Por Andrés Felipe Carmona Barrero, para Vorágine, La Liga Contra El Silencio y Colombiacheck. 

I: El pago de recompensas

El 24 de marzo de 2010, mientras lo cuestionaban por los ‘falsos positivos’, el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez negó que bajo su Gobierno se hubiesen pagado recompensas que tuvieran relación con estos crímenes. Su respuesta fue tajante. “Eso es falso, eso es falso. Eso lo han dicho los enemigos de la Seguridad Democrática. La Contraloría General de la Nación revisó y no hay un solo peso de recompensas pagado que tenga que ver con ‘falsos positivos’. Díganlo nacionalmente (…). Ha habido casos de ‘falsos positivos’ y de falsas acusaciones. A mí me extraña que se hable de ‘falsos positivos’, pero no se hable de falsas acusaciones”, dijo el exmandatario.

ESCUCHA EL AUDIO del 24 de marzo de 2010 del hoy expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Hay documentos, sin embargo, que indican que Uribe sí tenía para ese momento información a la mano que daba cuenta de pagos a informantes en operaciones que terminaron en ejecuciones de civiles previamente planeadas por militares. Un caso emblemático estaba consignado en un documento del Ministerio de Defensa al que llamaron el Informe Suárez y que compilaba una investigación interna que en 2008 devino en la destitución de 27 oficiales, decisión que el mismo Uribe anunció el 29 de octubre de ese año en compañía de su entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos. 

Era la primera vez que el gobierno reconocía parte del problema y tomaba acciones. En la rueda estaban también el general Freddy Padilla de León, comandante general de las Fuerzas Militares, y el general Mario Montoya Uribe, comandante del Ejército. El informe, elaborado por el general Carlos Arturo Suárez, fue presentado como una purga que dejaba por fuera de la institución a 27 generales y coroneles que estaban comprometidos, para entonces, en “violaciones de derechos humanos”, según lo informado el 29 de octubre de 2008 en la rueda de prensa precedida por el entonces mandatario Álvaro Uribe Vélez. Sobre Suárez actualmente recaen señalamientos en la JEP pues supuestamente desde 2004 y 2005 conocía de estos crímenes como comandante de la Quinta División y nada hizo por denunciarlos.

ESCUCHA EL AUDIO de la rueda de prensa del presidente Uribe del 29 de octubre de 2008 sobre casos de ‘falsos positivos’

En el Informe Suárez quedó consignado que entre el 27 de enero de 2007 y el 14 de octubre de 2008 hubo 46 casos de personas muertas en supuestos combates que presentaban algún tipo de irregularidad en los soportes de las respectivas órdenes de operaciones. Además, para la fecha de la rueda de prensa, el presidente, su ministro de Defensa y la cúpula militar estaban informados, a través del mismo documento, de que en 2008 las divisiones Segunda y Séptima del Ejército, así como la Brigada 30, pagaron catorce millones de pesos en recompensas a personas que habían dado información en el terreno para varias operaciones militares que luego terminaron en asesinatos de civiles. 

En esa lista aparece el nombre de Jonathan Coronado Prado, a quien le pagaron un millón de pesos de la época por haber entregado información a militares del Batallón Calibío para que asesinaran el 8 de julio de 2008, en Yondó, Antioquia, al campesino Aicardo Antonio Ortiz. A esta víctima lo hicieron pasar por guerrillero tras ponerle botas, pantalón, un revólver, una granada de mano y un radio de comunicaciones. 

Coronado Prado, condenado a 40 años, era un viejo conocido del Batallón Calibío, no sólo por intermedio del teniente Iván Flores Maestre sino también del coronel Wilson Ramírez Cedeño, entonces comandante del Batallón Calibío, y el mayor Alberto Luis Fonseca Becerra, para la época segundo comandante de esa unidad militar. 

Estos dos últimos firmaron otro pago que le hicieron al “orientador en el terreno” que luego terminó involucrado en la ejecución de Aicardo. Así quedó probado en el Acta 113 del 7 de julio de 2008, donde quedó estipulado que le pagarían veinte mil pesos diarios durante 30 días a cambio de guiar a la tropa durante otra operación que se llamó “Espartaco II”.

