Indígenas vs. vaqueros del carbono: una disputa por millonarios créditos ambientales toca el corazón de la Amazonía colombiana

Por Diego Legrand, para Cuestión Pública y Connectas

En 2025 ocurrió un misterio en la Amazonía colombiana que puso a correr a las autoridades del resguardo indígena Cuenca Media y Alta Río Inírida (CMARI): el de saber adónde fueron a parar los 35.332 millones de pesos colombianos (unos 9,2 millones de dólares) que les corresponden por prestar su territorio para desarrollar un proyecto de créditos de carbono. Un negocio en el que empresas contaminantes pagan a pueblos autóctonos por cuidar el bosque, con el objetivo de mitigar sus emisiones de dióxido de carbono (CO₂), pasando por una serie de intermediarios.

Ese monto —una fortuna en esta región empobrecida— proviene de un programa de reducción de la deforestación y la degradación ambiental llamado Planeta Agradecido con el Resguardo CMARI, cuyo contrato fue firmado en 2022 por el gobernador indígena Aquileo Medina y el empresario Helmuth Gallego, en ese entonces presidente de la empresa colombiana Waldrettung, que después pasó a llamarse Human Forest.

Avalado por la asamblea de autoridades, la máxima instancia de esta sociedad en que las decisiones se toman de forma colectiva, el programa promete mejorar la vida de los habitantes de 14 de las 17 comunidades que conforman este territorio de 2,2 millones de hectáreas. Un espacio tan vasto como El Salvador, ubicado en los límites entre el departamento colombiano de Guainía y Venezuela, que habitan principalmente miembros de las etnias puinave y curripaco.

Hasta agosto de 2025, el proyecto había vendido más de 5,2 millones de créditos de carbono, estimados en 67.900 millones de pesos (unos 17,8 millones de dólares), según informó Human Forest. Y en la lista de sus compradores figuraban aerolíneas como Helistar, la agencia de turismo Aviatur, comercializadores de gasolina como Terpel e incluso la Universidad de La Sabana, el Banco Agrario Nacional y la productora de leche Alpina, según se observa en la página de ColCX, la bolsa que los comercializa.

En el papel, el contrato parecía estar blindado gracias a una cláusula que estipulaba que cada quien manejaría su parte de los ingresos generados por el proyecto: 48 % para la empresa y 52 % para los indígenas. Incluso, como parte de ese programa, se creó un Consejo REDD+ compuesto por cinco autoridades de CMARI, encargadas de administrar “directamente” los recursos del resguardo que, para mayor seguridad, serían depositados en “por lo menos dos negocios fiduciarios separados”, vigilados por el Estado. Mientras que Human Forest insistió luego en avalar los pagos para evitar que se les dé un mal uso.

Pero lo que descubrió una alianza entre Cuestión Pública y CONNECTAS, luego de un año de investigación, es que esta empresa terminó manejando las ganancias de la comunidad por un acuerdo realizado con el gobernador indígena, sin el aval del resto del resguardo. Lo que llevó a varios líderes de CMARI a acusarla de presuntamente querer acaparar esos recursos y usarlos para someter a los que se rebelan contra su autoridad. En un correo enviado a última hora, el presidente de Human Forest, Helmuth Gallego, negó o dijo no tener conocimiento de estas acusaciones y afirmó que “la relación entre Human Forest y CMARI se ha basado siempre en acuerdos formales con sus órganos legítimos de Gobierno, documentados y totalmente transparentes”.

Sin embargo, esta es apenas la última de múltiples controversias que han acompañado al proyecto Planeta Agradecido con el Resguardo CMARI y que hacen que muchos se pregunten si este hombre más que un promotor ambiental, podría ser un vaquero del carbono.

Los vaqueros del carbono son una nueva casta de empresarios llamada así porque se comportan como lo hicieron los vaqueros en el lejano Oeste: queriendo someter a los indígenas ante la ausencia de leyes y de vigilancia estatal para hacerse con un pedazo de este lucrativo negocio que solo en 2023 generó 723 millones de dólares en el mundo. Con la diferencia de que en lugar de pistolas y fusiles, se dice que vienen armados con tinta, pluma, papel y promesas.

