El publicista que trabajó con el Ejército y fue presentado como baja en combate

Por Nicolás Sánchez Arévalo, para Vorágine, La Liga Contra El Silencio y Colombiacheck.

Esa noche Matilde Cabrera se despertó turbada por una pesadilla: vio sangre, un cementerio y un chal ensangrentado. Su hijo había salido a las 7 de la noche, después de discutir con la esposa. Matilde entonces se levantó, fue al cuarto y le preguntó a la nuera si Giancarlo había llegado. No. Después de eso apenas dormitó, estuvo inquieta por la pesadilla y el hecho inusual de que él no pasara la noche en casa. Su esposo, Isidro Rincón, iba a tardar porque estaba haciendo un turno en un hotel donde trabajaba.

Al día siguiente y en medio de la incertidumbre, Matilde se levantó, como siempre, a las 6 de la mañana y prendió la radio. Como solía ocurrir los fines de semana durante esa época, un periodista anunciaba que el Ejército había dado de baja a unos delincuentes la noche anterior. 

Matilde y su nuera marcaron varias veces al teléfono de Giancarlo, un publicista reconocido en Pitalito (Huila), pero no obtuvieron respuesta. Cuando Isidro llegó, Matilde le dijo que se fueran a buscarlo donde los amigos, en la Policía y en el hospital.

Ambos recorrieron Pitalito en una pequeña moto Yamaha V80 modelo 95. La única pista que encontraron fue que habían visto a Giancarlo a las 9 de la noche comiéndose un pastel en un parque. Sin embargo, en ningún lugar les daban razón de su paradero. Por eso cuando iban a la altura de la morgue ella le dijo a su esposo: “¿Qué les cuesta a esos hijueputas ponerles un pasamontañas, matarlos y decir que son guerrilleros o delincuentes?”. Él comprendió que debía ir a averiguar, ella se quedó a media cuadra temiendo que la pesadilla fuera una premonición.

Era mediodía cuando Isidro entró a la recepción donde estaba el legista y otro funcionario con una bata blanca.

—¿Qué se le ofrece, señor?, preguntó el primero.

—Mi hijo no ha llegado desde anoche.

—¿Cómo estaba vestido?

—Tenía un jean azul con un buzo colorado de visos blancos en el cuello. Y usaba gorra.

—No, él está sin gorra.

—¿Puedo entrar a reconocerlo?

—Sí.

Isidro entró a una habitación en la que había dos cadáveres tapados con sábanas. El primero era otro joven. El segundo era Giancarlo. Tenía el pelo desordenado y ensangrentado, parecía que lo hubieran arrastrado. El antebrazo derecho estaba levantado, yerto. Él intentó bajarlo, pero no cedió.

—Sí, ahí está. Es el hijo mío.

—Si hubiera venido hace una hora— recuerda que le dijeron— se hubiera encontrado a los militares que los dejaron a ambos acá.

Le pidieron firmar unos papeles y salió. A lo lejos vio a Matilde y caminó lo más lento que pudo mientras pensaba si decirle o no. Cuando llegó a ella, con su dilema a cuestas, no pudo decidir. “Me vio la cara desfigurada”, recuerda él. “¡¿Qué pasó?!”, preguntó desesperada. “Ahí está el hijo muerto”. Un grito desgarrado viajó por el aire.

[Aquí puedes leer otra historia sobre Huila: “El cuerpo de un ‘falso positivo’ que se refundió en un cementerio en Neiva”]

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Giancarlo Rincón, de 32 años, fue asesinado el 6 de enero de 2007. Su familia no lo sabía, pero para ese momento el Ejército colombiano escribía una de las páginas de horror más infames de la historia reciente. Miles de militares planeaban y ejecutaban operaciones para engañar a civiles, secuestrarlos, desaparecerlos, torturarlos, asesinarlos en estado de indefensión y presentarlos ante la prensa como bajas en combate. Así disfrazaban de heroísmo la traición. Ese año en Huila, según la JEP, fueron asesinadas 106 personas en esas circunstancias

A pesar de que gran parte de la atención mediática sobre los ‘falsos positivos’ se ha centrado en Antioquia, Norte de Santander y la costa Caribe, Huila fue un departamento golpeado de manera brutal por los militares. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha encontrado que en esa zona del sur del país fueron asesinados por el Ejército por lo menos 200 civiles entre 2005 y 2008. Las unidades del Ejército sobre las que ese tribunal adelanta investigaciones son el Batallón Magdalena (Pitalito), el Batallón Pigüanza (Garzón) y la Agrupación de Fuerzas Especiales Antiterroristas, todas adscritas a la Novena Brigada.

