Por Sam Cowie**

María* habla con cariño de la pacífica comunidad rural donde creció. Recuerda que de niña jugaba en el bosque y en el río con los otros niños, recogía frutas frescas de açaí y buscaba nueces debajo de árboles altos. No había “juguetes industrializados”, dice. Era “toda naturaleza”.

Pero en los últimos años, con la llegada de un grupo de narcotraficantes de otras regiones, esa realidad ha cambiado. Se registran disparos nocturnos y redadas policiales, y se habla de asesinatos. A finales del año pasado, después de que un joven llegara a su casa y la amenazara, María decidió que tenía que irse.

“Dijo que si lo delataba y lo sacaba de ahí, yo y toda mi familia iban a sangrar”, dice.

El hombre que amenazó a María tenía razón en sus sospechas. Ella había informado a las autoridades locales sobre las actividades del grupo criminal. Temiendo por su vida, huyó de la comunidad Sítio Cupuaçu, hogar de unas 350 familias en Barcarena, una ciudad portuaria y hoy, importante centro industrial cerca de donde el río Amazonas se une con el océano Atlántico, en el estado de Pará.“Estábamos aterrorizados”, dice. “Las personas que nacieron y se criaron aquí, nunca escuchamos de este negocio de drogas”. Su comunidad es uno de varios quilombos que hay en Brasil. Así se conoce a los asentamientos formados por africanos que escaparon de la esclavitud.

María dice que las personas que invaden su comunidad afirman tener el “permiso” del líder de una rama local del Comando Vermelho (CV), una banda de narcotraficantes que tiene su base principal en Río de Janeiro, a más de 3.000 kilómetros (1.864 millas) de distancia. En los últimos cinco años se ha consolidado como el grupo narcotraficante dominante en Pará.

El grupo utilizaba la comunidad como punto de distribución y almacenamiento de drogas –como cocaína, crack y marihuana– y enterraba grandes cantidades de estas sustancias, en caso de que se dieran redadas policiales.

Además de vender drogas, el CV también se dedicaba al despojo y acaparamiento de tierras a pequeña escala, a la limpieza de tierras para dividirlas en parcelas y venderlas, y a la construcción ilegal, que destruye los ricos hábitats naturales de la comunidad.  

“Cortaron los árboles que tenían cientos de años”, dijo María, mostrando en su celular imágenes de bosques caídos. “Los animales se fueron. Es muy triste”.

[Conoce esta historia y otras del proyecto Amazon Underworld y navega el mapa de la presencia del crimen organizado y grupos armados en la Amazonía.]

Los traficantes traen cocaína a este inmenso estado –que con 1,2 millones de kilómetros cuadrados (más de 460.000 millas cuadradas), es más de cinco veces el tamaño de Reino Unido–, a través de ríos, carreteras o vuelos clandestinos, que han proliferado en los últimos años con un aumento de la minería ilegal en Pará y en toda la Amazonía brasileña. 

Según expertos, las principales bandas de drogas del país –el CV y su rival más poderoso, el Primeiro Comando da Capital (PCC), con sede en São Paulo– han ampliado su influencia dentro del estado. Según informes locales, algunos de los mayores traficantes independientes de Brasil, como Sérgio Roberto de Carvalho –conocido como ‘Major Carvalho’, un exoficial de la Policía Militar acusado de liderar una importante red de tráfico de drogas en Brasil– y Karine Campos –conocida como la ‘Reina de la Cocaína’– también han operado en el estado.

Una vez dentro de Pará, los mafiosos dividen los cargamentos de cocaína para enviarlos a los mercados nacionales en el estado o en todo el país, o a Europa, usando las amplias estructuras portuarias de Brasil, incluida Vila do Conde en Pará, a poca distancia en carro, de la casa de María.

UBICACIÓN PRIVILEGIADA PARA EXPORTACIONES

La ubicación privilegiada del puerto de Vila do Conde, a solo 120 kilómetros (75 millas) del océano Atlántico, lo hace ideal para los exportadores que envían productos básicos a Europa, China y Estados Unidos. En 2021, pasaron por el puerto casi 17 millones de toneladas de carga de productos como soya, alúmina (óxido de aluminio), bauxita, fertilizantes y maíz.

