El desastre de Santos, Duque y Petro con los proyectos de energía en las islas del Caribe

Por Juan Manuel Flórez Arias, con apoyo de La Liga contra el Silencio

En la elegante sala de juntas en Bogotá del Instituto de Planificación de Soluciones Energéticas (IPSE) hay una foto enmarcada de una isla con paneles solares. Esos paneles, que sirven de decoración y propaganda en un muro, en realidad llevan meses sin producir energía. El IPSE, adscrito al Ministerio de Energía, es el encargado de llevar luz a 2 millones de colombianos que habitan en zonas desconectadas del país. Pero, al menos en el Caribe, no está cumpliendo del todo con su misión. El sistema que instaló en Santa Cruz del Islote falló y la isla estuvo a oscuras durante 122 noches, hasta febrero de este año.

Mutante investigó los proyectos que el IPSE ha financiado desde hace diez años en Santa Cruz del Islote y otras dos islas caribeñas, Múcura e Isla Fuerte, y encontró que los últimos tres gobiernos (Santos, Duque y Petro) han prometido soluciones que duran tan poco como el flash de la foto oficial.

El gobierno de Santos inauguró el sistema de energía, pero no dio suficiente capacitación a los habitantes de las islas para manejarlo, lo que acortó su vida útil. Luego, el gobierno de Duque gastó casi 2.000 millones de pesos en una repotenciación en las islas mal planteada, que falló menos de dos años después. Además, en un proceso lleno de vacíos, escogió a una empresa sin experiencia (Soling del Sinú) para operar la energía en las islas. La consecuencia de esa mala repotenciación fue el estallido de todas las baterías del sistema solar de Isla Múcura en octubre de 2023 y el colapso que dejó a oscuras a Santa Cruz del Islote por cuatro meses, hasta febrero de este año. 

Pese a eso, mientras las islas estaban sin energía, el gobierno de Gustavo Petro, cuyo discurso es de cambio total frente a los errores de gobiernos anteriores y tiene entre sus prioridades lograr la transición energética, le dio otro contrato a Soling del Sinú. Y el director actual del IPSE, Danny Fernando Ramírez, le dijo a Mutante que planea una inversión de 10.000 millones de pesos para equipos que seguirán bajo la gestión de la empresa cuestionada.

Una repotenciación millonaria destinada a fallar

Por ley, las alcaldías son las primeras responsables de que las personas tengan servicios públicos, pero Cartagena lleva años desentendida de su responsabilidad en las tres islas que le pertenecen administrativamente. En 2018, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ordenó a la Alcaldía hacer un proyecto de energía en el Islote “en un plazo no superior a dos años”. La sentencia fue incumplida.

“Nosotros dejamos un proyecto avanzado, no sé en qué estado se encuentre. Lo estaba trabajando el IPSE, lo puede consultar con ellos”, le dijo a Mutante el exdirector de Servicios Públicos de la Alcaldía de Cartagena, Hugo Cabarcas, que estuvo en la administración de William Dau (2020-2023).

La misión del IPSE es llevar proyectos de energía al 53 % del territorio nacional que está fuera del sistema interconectado de energía. Desde 2013, el gobierno de Juan Manuel Santos invirtió cerca de 8.000 millones de pesos para instalar sistemas híbridos (paneles solares y plantas diésel) que prometían 24 horas de energía para las islas.

Los problemas empezaron justo después de la instalación del sistema en 2016, porque no se previó quién iba a operarlo. Alexandra Moreno, consultora experta en energías renovables, explica que en las zonas no interconectadas “no hay muchas empresas que quieran proponerse para operar, porque las condiciones son muy difíciles en esos lugares”. 

Actualmente, algunos proyectos con fondos públicos exigen tener una empresa operadora escogida de antemano. Hace diez años, sin embargo, no se tenían estas precauciones y la solución fue que cada isla creó una cooperativa comunitaria encargada de administrar sus sistemas de energía.

Sin embargo, como contamos en un artículo anterior, la capacitación del IPSE a estas cooperativas no fue suficiente. Y, sumado a la inacción de Cartagena, la consecuencia fue que para 2018, cuando llegó Iván Duque a la Presidencia, los sistemas estaban deteriorados antes de cumplir su vida útil.

El gobierno contrató una repotenciación del sistema en las tres islas: Isla Fuerte con 503 familias usuarias, Múcura con 64 y Santa Cruz del Islote con 161. La obra incluía la compra de nuevas plantas de diésel y la reposición de algunas baterías solares de Múcura e Isla Fuerte, que habían perdido su capacidad de almacenar energía. La obra costó 1.980 millones de pesos y fue inaugurada en 2021 por el entonces director del IPSE, José David Insuasti, hoy gerente de la empresa prestadora de servicios públicos Emcali. 

