Por: ColombiaCheck en alianza con Vorágine y La Liga Contra El Silencio.

En Alemania hay quienes niegan el Holocausto. En Guatemala, quienes niegan el genocidio contra las comunidades mayas. En Argentina, el candidato presidencial argentino Javier Milei dice que “no fueron 30.000 los desaparecidos” durante la dictadura sino “8.753”. Colombia no es la excepción. Hay personajes que niegan o subestiman los asesinatos y desapariciones forzadas de personas presentadas por agentes estatales como bajas en combate, mal llamadas, pero más conocidas como ‘falsos positivos’. 

Un análisis, hecho por Colombiacheck, de los comentarios difundidos en X (antes Twitter) arrojó que las narrativas negacionistas sobre este fenómeno son difundidas principalmente por políticos vinculados al Centro Democrático como la senadora María Fernanda Cabal y el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Para esta investigación primero hicimos un análisis de la conversación general sobre falsos positivos en X entre el 1 de enero de 2022 y el 24 de septiembre de 2023. En ese periodo encontramos 170.484 publicaciones sobre el tema, entre las que eran mayoritarias las expresiones de rechazo a estos crímenes. 

Con esa información, hicimos una revisión de las 1.000 cuentas que más publicaciones hicieron sobre el tema. Luego, se realizaron búsquedas avanzadas dentro de las cuentas que difundieron mensajes negacionistas para encontrar los contenidos publicados incluso antes del periodo analizado. 

Este análisis excluyó a las cuentas anónimas y con señales de ser troles (con identidades desconocidas y que publican mensajes para generar polémicas y confusión) y que replican el mismo tipo de afirmaciones que las de estos personajes. 

Las narrativas negacionistas

La narrativa negacionista más común es la de poner en duda la cifra preliminar de 6.402 víctimas, establecida por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Pero, ¿por qué calificamos como negacionistas estas líneas de pensamiento? Hablamos con Fabián Padilla, fundador y director de Fastcheck Chile. Ha investigado temas relacionados con negacionismo, desinformación y la reinterpretación romántica del dictador Augusto Pinochet que ha comenzado a circular en TikTok. 

De acuerdo con Padilla, el negacionismo no es lo mismo que la desinformación, pero van de la mano. Mientras que la desinformación se puede contrastar y verificar con evidencias y consensos, las narrativas negacionistas pasan al plano de la opinión y no buscan desinformar, sino “horadar la confianza de la gente para insertar una duda poco razonable”. Aún así, en conjunto, las prácticas negacionistas sí pueden desembocar en casos de desinformación.

Para sus investigaciones, Padilla ha establecido cinco indicadores acumulativos para saber si se está o no frente a una narrativa negacionista y en qué grado. De esta manera, una narrativa que tenga solo dos de los cinco elementos, será menos negacionista que una que utilice las cinco “tácticas” negacionistas:

1. Uso y presentación de falsos expertos.
2. El uso de falacias argumentativas.
3. La expectativa imposible.
4. El cherry picking (falacia de evidencia incompleta).
5. La teoría de la conspiración.

“Cuando encuentro un fenómeno que cumple estas cinco herramientas, yo te podría decir con certeza que hay un alto nivel de negacionismo”, le dijo a Colombiacheck. 

En el caso de Colombia, las afirmaciones de los usuarios analizados apuntan, en los casos más extremos, a decir que los ‘falsos positivos’ son “un mito”. En otros, a minimizar la gravedad del fenómeno. Todas tratan de eximir de la posible responsabilidad al expresidente Uribe Vélez, a su política de “seguridad democrática” y a las Fuerzas Armadas.

“El objetivo de hacer esto tiene que ver con que la gente que lo difunde sabe que utilizan cualquiera de esas herramientas para poder provocar emociones en las personas: odiosidad, para dotarlo de argumentos paralelos, pero que en realidad son cosas completamente absurdas”, explica Padilla. 