Es uno de los puertos del llamado “Arco Norte”, que ha ganado importancia en Brasil en la última década gracias a que acorta las distancias marítimas hacia mercados claves y reduce así, los costos logísticos, desafiando el tradicional dominio del puerto de Santos en São Paulo. Sin embargo, las organizaciones criminales también han sacado provecho.

En 2020, agentes de la Policía Militar en Barcarena incautaron más de dos toneladas de cocaína en una propiedad rural, a poca distancia por tierra desde el puerto, y de la casa de María, después de intercambiar disparos con hombres armados que luego huyeron a una zona selvática cercana. Fue la mayor incautación de cocaína en la historia de Pará hasta ese momento.

Luego, en noviembre de 2022, las autoridades federales incautaron casi tres toneladas de cocaína escondidas dentro de bultos de harina de soja, en un contenedor, en el puerto, y destinadas a Portugal. Según informes locales, fue uno de los mayores decomisos de cocaína registrados en un puerto brasileño.

En los últimos años, las autoridades también han incautado cocaína escondida en cargamentos de madera, açaí y manganeso (un mineral cada vez más codiciado y extraído ilegalmente en el sur de Pará por grupos mafiosos organizados), listos para ser exportados o que llegaban del puerto de Vila do Conde a puertos europeos de Portugal y Rotterdam.

Si bien el puerto de Santos de São Paulo sigue siendo el principal punto de salida de la cocaína que se dirige a Europa, las inspecciones se han intensificado en los últimos años, lo que ha obligado a los grupos criminales a buscar otros puertos, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Las incautaciones en Vila do Conde reflejan parte de una reconfiguración de las rutas de drogas y los puntos de salida de la cocaína, que pasa por Brasil en su camino hacia Europa, y evidencian la creciente importancia de la Amazonía como punto de tránsito internacional de drogas.

En la última década, dicen los expertos, el volumen de cocaína y otras drogas que pasan por la Amazonía brasileña, ya sea para los mercados locales o para exportación, ha aumentado dramáticamente, con niveles récord de producción en los países vecinos de Brasil, como Colombia, Perú y Bolivia.

Poco menos de la mitad de las casi 2.000 toneladas de cocaína que se producen anualmente pasan por Brasil –aproximadamente el 40 % de ellas a través de la región amazónica–, según Renato Sérgio de Lima, director del Foro Brasileño de Seguridad Pública, una organización sin fines de lucro.

“El punto de inflexión fue en 2016”, dice, con el asesinato a manos del PCC de Jorge Rafaat, quien controlaba el suministro de drogas en la frontera de Brasil con Paraguay y que era dueño de una ametralladora antiaérea. “El Comando Vermelho necesitaba adaptarse y se vio obligado a buscar nuevas rutas, reactivando antiguos contactos que tenía con jefes del narcotráfico colombianos”.

Si bien la Amazonía brasileña siempre ha sido violenta, dice de Lima, la violencia ha aumentado desde 2017. La región ofrece varias ventajas a los narcotraficantes.

“La zona cuenta con menos inspección y control, mano de obra muy barata y explotada, y la posibilidad de explotar varios sectores de la economía de una forma mucho más sencilla que en las grandes ciudades”, dice de Lima. “Es mucho más simple allí porque hay menos supervisión (estatal), por lo que es muy fácil lavar dinero”, agrega.

LOS DELINCUENTES EVITAN LA POLICÍA

En enero, Amazon Underworld se unió a oficiales de la Policía Militar local en Barcarena, en una operación para prevenir el tráfico de drogas y otros delitos. Los oficiales dijeron que en los últimos años la ciudad había registrado un aumento de los grupos ilegales liberados de la prisión y que se dirigían allí para crear divisiones locales de grupos delictivos como el Comando Vermelho.

Barcarena es el hogar de varios pueblos rurales tradicionales, quilombos, como del que huyó María, donde los oficiales dicen que los grupos ilegales de fuera de la ciudad han tratado de arraigarse.

El día anterior a la operación, los oficiales dijeron que habían allanado un campamento, construído por narcotraficantes en la playa de Itupanema, región de Barcarena. Los graffitis del Comando Vermelho están por todas partes en los barrios más pobres de la ciudad.

Durante los controles oficiales armados irrumpieron en una casa de madera sencilla y arrestaron a un hombre acusado de violación que había huido de otra ciudad de Pará. Sin embargo, la operación no produjo arrestos por delitos de drogas.