“Él es un estafador”, dijo acerca de Gallego uno de los líderes más respetados de CMARI, que aceptó ser grabado a condición de hablar bajo anonimato, por temor a represalias. “Antes era mejor porque uno no se preocupaba tanto como ahora por el dinero”, afirmó al acusar al presidente de Human Forest de negociar “con líderes que no son líderes” para presionar a las autoridades que no le obedecen, frente a otros dirigentes.

Y no es el único en pensarlo. “La empresa nos quiere dominar”, dijo en otro momento un capitán que es autoridad en su comunidad y que había aceptado dar su nombre, pero que se retractó luego de que Helmuth Gallego acusara a varios líderes de querer hacerle “daño al proyecto y a las familias” de CMARI, ante la inminente publicación de este reportaje.“No tenemos evidencia de que esas expresiones provengan de alguna de las autoridades legítimas del Resguardo Indígena CMARI”, respondió Gallego a esta alianza, al afirmar que “cualquier señalamiento que sugiera presiones, manipulación o actuaciones por fuera del marco institucional acordado no corresponde a la realidad del proyecto”. Dos de los capitanes que aceptaron contestar a las solicitudes de esta alianza expresaron abiertamente su apoyo a la empresa y al proyecto.

Al preguntarle si encaja en la definición de un vaquero del carbono, el presidente de Human Forest respondió, hablando de sí mismo en tercera persona, que “si Helmuth Gallego, quien está en el mercado del carbono desde el 2005 […] como presidente o asesor jurídico de la mayoría de empresas del sector” es un vaquero, “entonces todos somos vaqueros”.  Y es cierto que este abogado, que siempre lleva lentes oscuros por un problema de visión y al que apodan el “Viejo” en la Amazonía, no es un advenedizo. 

En 2023, Human Forest —que cambió cuatro veces de nombre en siete años— tenía cuatro proyectos de créditos de carbono registrados en los departamentos de Guainía y Vaupés. Así consiguió abarcar el “10,6 % del área disponible” para proyectos de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Ambiental (REDD+) en resguardos indígenas, según el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (Sinchi).

Esto hace de él uno de los mayores actores de ese sector en la Amazonía.

¿Contratos fraudulentos?

Quien intuyó que algo andaba mal en este proyecto fue Franklin Martínez. Un joven sociólogo que recién fue nombrado asesor del gobierno indígena de CMARI, compuesto por un gobernador y cuatro miembros de su junta directiva. 

Cuando llegó al cargo, en el resguardo imperaba una relativa calma porque parte de la comunidad estaba convencida de que su dinero se encontraba a salvo en las cuentas de la fiduciaria semiestatal Fiduagraria. La razón era que un contrato firmado en 2021 con esa entidad había sido difundido ante la comunidad durante un evento en el que estuvo el Ministerio del Interior en 2024, según indicaron tres fuentes y confirmó el propio ministerio en respuesta a una solicitud de información. En tanto que otro contrato habría circulado posteriormente sin que se conociera su origen.

Ver aquí la respuesta completa del Ministerio del Interior a la solicitud de información

El primer documento era un contrato para la creación de una fiducia en el que sería depositado el dinero para la ejecución de 15 programas comunitarios para el mejoramiento de la calidad de vida del resguardo. Mientras que el segundo era de una fiducia en la que sería depositado el dinero de un bono familiar mensual de 1.200.000 pesos colombianos (unos 314 dólares) entregado a 410 familias que participan en el proyecto. El 10 % restante sería de libre uso del gobierno indígena.