Sin embargo, estaba condenada a fallar desde su planeación por la decisión de combinar baterías nuevas con algunas desgastadas desde 2016.

En el sector de las energías renovables es conocido que un sistema de baterías funciona igual que su eslabón más débil. Como las baterías más viejas no pueden soportar la misma carga, las nuevas tienen que trabajar de más y terminan por dañarse antes de lo esperado, tal como explica en detalle esta investigación del Instituto Tecnológico de Karlsruhe del año 2016.

Los efectos de esa mala repotenciación en las islas se vieron pronto. En octubre de 2023, apenas dos años después del mejoramiento del gobierno, las 45 baterías del sistema solar de Isla Múcura estallaron y los paneles quedaron inservibles. Hoy el sistema de Isla Fuerte está inactivo, justamente, por el desgaste de las baterías.

¿Por qué el IPSE, que cuenta con equipos de profesionales para evaluar técnicamente los proyectos, planteó una repotenciación parcial del banco de baterías? Un empresario del sector, que pidió no ser citado para dar su opinión libremente, dijo que es una práctica recurrente de esa entidad: “Hace años que el IPSE mide su impacto en la cantidad de usuarios a los que llega. Podría gastar 100 pesos en soluciones completas para 20 personas, pero prefiere gastarlo en pañitos de agua tibia para 50”.

El proceso con vacíos para elegir a Soling del Sinú

Además de los problemas de la repotenciación, durante el gobierno de Iván Duque se eligió, en un proceso con muchos vacíos, una nueva empresa para manejar los sistemas de energía en las islas que ha presentado múltiples fallos. Se trata de Soling del Sinú, fundada en 2018 por Dalia Páez, técnica en administración, y su esposo Pedro Rhenals, profesor de educación física en un colegio de Lorica, Córdoba.

Al momento de crear la empresa, ninguno tenía experiencia en energías renovables. “Estábamos buscando a ver en qué emprendíamos y nada salía. Ahí me enteré de la energía solar”, le dijo a Mutante Dalia Páez, representante legal de Soling del Sinú. La indecisión se puede comprobar en el objeto social original de la empresa, que le permitía al mismo tiempo “la gestión, venta e instalación de energía eléctrica” y “la construcción de todo tipo de edificios residenciales”.

Al revisar la cronología que llevó a una empresa recién fundada y sin suficiente experiencia a operar los sistemas de energía en las tres islas, Mutante encontró una secuencia de eventos que sugieren que Soling del Sinú fue favorecida por el IPSE.

En mayo de 2021, Dalia Páez y su esposo desembarcaron en Santa Cruz del Islote, se presentaron a la comunidad e hicieron un acuerdo con ellos para administrar el sistema de energía. Páez le dijo a Mutante que llegó a esa isla por una sugerencia informal de un funcionario del IPSE, cuyo nombre dice no recordar. “Fue alguien que conocí en Arenal, Bolívar, que me preguntó si no me interesaba tomar la operación en Múcura y el Islote”. 

En septiembre de 2021, el caso de las islas llegó a medios nacionales porque la más grande de las tres, Isla Fuerte, llevaba años sin energía por mala gestión de la cooperativa comunitaria que operaba el sistema: Cooserpucci. El exdirector del IPSE, José David Insuasti, pidió públicamente a Cartagena cambiar el operador de energía en las islas.

“Estamos trabajando para sacar a Cooserpucci. Hemos venido promoviendo cómo podemos buscar mejores operadores. Lamentablemente, no tenemos un aliado estratégico en Isla Fuerte”, le dijo Insuasti a W Radio en septiembre de 2021.

En octubre de 2021, Insuasti inauguró la fallida repotenciación en Santa Cruz del Islote junto al ministro de Energía Diego Mesa. A su lado, sonriendo, estaban los fundadores de Soling del Sinú, que hasta ese momento no tenían oficialmente un contrato para operar los sistemas del IPSE.

En enero de 2022 empezó el proceso para escoger una empresa que operara oficialmente los sistemas recién repotenciados del IPSE. Según la ley de servicios públicos, podían participar otras empresas. Insuasti dice que hubo varias interesadas, pero solo una, aparte de Soling, llegó a presentarse: Helios Energía, una empresa de Barranquilla que para ese momento ya operaba en otras diez zonas no interconectadas y atendía cerca de 10.000 usuarios. Soling del Sinú, en cambio, solo atendía oficialmente los 250 de Arenal, Bolívar. 