A eso se suma que el subregistro de la JEP puede ser alto. Una fuente que conoció el fenómeno de cerca, y que pidió no revelar su identidad por temor a represalias violentas, aseguró: “Yo creo que solo en Pitalito puede haber 200 casos”. Por su parte, Andrea Jiménez, directora del Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos, Paz y Territorio (Obsurdh), afirmó: “Tenemos toda la certeza de que, por ejemplo, en el municipio de Algeciras (que ha sido tan estigmatizado por el Estado) el subregistro es muy alto. El miedo de las familias a denunciar sigue siendo una constante”. Esa organización social ha documentado 285 ‘falsos positivos’  perpetrados entre 1984 y 2015 en Huila.

Denunciar los ‘falsos positivos’ en ese departamento molestó a altos mandos militares. El 8 de diciembre de 2008, año en el que se presentaron 73 casos en Huila, según la JEP, el brigadier general William Fernando Pérez Laiseca utilizó la agencia de noticias del Ejército para emitir un comunicado contra el Obsurdh. “Por distintos medios el Obsurdh ha intentado empañar el nombre del Ejército Nacional en el departamento del Huila, condenando anticipada y públicamente a las tropas de la Novena Brigada, a quienes señala de ser responsables de varios casos de supuestas ‘ejecuciones extrajudiciales’”, escribió el oficial que comandaba esa unidad.

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Mientras los Rincón Cabrera estaban reunidos en la casa, el Ejército publicaba un comunicado. El documento fue firmado por el entonces teniente coronel Édgar Alberto Rodríguez Sánchez. Según informó el oficial hacia las 2:30 de la madrugada, del 7 de enero, tropas del Batallón Magdalena sostuvieron “contacto armado contra una de las nuevas bandas criminales al servicio del narcotráfico” en la vereda Bajo Encanto de Acevedo (Huila) y horas más tarde, en una vereda de San Agustín, en el marco de la misma operación, hubo otro “contacto armado”. El resultado: cuatro personas muertas “en combate”, una de ellas era Giancarlo Rincón. Aunque parece rutinario, los detalles de ese comunicado tendrán relevancia más adelante.

Matilde, sin conocer ese documento, gritaba del desespero y la impotencia por el asesinato de su hijo. Haciendo un gran esfuerzo para que el llanto no cortara el hilo de voz que apenas le salía, Óscar Rincón, hermano de Giancarlo, lo recuerda así: “Mi mamá gritaba ‘me mataron a mi hijo’. La niña de mi hermano decía: ‘A mi papá se lo comió la montaña’. A mi papá yo nunca lo había visto llorando, abracé a mi mamá, lo abracé a él. A mí me salieron unas lágrimas, pero yo trataba de estar tranquilo». El asesinato de Giancarlo dejó huérfanos a cuatro niños, Matilde e Isidro se hicieron cargo de dos de ellos.

Los sentimientos de Óscar estuvieron pasmados durante el funeral, pero se manifestaron cuando cargó el ataúd de su hermano en el cementerio. “Me faltaban como tres metros para llegar a la fosa y ya no pude más, me senté en el piso a llorar porque yo sabía que no lo iba a ver nunca más», relató. Isidro, frente a la tumba, elevó una plegaria: “Dios mío, deme siquiera unos 10 años más para poder averiguar quiénes fueron y vengarlo». Y plantó un pequeño árbol de ficus.

Al otro día, el dolor fue peor. Los periódicos La Nación y el Diario del Huila publicaron notas en las que el coronel Rodríguez Sánchez volvía a dar un parte de victoria. Ambos reportes estaban acompañados con fotos de dos cadáveres dispuestos en el suelo, a los que se les veían los pies, y estaban cubiertos con sábanas blancas. “Alguno de esos dos era mi hijo”, dice Isidro cuando vuelve a ver el recorte de prensa que conserva en su archivo.