Por ejemplo, hay usuarios que sostienen que la cifra de las 6.402 víctimas “fue inventada por ONG amigas de la guerrilla”, para referirse al Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) a la JEP la Comisión de la Verdad (cuyo su exdirector, el sacerdote Francisco de Roux, ha sido también señalado de ser “cercano de las Farc”). 

Incluso, algunos exigen la publicación de una lista completa de las víctimas, pues según ellos: “No hay registro de los nombres, apellidos, fotos, identificaciones y lugares de decesos”. 

En 2022, cuando la Comisión de la Verdad presentó el Informe Final acerca del conflicto, en Colombiacheck publicamos un explicador y varias verificaciones sobre este tema. Tras la publicación del informe, personalidades como María Fernanda Cabal y el excandidato presidencial Enrique Gómez empezaron a cuestionar la cifra.

Sin embargo,  el interés de abrir un macrocaso en la JEP solo para investigar los ‘falsos positivos’ en Colombia nació en 2018, cuando la Sala de Reconocimiento constató que un informe reservado de la Fiscalía daba cuenta de las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate de, por lo menos, 2.248 víctimas entre 1988 y 2014. A esta base de datos presentada por la Fiscalía se le sumaron otras del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y de organizaciones de víctimas, que corresponden a un trabajo realizado por Coordinación Colombia Europa-Estados Unidos (CCEEU). Aún así, cuando la JEP abrió el macrocaso 003 indicó que la cifra 6.402 corresponde al “universo provisional de hechos”.

“Esas 6.402 víctimas tienen un nombre, un apellido, un número de cédula. Tienen un cruce de las bases de datos oficiales, entre ellas las de la Fiscalía General de la Nación, con los registros de las organizaciones defensoras de derechos humanos”, dijo el 30 de agosto de 2022 la magistrada de la JEP Catalina Díaz.

Los impulsores de las narrativas 

Los principales impulsores de estas narrativas han sido la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, el expresidente Uribe, los influenciadores David Ghitis y Jaime Arizabaleta; el líder del partido Salvación Nacional, Enrique Gómez, el representante a la Cámara por la circunscripción de negritudes, Miguel Polo Polo, y Juan José Lafaurie, hijo de la senadora Cabal. 

Otras cuentas que también han reforzado estas narrativas han sido la del partido Centro Democrático y la del coronel retirado Hernán Mejía, cuya captura fue ordenada por la JEP en mayo de 2023 y quien se enfrenta a una condena de hasta 20 años de cárcel por 72 casos de ‘falsos positivos’. 

En el análisis realizado se encontró un mensaje publicado por Mejía, del 28 de enero de 2022, en el que indica: “Ni todas las operaciones militares fueron Falsos Positivos, ni todas las personas que reclaman reparación son Víctimas” (sic). En mayo de 2022 la JEP le abrió un incidente de verificación del régimen de condicionalidad por 80 publicaciones que, de acuerdo con las víctimas, negaban el fenómeno de los ‘falsos positivos’ e incitaban “al odio, la violencia y la guerra contra quienes representan ideales, posturas políticas y reivindicaciones contrarias” a las suyas, según informó La Silla Vacía. 

Tras esa revisión de las condiciones de permanencia en la JEP y de los beneficios que ofrece la justicia transicional, el tribunal ordenó su captura el 12 de mayo de 2023. 

Voces principales  

La usuaria que más mensajes ha publicado (25) para poner en tela de juicio estos crímenes es la senadora Cabal. Desde febrero de 2012, ha difundido publicaciones en las que indica que los casos han sido “confeccionados” por el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), una fundación sin ánimo de lucro fundada por los jesuitas, la JEP y la Comisión de la Verdad. A estas instituciones las ha tildado de aliadas de las Farc, el comunismo y de militantes de la “extrema izquierda”.  

En sus mensajes y declaraciones registradas en X , Cabal ha repetido que la cifra preliminar presentada por la JEP ha sido inventada por “ONGs amigas de la guerrilla” y ha exigido repetidas veces publicar los datos completos de las víctimas.