Pero cuando el equipo del gobierno indígena envió un derecho de petición a Fiduagraria, destapó una caja de pandora. La entidad contestó que no solo no tenía el dinero en sus cuentas, sino que la firma de su representante legal en esos dos contratos había sido falsificada. En consecuencia, el 27 de agosto de 2025 la institución interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía “por presuntos hechos de suplantación y falsedad en documento privado”.“Nunca se imaginaron […] que los pueblos indígenas ya no son fáciles de dominar, como seguramente fue el caso hace muchos años. Hoy hay gente que está estudiando y está preparándose” para defender sus derechos y los de su pueblo, que está “empezando a despertar”, afirmó Martínez a esta alianza desde la oficina en la que despacha.

Estos hallazgos llevaron a Helmuth Gallego, presidente de Human Forest, a admitir, en una reunión realizada en Bogotá a finales de octubre, que el dinero se encontraba “en una cuenta bancaria bajo la titularidad de Human Forest”, como lo confirmó en un correo posterior.

Para justificarse, el abogado mostró una carta que le envió en 2023 el gobernador Aquileo Medina en la que le pedía que “maneje la plata” del resguardo porque era demasiado difícil conseguir la firma autógrafa de las otras cuatro autoridades del Consejo REDD+ a la hora de autorizar cualquier pago. Acerca de los contratos presuntamente apócrifos, Gallego negó en un correo enviado a esta alianza que hubieran sido socializados por funcionarios de Human Forest y aseguró, a finales de noviembre, no tener conocimiento de la denuncia interpuesta por Fiduagraria.

Lejos de calmar los ánimos del resto de autoridades, esta movida enardeció a un grupo de líderes indígenas que ahora se plantean cambiar de gobernador a finales de 2025.

“Nosotros simplemente ayudamos a que el Resguardo estuviera tranquilo”, se defendió Gallego en una serie de correos intercambiados con esta alianza en los que detalló que el dinero se encuentra en cuentas a nombre de Human Forest administradas “directamente” por el resguardo y se ejecuta a partir de acciones priorizadas por la asamblea de capitanes y planeadas por la empresa y el Consejo REDD+.

Pero eso “es falso”, respondió Juan Martínez, tesorero del cabildo. “El doctor siempre miente a toda la gente del resguardo, diciendo que los consejeros REDD+ son los que administran todos los recursos del resguardo”, pero “el doctor nunca los invita para aprobar” los proyectos, “siempre pasa por encima de ellos y de todas las autoridades”.  Eso estuvo “muy mal hecho”. “Ninguno de nosotros conocimos eso”, señaló a su vez Jaime Martínez, miembro del Consejo REDD+.

Finalmente, Gallego se comprometió por correo a proponer “retomar el esquema fiduciario inicialmente previsto, pero ahora con una estructura de costos manejable para obtener las cuatro firmas necesarias”.

A los vaqueros del carbono no les gusta la competencia

Un evento ocurrido semanas antes de que se resolviera el misterio sobre el paradero del dinero ya había puesto en entredicho la independencia del gobierno indígena en el manejo de los recursos que le corresponden por el proyecto Planeta Agradecido con el Resguardo CMARI.

En mensajes de audio y texto enviados a varios líderes del resguardo, Helmuth Gallego presuntamente confesó haber retenido durante septiembre y octubre de 2025 el pago del bono familiar a seis comunidades. El argumento fue que sus capitanes apoyaron a otra empresa que busca desarrollar un proyecto de créditos de carbono en las tres comunidades que no están involucradas con el programa de Gallego y que supuestamente se traslapa con el suyo.

Según el presidente de Human Forest, esos capitanes no podían hacerlo y dañaron “gravemente el proyecto” y la “buena fama” de su compañía.

La empresa en cuestión es Ciprogress, una competidora que firmó en 2011 un acuerdo con el resguardo CMARI para incluir a las comunidades de Garza Morichal, Laguna Mure y Puerto Valencia, algunas de las más alejadas de Inírida, en su propio proyecto de bonos de carbono. Este nunca se consolidó y la empresa no volvió a aparecer en la zona desde entonces, ni entregó dinero en 14 años a esas comunidades, según declaran sus autoridades, que ahora buscan rescindir este contrato con el que han quedado maniatados. En tanto, Ciprogress afirma que ha ratificado el contrato en varias ocasiones con las autoridades indígenas del resguardo y que acaba de certificar millones de créditos que se dispone a vender.

