Ni Estado ni ley: A dos años de Noboa, la Amazonía de Ecuador es controlada y negociada entre grupos armados

Por Diego Cazar Baquero

Un miembro de los servicios de inteligencia militar de Ecuador, a quien llamaremos coronel Eduardo*, participó hace unos meses de un patrullaje en una zona de frontera de la provincia de Sucumbíos, cerca de Nariño, Colombia, en el sector occidental de la región amazónica. Entre frustrado y realista admitió que “para los dos ejércitos es difícil [cubrir las zonas de frontera] por la falta de medios”.  

El coronel Eduardo explicó que las Fuerzas Armadas ecuatorianas no pueden mantener el control fronterizo “por el sinnúmero de actividades que nos han encargado: estamos en las cárceles, estamos haciendo camex (control de armas, municiones y explosivos), estamos en estos problemas de ayuda a la Secretaría [Nacional de Gestión] de Riesgos por derrames petroleros, control de los oleoductos”. 

“Lo que menos estamos haciendo es patrullar la frontera”, admitió.

Con una violencia desbordada, sobre todo en la región costera de Ecuador —por donde sale la droga, proveniente principalmente de Colombia, hacia mercados internacionales—, las líneas de frontera de la Amazonía no aparecen entre las prioridades del presidente Daniel Noboa. Esto a pesar de que las dinámicas en esas zonas muestran la expansión de grupos armados colombianos y bandas criminales ecuatorianas, involucrados en actividades como la minería ilegal de oro y el narcotráfico. 

Argumentando falta de cooperación de Colombia en temas de seguridad y el abandono de la frontera, Noboa anunció el 21 de enero la decisión de imponer un arancel de 30 % a las importaciones colombianas, lo que originó molestia en sus vecinos y decisiones que solo han ido escalando las tensiones entre los dos países.

La Amazonía ecuatoriana enfrenta un creciente problema de criminalidad que ha permeado las instituciones estatales y ha cedido espacio a grupos criminales. Los Comandos de la Frontera (CDF), una de las disidencias de las antiguas FARC que actualmente mantiene diálogos de paz con el gobierno colombiano, ejerce un fuerte control social y territorial en el departamento de Putumayo, donde abundan los cultivos de coca y los laboratorios de procesamiento para obtener pasta base de cocaína. Sus actividades traspasan el límite fronterizo en alianza con Los Lobos −una banda catalogada por el gobierno de Ecuador como Grupo de Delincuencia Organizada (GDO).

En la región fronteriza también operan, aunque con menos fuerza, otras dos disidencias de las FARC, el Frente Carolina Ramírez y el Frente Raúl Reyes (ambos rivales de los Comandos). Además, según relatos de varias fuentes en la frontera, Los Choneros, otra banda ecuatoriana rival de Los Lobos, han incursionado en Colombia para comprar cocaína o pasta base, a veces enfrentándose con los CDF. 

Según el coronel Eduardo, las principales rutas fluviales utilizadas por las redes criminales que operan en la Amazonía de Ecuador son los ríos San Miguel y Putumayo. Esos cauces dibujan los límites entre los dos países y son pasos directos desde territorio ecuatoriano hacia poblaciones colombianas, como Puerto Asís y La Hormiga, que están bajo el control de los Comandos de la Frontera. También mencionó a los ríos Aguarico y Güepi, por su conexión con el río Napo, hacia el suroriente, con salida a Perú. 

Fuentes militares reservadas confirmaron que hasta finales de 2025 hubo más de 1 000 efectivos “con el pase en las provincias de frontera” —que se extiende desde el Océano Pacífico, cruza los Andes y llega a la Amazonía —, pero cerca del 70 % de ese personal militar está destinado a actividades de seguridad interna, antes enteramente responsabilidad de la Policía. La incorporación de las Fuerzas Armadas a esas tareas se dio a partir de la declaratoria del gobierno de la existencia de un conflicto armado interno y la implementación de una cuestionada política de militarización de la seguridad.

