Lo que dicen los contratos de bonos de carbono que dividen a comunidades indígenas de Vaupés

Por: Rutas del Conflicto, Mongabay Latam y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), con el apoyo de La Liga Contra el Silencio

Líderes indígenas y habitantes del departamento de Vaupés cuentan que, a finales de 2019, empleados de la empresa Waldrettung S.A.S., que se presenta como la filial colombiana de una multinacional alemana dedicada a proyectos de venta de bonos de carbono, reunieron a decenas de capitanes de varias comunidades del Gran Resguardo de ese departamento, el segundo resguardo más grande del país, en el coliseo de Mitú. 

En esa asamblea, que ocurrió el 25 de noviembre de 2019, comenzaron a discutir las condiciones del contrato que habían firmado la empresa y el representante legal del resguardo 10 meses atrás, el 17 de enero de 2019, incluso antes de que la empresa existiera con el nombre Waldrettung o Waldrättung, para poner en marcha el proyecto del mercado de carbono a 30 años que les permitiría recibir ingresos en ese lapso a cambio de preservar el bosque tropical amazónico en su territorio indígena. La asamblea del gobierno mayor del resguardo indígena terminó aprobando y ratificando el proyecto.

Pero allí no estaban todos los habitantes, sino 141 capitanes -como se le conoce a los líderes de cada comunidad- de los 196 que tiene el resguardo. Seis líderes –que no son representantes legales ni autoridades dentro del resguardo– señalaron a esta alianza periodística que de lo único que se enteraron fue de lo que alcanzaron a escuchar desde afuera del coliseo. Insisten en que no han visto el contrato que aprobaron ese día los capitanes con la empresa, cuyo representante es el abogado colombiano Helmuth Gallego Sánchez. Opinan -y les preocupa- que no hay claridad sobre los alcances del proyecto. 

“Llegaron, los reunieron y firmaron el acuerdo, no sabemos por cuántos años. No han pasado a socializar en nuestra zona; solo a recoger firmas, pero ni siquiera tenemos claro qué es lo que firma la gente”, cuenta un líder de una asociación indígena en el Vaupés, que pidió omitir su nombre por la sensibilidad del tema en su territorio. Estas asociaciones son organizaciones en las que se agrupan las comunidades cercanas al casco urbano de Mitú y que también forman parte del Gran Resguardo. En Colombia, los resguardos son entidades territoriales colectivas que pertenecen y son gestionadas por comunidades indígenas.

El proyecto de Waldrettung -cuyo nombre significa ‘cuidado del bosque’ en alemán- comprende un área significativa del resguardo que, en su totalidad, ocupa 3,9 millones de hectáreas de selva (un área un poco menor a la de Suiza o los Países Bajos), donde 19 pueblos indígenas como los desana, tukano, cubeo, pisamira, piratapuyo, barasano, wanano y piapoco conviven en un mosaico pluriétnico. Visto en el mapa, el proyecto ocupa un área significativa del departamento, desde el río Papunaua en el norte hasta los límites con Amazonas en el sur. Dentro de su extensión figuran la capital, Mitú, y Yavaraté, la suerte de nariz que se adentra en territorio brasileño.

En total, se trata de un área con ecosistemas de bosque tropical (que los expertos detallan como bosque denso alto de tierra firme) y algunos bosques inundables cercanos a ríos, según consta en el ‘documento de diseño de proyecto’ (o PDD) de Waldrettung, que aparece desde inicios de 2021 en el Renare, el portal del Ministerio de Ambiente que registra las iniciativas de mitigación al cambio climático. Aunque desde la empresa insisten en que el proyecto ocupa todo el resguardo, el área registrada en el Renare como “en formulación” es menor, de aproximadamente unas 2,2 millones de hectáreas. Allí viven unas 19,900 personas repartidas en 155 comunidades que corresponden a 11 de las 17 asociaciones de autoridades tradicionales indígenas (AATIs) del resguardo. 

Esta no es la primera vez que Waldrettung llega a la Amazonía colombiana para proponer a las comunidades este tipo de proyectos. Su forma de hacerlo parece seguir un patrón, según la información recabada por la alianza periodística de Mongabay Latam, Rutas del Conflicto, Clip y La Liga Contra el Silencio. Contactan a los capitanes y otros líderes indígenas, les proponen contratos para preservar el bosque y vender bonos de carbono durante lapsos que varían entre los 30 y los 100 años. Las condiciones, según organizaciones sociales y abogados, pueden poner en desventaja a los pobladores indígenas, encargados de proteger los bosques de sus territorios. No obstante, en conversación con esta alianza, Waldrettung defendió que sus proyectos ayudan a traer finanzas invaluables a comunidades indígenas que viven en condiciones precarias. “Constituye una oportunidad para luchar contra el cambio climático y lograr justicia y equidad con las comunidades titulares de los territorios”, dijo su representante legal, Helmuth Gallego.

