Por Emily Costa, Mariana Rios y Rodrigo Chagas

Miguel* tiene un nuevo trabajo: administra una cafetería. En el local, un joven sirve café a un grupo de brasileños. Todos parecen menores de 18 años y están sentados en una mesa de madera, en un bosque de palmas con vista a un pequeño arroyo.

Sin embargo, los muchachos no están ahí por el café. Van tras las drogas.

Miguel llegó a Brasil desde su Venezuela natal en 2014 para escapar de la crisis económica, política y humanitaria que ha sacudido al país durante casi una década. Y su nuevo trabajo, administrando un narcoparadero en Boa Vista, en el estado brasileño de Roraima, es una recompensa de su empleador.

Su jefe es del Primeiro Comando da Capital (PCC), un grupo criminal nacido en las cárceles de São Paulo en la década de los noventa, que tiene sucursales en todo el país y está vinculado a otros grupos criminales en países vecinos, con fuerte presencia en la región amazónica. Allí, el PCC se ha diversificado y ha encontrado nuevas formas de financiarse: además del narcotráfico está activo en la pesca ilegal y en la minería ilegal de oro. 

¿Cómo  un venezolano se convirtió en engranaje de confianza de la maquinaria de una organización criminal brasileña?

Miguel es un hombre carismático de unos 30 años que cruzó la frontera con Brasil hace casi diez años y se instaló en la ciudad de Pacaraima, a unos 200 kilómetros (124 millas) al norte de Boa Vista. Un año antes de su llegada, en 2013, la economía de Venezuela se había derrumbado bajo el peso de la agitación política, la corrupción generalizada y el devastador declive del sector petrolero mal administrado, que había sido la columna vertebral económica del país. La situación empeoró en 2017, cuando Estados Unidos impuso sanciones financieras y económicas, aislando aún más la economía venezolana, que ya estaba enfrentando dificultades relacionadas con la hiperinflación. 

Para muchas familias, en Venezuela no queda mucho más que miseria, lo que ha provocado que al menos 7,2 millones de venezolanos, especialmente jóvenes, abandonen el país, desde el 2014, según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR). Casi 500.000 han emigrado a Brasil.

Es común ver familias venezolanas enteras durmiendo durante días o semanas en las calles de Pacaraima mientras esperan obtener los documentos que necesitan para ingresar legalmente a Brasil. Algunos se quedan en improvisados refugios de lona y cartón porque carecen de dinero para continuar su viaje o porque no quieren alejarse mucho de la frontera con su país.

Cuando Miguel llegó, pasó unas semanas en una casa con otros venezolanos compartiendo el espacio con personas que estaban de tránsito y necesitaban refugio. También había otras que estaban involucradas en el tráfico de drogas, a pequeña y gran escala. Cuenta que cuando la policía allanó la casa, él cuenta que él y otros residentes del lugar fueron arrestados. 

“Nos ataron el uno al otro y nos hicieron caminar por las calles de Pacaraima. Nunca había sentido tanta vergüenza en toda mi vida”, dice.

Terminó en la Penitenciaría Agrícola de Monte Cristo en Boa Vista, donde fue encerrado en un bloque de celdas con líderes del PCC. Ellos se consideraban más civilizados que otros grupos porque mantenían una especie de código de conducta y apoyo mutuo. 

Reclutado en prisión por el PCC, Miguel comenzó a vender drogas para el grupo criminal después de quedar libre. Es un oficio que se aprende con el ejemplo, dice, y habla sobre “hermandad”. “Cualquiera puede hablar, incluso un loro puede hablar. Ahora quiero ver cómo alguien vive una vida de crimen”.

Carlos Alberto Melotto, fiscal de un grupo encargado de combatir el crimen organizado en Roraima, ha testificado en la justicia que los presos venezolanos en las cárceles brasileñas son reclutados por grupos criminales brasileños. También ha dicho que los investigadores han detectado comunicación entre líderes de bajo nivel del PCC de Brasil y venezolanos vinculados al Tren de Aragua de ese país, un grupo criminal que nació en la penitenciaría de Tocorón, en el estado de Aragua, vecino a Caracas y a más de 1.200 kilómetros de la frontera con Brasil. 

