Los informes de Jorge Restrepo y la empresa gerenciada por Yohir Akerman a favor de Chiquita Brands

Por: Nicolás Sánchez Arévalo. Vorágine. 

La bananera Chiquita Brands sufrió uno de los reveses judiciales más grandes de su historia. Un jurado federal en Estados Unidos condenó a la multinacional a indemnizar a ocho víctimas de los paramilitares luego de comprobar que esa empresa financió, por lo menos, durante siete años a ese grupo criminal. En Colombia exejecutivos de esa compañía y de Banacol, empresa antioqueña, afrontan un juicio por concierto para delinquir y financiación de grupos paramilitares. En medio de ese proceso los exdirectivos han encontrado aliados para su defensa que han rendido informes confidenciales con falsedades y omisiones para reforzar las tesis de Chiquita Brands y de Banacol.

Un contexto importante para entender el contenido de los informes: La Fiscalía acusó el 17 de septiembre de 2009 a un grupo de 10 empresarios por concierto para delinquir. La entidad señala a los exdirectivos Banacol de haber entregado 7.000 millones de pesos a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) por medio de las Convivir. Utilizando el mismo esquema, Chiquita Brands aportó, entre 1997 y 2004, 1.7 millones de dólares al grupo criminal. El ente investigativo pretende probar que esos pagos los hicieron a las cooperativas Convivir de Urabá que, aunque eran cooperativas legales, en esa región fueron controladas y fundadas por los grupos paramilitares. Los empresarios aseguran que desconocían la relación de esas organizaciones con el paramilitarismo.

La empresa de Yohir Akerman

Uno de los documentos presentados por la defensa de los bananeros en el juicio fue elaborado por la empresa Guidepost. El informe está fechado el 13 de julio de 2020 y tiene el rótulo “Privilegiado y confidencial”. VORÁGINE accedió a las 55 páginas de ese archivo.

Guidepost es una empresa con sede en Nueva York que tiene oficinas en Bogotá y en Miami. En varios artículos de prensa en Colombia sus caras visibles han sido Andrés Otero Leongomez y Yohir Akerman. Otero es el primer suplente del gerente de la firma y columnista del diario La República. Akerman es el gerente, presidente de la empresa en América Latina y columnista de la revista Cambio. En una entrevista que Otero le dio al diario Portafolio habló del tipo de trabajo que hace la empresa, aunque sin mencionar a sus clientes: “en Colombia hemos tenido dos casos de empresas acusadas de tener vínculos con paramilitares, y nuestra tarea fue analizar todas las acusaciones. Logramos desvirtuar, con hechos, que esos testimonios o declaraciones no eran más que montajes de personajes que estaban buscando rebaja de penas ante la justicia”. 

Akerman y Otero eran socios en la compañía Custom Information Services (CIS), proveedor de investigaciones especializadas, inteligencia y manejo de reputación, según la página web de Guidepost. Esta última adquirió a CIS en 2019, tal como lo reseñó un artículo del diario La República titulado: “Esperamos en tres años estar superando US$10 millones en ingresos”. 

Akerman, según la página de Guidepost, también ha cumplido el rol de investigador en  apoyo a litigios. Otero, por su parte, fue noticia en abril pasado cuando fue presentado por Chiquita Brands como su testigo en el caso que la Justicia de Estados Unidos seguía en contra de la bananera. “Los otros dos testigos rechazados fueron presentados por Chiquita e incluyeron al investigador privado Andrés Otero Leongomez, y al exagente de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), David Gaddis. Se esperaba que Otero Leongomez desacreditara a dos excomandantes de las AUC sobre si los pagos de Chiquita al grupo paramilitar eran voluntarios o producto de la extorsión. El juez (Kenneth) Marra consideró que el testigo carecía de interacciones personales con los dos antiguos miembros de las AUC”, se lee en una de las noticias que se difundieron.  

Omisiones convenientes

El trabajo de Guidepost en el caso del juicio en contra de los exejecutivos de Chiquita Brands y Banacol estuvo a cargo de Otero según el documento en poder de VORÁGINE, y se centró en intentar sustentar que los empresarios desconocían los vínculos de las Convivir con los paramilitares. “El primer indicio que logramos ubicar en el archivo público que muestra que las AUC habían infiltrado las Convivir de forma sistemática, y que usaban su estructura legal como escudo para ocultar sus operaciones, fue publicado el 26 de febrero de 1999 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, escribieron en su reporte con destino a un juez.