En total, figuran 14 fichas de proyectos promovidos por Waldrettung en la plataforma Renare. Además del Gran Resguardo del Vaupés y otro con la comunidad indígena Nukak en el departamento del Guaviare, aparecen fichas de posibles proyectos en los resguardos amazónicos de Bachaco Buenavista, Bajo Río Guainía y Río Negro, Carrizal, Corocoro, Cuenca Media y Alta del Río Inírida (Cmari), Cumaral Guamuco, Laguna Niñal y Mirití Paraná, además del Unido U’wa en la cordillera de los Andes. La mayoría aparece como en una fase temprana de factibilidad o planeación. Cinco -incluidos Cmari, Bajo Río Guainía y Río Negro y Gran Resguardo del Vaupés (al que corresponden tres fichas distintas en el Renare)- aparecen como en formulación, lo que significa que cuentan ya con contratos con las comunidades y documentos de diseño de proyecto, así como el respaldado de un estándar de certificación que los avala (en todos los casos con la metodología de la empresa colombiana Cercarbono). Aparentemente también buscó a otras comunidades amazónicas más, como la de Taraira, en la punta sur del Vaupés, que –según otra investigación periodística– declinó la oferta.

Estos proyectos buscan preservar bosques fundamentales para mitigar la crisis climática global, invirtiendo el dinero recaudado por la venta de bonos de carbono en las comunidades que los habitan. Los bonos son comprados por empresas que buscan neutralizar el impacto ambiental causado por su actividad productiva. Cada bono suele compensar la emisión de una tonelada de dióxido de carbono, uno de los gases de efecto invernadero que propicia el cambio climático. En Colombia existen proyectos con comunidades afrodescendientes y campesinas, y con resguardos indígenas. Estos últimos son los más buscados para estas iniciativas porque cuidan las zonas más extensas de selva del país.

Llamados Redd+, los proyectos tienen su origen en un mecanismo internacional creado por la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático para reducir las emisiones producidas por la deforestación y la degradación de los bosques. En ese proceso buscan vincular a las comunidades con empresas, para mejorar la calidad de vida de quienes habitan y protegen los ecosistemas que regulan el clima de todo el planeta. En Colombia, estos proyectos vienen creciendo rápidamente desde que, en 2017, el gobierno de Juan Manuel Santos permitió a cualquier empresa comprar bonos y reducir el monto del impuesto nacional al carbono que deben pagar por los combustibles fósiles que usan. 

El más grande de estos, promovido por la empresa colombiana Mediamos F&M en el resguardo de Selva de Matavén entre Vichada y Guainía, fue señalado el año pasado por otra investigación periodística de CLIP, Mongabay Latam y otros aliados, de estar usando una tasa de deforestación distinta a la oficial de Colombia para la Amazonia, señalando así o un riesgo de tala aún mayor al de la realidad. Esta tasa, por lo tanto, podría permitirle a inflar sus resultados. 

Las propuestas de Waldrettung

Esta alianza periodística constató que Helmuth Gallego y su empresa han propuesto proyectos de bonos de carbono a comunidades indígenas en cuatro de los seis departamentos colombianos del bioma amazónico (Guaviare, Guainía, Vaupés y Amazonas); así como en Vichada, en la Orinoquia, y Boyacá en los Andes. La empresa ha ofrecido contratos a comunidades que, independientemente de esos acuerdos, pretendería  preservar más de 50 mil km cuadrados de la Amazonía colombiana y la zona del piedemonte, en los límites de Arauca y Boyacá. (A continuación puede escuchar  la entrevista completa con Helmuth Gallego hecha en abril de 2022 y acá puede leer las respuestas de Waldrettung a un cuestionario escrito).

Como se puede ver en el mapa a continuación, la empresa ha intentado firmar contratos con resguardos que ocupan amplias extensiones de tierra, como el Nukak en Guaviare, el Mirití Paraná en Amazonas o el Alto Únuma en Vichada.

Los representantes de Waldrettung señalan que tiene tres contratos con comunidades indígenas con amplio territorio, en los resguardos de Cmari, Bajo Río Guainía y Río Negro, otros con comunidades pequeñas, y continúa en conversaciones con varias más. Gallego, representante legal de la empresa, afirmó en una entrevista con esta alianza, el 21 de julio pasado —luego de una primera publicación de esta historia— que su compañía ha desistido de los proyectos con otros resguardos porque no lograron concretar los acuerdos tras iniciar conversaciones o se dieron cuenta que los indígenas habían firmado previamente con otras empresas de venta de carbono, y esto no es posible ya que no se puede vender dos veces una misma tonelada de carbono resultante de la misma deforestación evitada.