Una persona presente en el patrullaje, que pidió no ser identificada, dijo que con el operativo en  marcha, los miembros del grupo ilegal enviaban mensajes de que la policía estaba fuera y, por lo tanto, permanecían ocultos. En abril, la policía de Barcarena arrestó a un hombre de 34 años buscado por homicidio. Durante la operación, también incautaron alrededor de 68.000 reales brasileños en efectivo (equivalente a alrededor de US$13.600), así como cocaína, crack, una escopeta calibre .12, una ametralladora calibre .40, dos pistolas calibre .9 y .40, y dos vehículos.

La policía alega que el hombre, cuya identidad no fue revelada, planeó ataques contra las autoridades de seguridad durante una ola de violencia orquestada por los líderes del Comando Vermelho el año pasado, en la que murieron al menos siete policías. Poco después, en julio, 10 agentes de la Policía Militar de Belém, capital de Pará, fueron detenidos, acusados de secuestrar y extorsionar a narcotraficantes.

LAS BANDAS SE EXTIENDEN MÁS ALLÁ DE LAS CIUDADES

Hoy, inscrita en un programa local que brinda protección y asistencia a activistas amenazados en Pará, María lamenta la destrucción de la belleza natural de su comunidad y su tejido social.

“Fue tan bueno”, dice María de la comunidad. “Siempre tuvimos problemas con grileiros(despojadores de tierras a gran escala) tratando de reclamar nuestras tierras, pero siempre retrocedieron cuando les mostramos nuestros títulos de propiedad”.

Dice que la banda de narcotraficantes también ha cooptado a algunos miembros de la comunidad y jóvenes con pequeños regalos y promesas de dinero fácil.

Su primo, que era jefe de la asociación de residentes locales, también huyó de la comunidad después de que el grupo lo amenazó con un arma en su casa.

En 2019, un policía fue asesinado en la comunidad, y uno de lo arrestados relacionado con el asesinato, ya había sido acusado de tráfico internacional de drogas. El año pasado, dos miembros del Comando Vermelho también fueron asesinados en ese lugar, en una redada que ocurrió durante la ola de ataques a agentes de policía.

María dice que el joven que la amenazó en su casa es el segundo al mando en la zona y maneja las transacciones de venta de las construcciones clandestinas. Afirma que su madre es de la comunidad.

Los miembros del CV quitaron la placa de la comunidad para no desanimar a los compradores. Una de las amenazas que recibió María se produjo después de que le advirtiera a un posible comprador que el área era un quilombo, y que su compra podría ser revocada más adelante, ya que esas tierras podrían acogerse a la protección del gobierno en el futuro.

La persona que fue a su casa “tenía un revólver calibre .38”, dice. Aunque no han matado a ningún miembro de la comunidad, agrega, “siempre se están matando entre ellos”.

“Cuando viene la policía, ellos desaparecen”, dice.

La dinámica de las “invasiones”, como se les conoce localmente a las ocupaciones ilegales de tierras dirigidas por grupos del crimen organizado, son confusas y varían a menudo. 

La Región Metropolitana de Belém tiene algunas de las peores disposiciones en materia de vivienda asequible en Brasil, un país en perpetua crisis inmobiliaria, por lo que no faltan ocupantes dispuestos. Un residente que vive al lado de una invasión del Comando Vermelho en Ananindeua, otra ciudad de la Región Metropolitana de Belém, dice que los líderes de las bandas locales deciden qué tierras pueden ser invadidas y por quién.

La táctica sirve para dominar y expandir aún más las fronteras urbanas, en una región donde los únicos rivales armados del Comando Vermelho son la policía y las milicias policiales corruptas. Cualquiera que rompa las reglas, alquilando o vendiendo sin permiso, por ejemplo, se enfrenta a un “tribunal” que puede resultar en su asesinato o expulsión de la invasión sin ser compensado.

Según Aiala Colares Couto, investigadora del Foro Brasileño de Seguridad Pública y experta en crimen organizado en Pará, el creciente movimiento criminal en Barcarena sigue un patrón estatal.

Líderes de grupos ilegales conocidos como “torres”, muchos de los cuales han sido recientemente dejados en libertad o son buscados por las autoridades, se dirigen a ubicaciones más remotas fuera de las capitales estatales y de los centros urbanos para evitar la detección policial.

“Cuando llegan, ellos establecen una relación con el narcotráfico porque necesitan mantenerse económicamente”, dice.