Eso contrasta con varios hechos y advertencias previos al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El informe anual de la organización Human Rights Watch (HRW) de 1998 que relacionaba hechos de 1997 en Colombia decía en uno de sus apartes: “En 1997 recibimos informaciones creíbles que indicaban que las Convivir de las regiones del Magdalena Medio y el sur del Cesar estaban dirigidas por conocidos paramilitares y habían amenazado con asesinar a colombianos considerados simpatizantes de la guerrilla o que se habían negado a inscribirse en las cooperativas”. Los investigadores de Guidepost desestimaron el informe de HRW en un pie de página con la siguiente leyenda: “Por ejemplo, el reporte de Human Rights Watch de 1998 cita reportes del Magdalena medio y el sur del Cesar, áreas cuya presencia paramilitar era conocida, que sugieren las Convivir en ese territorio estaban siendo controlados por los paramilitares. Sin embargo, el reporte no identifica, explícita o implícitamente, a los individuos paramilitares que estaban al frente de las Convivir ni ofrece evidencia que corrobore estos reportes”. Aunque no lo mencione el informe de Guidepost, la presencia paramilitar en Urabá era para aquella época tan conocida como la del Magdalena y el Cesar.

Hay más reseñas públicas sobre relaciones entre las Convivir y los paramilitares que aparecieron antes de 1999. Un reporte del diario El Tiempo, que los investigadores de Guidepost ignoraron, indica que un paramilitar que murió perpetrando una masacre en Tocaima (Cundinamarca) era el representante legal de una Convivir de Urabá llamada La Palma. La noticia fue publicada el 15 de enero de 1998, un año antes del documento de la CIDH. El comandante paramilitar se llamaba Luis Carlos Mercado Gutiérrez y su sobrenombre en la guerra era ‘Pantera’, él dirigía el comando de asesinos que mató a 14 personas en la masacre de La Horqueta. Aunque el caso también estaba citado en el informe de la CIDH, el documento de Guidepost no hace ninguna referencia.

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La consultora recalcó la supuesta falta de información pública en otro fragmento del documento: “La conclusión de nuestra evaluación es que, si bien existe evidencia de los vínculos entre las Convivir y las AUC, que han sido exploradas por diversas fuentes, el registro muestra que, entre 1994 y 1999, no había evidencia en el registro público de ellos, ya que tales afirmaciones sólo surgieron después. Luego, sostener que la relación entre las Convivir y las AUC era de conocimiento común se encuentra lejos de lo que muestra la evidencia contemporánea a dicho periodo”. 

Esto se contradice con información pública y artículos de prensa publicados antes de 1999. Un texto de la revista Semana, por ejemplo, daba cuenta de una simbiosis entre las Convivir y las AUC. Está fechado el 20 de septiembre de 1998 y se titula: “Las Convivir se paramilitarizan”. Decía así: “Carlos Castaño, jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, fue visitado hace unos días por representantes de 200 juntas de acción comunal de Antioquia, Tolima y Viejo Caldas. El motivo de la reunión era llegar a un acuerdo para sumarse a su movimiento, debido a que las Convivir de sus regiones iban a entregar las armas y quedarían a merced de la guerrilla. Los dirigentes se comprometieron con él a financiar los fusiles y todo parece indicar que su ingreso a la organización está en firme”.

No quiere decir por este artículo que la alianza entre las Convivir y los paramilitares se gestara en 1998. En múltiples sentencias de Justicia y Paz queda claro que en la región de Urabá dicho contubernio inició al menos en 1996. “A partir de este momento (1996), y teniendo como espacio legal de articulación las Convivir, inicia en Urabá una alianza entre algunos miembros de la Fuerza Pública, y las organizaciones paramilitares, que involucró a importantes oficiales y mandos medios del Ejército”, se lee en un fallo en contra de José Barney Veloza García, proferida por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.