En esa conversación realizada por invitación de Waldrettung, los periodistas de esta alianza periodística pudieron finalmente examinar en su oficina decenas de documentos relativos al proyecto que presentó la empresa. Entre ellos, revisamos un documento que Gallego presentó como el contrato firmado con el Gran Resguardo de Vaupés el 19 de enero de 2019 (cuando Waldrättung S.A.S. aún no estaba registrada bajo ese nombre en la Cámara de Comercio de Bogotá) y su modificación del 7 de diciembre de 2021, que puso por escrito algunos acuerdos adicionales entre las partes y realizó varios ajustes al documento original. Según Gallego, estos cambios fueron solicitados por Verifit, la empresa encargada de verificar y auditar los procesos del proyecto de bonos. Esa lectura, que no había sido posible en la primera fase de reportería y a la que Waldrettung accedió con la condición de que no se publicaran los documentos legales ni se les tomara fotografías, permitió esclarecer algunas de las preocupaciones de varios indígenas del resguardo. 

Al menos ocho líderes indígenas de los departamentos a donde ha llegado Gallego le dijeron a esta alianza que nunca han visto los documentos firmados por otros de sus líderes con Waldrettung. Miembros de varias organizaciones que han acompañado a las comunidades indígenas, y que prefieren no ser mencionadas con nombre propio por la sensibilidad del tema en el sector ambiental y porque puede dañar su interlocución con el Gobierno, dicen que con frecuencia quienes han negociado estos proyectos se niegan a mostrar los contratos por temor a ser demandados por la empresa. Según sostienen, han escuchado que algunos contienen cláusulas de confidencialidad. 

“Traen una mano de documentos que ni siquiera están en nuestra lengua. Las autoridades indígenas firmaron, pero ni siquiera sabemos qué. No tenemos copia del contrato”, señaló un líder de una de las 17 asociaciones de autoridades tradicionales del resguardo indígena del Vaupés que se encuentran dentro del área del proyecto. Esta misma afirmación se repite en otros resguardos de la región amazónica y del Vichada.

No obstante, en esta segunda conversación con la empresa el 21 de julio pasado, esta alianza informativa pudo constatar directamente que, según el contrato del Gran Resguardo del Vaupés que mostró la empresa, no existen cláusulas que obliguen a mantener en secreto estos acuerdos.

El hecho de que algunos miembros de la comunidad afirmen desconocer las condiciones del proyecto e indiquen que en su visión no se realizaron dichas consultas —aunque se hayan hecho con otros integrantes de la comunidad— es una señal de alerta. En la cumbre de cambio climático de la ONU celebrada en Cancún en 2010 se acordaron  salvaguardas sociales y ambientales que deben cumplir todos los proyectos Redd+ en el mundo, a partir de las cuales Colombia desarrolló posteriormente una interpretación nacional detallada con reglas sobre cómo deberían ser el acceso a la información de los proyectos, el deber de rendir cuentas y la distribución de sus beneficios. Una salvaguarda en particular, sobre el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades, estipula que “cualquier iniciativa que afecte directamente a uno o varios grupos étnicos y comunidades locales, debe previamente ser consultada” con la comunidad y que ese proceso debe contar con el acompañamiento del Ministerio del Interior y los organismos de control. Tanto en la comunidad nukak —con la cual  la empresa desistió de firmar el proyecto—, como en el Gran Resguardo del Vaupés, hay líderes consultados que creen que estas reglas no se han cumplido y que resulta preocupante que no tengan acceso a los documentos base del proyecto, aunque reconocen que otros dentro de su comunidad sí han estado de acuerdo con este. En ambos casos sienten también que, como cuenta el segundo reportaje de este especial, el Gobierno -y en particular sus ministerios de Ambiente e Interior, que se ocupa de temas étnicos- no los han  acompañado. .

“Waldrettung respeta tanto a la comunidad que celebró el contrato con el resguardo, la unidad jurídica que los agrupa a todos, volviendo para obtener el consentimiento libre, previo e informado de la asamblea. Se desarrolló en el coliseo de Mitú, el sitio más grande y transparente”, señaló Gallego, añadiendo que han traducido documentos del proyecto al tukano y el cubeo.

A finales de julio, esta alianza periodística volvió a consultar a tres líderes indígenas, para preguntarles si las fechas y los porcentajes de distribución contenidas en el contrato y los documentos que mostró Waldrettung coinciden con lo que ellos conocen del proyecto. Los tres, que pidieron omitir sus nombres, señalaron que no tenían esa información ni acceso a dichos documentos. “Nosotros desconocemos sobre el proceso que ellos (los directivos del resguardo) han hecho, apenas nos hemos dado cuenta por las informaciones que ustedes nos dan”, dijo uno de ellos, que además es líder de una de las AATIs. Los periodistas de esta alianza intentaron comunicarse nuevamente con el representante legal y también líder indígena Simón Valencia, quien firmó el contrato en nombre del resguardo, para que nos contara su versión de la historia y corroborara dichos documentos, pero los mensajes no le llegaron a su cuenta de Whatsapp. También se le envió un correo electrónico, pero hasta el momento de la publicación no se había obtenido respuesta.