De acuerdo con las publicaciones de la congresista, los ‘falsos positivos’ han sido una “estrategia” para ocultar los crímenes de las Farc, “crear la percepción de un Estado genocida, criminalizar al Ejército y borrar la barbarie de las Farc”. 

Incluso, ha indicado que estos casos fueron “acomodados” para “robar al Estado”, en referencia a que, según ella, las familias de víctimas “falsas” han cobrado indemnizaciones. 

Cabal ha indicado que algunas víctimas de los asesinatos y desapariciones en realidad eran criminales. Por ejemplo, en 2020 y 2021 señaló que Edison Lexander Lezcano, un campesino que fue asesinado por el Ejército en mayo de 2002, y cuyo cuerpo fue encontrado en el cementerio de Dabeiba (Antioquia), en realidad era un “miliciano” del Frente 34 de las Farc. 

Sin embargo, en junio de 2023, en la Audiencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP en Antioquia, el mayor (r) Yair Rodríguez Giraldo reconoció ser el causante de la muerte de Lezcano y reafirmó que era inocente. 

A diferencia de Cabal, el expresidente Álvaro Uribe no ha intentado negar que en su gobierno ocurrieron ‘falsos positivos’. Aún así, los 21 mensajes identificados en la investigación sugieren que algunas de las víctimas eran realmente guerrilleros y no civiles; también siembra un manto de duda sobre la cifra de los 6.402 y sobre la relación entre la “seguridad democrática” y el aumento de estos crímenes durante su gobierno.

En un video del 21 de agosto de 2023, el expresidente dijo: “Hubo falsos positivos. Hay discrepancias en las cuentas. No importa, uno solo habría sido grave. También hay falsas acusaciones. Por ejemplo, murieron guerrilleros y hoy los presentan como víctimas”.

Tras las confesiones de mandos militares en las audiencias de reconocimiento de verdad de la JEP sobre los ‘falsos positivos’, Uribe también ha insistido en sugerir que este tribunal fomenta que los miembros de la fuerza pública confiesen delitos que en realidad no cometieron. 

En un video del 20 de septiembre de 2023 subido a X, Uribe dijo que “el diseño de la JEP estimula en aras de la libertad a reconocer incluso delitos no cometidos”. Algo similar publicó a finales de 2021: “Para su libertad Sólo reconocer delitos así no los hubieran cometido, culpar a los comandantes y hablar de incentivos inexistentes (sic)”.

Para Uribe relacionar su gobierno con los ‘falsos positivos’ es una “narrativa” política para enemistarlo con sectores jóvenes de la sociedad. “Los falsos positivos parecieron una estrategia para deshonrar la Seguridad Democrática”, señaló el exmandatario en octubre de 2022. 

El coro 

Si María Fernanda Cabal y Álvaro Uribe son las voces principales que tejen la narrativa negacionista, también hay un grupo de usuarios que acompaña y hace eco de varias de estas líneas de pensamiento.  

La cuenta del Centro Democrático, por ejemplo, se inclina más hacia la línea de Uribe que hacia la de Cabal. Aunque, en general, publica información sobre acciones que Uribe ha dicho que su gobierno supuestamente tomó para evitar estos crímenes –varias de las cuales han sido calificadas como falsas por Colombiacheck (1, 2)–, también ha hecho publicaciones que alimentan las narrativas negacionistas y ha buscado deslegitimar la cifra preliminar sobre estos crímenes. 

En 2021, esta cuenta difundió un hilo con detalles falsos para sembrar dudas sobre el caso de Edison Lezcano y se refirió al hallazgo del cementerio de Dabeiba como un “caso inexistente”. 

Además, el 28 de junio de 2022 compartió un comunicado en el que afirmó que “gracias a las acciones tomadas por el gobierno” de Uribe “se acabaron los falsos positivos en el país”. El mensaje obvia las directivas dadas al Ejército en las que se otorgaban beneficios a los militares que presentaran bajas en combate, como mostró el entonces director de la División de las Américas de Human Rights Watch, José Manuel Vivanco; y como han evidenciado medios de comunicación como La Silla Vacía y Colombiacheck. 

