Minas antipersonal, ataques aéreos y combates: La guerra al sur de Venezuela que desplaza a los indígenas

Por: Bram Ebus y Karen Pedraza

A plena luz del día, en las sabanas tropicales entre los ríos que desembocan en el Orinoco, una comunidad indígena jivi fue testigo de cómo unos combatientes armados intentaban llevarse a un niño de 12 años frente a toda la aldea. Su padre, desesperado, se ofreció a ir en su lugar y nunca más se le volvió a ver. Esa misma tarde se dieron cuenta de que ya no podían proteger a sus hijos.

“Preguntaron cuántos jóvenes había, para ellos volver, para volverse a llevar a los demás jóvenes”, dice un anciano jivi de voz suave. Su comunidad, asentada en La Lajita, en el municipio Cedeño, en Venezuela, huyó tras la llegada del grupo guerrillero colombiano Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Pueblos fantasmas del Orinoco

Mientras dos grupos armados colombianos —presentes en la zona desde hace unos 15 años— se disputan violentamente el control de minas ilegales ricas en oro y minerales esenciales como el estaño y el coltán, un ataque conjunto de Estados Unidos y Venezuela contra un campamento guerrillero en Apure lleva lo que parece ser una guerra a las puertas de las poblaciones más vulnerables de la región.

Amazon Underworld se reunió con personas desplazadas cerca del Orinoco y se puso en contacto con fuentes en Cedeño, cuyos nombres no serán revelados por su seguridad, para informar sobre un conflicto cada vez más intenso en torno a los yacimientos minerales y las rutas cambiantes del narcotráfico. El aumento vertiginoso de la demanda mundial de minerales utilizados por la industria de defensa y las tecnologías modernas, como los centros de datos de inteligencia artificial, aviva los enfrentamientos, al igual que el regreso a estrategias de línea dura en la guerra contra las drogas.

Después de que las fuerzas especiales estadounidenses capturaran a Nicolás Maduro el 3 de enero, Caracas ha abierto su sector minero a los inversionistas extranjeros. Sin embargo, en Cedeño, una de las comunidades que necesitan más protección, el Estado venezolano está prácticamente ausente.  

La vida bajo grupos armados

Las comunidades se enfrentan a una grave crisis humanitaria con una dinámica que resulta familiar para millones de personas en Colombia, pero que es nueva para Venezuela. El reclutamiento de niños se ha convertido en una cruda realidad en el sur de ese país. Si bien a menudo los menores son atraídos con promesas de dinero y una visión idealizada de la vida en un grupo armado, en Cedeño a muchos simplemente se los llevan a la fuerza. Las minas antipersonal han confinado a algunas comunidades en sus aldeas, mientras que otras no han tenido más remedio que huir.

“Nosotros teníamos los conucos un poco retirados, a tres horas de camino. Y como ellos decidieron colocar explosivos, no pudimos sembrarlos”, se lamenta una mujer jivi, también de La Lajita. “Ellos pusieron explosivos porque piensan que el otro grupo armado va a abastecerse de alimentación”. Cuando dice “ellos” se refiere al ELN o a la Segunda Marquetalia, sin distinción. Las dos organizaciones guerrilleras colombianas presentes en Venezuela. 

El ELN, que actualmente es el grupo guerrillero más grande de Colombia, opera en 12 municipios al sur del río Orinoco —más de la mitad del total— en los estados de Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro. La Segunda Marquetalia fue formada por excomandantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que se retiraron del acuerdo de paz de 2016 con el gobierno colombiano, y opera en 9 municipios. Se reorganizó en torno a estructuras preexistentes de las FARC y buscó alianzas con exmiembros de las FARC en la zona. La población local todavía les llaman “las FARC”. 

En lo que va del 2026, cuatro civiles —y varias vacas— han sido víctimas de minas antipersonal en Cedeño. También hay un número desconocido de heridos que pertenecen a grupos armados. El miedo a estos explosivos mantiene a las comunidades alejadas de los ríos donde pescan, del bosque donde cazan y de las parcelas donde cultivan sus alimentos. La guerrilla impone sus propias restricciones, anunciando toques de queda y castigando a quienes los incumplen. Instalan puestos de control en los caminos rurales y obligan a los lugareños a darles acceso a sus teléfonos.

Adicionalmente, los drones ya han entrado en el escenario del conflicto. Los dos grupos guerrilleros lanzan dispositivos cargados de explosivos sobre zonas habitadas para atacarse mutuamente, dejando a las comunidades atrapadas en medio. “Esos pasaban por encima de nosotros”, dice uno de los desplazados de La Lajita. Los enfrentamientos pueden durar días, con tiroteos que se prolongan hasta la noche, lo que ha llevado a las escuelas a suspender sus actividades. “Empiezan a escucharse explosiones, disparos, que nunca en la vida se habían visto en la localidad”, comenta otro hombre de Cedeño.