Waldrettung argumenta que, antes de vender el primer bono de carbono, su proyecto ya ha traído beneficios tangibles a las comunidades del Gran Resguardo del Vaupés, que enfrentan problemas como un precario acceso a salud y educación, baja conectividad a internet, ausencia de agua potable e infraestructura sanitaria o escasez de oportunidades laborales. En su visión, los proyectos Redd+ tienen el potencial de subsanar estos problemas de vieja data y traer recursos valiosos a los indígenas. 

Esta segunda charla con los directivos de Waldrettung, que duró aproximadamente tres horas,  también permitió tener mayor claridad sobre otros detalles del proyecto como la distribución de beneficios económicos acordada con la comunidad, que no había sido posible conocer antes y que, en general, no suele ser pública en el sector Redd+ por considerarse información privada de los proyectos. Según se puede leer en los documentos contractuales, un 52 % de los ingresos totales que generen los bonos de carbono en un futuro irá directamente a los indígenas del Gran Resguardo del Vaupés. Del restante 48 % se deducirán todos los costos de ejecución del proyecto, incluyendo los pagos a los diversos actores que intervienen en la cadena de carbono validando, certificando o vendiendo los bonos, siendo el remanente lo que corresponderá a  Waldrettung como honorarios.

La empresa argumenta que ha ido más allá que otros proyectos Redd+ en asegurar el consentimiento libre e informado de los habitantes del resguardo, al no limitarse únicamente al visto bueno de la asamblea del resguardo y de 141 capitanes (que representan al 72 % de las comunidades que allí viven), sino firmando, además, acuerdos individuales de consentimiento con 3.237 familias (de las 4.156 que habitan el área del proyecto) ratificando esos compromisos.

Esos formularios están archivados en gruesos legajos que Waldrettung mostró a esta alianza periodística. En cada carpeta hay cientos de documentos en donde la cabeza de cada núcleo familiar manifiesta su visto bueno a una docena de puntos. Según se desprende de la muestra de estos documentos que esta alianza periodística pudo ver, en ellos centenares de cabezas de familias beneficiarias certifican que han sido informadas del proyecto, que están de acuerdo con su ejecución y que otorgan poder a la empresa desarrolladora para llevarlo a cabo. “Waldrettung es únicamente nuestra invitada y no tiene ningún derecho sobre nuestro territorio (…) El único que puede disponer del territorio es el resguardo porque tiene la personería jurídica”, se lee en uno de sus apartados. Allí reiteran algunas de las reglas de juego del proyecto, incluyendo el porcentaje de distribución de beneficios, la destinación del 80 % de los ingresos a proyectos en línea con el plan de vida del resguardo y la expectativa de crear empleos directos para los indígenas.

Una cláusula, sin embargo, contiene una diferencia significativa con el contrato firmado entre Waldrettung y el Gran Resguardo. “Este proyecto será ejecutado oficialmente desde el año 2020 por cien años”, se lee en un punto de los consentimientos individuales, pese a que el contrato y la ficha del Renare hablan de 30 años. Este hecho llamó la atención de esta alianza periodística ya que la cifra se repite en cientos de estos documentos que fueron firmados en fechas como diciembre 11 de 2019, enero 20 de 2020, marzo 2 de 2020 o 30 de noviembre de 2020, según se lee en el legajo que Waldrettung conserva en su oficina. Es decir, hasta dos años tras la firma del acuerdo y uno después de que la asamblea comunitaria lo ratificara.

Consultados por las discrepancias entre este periodo y el estipulado por el contrato, Waldrettung reconoció que es un tema que deberán subsanar, ya que el plazo fijado en los consentimientos que firmaron miembros de la comunidad e indica 100 años, en realidad terminó pactándose en 30 años con la posibilidad de ser renovado hasta por dos veces el mismo periodo, según consta en los ajustes que hicieron la empresa y las autoridades del resguardo en 2021. “No hemos terminado el proceso de validación y vamos a solicitar una ratificación [de esos consentimientos]”, dijo Gallego, explicando que ellos repartieron esos documentos antes de la asamblea y que solo los recogieron dos años después, pero que por petición de la empresa validadora Verifit deberán reemplazarlos todos. “Esperamos tenerlos en diciembre de este año”, añadió.

Las dudas en otros contratos

Líderes de comunidades de otros resguardos han expresado preocupación por el proceso de negociación con esta empresa. “La mayoría de las comunidades y autoridades tradicionales no conocemos de vista ni el contenido del proyecto Redd+”, escribió el líder indígena puinave Julián Moreno Cuiche, secretario general del resguardo Cmari, en Guainía, que firmó un contrato con Waldrettung, en una carta notariada y con huella dactilar que envió al auditor Verifit en julio de 2021 y en la que copió a los Ministerios de Ambiente y de Interior, así como a la Defensoría del Pueblo. Entre las fallas que enumeró estaban que, según Moreno, el contrato “fue firmado sin el consentimiento ni aprobación por parte de las comunidades”; que no se socializó con toda la comunidad en una asamblea general y que, además, desconocían aspectos básicos como la duración del proyecto, la participación de las utilidades y la manera como se invertirían esos recursos. “Al parecer y por solo rumores, se dice que estamos obligados a cien años”, le dijo a las entidades (aunque la ficha de este proyecto de Waldrettung en el Renare habla de 40 años). 