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En Vorágine, La Liga Contra el Silencio y Colombiacheck accedimos a 11 audios y 2.240 páginas del expediente del caso por el que fueron condenados dos militares y un civil en la justicia ordinaria. En el archivo hay documentos firmados por oficiales en Antioquia que prueban cómo intentaron legalizar el asesinato del ciudadano a través del pago de la recompensa y las órdenes de operaciones. 

Aicardo era líder de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra y agricultor en la vereda El Jabonal Alto, en el corregimiento de San Francisco que pertenece a Yondó, Antioquia, en zona limítrofe con el departamento de Bolívar. Tenía 58 años cuando lo mataron, en julio de 2008. En la madrugada de ese día, un grupo de militares de la compañía Aguerrido 3 del Batallón Calibío lo asesinaron con cinco disparos en el tórax, abdomen, espalda y mano derecha. 

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La tropa estaba al mando del teniente Édgar Flores Maestre, que hoy comparece en la JEP. Todos los soldados que participaron en los hechos sabían desde un comienzo que iban a asesinar a un inocente para luego pagar la recompensa al guía que señaló a Aicardo de ser auxiliador de la guerrilla, según se lee en la sentencia. 

El pago de la recompensa quedó registrado en el Acta 015 del 26 de septiembre de 2008. El documento fue firmado por el entonces teniente coronel Wilson Ramírez Cedeño, que era el comandante del Batallón Calibío; el mayor Alberto Luis Fonseca Becerra, segundo comandante de la misma unidad militar; el teniente Herlin Rodríguez Trujillo; un suboficial como testigo de nombre Jose Afranio Toro y el guía Jonathan Andrés Coronado Prada. 

Herlin Rodríguez, uno de los que firmó, es hoy teniente coronel y se desempeña como jefe de Estado Mayor de la Brigada 11 del Ejército. Alberto Luis Fonseca actualmente en el retiro del servicio. Ramírez Cedeño, excomandante del Batallón Calibío, comparece ante la JEP por dos condenas (hoy suspendidas) por ‘falsos positivos’ cometidos el 28 de diciembre de 2007, en Cantagallo, Bolívar; y el 30 de enero de 2008, en Yondó, Antioquia. 

II: Las bases de la Seguridad Democrática

Las bases de lo que se conoció como la política Seguridad Democrática del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez fueron estructuradas en 1998 por el entonces general Carlos Alberto Ospina Ovalle (que estuvo en más de la mitad del gobierno Uribe), cuando era comandante del Ejército. Él expidió una circular donde establecía unas tablas de medición de resultados —categorizados en bajas, capturas y desmovilizaciones—, para que los oficiales, de acuerdo a sus resultados, fueran accediendo a las medallas grises de servicios especiales de orden público. 

Ospina Ovalle, quien en la actualidad es conferencista en el Centro de Memoria Histórica de la Escuela Superior de Guerra del Ejército, es graduado en Ciencias Militares y Magíster en Defensa y Seguridad de la Escuela Superior de Guerra de Colombia. Hizo estudios en el National War College de Washington D. C. y durante su carrera militar fue comandante de la Agrupación de Fuerzas Especiales, del Batallón de Infantería No. 33 Junín, de la Escuela de Lanceros, Jefe Estado Mayor de la Brigada Móvil No. 2, director de la Escuela de Armas y Servicios, jefe de Operaciones del Ejército, inspector General de las Fuerzas Militares, comandante del Ejército y luego de las Fuerzas Militares en noviembre de 2003. También fue comandante de la Cuarta Brigada y Cuarta División del Ejército. Ha sido profesor en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova y en la Academia de Guerra del Ejército de Chile.

Además, en varias oportunidades fue instructor invitado en la Escuela de las Américas (academia militar del Ejército estadounidense donde soldados latinoamericanos se formaban en técnicas de guerra y contrainsurgencia), realizó el curso avanzado de infantería en los Fort Benning (Georgia) y fue alumno de la Universidad de Defensa en Washington. Esta formación, dice una fuente de la JEP, fue clave para entender la doctrina que empezó a replicar Ospina Ovalle en las bases de la estructuración de la política que se consolidó con la Seguridad Democrática. Es decir, él tendió los cimientos y luego los llevó a cabo como comandante en los primeros años del gobierno Uribe. 