La desolación de una pérdida en esas condiciones postra a muchas familias. El miedo de confrontar públicamente a una institución armada también le quita espacio a las denuncias. Pese al terror que les generaba enfrentarse al Ejército, Isidro y Matilde se decidieron a hablar. El 11 de enero de 2007, el diario La Nación publicó una nota en la que ambos contaron que su hijo no era lo que el coronel Rodríguez señalaba. “Fue de las pocas familias que denunció públicamente”, aseguró una fuente que investigó varios casos y pidió mantener en reserva su nombre.

Aún hoy Isidro Rincón carga en una carpeta blanca las cotizaciones de trabajos de publicidad que hizo su hijo. El Ejército le impuso, hace 16 años, la labor de demostrar que Giancarlo no era un asaltante, como lo aseguraron varios soldados que participaron en el operativo en el que fue asesinado. Giancarlo se volvió publicista tras tener un accidente en la misma moto en la que Isidro y Matilde lo buscaron. Eran finales de los noventa, cuando se estrelló con un camión que le pasó por encima de una pierna con unas 10 toneladas de carga. La extremidad no se la amputaron porque Isidro se lo impidió a los médicos, pero la recuperación fue lenta y le quedaron secuelas: una cojera que se esforzaba por disimular.

Isidro y Óscar recuerdan que meses antes del asesinato, Giancarlo hizo un trabajo para el Batallón Magdalena. En 2006 esa unidad militar instaló unos reductores de velocidad y necesitaban una señalización de advertencia a  los conductores. Ese trabajo lo hizo él. “Lo que más duele son los señalamientos que hicieron sobre mi hermano”, dice Óscar.

En medio de ese trabajo de desvirtuar mentiras, Isidro le preguntó a un huésped del hotel, que vivía en la vereda Bajo Encanto, si la noche del 6 de enero o la madrugada del 7 habían escuchado tiros. Le dijo que no, que ese lugar era muy tranquilo. La versión del coronel Rodríguez Sánchez también se contradecía con el dictamen del legista. Mientras el oficial hablaba de un “contacto armado” a las 2:30 de la madrugada, el examen del científico determinó que la muerte había sido a las 11:30 de la noche.

El detalle de haber encontrado a su hijo sin la cachucha, que nunca se quitaba, tenía una explicación. A Isidro le devolvieron las pertenencias con las que los militares llevaron a Giancarlo a la morgue. Entre estas había un pasamontañas ensangrentado que nadie en la familia conocía. A pesar de que el publicista tenía un tiro en la cabeza, esa prenda no presentaba ningún orificio. Los tenis nuevos que llevaba ese día le fueron cambiados por unos viejos, tampoco estaba la bicicleta que cuidaba con recelo y a la que le compraba los mejores repuestos que encontraba. El celular no lo volvieron a ver. El pillaje también hacía parte del repertorio de terror oficial.

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Cuando en 2008 la revista Semana reveló que en Soacha (Cundinamarca) un grupo de madres denunció los asesinatos de sus hijos, después de desaparecer, en Obsurdh no se sorprendieron porque la organización venía documentando varios casos similares en Huila. “Nosotros teníamos certeza que los casos no eran solamente los 14 de Soacha”, dijo Andrea Jiménez.

Incluso, hubo una reunión entre esa organización social con el entonces comandante de la Novena Brigada del Ejército, el general Jaime Lasprilla Villamizar. “Él dijo que iba a hacer las investigaciones respectivas. Sin embargo, durante su comandancia fue cuando se presentó el pico más alto de estas presuntas muertes en combate”, explicó Jiménez.

En el Huila los ‘falsos positivos’ tenían varias particularidades con respecto a las que se dieron en otros departamentos. En Antioquia, Casanare y la costa Caribe en muchas ocasiones los militares se coordinaban con los paramilitares para perpetrar las operaciones de montaje. Sin embargo, en Huila no había grupos paramilitares con los cuales sellar alianzas. “La cuestión era, ¿cómo dar resultados en un departamento sin ‘paras’?”, le dijo a VORÁGINE una fuente de la JEP que no puede ser citada por su trabajo.