Posterior a la publicación de este reportaje, Waldrettung aportó documentos que muestran que Moreno Cuiche denunció a la Fiscalía que él no había escrito ese documento y que su identidad había sido suplantada. También remitió a los periodistas un video en el que el líder indígena del Guainía sostiene la misma versión y explica su apoyo al proyecto Redd+ impulsado con la empresa. “Hay empresas que nos quieren dividir, pero hay una empresa que ha venido trabajando desde hace varios años con nosotros y es Waldrettung SAS”, dice en el video que se puede consultar a continuación. 

Pese a la denuncia de Moreno, la Defensoría del Pueblo parece seguir dando por válida su queja. En respuesta a un derecho de petición de esta alianza periodística, la entidad informó el 26 de mayo de 2022 que tenía información sobre siete posibles denuncias “relacionadas con el desarrollo y suscripción de contratos en el marco del mercado verde” en todo el país, incluyendo una del resguardo Cmari fechada en septiembre de 2021 y que la entidad pública vincula al proyecto de Waldrettung. La Defensoría no proporcionó detalles sobre dicha denuncia.

Como los contratos que ha firmado la empresa no son públicos, líderes de varias comunidades, así como organizaciones y abogados especialistas en temas indígenas y ambientales mostraron su preocupación, ya que el único documento al cual han tenido acceso es un prospecto de contrato de un proyecto de bonos de carbono que elaboró la empresa y que firmó el representante legal del resguardo Nukak en el Guaviare. Los consultados resaltaron posibles irregularidades en ese contrato; entre ellas el objeto, el tiempo y las cláusulas que le dan el poder de decisión a la empresa y no a la comunidad indígena. 

La compañía ha sido reiterativa en señalar que ese contrato no sirve como referencia, ya que al final —pese a haberlo redactado— nunca lo firmó y posteriormente la comunidad terminó negociando con una compañía distinta.

Una fuente que trabaja en la Amazonía, experta en consulta previa, señaló que las mismas condiciones de tiempo eran similares en otros contratos de la empresa, como el que firmó el representante legal del resguardo Mirití Paraná en Amazonas. Ante los reclamos de la comunidad en el departamento del Amazonas, que insistía en que nadie podía tomar decisiones por todo el resguardo, la empresa parecería haber renunciado a sus pretensiones de impulsar el proyecto, según esa misma fuente que trabaja en una organización ambiental.

Los bonos de carbono se crearon para proteger los bosques de la deforestación, pero también a las comunidades que los cuidan. Para Harold Rincón Ipuchima, indígena tikuna y secretario general de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), estos contratos deberían cumplir estándares que permitan a los resguardos –inalienables, imprescriptibles e inembargables, según la Constitución colombiana– conservar su gobernanza. “No puede pasar que las decisiones de los territorios queden sujetas a segundos o terceros, sino que sean del propio gobierno de las comunidades”, dice el líder indígena. 

Entre las condiciones del prospecto de contrato con la comunidad Nukak, y que pone en evidencia cómo se estructuraron los demás convenios de la empresa, está que Gallego los asesore en la forma en que deben invertir los recursos por la venta de los bonos. Además, en el documento se lee que la empresa “puede negociar y celebrar cualquier tipo de contrato para la compra y venta de bonos de carbono (…) y cualquier tipo de documento que pudiera requerirse para tales propósitos y reciba el pago pactado por tales servicios”. 

En la visión de la OPIAC, los indígenas no deberían ser considerados como meros beneficiarios, sino como socios, dado que el proyecto sería inviable sin su territorio. Aunque no tienen un monto mínimo de repartición de beneficios, la organización indígena insiste en que debería existir una relación equitativa entre ambas partes con una participación real de las comunidades en el proyecto, así como una transferencia gradual de las habilidades técnicas para manejarlos. 

Esta realidad se complica por otro tema. Para la socióloga Aura María Puyana, excoordinadora nacional del Programa Proindígena de GIZ, la agencia de cooperación del gobierno alemán, en general, en los contratos que negocian varias compañías en la Amazonía se considera a la comunidad indígena como un actor económico igual que una empresa, cuando hasta ahora están comprendiendo las dinámicas de ese negocio y los aspectos técnicos de los proyectos. Eso genera, dice, una asimetría para los indígenas en la negociación. “Son actores que apenas están entrando en conocimiento de estas dinámicas en el mercado de bonos de carbono”, afirma la socióloga.

Las confusiones después de la firma

Lo preocupante para las organizaciones indígenas y las autoridades tradicionales de los resguardos que hablaron con esta alianza periodística es la forma cómo se han tomado las decisiones de entrar en proyectos de bonos de carbono en muchas de esas comunidades, incluidos los de la empresa Waldrettung. 