Las presiones a la tropa, por parte de la directriz de Ospina Ovalle, tiene sentido si se mira que en 1998, de acuerdo con el informe de ese año de Naciones Unidas en Colombia, se registraron 210 crímenes de Estado de este tipo. Las razones detrás de cada asesinato, según el organismo internacional, eran de carácter político y por ideología, como también a partir de señalamientos contra las víctimas de ser supuestamente auxiliadoras o simpatizantes de grupos guerrilleros. Las fuerzas del Estado utilizaron listas para identificar a civiles y asesinarlos en estado de indefensión. 

En total, según el Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos, en los primeros nueve meses de 1998 fueron registradas un total de 1.073 víctimas de “homicidios políticos”, cifra que incluye tanto a los ‘falsos positivos’ como a los asesinatos en infracción al Derecho Internacional Humanitario en medio del conflicto.

Para Sebastián Escobar, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), hubo dos grandes modalidades de ‘falsos positivos’ que la JEP identificó. La primera, dice, tuvo lugar entre 2002 y 2004 y respondió básicamente a la detención ilegal de civiles para ser asesinados y desaparecidos. La segunda fue después de 2005 con el reclutamiento de personas con engaños y aprovechándose de sus circunstancias de vulnerabilidad económica, condición de habitante de calle o consumo de drogas. Les ofrecieron trabajos legales e ilegales para que aceptaran trasladarse al lugar donde se encontraban las tropas y así poderlas asesinar y hacerlas pasar falsamente como bajas en combate, como lo ha evidenciado ampliamente la Jurisdicción Especial para la Paz.

En muchos de los primeros casos había participación de guías, como ocurrió con el asesinato de Aicardo Ortiz. Esto ocurría, principalmente, en el Oriente antioqueño con la Brigada IV del Ejército, cuenta el jurista. Los guías podían ser civiles, paramilitares o guerrilleros desmovilizados y, en algunos casos, acompañaban la operación en terreno.  La constante siempre fue la presión hacia la tropa a través de la consolidación de un discurso, según el cual, la captura constituía un problema, mientras que el mayor indicador de éxito eran las bajas en combate.

Este fue el caso de José Gerardo Galeano Tobón y otro hombre que no ha sido identificado. El 2 y 3 de mayo de 2003, de acuerdo con el Auto 062 del 30 de agosto de 2023 de la JEP, fueron asesinados en el municipio de Cocorná, Antioquia, tras ser sacados de sus casas por militares que les ordenaron vestirse con un camuflado semejante al del Ejército. Luego les quitaron la vida. Sus casos se enmarcan dentro de un patrón que se repetiría en adelante: muchas de las víctimas de ‘falsos positivos’ pertenecían a comunidades que eran altamente estigmatizadas con señalamientos directos de que eran supuestamente colaboradores de la guerrilla o que engrosaban la base social de estos grupos al margen de la ley.

Escobar cuenta que familiares de las víctimas desistían de las denuncias muchas veces por miedo. El subregistro alimentó de cierto modo la atención tardía de los casos. “Si se va a evaluar la Política de Seguridad debe hacerse por fuera del documento textual, porque nadie puede ser criminalizado por una política pública porque ahí no dice ‘mate civiles’. El escenario es otro, el de evaluar lo implícito en órdenes y discursos del momento por parte del presidente”, opina el abogado del Cajar.

La JEP ha establecido que la decisión de asesinar a las personas retenidas fue, en algunos casos, por acuerdo entre las tropas o por órdenes implícitas de los comandantes de las operaciones. “La fuerte presión por resultados que ejercían los comandantes de batallón y brigada significó que las capturas carecieran de valor y se generara un pacto implícito entre los integrantes de la Brigada IV para solo reportar muertes a como diera lugar”, ha dicho la JEP en el Auto del Subcaso Antioquia.  