Las “oposiciones filosóficas”

El informe de Guidepost asegura, además, que antes de 1999 ni siquiera los más críticos sugerían públicamente que entre las Convivir y los paramilitares existía un vínculo. “Revisamos detalladamente las declaraciones de los opositores a las Convivir y anotamos que, en esa época, existía un debate riguroso sobre el rol de las Convivir como actores no estatales en el marco de la seguridad y violencia en Colombia. Para éstos, las Convivir abusaban de su autoridad y mandato, no estaban bien reguladas ni supervisadas, eran actores directos en la perpetuación de la violencia, coordinaban de manera muy cercana con las fuerzas armadas, y contribuían a la inestabilidad regional al introducir otro actor armado en el conflicto. Estas críticas venían principalmente de la izquierda colombiana, y eran basadas en ideologías previsibles y oposiciones filosóficas al derecho de autoprotección, más que en aspectos concretos o evidencias específicas de alguna actividad ilegal. Sin embargo, las Convivir eran, incluso para los críticos, organizaciones separadas de las ACCU y AUC”, escribió Guidepost.

Basta ver el informe público de Human Right Watch de 1998 que descartó Guidepost para advertir lo contrario. En uno de los apartes del documento se dice que en 1997 catorce organizaciones de derechos humanos suscribieron el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) contra el Decreto 356 que regulaba a las Convivir. Líneas más adelante está esta cita en la que se menciona al paramilitarismo relacionado con las Convivir: “El Director Ejecutivo de la CCJ, Dr. Gustavo Gallón, señaló en la audiencia del 26 de agosto (de 1997) ante la Corte Constitucional que, dada la trágica historia de violencia paramilitar en Colombia, un decreto que ‘permite la organización y el funcionamiento de grupos paramilitares… es contrario a la esencia del Estado social de derecho’».

A manera de contexto hay que decir que desde 1997 en plano internacional las Convivir generaron innumerables pronunciamientos de parte de agencias, oenegés, e incluso la ONU frente a las violaciones a los derechos humanos que se les endilgaba a las cooperativas de vigilancia y seguridad. Un artículo de Semana del 13 de julio de aquel año se refería a las observaciones hechas por Almudena Mazarrasa, alta comisionada de la ONU para los derechos humanos en el país:  “Colombia es un país en el cual muchas fuerzas, entre ellas algunos miembros de las Fuerzas Armadas, los grupos paramilitares y posiblemente funcionarios del gobierno que impulsan las Convivir, han gestado una operación de exterminio contra los defensores de los derechos humanos y figuras políticas como la exsenadora Claudia Rodríguez y los recientemente asesinados alcaldes de Guática, Risaralda, y Acevedo, Huila. Con la publicación de este informe se pierden las esperanzas de una mejoría en el corto plazo de la imagen internacional del país en el tema de los derechos humanos”. 

Lo anterior también se puede leer en un comunicado de la Asociación Colombiana de Juristas: “La representante del Alto comisionado para los Derechos humanos en Colombia, señora Almudena Mazarrasa, ha invitado al gobierno colombiano a que estudie la posibilidad de revocar el decreto que legalizó las Convivir, responsables de graves violaciones a los derechos humanos”. El diario El Tiempo reprodujo el 16 de agosto de 1997 una frase del presidente Ernesto Samper según la cual, “las Convivir se están desbordando”. 

Incluso, autoridades regionales advirtieron los riesgos de las Convivir y empezaron a documentar los nexos con los paramilitares en 1996. Carlos Alfonso Velásquez, quien fue el segundo al mando de la Brigada 17 de Urabá hasta junio de 1996, le contó a El Espectador que él y el general Víctor Álvarez pidieron que no instauraran esas cooperativas en la zona. En entrevista con VORÁGINE, Velásquez aseguró que en un principio no había indicios de la cooptación de esas organizaciones por parte de los paramilitares, pero la información no tardó en llegar. “Creo que a partir del segundo semestre del 96 (…) por análisis de inteligencia”, dijo cuando le preguntamos desde qué momento empezaron a haber indicios de esa infiltración. 

Los crímenes de las Convivir

Había otros elementos públicos. La empresa consultora también omitió una advertencia que hizo el periodista Harvey Beltrán en el libro “Urabá la verdad de cada cual”. Esa investigación sobre la violencia que azotaba a la zona fue publicada en junio de 1996, antes de que se diera la gran explosión de asociaciones Convivir, entre noviembre y diciembre de ese mismo año. “En varios volantes que circularon por la región, a finales de 1995, se manifestó que durante el gobierno Samper, se legalizó la creación de las Cooperativas Rurales de Seguridad, las cuales son también fachadas de grupos contraguerrilleros”, se lee en el libro.