Para Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de la organización Human Rights Watch, con sede en Washington, “es un error caracterizar esto como un conflicto armado, no solo porque no cumple con los criterios de nivel de organización y hostilidad, sino porque lo que se ha hecho al desplegar fuerzas militares es que se ha generado un clima perfecto para abusos”.
“Hemos sido muy críticos de la ausencia de una política real de seguridad por parte del gobierno de Noboa, porque lo que hemos visto es que el despliegue de esta estrategia de declarar esto como conflicto armado, no solamente ha sido poco efectiva, sino que además ha generado gravísimas violaciones a derechos humanos”, añadió.

Abusos y excesos

La militarización del territorio se intensificó después de un duro golpe que recibió el Ejército por parte del crimen organizado. El 9 de mayo de 2025, un batallón de 20 soldados que patrullaban la zona alta del río Punino −en la intersección entre las provincias de Napo, Orellana y Sucumbíos− fue emboscado por hombres armados que asesinaron a 11 uniformados. El operativo, según el gobierno, intentaba detener el avance de la minería ilegal de oro en ese sector. En el enfrentamiento fue abatido Miller Rodríguez Ortega, alias ‘Compadre’, identificado como cabecilla de los Comandos de la Frontera en Ecuador y responsable del control de las operaciones de minería ilegal y extorsión a mineros.

Sobre el episodio circularon versiones contradictorias: autoridades del gobierno atribuyeron el ataque a los Comandos de Frontera, pero Wálter Mendoza y Jairo Marín, líderes del grupo en Colombia, negaron rotundamente su participación en los hechos.

Pobladores de la zona del Punino también descartaron como responsables a los Comandos de la Frontera. Una fuente local, que pidió no ser identificada por seguridad, aseguró que uno de los integrantes de esa patrulla militar “pertenece a esta organización [Los Lobos] y fueron ellos quienes lo alertaron”. Según esa fuente, por la alerta ese militar logró evitar ser parte del operativo.

Tras el ataque, el gobierno de Noboa declaró como grupos armados organizados a los grupos de origen colombiano Comandos de la Frontera, Frente Óliver Sinisterra (otra disidencias de las ex-FARC) y Comuneros del Sur, una facción disidente del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que opera principalmente en el departamento de Nariño, también fronterizo con Ecuador, y que está en negociaciones de paz con el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Además, Ecuador ordenó el despliegue de 1 500 soldados, el mayor contingente militar de los últimos años en la Amazonía, para «encontrar y eliminar» a los responsables de la emboscada. Se habló de la implementación de un cerco táctico del área, con operativos de reconocimiento ofensivo, rastreos territoriales y un refuerzo de la vigilancia aérea con helicópteros y drones.

Esa presencia militar se sintió en la región amazónica. Una mujer indígena de una comunidad a orillas del río San Miguel cuenta que con la militarización se detuvo toda actividad, que en la noche ya no se escuchaban botes. Luego del asesinato de los soldados, el impacto en la población de esta zona fue notorio. Muchos temieron por sus vidas, sus comunidades y familias, mientras otros habitantes de Napo y Orellana confiaron en que se trataba del inicio de la erradicación de la minería ilegal y de los grupos armados. “Pero pasó el tiempo y vimos que volvían a circular los botes”, lamenta la mujer.

Unas semanas después de la emboscada a los militares, en la tarde de un martes en otra localidad fronteriza, otro grupo de unos 20 soldados irrumpió en la casa de una familia. 

Apuntaron con armas a quienes encontraron dentro: una niña de 10 años, un adolescente de 17, cuatro adultos −dos varones y dos mujeres− y hasta a un perro. Dijeron que llegaban en busca de armas o drogas. “A este man hay que apretarlo para que hable porque este man ha de saber algo”, dijo uno de ellos, encañonando a uno de los hombres, según el relato que consta en una denuncia ante la Fiscalía. Revolvieron cajones, alacenas y les arrebataron los celulares a los dos menores. Cuando se marcharon y la familia intentó poner orden, descubrió que les habían robado una joya valorada en 400 dólares y unos 240 dólares en dinero efectivo. 

“Se metieron a casas muy humildes, de gente que vive de la pesca, que vende un pescadito para comprar sal o aceite, y en ausencia de ellos se han metido a la casa y han sacado ropitas de la mujer, 30 dolaritos (…) Se han llevado hasta guadañas. ¿Qué tiene que ver una guadaña con grupos armados irregulares si esa es la herramienta de trabajo de la gente? ¿Por qué se llevan las cosas?”, se preguntó una comunera que vive en la localidad de Cascales.