Couto explica que el CV en Barcarena seguramente buscará expandir su influencia en la región portuaria, tal como lo hizo el PCC hace años, en el puerto Santos de São Paulo, donde ahora ejerce una influencia significativa.

Explica que el CV se extendió rápidamente en Pará, reclutando miembros dentro del brutal sistema penitenciario del estado, después de que los presos de Pará, fueran encarcelados con miembros del CV en prisiones federales, en otras partes de Brasil.

Los miembros del CV de Pará también se han incrementado cada vez más en Río de Janeiro. Leonardo Costa Araújo, líder de un grupo ilegal conocido como ‘Leo 41’, fue asesinado en marzo en una operación policial que dejó 13 muertos, en el Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, Región Metropolitana de Río.

El PCC, el principal rival nacional del CV, también opera en Pará, principalmente en la logística del narcotráfico en el sur del estado. Recientemente, las autoridades allanaron propiedades relacionadas con presuntos abogados del grupo en las ciudades de Marabá y Castanhal. Agrupaciones más pequeñas, así como varios grupos de milicias que involucran a oficiales de policía corruptos, también operan en el estado.

Además del aumento de la delincuencia, varios desastres industriales de importancia han ocurrido desde 2010 y han destruido gravemente los hábitats locales, de los cuales dependían las comunidades tradicionales. 

En 2015, un buque de carga libanés, que se dirigía a Venezuela con 5.000 vacas y 700 toneladas de petróleo, se hundió en el puerto de Vila do Conde, lo que provocó la muerte de la mayoría del ganado y el derrame de parte del petróleo en el río. Los estudios encontraron que el accidente mermó gravemente las poblaciones de peces, perjudicando los medios de subsistencia de los habitantes. 

Tres años después, los pobladores se quejaron ante las autoridades de la sospecha de fugas tóxicas en la fundición de aluminio más grande del mundo, propiedad de la empresa financiada por la Noruega Norsk Hydro, la cual había envenenado aún más los ríos locales, queja que luego fue confirmada por estudios. Poco después, el líder quilombo Paulo Nascimento fue asesinado. Abogados y activistas vincularon su asesinato con sus reclamos, pero la empresa negó su participación.

“Lo que vemos es la creciente asfixia de las comunidades tradicionales de Barcarena, tanto por el crimen como por la industria pesada, la cual destruye sus formas de vida tradicionales”, dice Cícero Pedrosa, periodista y antropólogo que ha estudiado la vida de los quilombos en Barcarena. “¿Cómo pueden estas familias tener una vida saludable allí?”.

LAVADO DE DINERO A TRAVÉS DE DELITOS AMBIENTALES

Si bien Barcarena se ha convertido en un centro clave de tráfico de drogas, en los últimos años el CV se ha expandido aún más en el inmenso interior de Pará, donde la violencia se ha disparado. Actualmente, este estado tiene siete de los 30 municipios más violentos de Brasil.

Jacareacanga, un centro de actividad minera ilegal y donde se encuentra el Territorio Indígena Munduruku, registró la asombrosa cifra de 199 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2021, la segunda tasa más alta del país y nueve veces el promedio nacional de 22 por cada 100.000.

Otros municipios que están en el top 30, incluidos Floresta do Araguaia, Cumaru do Norte, Anapu, Senador José Porfírio, Novo Progresso y Bannach, también sufren altas tasas de delitos ambientales y conflictos territoriales.

Hoy en día, los narcotraficantes en Pará y en toda la Amazonía buscan cada vez más reinvertir o lavar ganancias ilícitas a través de delitos ambientales, como la minería ilegal, el acaparamiento de tierras, la pesca ilegal y la caza furtiva, lo que generalmente conlleva a penas menores, a las establecidas para los delitos relacionados con drogas.

Una operación policial en 2021, llamada “Narcos Gold”, confirmó que los criminales usaban minas de oro en Pará como pistas de aterrizaje para aviones que transportaban drogas y como fachadas para el lavado de dinero.

El objetivo principal de la operación era Heverton ‘Grota’ Soares, quien tenía 18 permisos de prospección para minería en Pará, que utilizaba como fachada del tráfico de drogas. Es investigado por narcotráfico, organización criminal, lavado de dinero y homicidio, además tiene vínculos con el PCC, según informes locales.