Al igual que el PCC, la organización venezolana aprovecha el flujo de migrantes para expandir su influencia, creando alianzas para el tráfico de drogas y oro, así como para la explotación sexual de mujeres. Es una de las principales organizaciones criminales de Venezuela, que opera no solo en Roraima, sino en otros estados del norte de Brasil, y presuntamente tiene conexiones en Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú.

[Conoce esta historia y otras del proyecto Amazon Underworld y navega el mapa de la presencia del crimen organizado y grupos armados en la Amazonía.]

UNA CONVERGENCIA DEL CRIMEN

Uno de los lugares donde han convergido el narcotráfico, el crimen organizado y la minería ilegal de oro, conocido como garimpo, en portugués, está en el Territorio Indígena Yanomami, que comparte una larga frontera con Venezuela, al oeste de Boa Vista. Durante décadas, la zona ha sido un imán para los mineros ilegales, o “garimpeiros”, pero la presencia del PCC llamó especialmente la atención en 2021, cuando miembros del grupo participaron en una serie de ataques contra comunidades indígenas en la región de Palimiú, que se resistía a las invasiones de los mineros.

Este año, la zona ha sido nuevamente escenario de conflictos y asesinatos que involucran a indígenas y mineros. En la primera semana de mayo hubo al menos 14 muertes alrededor de la comunidad indígena de Uxiu, una zona donde existe un gran número de “garimpeiros”. Entre las víctimas había tres venezolanos, dos hombres y una mujer. Las muertes ocurrieron después de que los mineros atacaran a los indígenas. Tres fueron baleados y uno murió.

Según una encuesta publicada en 2022 por la Asociación Hutukara Yanomami, delincuentes brasileños del PCC se infiltraron entre los mineros de Roraima, primero brindando seguridad y luego diversificándose en la gestión de servicios de carga y en la administración de casas de prostitución. La encuesta estimó que la mitad de los casi 30.000 habitantes de la reserva indígena se vieron directamente afectados por la minería.

La facción del PCC en São Paulo controla casas de prostitución y servicios cercanos a puertos mineros clandestinos y pistas de aterrizaje. Construyen locales en puntos estratégicos, conocidos como corrutelas –a menudo equipados con bares, burdeles y servicio de Internet– para recibir mercancías y personas. Fue en uno de estos lugares donde María* trabajó como prostituta, en una zona minera ilegal cerca del río Uraricuera en el Territorio Indígena Yanomami.

Una atractiva mujer de poco más de 20 años, con manicure y numerosos tatuajes, habla nerviosa de una escena grotesca que presenció. Un “garimpeiro” había pagado por sexo y quería obligar a una trabajadora sexual a casarse con él y dedicarse exclusivamente a las tareas domésticas: lavar la ropa, cocinar y tener relaciones sexuales. 

La joven, que había ido a las minas para ganar dinero como prostituta, no quería casarse. Ella se quejó con el “dueño” de la currutela, quien mató al hombre a plena vista, con un solo disparo.

María dejó la región después, pero finalmente regresó y estaba saliendo con un miembro del PCC en ese lugar. Sin embargo, la tensión era constante y ella estaba pensando en escapar a un zona minera más “familiar”.

“ES MUY DURO EN LAS MINAS”

Yordan*, un venezolano de 23 años que trabajó seis meses como “garimpeiro” en Brasil, dice que muchos migrantes van a las minas a través de la ciudad de Mucajaí, en el sur de Roraima. Actualmente vive en Manaus y trabaja en la construcción. Afirma que nunca vio actos de violencia o personas portando armas de fuego durante ese tiempo en las minas.

“La violencia ocurre en ese lugar cuando haces cosas malas”, dice, y agrega que las personas pueden mantenerse alejadas de los problemas “si trabajas y no te metes con nadie”.

Él envió parte de sus ganancias de la minería a su familia en Venezuela y usó la otra parte para comprar artículos como un televisor y una nevera para la casa donde vive en Manaus. Pero no planea volver a las minas.

“Nunca más”, dice. “Es muy duro en las minas. No me gustó. Estuve en ese lugar por necesidad. Por eso me fui”.