Los discursos negacionistas alentaron también la tardía llegada de la justicia para dimensionar lo que estaba ocurriendo. El 23 de marzo de 2009, tras un Consejo de Seguridad en Tibú, Norte de Santander, Uribe le dijo a la comunidad que “las Fuerzas Armadas de Colombia, en ese proceso de ser eficaces y transparentes, corrigen gustosas cualquier falla, no aceptan ‘falsos positivos’ y tampoco se van a dejar acomplejar por falsas acusaciones”. 

En su intervención insistió en que a la labor de la Fuerza Pública se le estaban levantando “centenares” de “falsas acusaciones”, y que “solo en 22 casos de los llamados ‘falsos positivos’ se ha encontrado soporte jurídico”.

Para el 8 de mayo de 2009 Uribe arremetió desde Cartagena en contra de abogados de organizaciones civiles que investigaban los ‘falsos positivos’ durante los años de su Gobierno: “Hay un cúmulo de abogados pagados por organizaciones internacionales, con sesgos ideológicos que les impiden examinar el cotejo de las conductas y el ordenamiento jurídico imparcialmente, y que lo hacen con odio y carga ideológica”. Y prosiguió: “Cúmulo de abogados al servicio de hacer falsas imputaciones a nuestra Fuerza Pública. Conocemos 85 casos de acusaciones de violación de derechos humanos que han sido devueltos por la justicia ordinaria a la justicia penal militar, porque la justicia ordinaria no encontró méritos. Ya hay muchas preclusiones, abstenciones de medida de aseguramiento y sentencias absolutorias”.

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III: Gobierno Uribe no atendió primeros llamados de ONU

El presidente Uribe inició su primer año de gobierno con Marta Lucía Ramírez como ministra de Defensa.  Fue en este periodo, y bajo el ministerio de Ramírez, en que ocurrió la cuestionada Operación Orión del 16 de octubre de 2002 en la Comuna 13 de Medellín, una acción en la que participó un paramilitar encapuchado de nombre Marlon Andrés Castañeda Higuita, identidad revelada 21 años después por Vorágine en un informe publicado el pasado 24 de septiembre. 

Sin embargo, en los años en los que estalló el escándalo de los ‘falsos positivos’ Uribe tuvo cuatro ministros de Defensa sobre los que recayeron las responsabilidades. El primero fue Jorge Alberto Uribe Echavarría, que estuvo desde agosto de 2003 hasta agosto de 2005. Luego por esa cartera pasó Camilo Ospina Bernal, quien se posesionó el 8 de julio de 2005. Desde el 7 de agosto de 2006 asumió las riendas del ministerio Juan Manuel Santos Calderón, quien fue reemplazado por Gabriel Silva Luján en 2009. 

Alberto Yepes es coordinador del Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la plataforma de organizaciones Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU). Hace algunas semanas habló con esta alianza periodística sobre las primeras denuncias que atendió, entre 2002 y 2005, sobre ‘falsos positivos’ y que fueron recogidas en una base de datos conjunta que elaboraron con la Corporación Jurídica Libertad. 

“Los hechos tenían las mismas características. Las familias contaban que los campesinos eran sacados de sus fincas o casas y que después el Ejército las presentaba como bajas en combate con la guerrilla. Se hizo una alerta por toda la región y en la investigación para armar las bases de datos y los registros empezamos a darnos cuenta de que no era un fenómeno exclusivo del oriente de Antioquia sino que también había casos similares en Nariño, Catatumbo, Putumayo, Guajira y Cesar. Luego de esto hicimos las denuncias internacionales ante Naciones Unidas”, relata Yepes.

Las organizaciones de víctimas Corporación Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos le pidieron este año a la JEP que se llame a versión voluntaria al general en retiro Carlos Alberto Ospina Ovalle, quien fue comandante de la IV Brigada con sede en Medellín para 1997, año en que Uribe era gobernador de Antioquia. 