“Fue un momento muy duro. No hubo claridad, no hubo consultas. Solo llegaron a recoger firmas a las familias y ofreciéndoles dinero a los capitanes”, cuenta el líder de una asociación indígena del Gran Resguardo del Vaupés. Esos momentos fueron confusos, explica, porque no sabían qué habían firmado y cuáles serían las condiciones de esa obligación contractual. Para los líderes con los que habló esta alianza periodística solo había algo claro: se sintieron traicionados por los representantes de su resguardo y por la empresa que no socializó con ellos en qué consistía la venta de bonos de carbono. 

Waldrettung explicó que firmó el contrato con el Gran Resguardo en medio de una socialización que no ha sido fácil por la forma en que están organizados los pueblos que viven allí y por el tamaño del resguardo. “El hecho de que haya un contrato modificatorio muestra que hay un diálogo de igual a igual”, señala Mónica Gutiérrez, subdirectora jurídica de Gallego Lawyers.

Las comunidades indígenas están protegidas por la Constitución del 91, que les permite tener su propia forma de gobierno. En el Vaupés, estas comunidades crearon jurídicamente un consejo indígena al que nombraron Gobierno Propio de Autoridades Tradicionales de los Resguardos y Territorios Indígenas del Vaupés (CRIVA) y que en la región simplemente es conocido como Gobierno Propio.

Gaia Amazonas, una de las ONG ambientales con mayor trayectoria en la Amazonia colombiana, y que viene asesorando jurídicamente a los indígenas, explica en su página web que estos consejos deben proteger la forma en que se gobiernan estos pueblos en Colombia y la forma como se relacionan con el Estado.

La empresa de Gallego llegó al Gran Resguardo y sus empleados recorrieron algunas comunidades recogiendo firmas para respaldar el contrato con el Gobierno Propio. Los líderes que fueron consultaron señalaron que no sabían la fecha de firma de contrato, dato de suma importancia, ya que han explicado que les preocupa que el representante legal actual del consejo comenzó su periodo el 10 de noviembre de 2015 y, según los estatutos de la organización, las autoridades debían ser elegidas por todas las comunidades cada cuatro años. Sin embargo, desde que obtuvieron la personería jurídica nunca se ha convocado una nueva elección. Por lo tanto, tampoco sabían si el contrato se había firmado dentro del periodo que avalaba la directiva del consejo o posteriormente.

El representante legal de Gobierno Propio y quien firmó el contrato con Waldrettung es el líder indígena cubeo Simón Valencia, quien es respetado en la región por haber sido uno de los primeros etnoeducadores. También es el padre de Mónica Valencia, hasta hace dos semanas representante a la Cámara del Vaupés por el Partido de la U .

Según los documentos que Waldrettung le mostró a los periodistas de esta alianza, el contrato fue firmado en enero de 2019, cuando Valencia todavía tenía el periodo vigente. Además, la empresa mostró un documento expedido el 3 de febrero de 2020 por la Secretaría de Gobierno de la Gobernación de Vaupés, en el que señala que Simón Valencia seguía siendo el representante legal del consejo. “El consejero mayor es el representante legal y está facultado para celebrar convenios. Tenía íntegras facultades como representante legal para firmar el contrato”, dijo Gallego.

Esta alianza investigativa contactó vía telefónica a Simón Valencia desde el mes de mayo de 2022 y le propuso una entrevista para que expusiera su versión de la historia. El líder aceptó, pero no volvió a contestar las llamadas en días posteriores. Algo similar ocurrió con su hija, la entonces congresista Mónica Valencia, quien primero respondió vía Whatsapp que la firma del contrato le “pareció algo terrible” y que ella “estuvo en desacuerdo con el tema”. Sin embargo, no volvió a contestar nuestras llamadas. 

A esto se suma que, para los expertos que acompañan a las comunidades en el fortalecimiento de su procesos organizativos, la capacidad de decisión recae sobre las autoridades locales de las comunidades, sea una oficina de gobierno o los consejos indígenas. Estos organismos cuentan con un representante legal que sería el encargado de firmar cualquier contrato cuando la comunidad completa lo autorice. 

En últimas, este caso subraya cómo existen interpretaciones jurídicas cruzadas sobre qué autoridad dentro de un resguardo amazónico está en capacidad legal de firmar uno de estos contratos con una empresa desarrolladora de proyectos Redd+ y cómo, en ausencia de una respuesta clara a esta pregunta, además de descontento al interior de las comunidades, puede haber un caldo de cultivo para pleitos ante la justicia. 

De igual manera, el tiempo que inicialmente propuso Waldrettung  a la comunidades, “no menor a cien años”, ha prendido alarmas en el sector ambiental. “Es un contrato de por lo menos 10 generaciones, las cuales tendrían beneficios. Para una empresa es muy rentable y para una comunidad étnica, pero en términos contractuales es exagerado”, dijo el abogado experto en temas indígenas. 