Un informe de 2021 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), advirtió sobre el riesgo de trata de personas en la región fronteriza del norte de Brasil, y resaltó especialmente la mayor vulnerabilidad de las mujeres, niños y adolescentes venezolanos no acompañados. A pesar de los riesgos, siguen llegando. En los primeros tres meses de 2023, Brasil estableció un récord de entrada de venezolanos. Solo en marzo, 17.471 migrantes ingresaron al país, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Murillo Martins, de la Unidad de Defensores Públicos, que trabaja especialmente con niños y adolescentes venezolanos en Pacaraima, dice que es común que los menores lleguen de las zonas mineras de ese país.

“Ellos dicen que estaban con sus padres en las minas de Venezuela o que estaban solos trabajando allí, y su historia es que venían principalmente en busca de mejores condiciones de trabajo en Brasil”, dice.

En 2018, Brasil lanzó el programa Operación Acogida (Operação Acolhida, en portugués), un esfuerzo humanitario militarizado para manejar el flujo de venezolanos en la frontera norte. En un informe de enero de 2022 de la plataforma de coordinación interinstitucional R4V, que recopila datos sobre los venezolanos atendidos por la Operación Acogida, el 39 % de las personas en 800 hogares encuestados tenía 17 años o menos. De esos hogares, el 42 % estaba en Roraima o en la vecina Amazonas, y el 25 % –quienes tenían entre 15 y 17 años– no iban a la escuela, que es un derecho básico, según la legislación brasileña. En el 15 % de los hogares había al menos un niño o adolescente cuyos padres se habían quedado en Venezuela o vivían en otro estado brasileño.

Algunos menores llegan solos, sin documentos de identidad, y otros llegan con adultos que no son sus familiares. Vulnerables, se convierten en presa fácil de los grupos criminales, cuya influencia se ha extendido de las cárceles a las calles.

VENEZOLANOS EN EL PCC

Las autoridades locales se han preocupado durante años por el crecimiento de grupos criminales como el PCC y el Comando Vermelho (CV), que tiene sus raíces en Río de Janeiro y se extendió a Roraima a partir de 2013.

La situación ha empeorado en los últimos años. Entre 2016 y 2017, dos masacres en la Penitenciaría Agrícola de Monte Cristo, la prisión más grande del estado Roraima, dejaron 43 reclusos muertos. El motín se produjo después de una división entre el PCC y el CV que condujo a una serie de masacres carcelarias en Brasil, lo que refleja la forma en que los grupos se han expandido a través del sistema penitenciario del país. En 2018, una serie de ataques a bancos y agencias públicas en cinco ciudades de Roraima fue una prueba más de la presencia del PCC.

Después de los motines, la Penitenciaría Agrícola de Monte Cristo estuvo bajo control federal hasta 2022, cuando tenía una población carcelaria de 1.800 hombres, 226 de ellos venezolanos.

Según datos obtenidos por Amazon Underworld, a través de la Ley de Acceso a la Información, entre 2020 y 2022 la Policía Federal en Roraima realizó 19 operativos contra grupos criminales en el estado, 18 contra miembros del PCC y uno contra miembros del CV.

La más conocida fue la Operación Triunfo en 2020, que identificó un núcleo de venezolanos en el PCC en Roraima. En agosto de ese año, la Fiscalía del Estado acusó a 19 extranjeros de entre 24 y 46 años de coordinar los procedimientos disciplinarios internos de la organización, conocidos como “tribunales penales”, así como de administrar puntos de venta de drogas y almacenar armas y municiones.

Los investigadores en ese caso afirmaron haber encontrado que al menos 740 venezolanos eran miembros del PCC, más del triple de los que están en el sistema penitenciario local y equivalente al 40 % de los 2.000 miembros que las autoridades locales dicen que el PCC tiene actualmente en el estado, donde el CV tiene alrededor de 500.

DESINTEGRACIÓN FAMILIAR Y MUERTE TEMPRANA

“Primero viene la desintegración familiar”, dice Aminadabi dos Santos, coordinador del Departamento de Protección Especial de la Secretaría de Trabajo y Bienestar Social de Roraima. Él ha trabajado durante 20 años con jóvenes y adolescentes de la región y dirigió un refugio público en Boa Vista durante cuatro años. En 2020, el refugio albergaba a 30 residentes, casi el doble de su capacidad, principalmente adolescentes venezolanos que habían llegado solos a Brasil.