El exparamilitar Salvatore Mancuso dijo en 2009 ante Justicia y Paz que el oficial había prestado ayuda logística a las Autodefensas Unidas de Colombia para la ejecución de la masacre de El Aro, perpetrada el 22 de octubre de 1997 en Ituango, Antioquia.  Con esta declaración le fueron compulsadas copias a la Fiscalía y a la Procuraduría para que se investigara a Ospina, quien llegó a ser comandante de las Fuerzas Militares. El general Montoya, por su parte, fue imputado en 2023 ante la JEP por 103 ‘falsos positivos’ cometidos en Antioquia entre 2002 y 2003. Del Río, a su vez, fue comandante de la Brigada XVII del Ejército Nacional en Urabá entre 1995 y 1998. Fue condenado años después por el asesinato de un líder social y se sometió a la JEP, donde se supone contará la verdad sobre la relación de la fuerza pública con los paramilitares y varios hechos del conflicto.  

Lo dicho por Alberto Yepes tiene sentido si se mira en contexto lo que para la época registraban organismos internacionales de derechos humanos. El informe de 2003 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, cuya copia le fue entregada al presidente de la República, es claro en consignar que para ese año se registró en el país “una tendencia creciente de denuncias de graves violaciones como desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, injerencias arbitrarias en la vida privada y en el domicilio, torturas y malos tratos, e irrespeto de las garantías judiciales”. Lo anterior, en parte, dice el documento, se daba en el marco de las “políticas gubernamentales de seguridad por parte de la Fuerza Pública” y por algunas normas que le dieron licencia a las Fuerzas Militares para restringir derechos humanos y libertades fundamentales, todo sin órdenes judiciales que lo legalizaran. 

Naciones Unidas en Colombia reportaba también para 2003 que se habían presentado algunos casos de asesinatos de civiles por parte de miembros de la Brigada IV que para entonces comandaba Mario Montoya Uribe.  Las informaciones de la ONU no eran atendidas para la época. 

En ese mismo año, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, le informó al Gobierno que a la acción de los aviones o helicópteros militares se atribuyó la causa del desplazamiento forzado de la población civil en áreas rurales, como en el municipio de San Francisco, en el Oriente antioqueño, como consecuencia de la “Operación Marcial”. En el marco de la misma acción militar, la oficina recibió denuncias en relación con el homicidio de dos civiles. Asimismo, en el marco del operativo “Emperador”, en enero de 2003, en Santa Ana, corregimiento de Granada, en Antioquia, se denunció la ejecución de cuatro civiles, incluyendo a un menor. En ambos casos, la oficina también recibió denuncias de atropellos a civiles por parte de miembros del Ejército, irrumpiendo en viviendas, destruyendo bienes y practicando saqueos. 

Para 2004, los llamados de ONU señalaban que las estadísticas oficiales de la Presidencia eran “limitadas y con pocas excepciones no incluyen indicadores relevantes de violaciones de los derechos civiles y políticos, ni de los derechos económicos, sociales y culturales”. Es decir, no se registraban “las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, las torturas y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, las detenciones arbitrarias, y las violaciones al debido proceso de acuerdo con los estándares internacionales establecidos”. El organismo alertaba de un incremento, comparado con 2003, de denuncias de asesinatos de civiles por parte de militares y violaciones al debido proceso.

“Llamaron la atención los casos de personas cuyos cuerpos posteriormente fueron presentados ante los medios como guerrilleros o paramilitares abatidos en combate. La Fiscalía General abrió investigación por homicidio a efectivos del batallón Reveiz Pizarro, por la ejecución extrajudicial de tres sindicalistas en Arauca (Arauca), en el mes de agosto, al considerar que nunca existió el combate alegado por los militares implicados”, se lee en el reporte.

Un año después, es decir 2005, ya la oficina de Naciones Unidas en Colombia confirmaba “la existencia de un patrón de ejecuciones extrajudiciales y de desapariciones forzadas, asociadas a violaciones vinculadas a la administración de justicia y a la impunidad”. La oficina en el país para ese momento observó un incremento en las denuncias, especialmente en Antioquia, Chocó, Norte de Santander y la Sierra Nevada de Santa Marta. 

“La mayoría de estas ejecuciones han sido presentadas por las autoridades como muertes de guerrilleros en combate, con alteraciones de la escena del crimen. Muchas fueron investigadas indebidamente por la justicia penal militar. Se registraron casos en que los propios mandos habrían apoyado la acción de vestir a las víctimas con atuendos de guerrilleros para ocultar los hechos y simular una acción en combate”, reportaba en ese momento la ONU. 