Milagrosamente, después de que los capitanes radicaron una tutela en contra de Ciprogress y el gobernador indígena Aquileo Medina pidió disculpas por haber respaldado a la empresa rival, Human Forest reanudó los pagos. Seguidamente, varios capitanes que dijeron estar varados desde hacía una semana en Inírida por falta de recursos para pagar el viaje de regreso pudieron retornar a sus comunidades. 

Entrevistado en un café al que suelen ir las autoridades de CMARI, Medina acusó a Gallego de no respetar los acuerdos “verbales” y “formales” que se hicieron para manejar el dinero. “Siempre teníamos que acudir a él sabiendo que la plata es de nosotros”, señaló. Aunque evadió la pregunta de si él autorizó que fueran movidos los recursos sin el aval de su pueblo. “No sé”, respondió antes de que uno de sus asesores lo rescatara, explicando que las negociaciones con la empresa han sido complicadas por lo técnico que puede ser el lenguaje utilizado en los proyectos de créditos de carbono, muchas veces en un idioma diferente al suyo. En sus cinco años de mandato, Aquileo Medina ha firmado cartas a favor de tres empresas desarrolladoras de créditos de carbono diferentes y se ha retractado. Es un hombre bajo presión.

“La investigación que venimos desarrollando sobre el mercado de bonos de carbono en el departamento del Guainía nos ha mostrado que prácticamente todas las empresas que han firmado contratos de mandato con comunidades indígenas lo han hecho a través de negociaciones en español”, que muchas veces no es su primera lengua, explicó Alhena Caicedo, directora del Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Esto “pone en abierta desventaja a las poblaciones indígenas con respecto a lo que las empresas están negociando”, no porque no entiendan las transformaciones propias del cambio climático, sino porque son llevadas a cabo en un lenguaje corporativo que les es ajeno.

En sus 20 años de existencia, algunos ‘vaqueros del carbono’ han causado tantos estragos que sus malas prácticas son uno de los principales causantes de una crisis en el mercado global de créditos REDD+, cuyo valor se redujo en 61 % entre 2022 y 2023, según la ONG Forest Trends. El acrónimo REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación forestal) se refiere a una de las principales modalidades existentes de créditos de carbono.El propio director de la Asociación Colombiana de Actores de Carbono (Asocarbono), Francisco Ocampo, reconoció que en Colombia hubo durante mucho tiempo “un problema de falta de regulación de los bonos de carbono […] que permitió que entraran en el negocio […] muchas empresas sin escrúpulos”. Pero el problema está lejos de estar resuelto.

En noviembre de 2024, el Ministerio de Ambiente reconoció en un correo que no había sancionado a ninguna empresa porque no disponía de los instrumentos para hacerlo. Y en octubre de 2025, informó en otro correo que todavía no estaba listo el reglamento que le ordenó actualizar la Corte Constitucional más de un año antes, aunque dijo disponer ya de un borrador.

“Los vaqueros del carbono operan gracias a que el Estado creó un escenario de total flexibilidad”, en el que la reglamentación existente es interpretada de manera favorable para las empresas, destacó Julián Trujillo, director de la Clínica Jurídica sobre Derecho y Territorio de la Universidad Javeriana.

Y no son los primeros colonos en operar de esta manera en Colombia. Antes estuvieron los caucheros europeos, que esclavizaron a los indígenas para extraer la savia de sus árboles. Los garimperos brasileños, que contaminaron los ríos con sus dragas para extraer el oro. Los narcotraficantes, que empujan a los campesinos a talar árboles para sembrar coca. Y los disidentes de las FARC que aún rechazan someterse al acuerdo de paz que desarmó a esta guerrilla en 2016 y contrabandean tierras raras.