Las comunidades de la zona pasaron de sentir que los soldados brindaban protección frente a la amenaza de grupos delincuenciales a tener miedo de que el Ejército llegara a sus territorios. 

“Ven una moto que está parqueada en una casa y no está el dueño y se la estaban llevando también (…) A todo el mundo se lo ha estado viendo como si estuvieran vinculados con actores armados (…) Cogieron a dos jóvenes que iban en una moto. Les llevaron y les torturaron. A uno lo dejaron en el monte y a otro lo dejaron casi inconsciente de tanto golpearle, supuestamente con la intención de sacar información”, contó una fuente protegida en una comunidad indígena fronteriza.

En septiembre de 2025, Amnistía Internacional presentó el informe Son militares, yo los vi, un reporte que analiza cinco casos de desaparición forzada ocurridos en Ecuador durante 2024 en el marco de la declaración de “conflicto armado interno”, señalada por organismos de defensa de derechos humanos como una medida que contraviene estándares y normas del derecho internacional. Como resultado, se han registrado casos de graves violaciones de derechos humanos y crímenes como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura que han llegado a los tribunales. Sin embargo, la Amazonía ecuatoriana no ha sido aún incluida en las estadísticas.

En los operativos tras el ataque a los militares se destruyeron campamentos mineros y viviendas y se decomisó maquinaria pesada. En septiembre de 2025, el gobierno de Noboa anunció la «nueva fase de la guerra» en la que se incluyó a nueve provincias —entre ellas Sucumbíos, Orellana y Napo— para neutralizar objetivos de alto valor, atacar blancos determinados y reforzar controles. Se reportó decomisos de drogas y el rescate de dos personas secuestradas por presuntos integrantes de los Comandos de la Frontera. 

Cuatro meses después, el 2 de febrero, el gobierno ecuatoriano anunció la suspensión indefinida de todas las actividades mineras en Napo, donde está ubicado uno de los focos de la minería ilegal de oro. 

Katherine Herrera, politóloga internacionalista y magíster en Investigación en Seguridad y Defensa Nacional, criticó la realización de operaciones puntuales en lugar de apostar por una presencia permanente y sostenida. “Las actuaciones de las Fuerzas Armadas se quedan más en un nivel táctico, inmediato, en respuestas coyunturales, pero no hay un desarrollo sostenible”.

“No hay política pública, no hay estrategia. La Amazonía debería tener su propia estrategia ante estas amenazas y riesgos debido a su composición territorial, geográfica y a su población [conformada por] pueblos y nacionalidades” indígenas, señaló. 

Y agregó, además, que las Fuerzas Armadas ya experimentan “un desgaste” producto de su involucramiento en tareas de seguridad interna.

Una segunda fuente protegida, perteneciente al sistema de inteligencia militar, a quien llamaremos coronel Bernardo*, insistió en la falta de equipamiento para enfrentar las amenazas en la región. “No es solo mandar gente a la frontera, necesitas tecnología, helicópteros, cazas, buques (…) Para que puedas cumplir todas las tareas debes estar bien equipado para la guerra. Entonces, por eso nos atacan en Alto Punino, nos bombardean, nos emboscan porque comenzamos a hacer otras tareas que dejan de lado nuestra razón de ser”.

El coronel Bernardo también admitió que el agotamiento comenzaba a pasarles factura: “Ya la gente empieza a corromperse, a tirar la toalla y ya comienzan a haber problemas de indisciplina, buscan mecanismos para irse, para que les den la baja, y no lo hace la gente más joven sino los que ya llevan tiempo”, lamentó.

Para hablar sobre la Amazonía y las operaciones de las Fuerzas Armadas solicitamos información pública y entrevista con el comandante de la IV División del Ejército Amazonas, el general Fernando Silva, pero no obtuvimos respuesta.

Un mapa del silencio

–Ese man es de esa gente −susurró la mujer, casi sin mover los labios, la cabeza gacha, su mirada fija en la arena de la playa.