Habitantes de la zona también dan cuenta del conocimiento público que había de los nexos de las Convivir con el grupo criminal. “Era latente. Gente que uno veía asesinando en los barrios y en la calle, después los veía uno con un radio y una moto con la escarapela de las Convivir”, dijo Joel Díaz, quien nació en Urabá, vivió en la región en esa época y ahora es líder social. “Eran los mismos paramilitares. A uno le decían ‘ese man es convivir’ y uno sabía que era paraco. Uno no distinguía entre un convivir y un paramilitar. Era igual. Eso todo el mundo lo sabía, era público”, aseguró Pedro Páez*, víctima de los paramilitares en la región y testigo presencial de los hechos porque vivía en Turbo y visitaba la zona rural del municipio. 

A todo lo anterior se suma que en las entidades estatales había registros de los desmanes de las Convivir. En 1997, como lo publicó Semana, la Fiscalía reportó que había 35 investigaciones abiertas contra miembros de las Convivir. Incluso, en agosto de 1998 fue noticia el proceso judicial que se adelantó contra el general Fernando Millán por las actuaciones criminales de una Convivir en Lebrija, Santander. 

Para los mismos años, las Convivir perpetraban crímenes en contra la población civil. Por ejemplo, sus integrantes participaron en la masacre de El Retiro (Antioquia) que dejó nueve personas muertas el 15 de agosto de 1997. También participaron en la masacre de Pichilín (Morroa, Sucre) el 4 de diciembre de 1996, donde asesinaron a 11 campesinos. Jefes paramilitares como Salvatore Mancuso tenían su propia cooperativa.

El máximo comandante de las AUC lamentó en una entrevista que cientos de Convivir se desintegraran luego de que una sentencia de la Corte Constitucional les puso límites en 1998. “¡El desmonte de las Convivir es un triunfo categórico de la guerrilla!”, dijo Carlos Castaño en entrevista publicada en Semana en 1998. En regiones como Urabá esas cooperativas solo cambiaron de figura legal y pasaron a ser Servicios Especiales de Vigilancia y Seguridad Privada, bajo ese paraguas legal operaron hasta la desmovilización de las AUC, entre 2005 y 2006.

En 2007, Chiquita admitió ante el tribunal del Distrito de Columbia que entre 1997 y 2004 la compañía le aportó 1.7 millones de dólares a las AUC. Entre los hechos expuestos en el acuerdo que hizo la bananera con la justicia gringa queda en evidencia que parte de los pagos se reportaron como si fueran a la Convivir Papagayo, la más poderosa que operó en Urabá y que fue fundada y controlada por los paramilitares.

Guidepost y una lectura parcial

Otro método que utilizó la empresa consultora fue escoger fragmentos judiciales que le convenían a su tesis y omitir los que la ponían en tela de juicio. Fue así que llegaron a afirmar que dos directores de cooperativas Convivir en Urabá, que fueron condenados por tener nexos con paramilitares, no sabían que Raúl Emilio Hasbún, conocido en la guerra como ‘Pedro Bonito’, era un comandante paramilitar. Se referían a Arnulfo Peñuela Marín y a Alberto Osorio, dos hombres fundamentales para todo el engranaje criminal que el paramilitarismo construyó en Urabá alrededor de esas organizaciones.  

“El doble rol de Hasbún era un secreto tan bien guardado que ni siquiera Arnulfo Peñuela o Alberto Osorio, los gerentes de la Convivir Papagayo lo sabían”, escribieron los investigadores de Guidepost. Lo que omitieron fue que esa versión ha sido desmentida por jueces en Colombia.

Los investigadores de Guidepost le dieron plena credibilidad a lo dicho por Peñuela: “La versión de Arnulfo Peñuela, en sus diligencias de indagatoria y en la sentencia proferida en su contra, confirma los hechos”. Pero esa es una interpretación parcial de los documentos. La sentencia proferida en contra del exdirector de la Convivir Papagayo, en poder de VORÁGINE, reza: “Existe abundante prueba testimonial e indiciaria que permite establecer que el señor Arnulfo Peñuela desde la creación misma de las Convivir tenía conocimiento y prestó su consentimiento para que estas se convirtieran en una fuente de financiamiento y apoyo para los paramilitares”.

Otro excomandante que dio cuenta del vínculo de Peñuela con los paramilitares fue Ever Veloza, conocido en la guerra como ‘HH’. Él conocía los pormenores de la operación del grupo ilegal en la zona porque fue comandante del Frente Turbo. “Yo fui personalmente a la brigada con ‘Doble Cero’ y con este señor Peñuela y coordinamos con el coronel Morantes para nosotros poder operar”, dijo el excomandante, en una entrevista con La W, sobre cómo coordinaron el ingreso del grupo ilegal con la Fuerza Pública en 1995. Peñuela fue condenado en 2010 por concierto para delinquir.