Unos resultados discutibles

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Mientras estos acontecimientos sucedían en Bogotá y en Inírida, en el resguardo CMARI la vida seguía su curso con unas ligeras transformaciones. En la comunidad de Piedra Alta, a la que se llega después de viajar en lancha durante dos horas y media desde Inírida, pasando los cerros sagrados de Mavicure, el capitán Moisés Miraval repasaba los beneficios que le ha traído a su gente el proyecto Planeta Agradecido con el Resguardo CMARI.

Mostró el enorme módem de internet satelital de Starlink, resguardado de la lluvia en una casa de piedra que también sirve de escuela, y también enseñó los pupitres, el tablero de plástico y los útiles escolares entregados por Human Forest, además de los medicamentos guardados bajo llave, a falta de un enfermero o un médico que pueda administrarlos.

El principal aporte es una lancha ‘voladora’, vital cuando se necesita transportar a un enfermo hasta Inírida. Aunque este valioso regalo no incluye la gasolina, que se volvió particularmente costosa desde que Venezuela entró en crisis y se volvió más difícil contrabandearla a este lado de la frontera. 

A cambio del dinero y de los otros beneficios, el capitán Miraval y su gente se comprometieron a implementar una serie de acciones en favor del medioambiente. Estas incluyen la limpieza periódica de la aldea, el monitoreo de la fauna y la flora, talleres de cuidado ambiental y la prohibición de talar árboles. Para cumplir con este último punto, en Piedra Alta decidieron reducir los conucos, unas parcelas agrícolas ancestrales usadas para su subsistencia y complementadas con el fruto de la pesca, la caza y la minería de oro, fuente de dinero en efectivo en toda la región. 

A su vez, la reforestación acordada está en mora después de que las inundaciones dañaran la mitad de los árboles sembrados recientemente. “Ahora tenemos que volver a reforestar, a reemplazar los que murieron”, señaló con pesar Miraval, vestido con una camiseta estampada con el logo del resguardo CMARI y una gorra que lo protegía del sol inclemente. 

Con todo, en noviembre de 2025 aún no está claro el aporte de este programa a la mitigación de la deforestación en una región en la que la pérdida de árboles fue de 0,027 % en 2023, una de las más bajas de la Amazonía colombiana. 

La reducción de la cobertura arbórea registrada en CMARI desde que se implementó el programa (-13,21% si se compara el periodo de 2017-2020 con el de 2021-2024) es, de hecho, menor que la que ocurrió en el mismo plazo en el departamento de Guainía (-46,26%) y en todo Colombia (-31,32%), según los cálculos hechos con información de Global Forest Watch. Al respecto, Gallego respondió que los valores de deforestación estimados pueden variar según la metodología empleada.

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Pero esas preocupaciones son lejanas para la comunidad de Piedra Alta, donde las carencias son fuertes, al igual que en el resto de Guainía, cuya tasa de pobreza del 49 % en 2024 cuadruplica la media nacional.

“Mire los baños de la escuela, ¿le parece normal?”, cuestionó el profesor Alfredo Santana, acompañante del capitán Miraval, al mostrar un local derruido y sin agua potable que, igual que el resto del pueblo, recibe electricidad durante unas horas diarias gracias a unos paneles solares. Tampoco hay manuales escolares en la comunidad puinave que ayuden a preservar la cultura, lamentó.

Optimista, en el momento en que esta alianza visitó Piedra Alta, Miraval conservaba la esperanza de que los días aciagos hubiesen quedado atrás. Confiaba en que, dentro de unos años, los indígenas podrían manejar solos sus recursos. “Por eso mandamos a nuestros hijos a que se preparen en universidades”, dijo. Su opinión no parecía ser mayoritaria entre la docena de autoridades entrevistadas para este reportaje, pero al menos dos capitanes expresaron claramente su apoyo a Human Forest.

Por correo, Gallego también destacó el dinero entregado cada mes a pastores y sabedores, así como la indumentaria para la guardia indígena, entre otros beneficios, y escribió que “cada familia del resguardo recibe hoy 2 millones de pesos cada mes, con lo cual ya no existe la miseria en el resguardo”.