En la primera semana de noviembre, la Armada de Colombia incautó tres docenas de componentes de drones de una embarcación que se dirigía a la ciudad fronteriza colombiana de Puerto Carreño, ubicada a orillas del río Meta, que conecta con Venezuela. 

La Lajita no es el único caso. La violencia ha obligado a desplazarse a al menos 200 familias, según estimaciones aproximadas de fuentes en el territorio. Las Bateas, una comunidad de unos 200 e’ñepá —uno de los pueblos originarios de la zona—, fue abandonada a finales de octubre. La comunidad jivi de Ekunay se reubicó en su totalidad, y las comunidades wötjüja del río Parguaza y Simonero, también huyeron. Otras zonas afectadas por la violencia son El Jobal, Punta Brava, El Palomo y Angostura.

El anciano jivi de La Lajita vendió el techo de su modesta casa para pagar el viaje. Aun así, no piensa regresar. “Yo no pienso mirar hacia atrás”, asegura. La mayoría de los desplazados llegan a Apure, el estado donde ocurrió la huelga conjunta, pero otros van hasta Valle de la Pascua, en el estado Guárico, o a Puerto Carreño, en Colombia.

La antropóloga Francia Medina, de la Universidad Central de Venezuela, quien ha investigado el territorio Los Pijiguaos, en Cedeño, desde 1996, resalta que el desplazamiento forzado impacta a núcleos generacionales completos. “Cuando la estructura familiar se fractura, surgen problemáticas como el alcoholismo, la prostitución o la adopción de radicalismos religiosos como último refugio”. Medina enfatiza que la cohesión de los pueblos indígenas radica en el vínculo cultural directo con sus tierras ancestrales; una pertenencia que corre el riesgo de disolverse de manera irreversible.

Esta crisis actual hace parte de una larga trayectoria de presiones estructurales que las etnias e’ñepá, mapoyo, wötjüja y jivi del municipio Cedeño han enfrentado desde el periodo colonial. En 2014, la tradición oral del pueblo mapoyo fue catalogada Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO con necesidad de salvaguardia urgente. El patrimonio lingüístico local, que ya registraba una pérdida progresiva, está cada vez más amenazado.

Medina explica que existen registros de la presencia de los grupos armados colombianos al menos desde 2012, pero que debido a las “condiciones de inseguridad” por su llegada, se ha dejado de documentar lo que ocurre en la región.

Presencia guerrillera con historia

En 2009, Hugo Chávez denunció la extracción irregular de minerales críticos en la región fronteriza. “Se descubrió en la zona un mineral estratégico llamado coltán. Hemos tomado el control militar de la zona porque se estaba introduciendo de contrabando en Colombia y se explotaba ilegalmente”.

Sin embargo, el control militar no fue un obstáculo para la delincuencia. Unos años más tarde, alrededor de 2012, grupos guerrilleros colombianos hasta entonces desconocidos para las comunidades locales comenzaron a aparecer en la zona más occidental del estado Bolívar, casi sin interferencia por parte de las fuerzas estatales venezolanas. “Llegaron al pueblo armados, tal vez con la anuencia de las fuerzas de seguridad nacional”, dijo un residente de larga data de Cedeño.

Los guerrilleros reclutaron a los lugareños para que les suministraran comida y combustible. Se presentaban como protectores y castigaban a los ladrones de ganado y a los delincuentes. “Y el mensaje era: ‘Son gente mala y están limpiando el pueblo; ya no habrá más robos”. Cada grupo construyó su propia red y, poco a poco, los líderes comunitarios fueron incorporados a sus filas. Un líder jivi se convirtió en la figura local del ELN. “Manejaba dinero. De repente se pusieron en camionetas, en motos, tenían una situación económica cambiante de la noche a la mañana, porque eran parte de los oficiales del ELN. Llegaron a cargar hasta armamento, una pistola, y se identificaban con este grupo”, cuenta el residente.

Durante años, los dos grupos compartieron la región sin tensiones, pero después de que el ELN tendiera una emboscada e intentara asesinar a miembros de la Segunda Marquetalia, en agosto de 2025 en Maroa, un municipio del estado Amazonas, y asesinara a alias “Zarco Aldinever” en Apure, el segundo al mando de la Segunda Marquetalia, el conflicto se intensificó rápidamente. Se han reportado enfrentamientos en el sur del estado Amazonas, cerca de la frontera con Brasil, una zona crucial para la explotación aurífera y el tráfico de drogas, así como en el departamento colombiano de Guainía y en el propio Cedeño.