ENVÍO POR RÍO, TIERRA Y AIRE

Pará no produce cocaína, ni limita con naciones productoras. Según el Secretario de Seguridad Pública del estado, Ualame Machado, la mayoría de la cocaína y otras drogas que ingresan a Pará, especialmente envíos con destino al puerto de Barcarena, provienen de la triple frontera con Perú y Colombia, en el vecino estado de Amazonas y llegan por vía fluvial.

La marihuana skunk es un tipo de hierba con alta potencia psicoactiva producida en Colombia, que se vende en Brasil por cinco veces el precio de las importaciones de la marihuana tradicional de menor calidad traída de Paraguay. Esto permite a los grupos criminales, que ya utilizan la ruta del río Amazonas, aumentar sus ganancias, dice Machado.

Los informes de tales envíos dirigidos directamente a los mercados de drogas más grandes de Brasil, São Paulo y Río de Janeiro, han proliferado recientemente.

Machado menciona una incautación de enero, de 1,6 toneladas de cocaína y skunk ocultos debajo de 12 toneladas del preciado pez pirarucú, en un barco cerca de Óbidos, en la parte baja del río Amazonas, una región clave para el ingreso de drogas a Pará. Desde Óbidos, la droga puede cargarse en camiones y transportarse por carretera, especialmente por la BR-163 y carreteras transamazónicas. Desde ahí “se puede entregar a todo Brasil”, incluido el puerto de Vila do Conde, dice Machado. 

“Es mucho más rentable y menos riesgoso para ellos usar el puerto de Barcarena”, dice. “Y al mismo tiempo su logística es mucho más fácil, porque no tienes que cruzar todo el país para llegar a Santos”. La cocaína boliviana que pasa por Mato Grosso también ingresa al sur de Pará por carretera, así como por avión, señala.

El aumento de la minería ilegal en Pará en los últimos años ha impulsado los precios récord de oro y ha aumentado el número de vuelos de avionetas, dice Gustavo Geiser, un testigo experto de la Policía Federal de Brasil. “Y como estos tipos ya están haciendo algo ilegal”, agrega, la entrega de cocaína “no es un gran desafío para ellos”.

Recientemente Felipe Pacheco, nacido en Pará, piloto de minería ilegal de Novo Progresso, un conocido semillero de delitos ambientales, como la minería ilegal y la tala ilegal, fue sorprendido transportando casi media tonelada de cocaína en su avión en el estado de Mato Grosso. Fue encontrado muerto en la cárcel días después y su familia cree que fue asesinado.

Uno de los pilotos de narcotráfico más experimentados de Brasil, Silvio Berri Júnior, que trabajaba para el líder del Comando Vermelho, Fernandinho Beira-Mar, tenía una concesión de prospección de oro en Pará y fue arrestado en 2020 bajo sospecha de trabajar para el meganarcotraficante ‘Major Carvalho’.

Machado dice que Pará también sirve como base importante para los traficantes que transportan drogas por aire a otras regiones de Brasil, ya que el inmenso estado a menudo se usa para paradas de reabastecimiento de combustible. Los territorios indígenas de Pará, como los Kayapo y Munduruku, que sufren una de las peores destrucciones de la Amazonía brasileña producto de la minería ilegal también sirven como puntos logísticos para los vuelos de drogas, según Machado.

“Esos lugares son convenientes (para los narcotraficantes) porque están fuera del ojo público”, agrega. “No hay carros de policía patrullando allí. Ellos están lejos y aislados”.En los pueblos y campamentos mineros ilegales de todo Pará, la cocaína y el crack alcanzan un precio mucho más alto que el precio promedio en la calle. Los intercambios de un gramo de oro por un gramo de cocaína son comunes.

EL NARCOTRÁFICO ES “IMPOSIBLE” SIN CORRUPCIÓN

Machado dice que se están haciendo esfuerzos para detener el flujo de cocaína hacia Pará, incluida la construcción de bases fluviales de la Policía Civil en la región de Óbidos y Abaetetuba, dos municipios clave en la ruta de drogas del río Amazonas. También con la reciente construcción de una base en Breves, en el archipiélago de Marajó, cerca de la desembocadura del Amazonas.

El área metropolitana de Belém, donde se encuentra el puerto de Vila do Conde, tiene alrededor de 40 islas, muchas de las cuales albergan puertos “clandestinos” donde se pueden descargar drogas. Barcarena, en sí, es una isla. Según Machado, los envíos de drogas pasan por comunidades ribereñas y quilombos, y las autoridades a menudo encuentran escondites enterrados en el suelo en Barcarena y sus alrededores.