Primeras turbulencias

Antes siquiera de que empezara formalmente el proyecto Planeta Agradecido con el Resguardo CMARI ya se habían suscitado turbulencias con la llegada de los vaqueros del carbono.

En 2020, cuando Medina era apenas un joven líder ambicioso, llevó a cabo una asamblea en la que se votó la repartición del territorio CMARI en 87,5 % para Human Forest y 12,5 % para Ciprogress, sin la presencia del gobernador de la época, Alfredo Acosta. “Como lo hicieron las potencias coloniales en África”, resumió un antropólogo que siguió el caso. 

El presunto modus operandi de la empresa —entonces llamada Waldrettung— fue denunciado públicamente por 9 capitanes quienes informaron que tuvieron que aprenderse un guión para que se aprobara la auditoría del proyecto “bajo la presión y amenaza” de que perderían los beneficios económicos que estaban recibiendo y serían removidos de su cargo en caso de no hacerlo.

Consultar aquí la denuncia interpuesta por 9 capitanes en contra de Waldrettung

El asunto se puso color de hormiga cuando un tercer actor apareció en la disputa: Biofix, otra empresa de esta industria involucrada en escándalos en la Amazonía, que intentó imponer su propio proyecto de la mano de Acosta. Entonces, las dos compañías —Human Forest y Biofix— emprendieron un duelo al estilo del viejo Oeste que “generó división, conflicto y una pugna de poder entre los integrantes de la comunidad”, según describió un juzgado de Villavicencio llamado a intervenir.

CMARI pasó a tener dos gobernadores proclamados al tiempo en diferentes asambleas: por un lado, Aquileo Medina, de la comunidad puinave y defensor de Human Forest, y por el otro, Alfredo Acosta, descendiente de curripacos y aliado de Biofix.

El asunto escaló a tal punto que llevó al resguardo al borde de un conflicto interétnico, explicó Julián Trujillo, quien acompañó una parte del proceso. “Hay sobre todo un conflicto interno en el gobierno indígena causado por las decisiones sobre consentir o no el proyecto, así como las decisiones tomadas sobre la administración de los recursos”, señaló este abogado que fue uno de los autores de la demanda que llevó a la Corte Constitucional a ordenar al gobierno colombiano reglamentar el mercado de carbono.

El conflicto acabó resolviéndose en una asamblea celebrada en septiembre de 2022, en la que Human Forest obtuvo la mayoría de votos y a raíz de la cual fue acusada por dos capitanes de haber comprado votos e impulsado la destitución de quienes se le oponían, según documentos compartidos por Biofix.

Confrontado en su oficina de Bogotá con un video en el que un capitán curripaco, con un fajo de billetes en la mano acusa a Waldrettung de querer comprar su voto, Gallego respondió que se trató de un montaje hecho por la competencia, por el que interpuso varias demandas, que llevaron a Biofix a desistir del proyecto. Biofix rechazó estas alegaciones en un correo en el que afirmó que se retiró para “evitar mayores conflictos de gobernanza al interior del resguardo o situaciones que pusieran en riesgo la integridad de las autoridades que realizaron denuncias en contra del actuar de esta empresa”, en referencia a Human Forest.

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Si bien el comité de ética de la Asociación Colombiana de Actores del Mercado de Carbono (Asocarbono) no respondió a las solicitudes hechas para consultar las demandas interpuestas por Human Forest y Biofix, el director de este gremio, Francisco Ocampo, precisó que la postulación de Human Forest no ha sido aceptada porque “tuvo denuncias en diferentes momentos” y “se quiere blindar de alguna manera a Asocarbono por influencias eventualmente de malas prácticas o de malas referencias”.

Una nueva colonización

De aquella época también quedaron cicatrices que dieron nacimiento a los gérmenes de otra rebelión indígena. La de las tres comunidades que quedaron por fuera del proyecto de Human Forest y que han tratado de rescindir el contrato que las liga a Ciprogress.