Líneas más adelante decía: “Las investigaciones de la Fiscalía General han confirmado la existencia de ejecuciones extrajudiciales en casos ocurridos el año pasado, aún cuando las autoridades inicialmente habían negado públicamente los hechos. Esto debió alertar a las autoridades para actuar en consecuencia. El Gobierno habría mantenido reuniones a alto nivel para tratar ese tema”.

En 2006, el organismo internacional, en sus informes anuales, hizo referencia a que en Antioquia hubo una disminución en los asesinatos de civiles a manos de miembros de las fuerzas militares. Sin embargo, la ONU anotó que ese departamento seguía presentando el mayor número de estos crímenes a nivel nacional y reseñó, como caso emblemático, el asesinato de cuatro campesinos por parte de militares de IV Brigada del Ejército, en Yarumal. Los hechos ocurrieron el 14 de marzo de ese año.  

De igual forma, la ONU documentó que el 14 de junio de 2006 el Ministerio de Defensa y la Fiscalía impartieron una directiva conjunta para que la justicia penal militar solo asumiera los casos cuando la Fiscalía hubiese verificado el cumplimiento de requisitos para que esa instancia actuara. No obstante, el organismo internacional reportó que esa “directiva no siempre se ha cumplido” y que después de promulgada la jurisdicción militar asumió el conocimiento de hechos que no eran propiamente del servicio, como un homicidio atribuido a miembros del Grupo de Caballería Mecanizado Nº 18 ocurrido el 19 de agosto en Saravena (Arauca). También hacen mención a otro asesinato del 18 de junio en San Vicente del Caguán (Caquetá), y cuyos autores eran al parecer integrantes de la Brigada Móvil Nº 6.

Ya en 2007, Naciones Unidas reconoció que el Gobierno Nacional empezó a implementar medidas, pese a la persistencia de ‘falsos positivos’ atribuidos a miembros de la Fuerza Pública, especialmente del Ejército. “La voluntad política de los funcionarios civiles y militares del más alto nivel para adoptar medidas para prevenir, investigar, sancionar y hacer públicas situaciones en las que se hubieren presentado hechos de esta naturaleza, ha sido manifiesta en la interlocución con la oficina en Colombia durante 2007. Las autoridades han reconocido que conductas tan graves como las ejecuciones extrajudiciales no proporcionan ventaja militar alguna”. 2007, sin embargo, fue el año en que más se cometieron ‘falsos positivos’ en Colombia, según la JEP.

Las responsabilidades del Estado en materia de derechos humanos recaen en personas concretas. Por esa razón, el pasado 10 de octubre, la JEP informó que llamó como testigos en las investigaciones del macrocaso 03, que investiga ‘falsos positivos’, a  funcionarios del Gobierno Uribe que trabajaron entre 2005 y 2008. 

Es una lista larga: Edith Claudia Hernández Aguilar, por su labor en el Ministerio de Defensa como asesora en derechos humanos; el brigadier general de la Fuerza Aérea Juan Carlos Gómez Ramírez, exdirector en Derechos Humanos del Ministerio de Defensa; Andrés Mauricio Peñate Giraldo, viceministro de Asuntos Políticos y Temática Internacional entre 2003 y 2005; Elena Ambrosi Turbay, asesora en Derechos Humanos entre 2006 y 2008; Mónica Cifuentes Osorio, otra asesora Derechos Humanos entre 2006 y 2008; Carlos Franco Echavarría por su trabajo en el Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Vicepresidencia entre 2006 y 2008, y Sergio Jaramillo Caro como viceministro de Asuntos Políticos y Temática Internacional entre 2006 y 2008.

IV: El pecado original, según Santos

Ante la Comisión de la Verdad, el exministro y expresidente Juan Manuel Santos dijo que durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe se instauró la “doctrina de Vietnam” en la Seguridad Democrática, a partir del conteo de bajas en combate como único mecanismo de éxito ante la lucha contra el enemigo armado. 