Hacia finales de febrero “llegó el Ejército venezolano, hicieron pantallerismo, como llamamos en Venezuela, hacerse notar sin resultados concretos y ya por septiembre volvieron otra vez los enfrentamientos duros, fuertes y han continuado todavía. Escalan, disminuyen, vuelven a escalar. Yo diría que ahora la frontera está caliente”, dice una fuente que pidió permanecer en el anonimato y que trabaja en el sector minero e industrial del estado Bolívar. 

El ELN ha tomado la delantera, según fuentes locales. Primero se instaló en la zona del río Parguaza, luego en Villacoa y ahora en Suapure. En las zonas que controlaba la Segunda Marquetalia, los lugareños no tenían más remedio que vivir bajo su dominio, y algunos líderes se aliaron con ellos. Ahora, el ELN persigue a quienes hayan colaborado con ese grupo, esta misma semana dos hombres piaroa fueron asesinados. 

“Llegué a contar a más de veinte personas a las que mataron a plena luz del día, en las calles, frente a todo el mundo”, dijo el hombre de Cedeño.

“En los últimos meses hubo un aumento generalizado de los secuestros en el pueblo”, agregó. Muchos de los secuestrados se encuentran retenidos en campamentos de la guerrilla, ahora expuestos al riesgo de bombardeos aéreos. Algunos nunca han regresado. “Pasó un caso donde se llevaron a dos jóvenes, uno de ellos era un amigo mío. Duraron dos meses y los soltaron. Los tenían amarrados, les querían sacar información, que hablaran, los tenían bajo tortura. Y ellos no estaban involucrados, sino que simplemente por tener un mensaje con una persona los estaban catalogando, porque revisan teléfonos”, aseguró.

Los puestos de control militares han desaparecido, y la guerrilla se retira ante cualquier despliegue ocasional del ejército. Los lugareños sospechan que existe coordinación entre las fuerzas de seguridad y los grupos armados colombianos. “Han quitado los puestos fijos. Por ejemplo, para llegar a Caicara había dos puestos fijos de control militar y los eliminaron. Dejaron solo uno en Los Pijiguaos, pero cuando pasas por ahí puedes ver a dos o tres militares, y te dices: ‘Bueno, esta situación es extraña’”, dijo el residente de Cedeño. 

La maldición de los recursos

En el centro de la controversia está lo que hay bajo tierra. “Es por la minería, que ellos llegaron para allá, por la minería, porque los otros grupos armados, el ELN, quieren tomar la minería, pero las FARC [la Segunda Marquetalia] no lo quieren dejar,” dijo la mujer jivi de La Lajita.

El municipio Cedeño es una frontera minera y alberga uno de los yacimientos de bauxita más grandes de América Latina, que se refina para producir aluminio, utilizado en aviones, misiles y latas de cerveza. Bauxilum, la empresa estatal que opera la mina desde la década de 1980 —con un puesto de la Guardia Nacional y un batallón completo de infantería de selva dentro de sus instalaciones—, ha suspendido su turno nocturno debido a los enfrentamientos cerca de sus instalaciones y también tuvo que atender a una de las víctimas de una mina antipersonal. Tras años de relaciones interrumpidas, los comerciantes están negociando un segundo envío de aluminio a EE. UU.

Los rumores sobre inversionistas chinos y qataríes no se concretaron en 2026. Un experto venezolano que trabaja en el sector minero e industrial del estado Bolívar cuenta: “He escuchado que una empresa americana quiere venir, no sé cuál, pero la gente exige seguridad para invertir, seguridad para sus profesionales. ¿La tendrán?”, se pregunta.

Cerca de la mina de bauxita, se extrae ilegalmente lo que en la zona se conoce como arenas negras. Esta grava oscura, extraída de los lechos de los ríos y de minas a cielo abierto, contiene coltán, estaño y minerales con tierras raras, tal como informó Amazon Underworld en 2025. Las comunidades locales que extraían estos minerales para su propio uso encontraron un mercado en rápido crecimiento, y los grupos guerrilleros colombianos no tardaron en seguirles los pasos, imponiendo impuestos a los mineros. “Donde había abundancia de este tipo de material, llegaban ellos, armaban campamento y empezaban a cobrar una vacuna,” dice una de las fuentes locales.

Sin embargo, el experto en la industria sostiene que los depósitos eluviales en la superficie terrestre se están agotando lentamente debido a la minería ilegal y que, debido a la falta de prospección geológica, no hay una respuesta clara sobre el verdadero tamaño de los yacimientos y concentraciones de minerales críticos y de tierras raras. “Ahorita lo que está es el boom de la casiterita [la forma mineral del óxido de estaño], pero eso no hace millonario a nadie, es un negocio de supervivencia y se va a acabar porque no hay prospección”, afirma, argumentando que los grupos irregulares preferirían minerales o piedras preciosas de alto valor a los que sea fácil acceder. “Calculo que han encontrado un mineral crítico, pero no es uranio, no es torio, olvídate de las tierras raras, yo calculo que puede ser oro o diamante”.