Para salir de este atolladero, miembros de las tres comunidades crearon la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas del Resguardo CMARI (Asocmari) con el fin de tomar sus propias decisiones sin tener que consultar a todo el resguardo. En 2025, uno de sus principales reclamos era que Human Forest invadió una parte de su territorio ancestral con su proyecto y ha impulsado la destitución de autoridades que le son contrarias, como ocurrió en Puerto Valencia, donde el capitán Rumaldo Barrera Carillo fue destituido por “faltas gravísimas” y reemplazado por su familiar Desiderio, quien ha hecho público su interés de incorporar a su comunidad al programa de Human Forest.

“Este proyecto ha venido atropellando nuestra autonomía, nuestro territorio, no nos ha respetado en ningún momento”, denunció Luz Marleny Melo, la presidenta de la asociación, desde la ciudad de Villavicencio. Menuda y con un pelo negro obsidiana y lacio, esta abogada ha sido vetada del territorio por su lucha. 

“Lo único que nosotros queremos es que nos dejen libre el territorio que nos pertenece a las tres comunidades y que ellos sigan con el proyecto de ellos”, ahondó por videollamada Ignacio Rodríguez, capitán de la comunidad indígena Garza Morichal. En tanto que Gallego, por su parte, aseguró que ha querido hacer esa delimitación, pero que la idea ha sido rechazada por una asamblea de capitanes.

Para dar a conocer sus reivindicaciones, Asocmari ha aprovechado el escenario ofrecido por la consulta previa que realiza el Ministerio del Interior desde octubre de 2024 con el objetivo de asegurarse de que todo el resguardo conoce los pormenores del proyecto de Human Forest y entiende plenamente su alcance. Un trámite al que se resistió durante un tiempo la compañía de Gallego por considerar que “no es pertinente”. En tanto que el grupo de líderes que investigaron el paradero del dinero del resguardo espera que le pueda servir para renegociar los términos del acuerdo de 2022.

En los dos eventos de consulta previa llevados a cabo en 2023 y 2024, quedó claro que buena parte de la comunidad tenía dudas sobre la manera en que se manejaría el dinero. Como consecuencia, hasta el momento no se ha podido cerrar este trámite que está sirviendo para exponer las dudas e inconformidades que envuelven al proyecto Planeta Agradecido con el Resguardo CMARI. 

Juntos, los seis líderes puinaves castigados por apoyar a Ciprogress y los tres que viven en la zona más alejada de Inírida, dispondrían de una mayoría suficiente para voltear la mesa en la asamblea de autoridades compuesta por los 17 capitanes y tres líderes de cada comunidad. Pero la desconfianza que se ha instalado desde que el cabildo gobernador intentó tumbar a Asocmari por medio de demandas rechazadas por la justicia hace que la suerte del proyecto no esté echada y todos avancen sus fichas en previsión de la conferencia de fin de año en la que se podría poner en juego el cargo de gobernador. 

Así, mientras algunos abogan por mantener el proyecto intacto o con enmiendas, otros ya miran hacia el vecino departamento de Vaupés, donde los indígenas del resguardo Pirá Paraná se están organizando para intentar construir su propio proyecto de créditos de carbono, sin vaqueros de por medio.

Investigación, texto y fotografías: Diego Legrand, en alianza con Cuestión Pública y CONNECTAS.

Edición: CONNECTAS y Cuestión Pública

Diseño e ilustraciones: Heidy González Suárez

En aras del equilibrio informativo, esta alianza publica la respuesta completa de Helmuth Gallego, presidente de Human Forest, a las preguntas formuladas sobre la actuación de esta empresa en el proyecto Planeta Agradecido con el resguardo CMARI, para que puedan ser consultadas en su totalidad. 

Helmuth Gallego

Presidente de Human Forest

Ver aquí la respuesta completa de Human Forest enviada el 20 de noviembre de 2025