“No me cabe la menor duda de que el pecado original, lo que en el fondo dio pie a estas atrocidades, fue la presión para producir bajas y todo lo que se tejió alrededor de lo que muchos han llamado la doctrina Vietnam, pero al mismo tiempo en honor a la verdad tengo que decir que el presidente Uribe no se opuso al cambio de esta nefasta doctrina que él mismo había estimulado”. Uribe, por su parte, negó ante la Comisión de la Verdad la aplicación de la “doctrina Vietnam”. 

El general en retiro Carlos Ospina Ovalle, que desde 1998 tendió las bases de la que sería después la Seguridad Democrática, en un documento publicado en la Universidad Militar Nueva Granada, en 2021, negó también la “doctrina de Vietnam” durante el gobierno Uribe, pero usó eufemismos en su planteamiento:  “Las Fuerzas Militares de Colombia conducen a una ofensiva militar sostenida y contundente contra los grupos narcoterroristas a  partir del momento, para doblegar su voluntad de lucha hasta alcanzar su desmovilización y desarme”. 

Hay que recordar que entre 2002 y 2008, años de la política de Seguridad Democrática, la JEP estableció que se registraron, de forma preliminar, 6.402 víctimas de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate en diez departamentos del país, el 25 % de estos casos tuvieron lugar en Antioquia.  Por estos y otros hechos, el Tribunal de Paz ha imputado a 62 personas en el macrocaso 03, 56 de ellas han reconocido su responsabilidad, uno de ellos el general en retiro William Torres Escalante, excomandante de la Brigada XVI en Yopal. En total, 709 militares han comparecido para entregar sus versiones sobre los ‘falsos positivos’ en el país.

En el periodo anterior a la Seguridad Democrática, el Observatorio de la plataforma de organizaciones sociales Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, documentó la ocurrencia de 739 casos de ‘falsos positivos’ entre 1994 y 2001, un promedio de 92 víctimas por año, es decir, un homicidio cada cuatro días. La JEP actualmente investiga 1.611 casos en Antioquia, entre 2002 y 2008.  En Norte de Santander 298, en la Costa Caribe 538, en el Casanare 248, en el Meta 395 y en Huila 274. Según datos recopilados por el Ministerio de Defensa, entre 2002 y 2008 fueron abatidos en combate 12.713 guerrilleros y 2.602 paramilitares. El Ministerio reportó además, 49.523 capturas, de las cuales 32.335 corresponden a grupos guerrilleros y 13.456 a paramilitares. 

Uribe Vélez fue elegido en primera vuelta el 7 de junio de 2002 con 5.862.655 de votos (53 % de los sufragios) con la promesa de su “política de Seguridad Democrática” para enfrentar a la insurgencia con el aparato militar del Estado. En su posesión el 7 de agosto de ese año ratificó lo que prometió en campaña: “Convoco a los colombianos y colombianas a retomar el lazo unificador de la ley, la autoridad democrática, la libertad y la justicia social, extraviado en momentos desapacibles de la historia”. 

Las bases de la presión a la tropa y militar por la obtención de resultados se empezaron a consolidar casi de manera inmediata tras su llegada a la Casa de Nariño. Cuatro días después de su posesión expidió el Decreto 1837 de 2002, por el cual declaró el estado de conmoción interior en todo el territorio nacional. A través de otro decreto, publicado el 11 de septiembre de ese año, puso en marcha unas nuevas “zonas de rehabilitación y consolidación” donde se podía restringir los derechos de circulación y residencia. Ese documento también autorizaba a la fuerza pública, incluidos los militares, a practicar capturas, allanamientos e interceptaciones con o sin orden judicial, algo que la Corte Constitucional tumbó dos meses después de publicada la norma.

A lo anterior se le sumó la Directiva 029 de 2005, firmada por el entonces ministro de Defensa, Camilo Ospina Bernal. Este documento reguló el pago de recompensas en Colombia por información que ciudadanos entregaran a la Fuerza Pública con el fin de capturar o abatir en combate a cabecillas de organizaciones al margen de la ley o de narcotraficantes. Por pago de recompensa o de información se fijaron tablas de categorías, cupos y montos a pagar, así como los requisitos para proceder al pago.