El hombre sobre la canoa −de pie junto al motor− nos miró durante unos segundos. Levantó una mano a medias para hacer un ademán de saludo y devolvió su mirada al frente, mientras seguía su camino río abajo. La figura del tipo se fue achicando hasta volverse una mancha y el ruido se hundió en la selva. Solo entonces, la mujer levantó la mirada y volvimos a andar.

“Por la forma de ser les identificamos… porque son gentes extrañas. Uno ya sabe que están vinculadas a eso”, dice ella. “Eso”. Los amazónicos han ideado maneras de hablar de la presencia de grupos armados y dedicados al narcotráfico en sus localidades con eufemismos o con términos genéricos:  “esas cosas”, “gentes que andan en eso”, “guerrilleros”, “los Farc”, “la mafia”. No importa si pertenecen a un grupo armado colombiano, a la delincuencia organizada ecuatoriana o a una pandilla local. Unos les llaman Los Lobos y otros les asocian con Los Choneros, indistintamente. 

La falta de certezas en cuanto a la identidad de los grupos armados que operan en la Amazonía de Ecuador es general y responde, en gran medida, a la rapidez con que cambian las dinámicas criminales en la región. 

“La mayoría son colombianos, tienen gente que está en diferentes puntos de la frontera e informan si ven algún movimiento del Ejército y hay gente ecuatoriana que está prestándose para eso”, dijo la misma mujer. “¿Usted no va a decir que habló conmigo, no? No vaya a poner mi nombre. No vaya a decir que yo le conté eso, acá todos sabemos quiénes somos”, pidió con preocupación.

Las vías terrestres también sirven como circuito de conexiones criminales y son rutas de tránsito constante de miembros de grupos armados, operadores de minería ilegal, narcotraficantes o traficantes de combustible. Es el caso de la vía que conecta las provincias de Carchi (en la zona andina fronteriza) y Sucumbíos, donde se ubica el Centro Binacional de Frontera San Miguel (Cebaf), a pocos kilómetros de la frontera, o la que va de Francisco de Orellana a Tena, que une a estas dos capitales amazónicas.

“Nosotros a veces [les] hemos visto llegando. Están ahí por el monte, así como si nada, y en botes así cargados [con] costales como de panela; para no dar papaya”, explicó un anciano. 

El coronel Eduardo habla de dos vías principales usadas para el tráfico de sustancias, el contrabando y los movimientos logísticos de las economías ilegales vinculadas. Estas van desde la Amazonía norte hacia la región Sierra y luego hacia la Costa, hacia el puerto de Guayaquil, el principal del país, desde donde salen contenedores contaminados con cocaína. De acuerdo con los testimonios recabados durante los últimos dos años, hay una tercera ruta que va de Tulcán hacia La Barquilla (en la entrada a la Amazonía), luego a Cascales, hasta conectarse con las principales ciudades de la Amazonía norte de Ecuador y con la red vial que comunica con el centro del país, con la región interandina y con la Costa. Esta es usada por los grupos armados, principalmente los Comandos de la Frontera.

Mientras en Colombia los Comandos de la Frontera han acordado con el gobierno colombiano destruir armas y sustituir cultivos de coca en el marco de los diálogos de paz, hay evidencia de que el grupo sigue sembrando violencia y afectando a la población a ambos lados de la frontera. Ese grupo es señalado en Putumayo de asesinatos y amenazas contra líderes locales, de reclutar menores, de controlar quién entra y quién sale, de impartir castigos y provocar confinamientos. Del otro lado de la frontera está involucrado en el tráfico de drogas y la minería ilegal.

Human Rights Watch considera que la manera como se han llevado adelante los diálogos en el marco de la llamada “paz total” de Petro “ha permitido el fortalecimiento” de los grupos armados que operan en la frontera y ese proceso ha servido “para seguir ampliando el control territorial y para cometer abusos frente a los pobladores de esos territorios”, dijo Juanita Goebertus.

Para la experta Herrera, los vínculos entre los grupos irregulares de Colombia y las bandas delincuenciales de Ecuador no se establecen entre actores similares. Cree que la asociación entre Los Lobos y los CDF en la Amazonía de Ecuador responde a “alianzas funcionales”, en las que el crimen organizado transnacional contrata a pandillas locales que sean capaces de brindarles los ‘servicios’ que necesitan, es decir, conocimiento sobre rutas y posibles sitios de acopio, secuestros o extorsiones, venta al menudeo de drogas o trata de personas.