En un refugio similar en Boa Vista, José* se sienta en un banco de madera.

“Me gusta tejer crochet. Cuando estoy quieto, mis manos y pies están así, moviéndose”, dice, con la pierna izquierda balanceándose frenéticamente hacia arriba y hacia abajo. Con solo 15 años, José ha pasado casi la mitad de su vida entre las calles de Ciudad Bolívar, en su Venezuela natal, y los refugios públicos en Roraima.

Antes de cruzar solo la frontera brasileña, José estaba en la región minera del sur de Venezuela, donde servía mesas en un puesto de perros calientes, en un lugar conocido como el Kilómetro 88. Ganaba apenas lo necesario para comprar comida mientras veía a niños más pequeños, algunos de tan solo 9 años, ya involucrados en el tráfico de drogas. Asustado, decidió irse.

“Les caí bien y me dijeron que me quedara, pero no quise y vine aquí”, dice, sentado en el patio del refugio recién renovado donde vive, a casi 1.000 kilómetros (621 millas) de su casa. Está vestido con pantalones cortos de tela negra, una camisa polo gris de una talla demasiado grande y sandalias de caucho gastadas. En sus manos sostiene dos piezas de crochet de naranja neón –sus creaciones sin terminar–. No hay lana, dice.  

Con solo 16 años, Jesús Alisandro Samerón Pérez llegó a Pacaraima, diciéndole al servicio de bienestar social en la frontera que estaba buscando una oportunidad en el país. En junio de 2019 su caso fue procesado y se le dio refugio en la ciudad.

Cuatro meses después fue encontrado muerto cerca de un refugio para venezolanos en Boa Vista. Su cuerpo con signos de tortura estaba en una carretilla, envuelto en una bolsa de basura. Los culpables, al menos ocho venezolanos y un brasileño, fueron identificados como miembros del PCC.

Según la policía, Jesús fue asesinado por una deuda de drogas de $200 reales brasileños (cerca de US$40). Cuatro años después, y apesar de la atención de los medios en ese momento, ninguno está en prisión.

Pérez es uno más, en las crecientes y tristes estadísticas de asesinatos de adolescentes y adultos jóvenes en Roraima, el estado brasileño con la población más pequeña del país. Hay un poco más de 630.000 personas en 15 ciudades, casi dos tercios de ellas en Boa Vista, que vio crecer su población en un 45 % entre 2010 y 2022, lo que la convierte en la capital estatal de más rápido crecimiento del país.

LA “HERMANDAD” DEL PCC

A pesar de que su nombre suena militar, el PCC no opera con una jerarquía, sino como una hermandad, dice Gabriel Feltran, profesor de sociología de la Universidad Federal de São Carlos en el estado de São Paulo, quien ha escrito sobre el grupo.

“El PCC no opera con la lógica de controlar, dominar territorios, cooptar personas, obligarlas a trabajar, o extorsionar”, dice. “El PCC siempre funciona con la lógica de convencer; convencer de su utilidad, de lo bueno que es ser parte de estas redes; ser un hermano y de que será bueno para sus negocios y vidas. Es una alternativa”.

Ese discurso ha ayudado al grupo a expandirse y también a protegerse de los esfuerzos del gobierno por combatir el crimen organizado. Y en sus 30 años de existencia, el PCC ha ido diversificando sus negocios más allá del narcotráfico.

“Varios otros mercados, que anteriormente no eran el foco de las actividades del grupo, entraron en escena en estos 30 años. El mercado del oro, criptomonedas, madera, tierra urbana y rural, eventos, jugadores de fútbol… Donde hay dinero, y quien tenga dinero puede entrar”, dice Feltran.

“De esta manera logran tener un mayor acceso a armas, abogados, contadores, redes nacionales e internacionales, llegando a las áreas fronterizas, que son muy importantes para el comercio nacional e internacional. También ocupan posiciones en el comercio minorista, mayorista, trasladándose de un estado a otro, estableciendo alianzas, conociendo a personas de otras mafias internacionales, italianas, rusas, mexicanas, nigerianas”, agrega.