Grandes cantidades de drogas son divididas en cantidades más pequeñas en propiedades rurales o bodegas, que son más baratos y están más protegidos porque están aislados. “Para ingresar al puerto de Vila do Conde debes ser un profesional”, dice.

Los exportadores legales pueden ser víctimas, sin saberlo, de la manipulación de sus contenedores, por parte de bandas criminales especializadas que trabajan en los puertos, una técnica conocida como “rip on/rip off» (robo dentro/robo fuera), donde los sellos oficiales se rompen y luego se vuelven a colocar.

Pero los envíos de drogas “profesionalizados”, como las 2,75 toneladas de cocaína encontradas ocultas en harina de soya, en 2022, a menudo requieren la ayuda de funcionarios públicos corruptos, dicen los expertos.

En julio de 2022, el teniente de la Policía Militar del estado de Pará, Aderaldo Freitas, fue arrestado en Portugal, sospechoso de conspirar para enviar 320 kilogramos de cocaína a ese país, desde el puerto de Vila do Conde, en contenedores de fruta de açaí. Marco Antonio Faria, un empresario de Barcarena, también fue arrestado cuando recibía el cargamento en Lisboa.

Armando Brasil, un fiscal militar del estado de Pará, que solicitó oficialmente la separación del servicio de Freitas, dice que el tráfico internacional de drogas sería “imposible” sin agentes públicos corruptos. Señala que se suponía que el teniente de policía estaba de servicio en Pará cuando fue arrestado en Portugal.

El fiscal Brasil describe un cuadro complejo de bodegas utilizadas en el área de Barcarena para almacenar cocaína, a menudo, con el permiso tácito de la policía local corrupta, y compañías ficticias, creadas únicamente para dar un aire de legitimidad al tráfico de drogas.

“Es una institución para defender el orden público y la moral”, dice sobre la policía, “pero desafortunadamente hay algunos que entran a robar y a extorsionar para beneficiarse”.

“NO NOS QUEDA NADA”

Las investigaciones citadas en informes locales indican que Freitas, el oficial de la Policía Militar arrestado en Portugal, trabajaba para el narcotraficante más poderoso en ese país, Rubén ‘Xuxas’ Oliveira y Carvalho, el excomandante de la Policía Militar de Mato Grosso do Sul, entonces considerado el mayor narcotraficante independiente de Brasil.

Los agentes de Interpol arrestaron a Carvalho, también apodado el ‘Escobar de Brasil’, en un hotel de lujo en Budapest, en junio de 2022. Desde 2017, según informes locales citados en investigaciones federales, Carvalho había enviado al menos 45 toneladas de cocaína a Europa.

Karine Campos, apodada la ‘Reina de la Coca’, colega del ‘Major Carvalho’ y hoy considerada el mayor capo de la droga de Brasil, también está acusada de liderar un grupo de narcotraficantes internacionales que utilizaba el puerto de Vila do Conde para enviar cocaína a Europa. Actualmente está prófuga, condenada a 17 años de prisión por narcotráfico, al igual que su esposo Marcelo Ferreira.

Mientras tanto, de vuelta en Barcarena, un pescador desembarca de un desvencijado bote de madera en Itupanema, a poca distancia del puerto de Vila do Conde, justo cuando comienza una intensa tormenta amazónica. A lo lejos, los enormes buques de carga apilados con contenedores de acero llenos de toneladas de productos básicos, que se dirigen a los mercados internacionales, están anclados mientras la tormenta azota.

María entiende poco sobre la dinámica del tráfico internacional de cocaína, pero conoce el daño que se ha infligido a la comunidad donde nació y se crió.

“No nos queda nada”, dice. “Si un día logramos recuperar esta tierra tendremos que empezar de nuevo”.

* Los nombres han sido cambiados.

**Amazon Underworld es una investigación conjunta de InfoAmazonia (Brasil), Armando.Info (Venezuela) y La Liga Contra el Silencio (Colombia). El trabajo se realiza en colaboración con la Red de Investigaciones de la Selva Tropical del Pulitzer Center y está financiado por la Open Society Foundation, por la Oficina de Asuntos Exteriores y del Commonwealth del Reino Unido y por la International Union for Conservation of Nature (IUCN NL).