Las alianzas eran con otras agencias de seguridad del Estado. Una fuente estatal que ha investigado varios casos en la región, pero que no tenía la vocería para hablar ante medios, le aseguró a VORÁGINE que en varios casos también había participación del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), del Gaula y del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

En Huila las víctimas, casi siempre, eran del mismo municipio del que las secuestraban o del mismo departamento. “Eran tomados por el Ejército o por algún reclutador que los engañaba en la noche, cerca de las 7 u 8, y esa misma noche eran ejecutados, por tardar, a la madrugada antes de que saliera el sol”, dijo Jiménez. En cambio, muchos jóvenes de Soacha fueron asesinados días después en Ocaña (Norte de Santander).

Sobre la dimensión que alcanzaron los ‘falsos positivos’ en el departamento, la fuente que conoció el fenómeno de cerca, pero que pidió no ser citada por temor a represalias violentas, aseguró: “Faltó que las instituciones del Estado fueran más contundentes (para frenar los hechos) porque había mucha evidencia”.

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Los Rincón Cabrera se encontraron con esa falta de diligencia. Cuando fueron a interponer la denuncia ante las autoridades, se vieron inmersos en ese laberinto sin salida que es la justicia colombiana para los pobres. Después de ir a varias entidades estatales, la única donde recibieron la denuncia fue en la Personería. Y el camino iba a estar lleno de frustración, rabia e injusticia.

La familia se empezó a percatar de que había más casos similares a los de Giancarlo. Los Rincón Cabrera vivían frente al cementerio y un día una caravana fúnebre se estacionó al frente de la casa. Un hombre les pidió el favor de poner a todo volumen una canción que le gustaba a su hijo asesinado. Tras dejarlo en la fosa volvió y les contó que la noche anterior su hijo había salido por un cigarrillo, pero no volvió. Cuando fueron a buscarlo lo encontraron en la morgue y el Ejército decía que lo había matado en medio de un combate.

Isidro le dijo al señor que fueran juntos donde un abogado que le habían recomendado. Así lo hicieron, madrugaron a la oficina y juntos le expusieron los hechos que rodearon las muertes de sus hijos. En medio del diálogo un hombre timbró, se identificó como militar retirado, se asomó por la puerta para ver quiénes estaban adentro y aseguró que necesitaba exponer un caso. El abogado le dijo que en ese momento no lo podían atender, que volviera luego. Isidro y el señor (del cual no recuerda el nombre) firmaron poderes y salieron con el alivio de quien encuentra un aliado. A su salida se cruzaron miradas con el hombre que había timbrado, estaba rondando el lugar.  

En la tarde, el abogado llamó a Isidro y le dijo que debían hablar personalmente. Él volvió a la oficina donde habían hecho el acuerdo de representación, pero la actitud del abogado había cambiado y le dijo que no podía asumir ninguno de los dos casos. “Es que son casos peligrosos, son demandas contra el Estado y los militares son peligrosos», se justificó. Le devolvió todos los documentos.

Isidro aseguró que junto a Matilde fueron objeto de seguimientos en Pitalito, pero que nunca lo amenazaron de manera directa. Otra suerte corrió el papá del otro joven que, según cuenta Isidro, se desplazó por amenazas. “En ese tiempo el Ejército tenía gente para todo”, dijo la fuente que teme represalias violentas en su contra, refiriéndose a que en esos años los militares habrían tenido sicarios a su servicio. “Difícilmente encontraban un abogado para los procesos penales que realmente se pusieran la camiseta y, en otras situaciones, las mismas familias y los abogados que ellos contrataban empezaron a ser sujetos de amenazas, al parecer, por parte de miembros del Ejército, con la intención de que estos casos se quedaran en la impunidad total”, agregó Jimenez.

A pesar de los intentos por atemorizarlos, Isidro y Matilde siguieron en su búsqueda de justicia. Empezaron a asistir a eventos organizados en Bogotá por el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado. En algunas fotos se ve a Matilde hablando frente a un auditorio contando su caso y, en otras, en movilizaciones con una pancarta que decía: “No más falsos positivos en Huila”.

El proceso penal no avanzó, pero la demanda administrativa (por medio de la cual la familia buscaba una indemnización) le devolvió la esperanza a los Rincón Cabrera de encontrar un poco de justicia en el caso. En primera instancia la decisión fue favorable. Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Neiva reversó el fallo, con una escueta decisión de siete páginas en la que se hace referencia a “literatura que encontramos en la internet” sin especificar la fuente. Además, el abogado que había contratado la familia para ese proceso nunca les avisó que podían impugnar. El día que conocí a Isidro estaba frustrado y con rabia porque le habían dicho que debido a la mala asesoría jurídica, ya no podía interponer el recurso para buscar la indemnización. “Estamos pensando tirar la toalla”, dijo.