El usuario David Ghitis, que se define en X como “infuenciador en redes sociales”, se inscribe en la línea narrativa de la senadora Cabal desde que empezó a publicar mensajes sobre el tema en 2013. Ha publicado repetitivamente que la JEP no ha publicado una lista con los nombres de cada una de las 6.402 víctimas y ha puesto en duda múltiples veces la cifra. También ha indicado que la fosa común hallada en 2019 en Dabeiba es un “montaje” y un “show” de la JEP. 

Aunque con menos insistencia que Ghitis, el excandidato presidencial Enrique Gómez ha enfilado su discurso, principalmente, en contra de la Comisión de la Verdad. Por ejemplo, Gómez ha criticado la cifra de 6.402 y ha insistido en que los ‘falsos positivos’ hacen parte de una estrategia para usarlos en contra del uribismo que “se basa en una mitología mentirosa, como esa cifra publicitada (6.402) que no tiene sustento alguno”, como escribió en X el 21 de junio de 2022, en plena efervescencia de la discusión por la publicación del Informe Final de la comisión.

La mitología es lo que impera en la Comisión de la Verdad. A la fecha de hoy, ante la JEP de los excesos operativos o llamados falsos positivos, no hay más de 800 casos radicados. Sin embargo, se empeñan en la cifra falsa de 6.402. Esa construcción es mentira tras mentira. pic.twitter.com/hDj6e7os0G

— Enrique Gómez (@Enrique_GomezM) June 30, 2022

Precisamente, Colombiacheck verificó las afirmaciones de Gómez en dicha entrevista en el artículo ‘Es falso que casos de ‘falsos positivos’ que investiga la JEP sean solo 800, como dijo Enrique Gómez’.

El tuitero y ex precandidato a la Alcaldía de Cali, Jaime Arizabaleta, el representante Miguel Polo Polo y Juan José Lafaurie también han replicado mensajes que insisten en tres narrativas: que la JEP se inventó la cifra; que los ‘falsos positivos’ son un montaje para desprestigiar a Uribe; e insisten en la exigencia de “nombres, apellidos, fotos, identificación, ubicación y lugar de deceso” de las 6.402 víctimas.

Colombiacheck también verificó esta afirmación de Polo Polo: “El cura de Roux y su comisión de la mentira no han podido dar ni 500 nombres”. Encontró que era falsa,  ya que las fuentes del Estado que se tuvieron en cuenta para el cruce de bases de datos, que son la Fiscalía y el CNMH, ya tenían mucho más que 500 casos registrados con datos individuales.

Para ese trabajo, Colombiacheck y Vorágine accedimos a una base de datos con 6.403 registros, uno más que lo comunicado por la JEP en el Auto 033 de 2021, que contiene, además, más de cien columnas para registrar información de las víctimas, donde incluso se consignan datos de batallones y otras unidades militares que están mencionadas en los relatos de los hechos. 

La oficina de prensa de la JEP explicó que no se ha revelado la lista con la información de los nombres de las bases de datos por seguridad. “Tenemos más de 100 personas, entre víctimas, comparecientes, testigos, abogados y funcionarios de la JEP en situación extraordinaria de riesgo”, señaló. 

Las investigaciones por el macrocaso 003 continúan, incluso, con la aceptación de responsabilidad de varios integrantes del Ejército. Además, el 3 de octubre pasado, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, participó en un acto de reconocimiento del Estado y de solicitud de perdón a las madres de Soacha, municipio de Cundinamarca de donde salieron 19 ‘falsos positivos’, un caso que se conoció en 2008. “Venimos a pedir perdón pero sabemos que hoy es difícil obtener ese perdón porque ha habido un Estado que ha pretendido ocultar la verdad, porque ha habido unas autoridades que han pretendido que los hechos no fueron como ya están suficientemente establecidos”, expresó el ministro.