Llama la atención que, por ejemplo, en  el contrato que le ofrecieron a los nukak, pero que no se celebró, no dice cuándo empezarían a regir esos 100 años, y además se genera una cláusula condicional estipulada por la empresa. “Este término está supeditado a que se pueda desarrollar después de todas las negociaciones que se hagan de la venta de carbono. Entonces, los 100 años podrían prorrogarse hasta que hagan todas las conversaciones”, dice el abogado. En otras palabras, el contrato podría terminar superando los 100 años pactados.  

Helmuth Gallego explicó que Waldrettung en un inicio propone a las comunidades proyectos a 100 años, lapso que consideran la vida útil idónea de un proyecto Redd+, pero que el tiempo definitivo depende del acuerdo al que lleguen con los indígenas. En la mayoría de casos, explica, la negociación ha terminado acotando el periodo a 40 o 30 años, como en el caso del Gran Resguardo del Vaupés. “Nuestra idea es que las comunidades, siempre tan explotadas y tan abandonadas por nuestro Estado, por 100 años reciban remuneración”, dice Gallego. Tener proyectos de larga duración, había explicado en la primera entrevista, habla también del horizonte con que se proyecta una sociedad. En sus palabras, “estamos en Colombia y no en Alemania. Aquí somos de corto plazo”.

Al preguntar por los planes a futuro de los bonos de carbono emitidos por proyectos de Waldrettung, Helmuth Gallego aseguró que el mercado principal que tienen identificado es Alemania. Este es un país con el que él tiene una relación de vieja data, tras hacer su maestría en derecho privado y su doctorado en derecho bancario en la universidad Johannes Gutenberg de Mainz y ser uno de los abogados germano-hablantes listados por la embajada de Alemania en Bogotá.

El destino sería Alemania porque allá está la matriz de la empresa Waldrettung S.A.S. que lidera Gallego. Waldrettung Gmbh —la compañía matriz— se describe en su página web en alemán como “una empresa comercial que trabaja para promover la conservación de la naturaleza, la gestión del paisaje y el desarrollo sostenible”. Sus oficinas están ubicadas, según el sitio web, en una moderna torre de vidrio en el número 24 de la calle Bockenheimer Landstrasse, cerca del centro de Fráncfort y a tres cuadras de la icónica Ópera de la capital financiera europea. Según explicó Gallego a esta alianza periodística en junio, la empresa colombiana Waldrettung SAS (que se llamó  Waldrättung SAS hasta diciembre de 2021, cuando cambió ligeramente de nombre) es una filial de la alemana.

Aunque Gallego aseguró en una primera entrevista que la empresa matriz de Waldrettung está registrada en el estado federado de Renania Palatinado, esta alianza periodística no encontró sociedades que correspondan a los dos nombres corporativos alemanes que aparecen en la página web -Waldrettung GmbH o Waldrettungsgesellschaft GmbH- en el portal centralizado que compila los registros comerciales de los distintos estados que integran la República Federal Alemana. Al hacerle esta pregunta en la reunión del 21 de julio, Gallego primero confirmó que el nombre de la empresa alemana es Waldrettung GmbH y luego dijo que no entendía por qué había una persecución en su contra. Finalmente no respondió a la pregunta.

Esta alianza periodística llamó al teléfono alemán que aparece en la página de Waldrettung y encontró que corresponde a una firma de abogados con sede en el mismo edificio del número 24 de la calle Bockenheimer Landstrasse en Frankfurt. Una persona responsable de la firma legal, que se llama Hengeler Mueller y tiene oficinas en cuatro ciudades alemanas, además de Bruselas y Londres, dijo no representar a Waldrettung.

Búsquedas en los registros comerciales de Austria y Suiza, así como en los portales comerciales de registros societarios de OpenCorporates y Sayari, tampoco arrojaron ningún resultado para Waldrettung GmbH. Un mensaje enviado al correo electrónico de la empresa, info@waldrettung.com, tampoco recibió respuesta. El dominio de la página web de la empresa alemana aparece registrado, según la herramienta Domaintools.com, a nombre de Sandra Silva, el correo h.gallego@gallegolawyers.com y la dirección que comparten Gallego Lawyers y Waldrettung S.A.S. en Bogotá. Los documentos de la Cámara de Comercio de Bogotá de Waldrettung S.A.S. tampoco incluyen su nexo con una empresa matriz en Alemania. En el registro único empresarial y social (RUES), lista el capital como 100% extranjero, pero no explica de qué empresa o personas, o de qué país proviene. 