Herrera señaló la falta de acciones estatales en contra de lo que define como “actor macro del crimen organizado transnacional, que afecta en distintos países donde tiene presencia, capacidad armamentística, entrenamiento y flujo de dinero, y está metido en el sistema político, no únicamente en acciones puntuales, sino que hace la política. Ellos son los que escogen”, explicó.

Para la especialista, el hecho de que las Fuerzas Armadas se ocupen de tareas que no les corresponden derivará en que la presencia esporádica de mafias extranjeras organizadas se convierta en una presencia permanente en la región amazónica.

En Ecuador, los Comandos de la Frontera ya operan con cabecillas locales, según las autoridades. Uno de ellos fue identificado como Roberto Carlos Álvarez Vera, alias ‘Gerente’, un ecuatoriano de 45 años, capturado y extraditado desde Emiratos Árabes Unidos el 30 de diciembre. El hombre es señalado como responsable de la emboscada en la que fueron asesinados los once militares y de liderar estructuras dedicadas al narcotráfico, sicariato y terrorismo. Otros señalados de ser integrantes de los Comandos de la Frontera también han sido detenidos y la Fiscalía mantiene abierto un caso conocido con el nombre del grupo que involucra a alias ‘Gerente’, sus dos hijos y su esposa por lavado de activos. Todos permanecen detenidos.

La fragmentación de grupos

El 4 de junio del año pasado, a un mes de la emboscada que terminó con la vida de los once soldados, otra patrulla militar se encontró con gente armada mientras patrullaba una zona entre La Barquilla y el sector de Puerto Libre, en el límite con Colombia. 

Según el parte militar, el grupo armado habría estado conformado por unos 200 hombres, por lo que los militares decidieron replegarse. “Se entró en diálogo ya que al encontrarnos desventaja tanto en personal como en armamento, se evitó un enfrentamiento y posibles bajas de todo el personal militar” (sic), señaló el parte. También detalló que los hombres portaban “armamento fusil HK, Fusil M16, Fusil AK47, lanzagranadas de tambor. 10 ametralladoras, 2 drones artillados, granadas de mano, pistolas GLOCK” (sic).

Días después de la conversación con Da Silveira fue capturado en un billar de la población ecuatoriana de Maldonado, en la provincia de Carchi, Ángel Polibio Quendi, alias ‘El Indio’, líder veterano del Frente Iván Ríos, disidencia de las FARC perteneciente a la Segunda Marquetalia, por presunto involucramiento con minería ilegal en Ecuador y en Colombia, tenencia y porte de armas y municiones, y extorsión.

Del lado ecuatoriano, el coronel Milton Santillán, comandante del batallón de infantería motorizado No. 39 Mayor Galo Molina, acantonado en Tulcán, reiteró que entre esa ciudad y la localidad de Julio Andrade hay actividades de narcotráfico, extorsiones y contrabando. Ya en el sector de La Barquilla, en Sucumbíos, “más que contrabando, es presencia y tránsito permanente de grupos guerrilleros”, confirmó el oficial ecuatoriano.

La conexión entre la provincia andina de Carchi y la provincia amazónica de Sucumbíos depende de la Transversal Fronteriza E10. Desde Tulcán hasta Sucumbíos, la extensa carretera sortea abismos, deslaves y peñas. En todo el trayecto hay solo un destacamento militar.

Siete u ocho soldados deambulaban alrededor del puesto de control, en un recorrido realizado por el equipo de Amazon Underworld. Uno de ellos se acercó −el cañón de su fusil colgado a la espalda se erguía varios centímetros por encima de su cabeza, el uniforme de camuflaje parecía una o dos tallas más grande−, miró y preguntó hacia dónde íbamos y con la respuesta obtenida, soltó un amable “gracias, siga nomás”, y se apartó. Era un muchacho. En sus veintes, quizás. 

Lejos de los controles es que se mueven las dinámicas ilegales en la frontera Ecuador-Colombia, un problema que se agrava y para el que aún no hay una política integral coordinada que seguirá a la espera mientras escalan las tensiones diplomáticas y comerciales entre los dos países.

*Los nombres fueron cambiados para proteger a las fuentes.