En febrero de 2022, el IPSE escogió a Soling del Sinú y le entregó oficialmente los equipos de las tres islas con un acta provisional, a la espera de firmar el contrato.

José David Insuasti, exdirector del IPSE, le dijo a Mutante en una primera entrevista que la principal razón por la que eligió a Soling era porque era la única empresa con un Certificado de Prestación del Servicio de Energía ante el ente territorial (Cartagena), un requisito para cualquier operador. “La dificultad que tuvimos en encontrar más nombres que Soling fue que Cartagena no recibía a nadie más. Nos tocó Soling porque era el único habilitado”, agregó Insuasti.

Pero eso no coincide con lo que dice Soling del Sinú.

En uno de sus informes al IPSE, de enero de 2023, la empresa reporta: “Iniciamos desde febrero del 2022 el trámite de la Certificación de Existencia y Prestación del Servicio ante la Alcaldía de Cartagena, proceso que fue retrasado por dicha Alcaldía y en el cual hubo intervención por parte del IPSE y la Superintendencia de Servicios Públicos, expidiendo el certificado el 19 de agosto de 2022”. [Ver documento de Soling del Sinú]

Es decir, para febrero de 2022, cuando el IPSE la eligió, Soling del Sinú no estaba certificada ante Cartagena. Y no solo eso, fue el propio IPSE el que ayudó a la empresa a certificarse, tal como señala el documento, y fue confirmado a Mutante por la representante legal, Dalia Páez: “Nos demoraron para firmar ese certificado, tuvo que venir el IPSE, el Ministerio de Minas, y el alcalde nos firmó”.

Al preguntarle por segunda vez a Insuasti, este dijo: “Seguramente fue error mío. No tenía tan claro ese documento”. 

Argumentó que en la normatividad nacional no hay condiciones claras para elegir a una empresa que opera sistemas en ZNI. Y, cambiando su explicación inicial, dijo que el principal criterio fue que Soling tenía el apoyo de las comunidades de las islas. “La mayoría de empresas que operan hoy en las ZNI son empresas que no tienen las condiciones para hacerlo. Lastimosamente, la regulación hoy vigente de ese modelo ha premiado la escogencia de la comunidad sobre cualquier otro criterio”, dijo Insuasti.

Durante su administración, sin embargo, sí se evaluaron otros criterios. De hecho, se elaboró un cuadro comparativo entre las dos empresas que competían por el contrato. El documento, fechado el 4 de febrero de 2022, evalúa tres criterios: experiencia, solidez financiera y requisitos jurídicos. Los criterios, que no incluyen la certificación ante Cartagena, fueron decididos por el IPSE, pues en efecto no hay una normativa específica para sistemas centralizados en ZNI. 

Ambas empresas, Helios y Soling, cumplieron los requisitos jurídicos y de experiencia: el IPSE pidió como mínimo un año en la prestación de servicios de energía. La competencia la ganó Soling por el requisito financiero. Algo curioso, al tratarse Helios de una empresa más grande, con más años en el sector de las ZNI y que certificó un margen operacional (eficiencia en el manejo de gastos) del 86 %, mientras que Soling del Sinú presentó una eficiencia de 16 %.

Ver cuadro comparativo completo

El argumento del IPSE fue que Helios tenía una rotación de cartera (el tiempo que tarda una empresa en cobrar todo lo que le deben terceros) de 634 días. Para el IPSE, esa demora, que según el propio documento se puede explicar por los tiempos que tardan los subsidios del combustible, ponía en riesgo la liquidez de Helios para gastos como reparaciones en las tres islas.

Hay al menos dos grandes vacíos en esa interpretación:

1. El IPSE dijo en febrero de 2022 que Helios era una empresa poco sólida financieramente. Pero dos meses antes, en noviembre de 2021, le había dado un contrato para operar por diez años una infraestructura de energía mucho más grande que la de las tres islas. Es un sistema híbrido en Nazareth, La Guajira, que tiene un valor de 20.902 millones de pesos, mientras que los de las islas se evalúan en 8.570 millones de pesos. 
2. Soling ha demostrado no tener la liquidez que le atribuía el IPSE. En una visita en marzo de 2023, la Superintendencia de Servicios Públicos confirmó que Soling del Sinú “habría realizado una reunión en diciembre de 2022 con los usuarios donde habría manifestado dificultades de liquidez por lo que acordaron ‘dar un abono, pero la operación de las plantas y todo el manejo siguió en cabeza de SOLING’. La comunidad también indicó que dicho aporte ‘no era algo obligatorio, a ningún usuario se le suspendió el servicio’ y que ‘es un abono voluntario y es un anticipo a la factura’”. Este reporte de la Superintendencia coincide con los testimonios que le dieron a Mutante habitantes de Isla Múcura e Isla Fuerte.