Guidepost también hizo una lectura conveniente del caso de Osorio. “Alberto Osorio también fue enfático en afirmar que las AUC y las Convivir eran organizaciones distintas”, señalaron los investigadores. Lo que no dijeron es que él, que fundó una Convivir llamada Punta de Piedra y fue integrante de la Papagayo, también fue condenado por nexos con los paramilitares. Osorio se acogió a sentencia anticipada en 2009 y junto a él fue condenado el director de otra Convivir que también era paramilitar.

El informe de Guidepost también omitió información relevante sobre los fundadores de las Convivir en Urabá. Por ejemplo, el representante legal de Costa Azul, que operaba en Necoclí, era Carlos Alberto Ardila, uno de los fundadores de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá que llevaba varios años delinquiendo. El director de Abibe, con sede en San Pedro de Urabá, era Luis Fernando Claros Guerra, quien fue el contador del narcotraficante Vicente Castaño. Entre las nóminas de esas cooperativas se encontraban criminales curtidos de la Casa Castaño y otros que después participaron en masacres como la de Mapiripán (Meta), perpetrada en julio de 1997.

La teoría de Guidepost que cobija a otras empresas

El último fragmento del documento de la consultora lo dedica a tratar de minar la credibilidad de algunos testigos contra Chiquita Brands, Dole (una multinacional frutera) y la Drummond (una multinacional carbonera). Según los investigadores, los cambios de testimonios de varios excomandantes paramilitares se dieron después de pagos que recibieron de firmas de abogados que demandaron a esas compañías en Estados Unidos.

En el caso de Hasbún, que ha hablado contra los empresarios bananeros, Guidepost aclaró: “No hay evidencias que muestren que Hasbún recibió pagos. Sin embargo, no cabe duda que las negociaciones y la promesa de pago fueron suficientes para influenciar su testimonio en contra de Dole y Chiquita”. A pesar de eso, los investigadores insisten en que el excomandante paramilitar se contradijo porque en un principio dijo que los exejecutivos pagaban por coacción y luego aseguró que eran aportes voluntarios.

Otero, en el informe, cuestionó las versiones de Hasbún porque el excomandante en un primer momento dijo que su militancia en los paramilitares era desconocida. Sin embargo, luego aclaró que en la región sí era conocida su condición de combatiente. La Fiscalía explicó los motivos de Hasbún para cambiar de versión: “(Hasbún) manifestó que ello se debió a que en el año 2008, cuando él se entregó ante la jurisdicción de Justicia y Paz, empezó a recibir varias a amenazas contra su vida e integridad y las de su familia, para que no contara la verdad de los hechos que a él le constaban”. Además, a él le asesinaron un abogado defensor y, tras ese hecho, decidió contar detalles de lo que conocía sobre las relaciones entre empresarios y el bloque que comandó.

Bajo argumentos similares la firma consultora cuestionó a excomandantes paramilitares como José Gregorio Mangones, “Tijeras”; Edwar Coboz Téllez, “Diego Vecino” y José Pinzón, “Halcón”. El 6 de octubre de 2023, Otero presentó el informe ante el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Antioquia, despacho donde se adelanta el juicio.

Akerman y Otero fueron contactados por VORÁGINE, pero decidieron no pronunciarse. 

El informe de Jorge Restrepo

Jorge Restrepo es el director del Centro de Recursos para Análisis de Conflictos (CERAC). También fue durante nueve años comentarista en RCN Radio. Él aportó otro informe para la defensa de los empresarios bananeros. “No citar ni circular sin autorización”, dice el documento al que tuvo acceso VORÁGINE.

La tarea de Restrepo se orientó a cuestionar que el dinero que le entregaron los bananeros a los paramilitares haya generado más violencia. “Los recursos que obtuvieron los grupos de autodefensa o los grupos paramilitares de una fuente en particular no necesariamente causan o generan un tipo particular de violencia o inciden en los niveles de esa violencia en el tiempo”, aseguró Restrepo, quien firmó con nombre propio el informe.