Las operaciones comerciales del grupo en las regiones mineras de oro son posibles gracias a la cantidad de dinero que circula y a la falta de supervisión.

“Si ganas dos millones de reales (alrededor de US$400.000) del tráfico de cocaína puedes abrir y administrar tu propio restaurante. Si ganas 200 millones de reales (alrededor de US$40 millones) en unos pocos años puedes comprar un garimpo y poner a un montón de gente a trabajar para ti en ese lugar. Y usa esa operación minera para lavar tu dinero, mientras produces oro y obtienes riqueza”, dice Feltran. “Y así llegó el PCC, no solo en la Amazonía, sino en todos los estados brasileños y en muchos otros países. En varias regiones del mundo de varios continentes”.

El experto no ve ninguna diferencia entre la atracción de jóvenes brasileños y venezolanos hacia las filas del PCC en el norte de Brasil.

“Lo que importa es el compromiso de la persona con el crimen, la actitud hacia sus compañeros y priorizar la facción sobre todo lo demás, incluida su propia familia”, dice. “Porque este es el entorno: ser antisistema”.

Sin embargo, el PCC no tiene el control absoluto y se enfrenta a oponentes en la región.“En la Amazonía hay muchos otros grupos armados que no están vinculados al PCC, que también son opositores, como la FdN (Familia do Norte, que opera principalmente en la Amazonía), y la CV misma, que estuvo aliada con el PCC durante mucho tiempo”, dice Feltran. “Y todavía hay grupos armados que son milicias locales, vinculadas con la policía; coroneles, élites locales y terratenientes en la Amazonía. Entonces, no todo lo que sucede en la Amazonía tiene que ver con el PCC”.

BUSCANDO UN FUTURO MÁS BRILLANTE

En Pacaraima, un grupo de venezolanos recién llegados camina en fila india por la carretera hacia la oficina de migración. No muy lejos, en un refugio, otros extienden ropa y zapatos al aire libre para que se sequen, formando un mosaico multicolor sobre el césped. La presencia de migrantes cambió el paisaje de la ciudad de unos 20.000 habitantes y motivó esfuerzos para ayudarlos a asentarse.

“Trabajamos para obtener un estatus legal de inmigración para estos niños y adolescentes, y para identificar situaciones de vulnerabilidad y riesgo”, señala el defensor público Martins, en una entrevista en el marco de la Operación Acogida, en Pacaraima. De esta manera se pueden tomar medidas de protección adecuadas. Los menores no acompañados que llegan son llevados a refugios, específicamente para menores de 18 años.

“Roraima está en una triple frontera”, con Venezuela y Guyana, dice Moacir Collini, uno de los fundadores de Crescer, un proyecto que ofrece a los jóvenes de entre 15 y 24 años de las afueras de Boa Vista, actividades como manualidades, repostería y deportes. “Las instituciones deben tener la misma presencia que los delincuentes, para dar a los jóvenes perspectivas de futuro”.

Beto*, un brasileño de 20 años, dice que su padre y hermano estaban vinculados al PCC y fueron asesinados. Participó en los talleres de Crescer a fines de 2022. Aprender carpintería y repostería le dio una alternativa, dice.

“Vi a mi padre morir, y luego a mi hermano. Y ahora tengo a mi hijo (de un año). Y luego sigo pensando en la vida que tengo por delante, en qué camino estoy caminando, en las amistades… Ya me han llamado: para beber, fumar, matar, robar, ir a las minas”, dice. “No voy a ir”.

*Los nombres han sido cambiados.

Amazon Underworld es una investigación conjunta de InfoAmazonia (Brasil), Armando.Info (Venezuela) y La Liga Contra el Silencio (Colombia). El trabajo se realiza en colaboración con la Red de Investigaciones de la Selva Tropical del Pulitzer Center y está financiado por la Open Society Foundation, por la Oficina de Asuntos Exteriores y del Commonwealth del Reino Unido y por la International Union for Conservation of Nature (IUCN NL).