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“Estos padres y madres que hace 15 años tuvieron que pasar por este dolor tan grande, se han venido muriendo sin encontrar verdad, sin encontrar justicia y mucho menos reparación integral”, contó Jimenez. Isidro tiene 78 años, y dice que su tiempo de vida “ya es muy corto”.

Muchos de los procesos judiciales por falsos positivos en el Huila fueron asumidos por la Justicia Penal Militar. Por ejemplo, el caso de Giancarlo lo conoció la jueza Judith Andrade Castro, quien fue llamada a rendir versión voluntaria ante la JEP por el conocimiento que puede tener de casos de falsos positivos en el departamento.

Pero cuando los familiares lograban quitarle competencia a los jueces penales militares, tampoco tenían garantías de justicia. Según Jiménez, la impunidad alcanza el 98 % en estos casos. La fuente que ha investigado varios de estos aseguró que hubo  manipulación de las escenas de los crímenes y que en muchos hechos la Fiscalía no llegó a hacer el levantamiento de los cuerpos. Todo esto ha sido garantía de impunidad para los perpetradores. Además, dijo que en la justicia ordinaria era difícil llegar a los máximos responsables.

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Isidro habla con el afán de quien tiene ansiedad por ser escuchado. “Yo tengo en mi mente dibujado lo que le pudo suceder, según los tiros que le dieron”, aseguró. Y empieza a hacer una reconstrucción de lo que él cree que fueron los últimos minutos de vida de Giancarlo. Su esfuerzo por no llorar es evidente y va subiendo la voz. Se quiebra cuando dice: “Le pegan un tiro de gracia y me le ponen un pasamontañas”. En ese momento su voz se agota, apoya sus manos en el espaldar de una silla, apoya su cabeza en sus antebrazos y empieza a llorar mirando al suelo.

El militar que comandó la operación en la que murió Giancarlo fue el cabo primero Carlos César Berrocal Zapata, como él mismo lo reconoció en una diligencia en un proceso disciplinario ante otros militares el 31 de enero de 2007. Según este suboficial las dos personas a las que mataron los hombres a su mando llevaban pasamontañas “medio puestos”. La familia de Giancarlo está segura de que lo ejecutaron con un tiro de gracia porque la necropsia muestra que una bala ingresó por detrás de la oreja izquierda y salió por el temporal derecho. Es decir, atravesó de lado a lado el cráneo, pero el pasamontañas que supuestamente llevaba quedó intacto. Isidro y Óscar también creen que a Giancarlo lo torturaron antes de pegarle ese tiro. El cuerpo tenía heridas de bala en ambos brazos a la altura de los codos.

La verdad es un derecho que les ha sido negado. Lo único que saben es que la última noche que Giancarlo salió de casa se encontró un amigo y jugó billar con él hasta las 9 de la noche. Luego, fue al Parque de la Presentación a comerse un pastel. Lo que pasó de ahí en adelante solo lo saben los militares, y los Rincón Cabrera han esperado 16 años a que les cuenten para poder ponerle fin a sus dolorosos pensamientos sobre los detalles del asesinato.

En la sala de su casa hablamos durante más de dos horas con Isidro. Cuando le pregunto qué sabe de los asesinos de su hijo saca la billetera del bolsillo. Junto a las fotos de sus hijos, sus nietos y sus bisnietos tiene un papel doblado en seis partes. Cuando lo desdobla se ven unas letras hechas a mano en esfero negro, el título dice: “Militares responsables de la muerte de Giancarlo Rincón Cabrera”. En esa hoja están escritos los nombres completos, con números de cédula, de los ocho militares que habrían participado en el operativo.