En el primer año de vigencia de esa política, según un comunicado de prensa de la Presidencia publicado el 26 de diciembre de 2005, el Gobierno Nacional pagó $7.716 millones en recompensas a ciudadanos que entregaron información y llevaron a que la fuerza pública realizara 334 “operaciones exitosas contra grupos terroristas y bandas de narcotraficantes”. El encargado de entregar el balance fue el propio ministro de Defensa, Camilo Ospina Bernal, quien detalló que el dinero se pagó así: $7.090 millones por información contra el terrorismo; $563 millones por temas relacionados con el narcotráfico y en información para labores de inteligencia y contrainteligencia $63 millones. 

Aquí vale la pena recordar algunas palabras pronunciadas por Camilo Ospina, el 8 de julio de 2005 durante su posesión del cargo, quien le dijo al presidente Uribe que tenía “profundo respeto por la carrera militar” y que su única posición en el ministerio era “colaborarles como un soldado más”.

Desde 2002, oenegés colombianas, con reportes, y las Naciones Unidas, con actas confidenciales, venían advirtiendo los casos de crímenes estatales de personas inocentes ante el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. En su momento, 20 organizaciones civiles, que hicieron parte de la Mesa de Trabajo sobre Ejecuciones Extrajudiciales de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, CCEEU, empezaron a armar una base de datos con 4.251 casos documentados de víctimas de integrantes de la fuerza pública entre el 1 de enero de 1994 y el 31 de diciembre de 2010; 739 de los cuales se presentaron entre 1994 y 2001; y 3.512 entre 2002 y 2010. 

De cada víctima se registró el nombre, el sexo, la edad, la profesión o actividad de la víctima, lugar y fecha del homicidio, además de anotar la unidad militar involucrada, si había sido o no denunciado el caso ante entidades judiciales y cuál era el estado actual de cada proceso.

Entre los años 2002 a 2008, en los cuales se denunció el mayor número de ‘falsos positivos’ en el país, eran comandantes de las Fuerzas Militares los generales Jorge Enrique Mora Rangel (agosto 2002-noviembre de 2003) y Carlos Alberto Ospina Ovalle (noviembre de 2003-agosto de 2006). Ellos a su vez habían sido comandantes de la IV Brigada, con jurisdicción en Antioquia, cuando Álvaro Uribe Vélez fue gobernador de ese departamento. 

Los comandantes del Ejército nombrados durante las dos presidencias de Uribe fueron los generales Ospina Ovalle (agosto de 2002-noviembre de 2003), Martin Orlando Carreño Sandoval (noviembre de 2003-noviembre de 2004), Reinaldo Castellanos Trujillo (noviembre de 2004-febrero de 2006), Mario Montoya Uribe (marzo de 2006-noviembre de 2008) y Óscar Enrique González Peña (noviembre de 2008-agosto de 2010).   

Los asesinatos de civiles inocentes, a manos del Ejército son un capítulo cruento del conflicto armado. El expediente del caso Aicardo Ortiz, mencionado por Juan Manuel Santos ante la Comisión de la Verdad, deja en evidencia que el Ejército sí pagó recompensas a informantes que entregaran indicaciones o datos que los condujera a obtener resultados. En ese juego macabro de poder cayeron víctimas inocentes, como el agricultor, campesino y líder comunitario de Yondó, Antioquia. 

Hoy, 15 años después del crimen del campesino, vale la pena recordar estas palabras que el 20 de octubre de 2006 pronunciaba ante militares el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez desde la Escuela Superior de Guerra: “No podemos seguir en el error de que una discusión de ‘falsos positivos’ interfiera la política de Seguridad Democrática. Miren: si hay alguien de la fuerza pública que comete un delito, ¡a la cárcel! Pero la acusación injusta no puede dominar el debate, para afectar la política de Seguridad Democrática. Tenemos que tener todo el cuidado para que testimonios de bandidos, a los cuales se les da toda la publicidad, no marchiten ni acomplejen ni interfieran la política de Seguridad Democrática”.