El gobierno Petro sigue la línea de Duque

El contrato que le entregó a Soling del Sinú la operación de las islas por diez años (hasta 2032) fue firmado cuando no había director del IPSE en funciones. Fue el 19 de septiembre de 2022, días después de la salida de Insuasti del cargo y una semana antes de la posesión de Javier Campillo, el primer director durante el gobierno Petro. La firma la puso la subdirectora de contratos, Lisbeth Villa, que había llevado el proceso hasta entonces y se mantuvo en la entidad en el nuevo gobierno, hasta enero de este año.

Poco después de llegar al cargo, en septiembre de 2022, Javier Campillo empezó a detectar los problemas de Soling del Sinú. Hay dos testimonios que lo afirman. El primero es el de José David Insuasti: “A finales de 2022 se evidencia que Soling estaba incumpliendo y sé que el nuevo director estaba iniciando un proceso para quitarle la infraestructura y entregársela a otra empresa”, dice Insuasti. 

El segundo testimonio es el de la representante legal de Soling del Sinú, Dalia Páez: “El doctor José Insuasti me ayudó mucho. En cambio, cuando entra el director Campillo, me fue mal. Empezaron a atacarme. Querían sacarme de la operación. Hubo reuniones, llevaban abogados y veían cómo podían tumbarme el contrato. Yo tenía un infiltrado en el IPSE que me lo contó. Alguien que ya no está en la empresa”. Dalia Páez no quiso decir el nombre de este “infiltrado” que tenía en el IPSE. 

Mutante le escribió durante dos semanas a Javier Campillo y le envió las preguntas concretas sobre por qué quiso cambiar a Soling del Sinú, pero no hubo respuesta. En cualquier caso, el proceso para cambiar a Soling del Sinú nunca se concretó. Y, en octubre de 2023, Campillo fue nombrado viceministro de Energía. Su sucesor en el IPSE, Danny Fernando Ramírez, respalda a la empresa operadora.

“Antes de Soling del Sinú la situación era crítica, era peor. Yo puedo cambiar a Soling del Sinú y empeorar la situación. Hay que poner todos los elementos sobre la mesa, no solo que se dañaron unas baterías que ya habían cumplido su vida útil. Hay que ver dentro de lo que hacen, lo que pueden, qué hacen bien y no precipitarse”, le dijo Ramírez a Mutante.

El nuevo director del IPSE atribuye los fallos recientes, como el estallido de las baterías en Isla Múcura y el colapso de todo el sistema en Santa Cruz del Islote durante cuatro meses, al desgaste de los equipos, pese a que algunos de estos habían sido recientemente repotenciados. Además, hay videos grabados por la comunidad de Isla Múcura de noviembre de 2022, casi un año antes del estallido de las baterías, que muestran señales de mal funcionamiento, y que no fueron corregidas a tiempo por la empresa ni por el IPSE.

[Ver el video grabado el 3 de noviembre de 2022 que muestra el deterioro de las baterías del sistema de Isla Múcura, un año antes de que estallaran.]

La confianza de la actual dirección del IPSE en Soling del Sinú es tanta que, el 26 de diciembre de 2023, mientras Santa Cruz del Islote estaba completamente a oscuras, le entregó a la empresa de Dalia Páez otro contrato por diez años para operar los sistemas de energía solar en los municipios de San Martín de Loba (Bolívar) y Valencia (Córdoba). 

La explicación de Ramírez, director del IPSE, es que desde la administración anterior había un proceso para darle a Soling esa infraestructura. “Normativamente no hay nada que diga que porque tengamos un inconveniente en una zona no se puede tener en cuenta a la empresa para otro proyecto”, dijo Ramírez.

En el Presupuesto General de la Nación está prevista una nueva repotenciación para las islas, que costaría 10.000 millones de pesos. Según Ramírez, incluye un proceso social para establecer una comunidad energética en Isla Fuerte; es decir, que la comunidad se apropie de la generación de energía. Ese proceso pedagógico no está previsto en las otras dos islas. Y en cualquier caso, Soling del Sinú mantendrá la operación del sistema del IPSE hasta 2032.

Aunque la bandera del gobierno de Gustavo Petro es un cambio en la transición energética para hacerla justa, en el caso de las tres islas está aplicando la misma fórmula que Iván Duque: respaldar a una empresa con múltiples fallos e invertir millones de pesos en mantenimientos parciales que, durante una década, solo han servido para las fotos que adornan las oficinas en Bogotá.