El concepto de Restrepo contrasta con las revelaciones de las personas que participaron en ese entramado criminal. Ever Veloza, excomandante del Frente Turbo, habló sobre la destinación que le dieron a los recursos que ingresaban a los paramilitares por vía de las Convivir, lo hizo en una versión libre del 10 de junio de 2008 ante Justicia y Paz: “Ese dinero se utilizó para comprar armas, ese dinero se utilizó para comprar munición, se utilizó para pagar el sueldo de los muchachos, la bonificación que les daba, se utilizó para comprar comida, uniformes, material de intendencia, entonces desde luego que ese dinero sirvió para matar gente en la zona de Urabá”.

Incluso, la reciente condena civil contra Chiquita se dio porque el jurado dictaminó que el dinero de esa empresa sirvió para asesinar personas en Urabá.

Minimizar la importancia de las Convivir: otra parte de la estrategia

Restrepo trató de minimizar la importancia que tuvieron las Convivir en el proyecto del narcoparamilitarismo. “Atribuir, en contrario, tal expansión de estos grupos, a un hecho, en 1994, como la autorización gubernamental de las cooperativas llamadas ‘convivir’, desconoce que la violencia de estos grupos existía de tiempo atrás, desde por lo menos los años ochenta, el contexto regional de Urabá, y que hay otras explicaciones para la expansión y consolidación de los grupos paramilitares allí”, escribió el economista en el informe.

La opinión de Restrepo contrasta con lo que ha logrado establecer la rama judicial en Colombia. Por ejemplo, el Tribunal Superior de Bogotá en 2012 constató: “buena parte de la consolidación del accionar del Bloque Elmer Cárdenas, y del Bananero – Bloques con influencia en la región del Urabá- se hizo, bajo la imagen de legalidad que tenían estas organizaciones (las Convivir)”.

Esa no es la única instancia judicial que contradice las opiniones de Restrepo. El Tribunal Superior de Medellín, en sentencia del 24 de septiembre de 2015 contra varios paramilitares, recalcó: “con la creación de las convivir devinieron otras consecuencias como la expansión de grupos paramilitares que utilizaron su nombre, sus cuentas y sus estructuras para cumplir sus objetivos y financiar sus estructuras ilegales, pues tales cooperativas actuaban en estrecha coordinación con los paramilitares y las Fuerzas Armadas a la hora de cometer graves violaciones a los derechos humanos contra civiles, como defensores de derechos humanos, sindicalistas, líderes y activistas sociales y comunidades que vivían en zonas de presencia guerrillera a las que se consideraba de importancia militar o económica”.

Varios excomandantes paramilitares también han hablado de la importancia que tuvieron las Convivir en su expansión criminal. En mayo de 2023 Salvatore Mancuso le dijo a la Jurisdicción Especial para la Paz: “las Convivir fueron un instrumento valioso en el fortalecimiento de las AUC».

Contactamos a Restrepo para conocer su versión sobre lo que revelamos en este artículo, pero dijo que prefería no pronunciarse porque sus declaraciones se dan en medio de los procesos legales.  

La condena contra Chiquita Brands en Estados Unidos la obliga a indemnizar a ocho víctimas, pero la defensa de la compañía anunció que apelará la decisión. El resultado final será crucial para esa empresa porque hay 106 personas más acreditadas como víctimas que esperan que la justicia estadounidense estudie sus casos para ser indemnizadas. Y el conteo de víctimas no para ahí. Según contó el periodista Ignacio Gómez, una sola oficina de abogados en ese país norteamericano representa a 4.900 personas más. Mientras tanto, en Colombia los tiempos corren a favor de los exdirectivos de las bananeras. Sus nombres son: Charles Dennis Keiser, Reinaldo Elías Escobar de la Hoz, Víctor Julio Buitrago Sandoval, John Paul Olivo, Fuad Giacoman Hasbún, Jorge Luis Valverde Ramírez, Álvaro Acevedo González, Víctor Henríquez Velásquez, Jorge Alberto Cadavid Marín y Javier Ochoa Velásquez.

[Más sobre este tema: Proceso contra directivos de Chiquita Brands: en riesgo de prescribir]

*Nombre modificado por pedido de la persona. 

Si nos quiere compartir más información sobre este u otros temas por favor escriba al correo electrónico nicolas.sanchez@voragine.co

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**Nota del editor: En aras de la precisión, el martes 2 de julio de 2024 modificamos el título de este reportaje publicado originalmente el 23 de junio.