pueda ver y se podrá imaginar cosas distintas […] Nosotros no sabemos por qué están peleando las insurgencias, nadie nos ha dicho y hoy nos tienen en una encrucijada y no sabemos a quién tenemos que tenerle miedo. Le estamos teniendo miedo a todo el mundo […] Estamos afectados, el Catatumbo no está bien. Estamos acorralados, las vías (hacia Tibú) están controladas […]”

Unidad de acción

Pese a que las comunidades afirman no saber por qué EPL y ELN están enfrentados, es lógico pensar que se están jugando el control territorial y los beneficios del narcotráfico y el contrabando fronterizo. Para resolver el problema, la Comisión por la Vida, la Reconciliación y la Paz del Catatumbo ha planteado al gobierno un comité de diálogo con las insurgencias. Así, una delegación de la Gobernación de Norte de Santander se reunió con la delegación del ELN en Cuba, pero de la Comisión solo asistió un miembro del MCP debido a la inmediatez del aviso del gobierno. El ELN se comprometió a respetar la vida de la población del Catatumbo.

Con quien no se ha podido reunir la Comisión es con el EPL. El problema es que el gobierno no reconoce a esa insurgencia como movimiento político-militar, sino como banda criminal, lo cual imposibilita la negociación. Uno de los principales reclamos de las organizaciones sociales es, precisamente, que les reconozcan y se sienten en la mesa de diálogos. En el territorio aseguran que actúan como una guerrilla, pero también afirman que el EPL no ha presentado hasta la fecha un proyecto político de país.

Ascamcat, Cisca, MCP y pueblo Barí, apoyados por la Diócesis de Tibú, se unieron en una marcha de 6.000 personas que se concentró en el casco urbano de El Tarra el pasado 22 de abril. Fue en pleno paro armado del EPL y constituyó el primer toque de atención popular a las insurgencias. Aquel día nació la Comisión por la Vida, la Paz y la Reconciliación del Catatumbo: las organizaciones dejaron atrás sus distintas y distantes propuestas de ordenamiento territorial y políticas para pedir con una sola voz la paz en la región. Así lo han percibido las comunidades que han recibido a la Comisión y sus líderes, que han encontrado en ello un motivo de esperanza. “La coyuntura lo ameritó y las mismas comunidades nos exigieron que nos uniéramos a trabajar en una sola propuesta”, dice Wilder Franco, de Ascamcat. “Nosotros somos masoquistas, toca que nos den en la cara para entender que sí nos están jodiendo. Hoy, cuando vemos que hay una amenaza entrando a la casa, ahí sí nos toca unirnos”, valora Ismael López, del Cisca. El MCP no mandó un delegado a la caravana, pero apoya la Comisión y siempre estuvo en la preparación.

“Está en juego la población civil, nos sentimos acorralados por uno y otro lado”, dice el Padre Alirio, sacerdote en Filo el Gringo de la Diócesis de Tibú, quien también sabe ver el lado positivo. “Es una oportunidad para que las comunidades reafirmen su permanencia en el territorio y empecemos a pensar colectivamente. El clamor de un pueblo es más grande que el ruido de la guerra”. El primer paso está dado, decenas de líderes comunitarios del Catatumbo han vencido al miedo y se han parado a hablar.