Entre los nombres anotados está el del soldado Luis Carlos Oyola Tapias, quien dio una versión reservada en la JEP, el 30 de mayo de 2019, a la que VORÁGINE  tuvo acceso. En su relato confesó que un “6 de reyes” (un 6 de enero) él hizo parte de un operativo en el que el Ejército asesinó a dos civiles y los presentó como bajas en combate. Oyola contó que los asesinatos se dieron en la vía que conduce de Acevedo a Suaza en la vereda Mesa Alta. “El cabo Berrocal le dijo a dos soldados que fueran a Pitalito y miraran a ver qué hacían y lamentablemente trajeron a esas dos personas”, precisó el uniformado que se encuentra señalado de participar en otros casos de ‘falsos positivos’. “Había un soldado de apellido Ordóñez Piamba, que es del municipio de San Agustín (Huila), que tenía un carro blanco y él le dijo al cabo primero Berrocal que él prestaba el carro. Entonces, lo único que sé es que se dirigieron hacia Pitalito y trajeron a esas dos personas”, detalló. Oyola no recordaba el nombre de los muertos, pero dijo que uno de ellos “no tenía cabello”. Su descripción coincide con la que hacen los familiares de Giancarlo. La otra víctima sería Jhon Freddy Torres Rengifo, vendedor ambulante en Pitalito. 

A tres metros del comedor donde estamos sentados con Isidro hay un pequeño cofre en el que le entregaron las cenizas de Matilde que murió el 22 de diciembre de 2022. Las arrojaron al río Magdalena, como era su deseo. Isidro tiene como fondo de pantalla de su celular una foto de ella y en su perfil de Whatsapp están juntos en San Agustín en un encuentro de víctimas, y junto al comedor está colgada una foto en blanco y negro del día que se casaron. Nunca fue reparada por el asesinato de su hijo.

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Los militares siguieron sus carreras. En un proceso disciplinario que abrieron en el Ejército, el cabo primero Carlos César Berrocal Zapata, que comandó la operación donde murió Giancarlo, fue absuelto por el entonces teniente coronel Marcos Evangelista Pinto.

Pinto, cuyo rostro sale en el famoso mural “¿Quién dio la orden?”, alcanzó el grado de general. Él y Edgar Alberto Rodríguez Sánchez, el oficial que firmó el comunicado según el cual Giancarlo murió en un “contacto armado”, tuvieron importantes cargos en la institución durante el gobierno de Iván Duque. Pinto fue comandante de la Segunda División del Ejército y Rodríguez fue director del Comando de Educación y Doctrina. Jaime Lasprilla, general que comandó la Novena División en el momento en que los ‘falsos positivos’ se multiplicaron en Huila, fue comandante del Ejército entre 2014 y 2015, cuando el presidente era Juan Manuel Santos.

Una ventana para la justicia se abrió con la JEP. Pinto y Rodríguez fueron llamados a rendir cuentas por su presunta participación en los ‘falsos positivos’ en Huila. Berrocal también fue señalado por Oyola de planear y ejecutar el montaje en el que fue asesinado Misael Quiroga, el 14 de febrero de 2008, en Acevedo (Huila). Se espera que antes de terminar este año, la justicia transicional emita un auto de determinación de hechos, en el que les imputen cargos a varios exmilitares por casos de ‘falsos positivos’. 

Isidro es escéptico frente a la labor de ese tribunal y las penas alternativas que se les podrían imponer a los homicidas de su hijo: “¿Qué sacan con que una persona, un asesino de esos, arregle escuelas, pavimente calles, arregle carreteras en los campos? Trabajos para los asesinos, yo no estoy de acuerdo en eso”, dijo.

A pesar de su molestia, Isidro desistió de tomar venganza. Primero, dice que pensó que no sacaría nada con el “ojo por ojo”. “Si yo me voy a vengar todavía tengo fuerza y salud, pero yo sé que si cometo eso para mí sí hay ley, se llegan a dar cuenta quién ordenó o quién hizo personalmente y para mí si hay ley. Voy a la cárcel”, dice.

El árbol de ficus que Matilde acariciaba y al que le rezaba cuando iba a la tumba de su hijo ya mide unos dos metros. Isidro sigue luchando, sin ella que dio la pelea durante 16 años, para obtener la reparación. La pareja de esposos no pudo pagarle la universidad a sus nietos, por eso el dinero es importante. “Con la indemnización podría costearse el estudio a los nietos y dejarles algo con lo que ellos pudieran defenderse en la vida”, dice. Pero la justicia y quienes debieron haberlos protegido los han tratado tan mal que, por momentos, parecen desfallecer: “Murió mi mamá, se va a morir usted y no vamos a ver nada”, le dijo Óscar a su papá en un momento de frustración.