En el estado Amazonas, pero también en el municipio Sucre, que limita con Cedeño, en Bolívar, la Segunda Marquetalia controla las minas de oro y cobra impuestos sobre la producción, mientras que los oficiales de la Guardia Nacional y del Ejército de Venezuela se quedan con un 10 por ciento adicional de la producción, según un minero entrevistado en un lugar no revelado. “Para nadie es un secreto”, dice. “El mismo gobierno apoya a la guerrilla”.

Una de las rutas de transporte de mineral concentrado se dirige a Colombia, a través de un corredor controlado por la guerrilla. A principios de este año, en Puerto Carreño, se incautaron más de 380 lingotes de estaño en una operación contra una fundición ilegal. En dos ocasiones, las autoridades de Vichada, que limita con Venezuela, han interceptado grandes cantidades de sacos de mineral en bruto.

Sin embargo, gran parte del material se queda en Venezuela. Se compra en los centros de recolección de las empresas mixtas con licencia estatal antes de trasladarse a Puerto Ordaz, el principal puerto venezolano del Orinoco con salida al mar. “Eso viene de las minas de control guerrillero, porque ellos no están dentro de las minas (…) Las empresas mixtas no tienen ninguna maquinita, ni una maquinita para sacar ese coltán. En el centro de acopio, baja el minero, te lo compro y eso es”.

Pero, además de la minería, hay otra razón estratégica por la que los grupos armados luchan por controlar el territorio. El río Orinoco también es un corredor estratégico para el tráfico de drogas. Al sur del río se encuentran pistas de aterrizaje clandestinas, según funcionarios de inteligencia extranjeros y residentes locales. Estas sirven para rutas hacia Centroamérica y más al sur, hacia Brasil. Cerca de Los Pijiguaos, los residentes informan de aviones que aterrizan y de nuevos senderos que se les advierte que deben evitar, caminos que pertenecen a lo que los lugareños llaman “lo innombrable”. Río abajo, el Orinoco desemboca en el Océano Atlántico, donde semisumergibles transportan cocaína a buques contenedores con destino a Europa y África Occidental.

La presidenta interina de Venezuela y exvicepresidenta Delcy Rodríguez promulgó un nuevo código minero. La ley abre un sector, que antes estaba bajo un estricto control estatal, a los inversionistas extranjeros. Las autoridades estadounidenses han destacado en múltiples ocasiones la riqueza de Venezuela en oro y minerales críticos. El encargado de negocios de EE. UU. visitó recientemente una zona de extracción de oro en el estado Bolívar.

El reciente ataque conjunto con drones de Estados Unidos y Venezuela contra un supuesto campamento del ELN en Apure, justo al norte de Cedeño, al otro lado del Orinoco, dejó más de una docena de muertos. El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, había pedido anteriormente que se tomaran medidas contra las organizaciones guerrilleras colombianas en territorio venezolano. Caracas se ha sumado a Washington en el bombardeo del ELN en Apure, incluso mientras sus propios oficiales se llevan una parte de las ganancias de las minas operadas por la guerrilla. El antiguo acuerdo entre el Estado venezolano y las guerrillas colombianas, basado en ganancias ilícitas compartidas, parece estar desmoronándose. 

Los mineros indígenas temen una mayor intervención de Estados Unidos, lo que pondría en riesgo sus medios de vida sin que cuenten con alternativas a la vista. “Mira, la guerrilla está en Venezuela y si vienen los gringos, peor aún”, dice un minero jivi. “Porque nos quedamos fuera. Ya no serán los indígenas, sino ellos, los estadounidenses”.

 
En la segunda semana de noviembre, fuentes de las fuerzas de seguridad indican que se produjeron nuevos atentados con bombas a lo largo del Orinoco, esta vez en el estado de Amazonas, en Venezuela, con un número de víctimas aún desconocido. 

Mientras la narrativa de Washington contra el narco-terrorismo resuena en el sur de Venezuela, los habitantes locales se enfrentan a organizaciones guerrilleras extranjeras que controlan y se disputan las tierras ancestrales con extrema violencia. Las comunidades no han encontrado un aliado en su propio Estado, son sus propias fuerzas de seguridad locales quienes los extorsionan, mientras que Caracas contribuye a bombardear la región.  

“¿Cómo es posible que una guerra que no nos pertenece la vamos a estar viviendo?”, pregunta el hombre de Cedeño.