En Colombia, la historia de la empresa Waldrettung S.A.S. se remonta a noviembre de 2015, cuando fue inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá como O1GA S.A.S. Cuatro meses después su nombre fue cambiado a Ediciones Braille Ver S.A.S. El 26 de junio de 2019, esa empresa -de la cual Helmuth Gallego era único accionista- se convirtió en Waldrettung S.A.S. El objeto social cambió a “la estructuración, el desarrollo, la implementación, la puesta en marcha y ejecución de toda clase de proyectos ambientales en América Latina, particularmente aquellos que se puedan enmarcar en los estándares de mercados voluntarios como el VCS o el REDD o del mecanismo de desarrollo limpio del protocolo de Kyoto”, según consta en el expediente en la Cámara de Comercio de Bogotá. Es decir, el cambio en la naturaleza de la empresa se hizo cinco meses después de que se firmara el contrato con el representante legal del Gran Resguardo del Vaupés y cuatro meses antes de que la asamblea de éste lo aprobara. Un año después, en octubre de 2020, la empresa pasó de tener un capital autorizado de 500,000 pesos (unos 130 dólares de la época) a uno de 120,500,000 pesos (unos 31,300 dólares). Luego, en diciembre de 2021, finalmente cambió su nombre de Waldrättung S.A.S. por el actual de Waldrettung S.A.S.

No serían, en todo caso, los primeros bonos de carbono con los que los directivos de Waldrettung trabajan. Helmuth Gallego también es, desde 2013, el representante legal de dos empresas, CarbonBW Colombia SAS y Biogas Doña Juana (también conocida como Biogás Colombia), que tiene contratos para el aprovechamiento de los gases emitidos en los rellenos sanitarios de varias de las ciudades más grandes del país, incluyendo el de Doña Juana en Bogotá, así como los botaderos de Cartagena, Cali, Armenia, Montería y Tunja. 

Tras colocar tubos debajo de las montañas de residuos sólidos, el metano —otro de los gases responsables del cambio climático— se acumula y después es tratado para generar energía, en un negocio verde que resultó ser tan productivo que logró abastecer a más de 4 mil hogares en Bogotá, según un dato que dio el propio Gallego al periódico El Tiempo. La Alcaldía de Bogotá dijo haber recibido a agosto de 2021 más de 3.444 millones de pesos (unos 800 mil dólares) en regalías gracias a ese esquema. “Si no existiera esta empresa, sería prácticamente imposible vivir en el sur de la ciudad”, dijo Gallego a esta alianza periodística en abril. Según el medio alemán Ecoreporter, en estas empresas también hay inversiones alemanas a nombre de un ingeniero llamado Johannes Laubach.

Conflictos en las comunidades

Los indígenas en Vaupés y Guaviare también aseguran que la forma en que llegó la empresa Waldrettung generó conflictos en las comunidades, pues varios líderes señalaron a quienes firmaron los contratos de posiblemente haberse favorecido en las negociaciones. Aunque algunos líderes afirman que existen rumores de recepción de dineros por parte de capitanes y otros representantes de las comunidades, esta alianza periodística no encontró evidencia de tales prácticas.

Varios líderes del Guaviare y Vaupés señalaron las tensiones que se viven dentro de las comunidades por estos señalamientos. “Varias empresas vienen a financiar reuniones, a compañeros que aspiran a convertirse en autoridades tradicionales, y eso se nota, porque llegan a hacer campaña ahora con mercados, ofreciendo aguardiente, dulces. Eso no se veía antes”, cuenta un líder  indígena de una asociación que hace parte del Gran Resguardo del Vaupés.

La competencia entre empresas para convencer a los indígenas también está complicando la relación entre las comunidades. 

Líderes del Gran Resguardo del Vaupés cuentan que empleados de otras empresas les han insistido en firmar nuevos contratos y han argumentado que podrían asesorarlos para invalidar los anteriores. Un representante de una de las comunidades insistió en que toda la situación está generando un fuerte conflicto. “Nos da mucho temor. No sabemos cómo va a terminar esto, si algún día va a reventar el problema. Si el Gobierno Propio insiste en que hay que ejecutar el proyecto en todo el Gran Resguardo con Waldrettung, pues ¿qué va a pasar con las otras empresas que han invertido mucha plata con otros líderes?”, señala un presidente de una asociación de autoridades tradicionales del resguardo.

El inmenso valor del bosque dentro del Gran Resguardo de Vaupés lo evidencia. Una prueba de ello es el hecho de que otras empresas también han buscado a otras de sus autoridades indígenas, distintas a las que acordaron con Waldrettung, para establecer proyectos similares en sus territorios. Una de ellas es la AATI del Río Pirá Paraná (ACAIPI), que queda justo al sur y que firmó un contrato con la Corporación Masbosques, una consultora de Medellín que tiene el respaldo del grupo empresarial Nutresa. Aunque el mapa contenido en el PDD del proyecto Redd+ de Waldrettung excluye esta área, su promotor Helmuth Gallego insistió a esta alianza periodística en que el contrato que firmó con el Gran Resguardo abarca la totalidad del territorio. “Otras empresas sin moral empresarial están animando a las comunidades indígenas domiciliadas en el territorio del Resguardo en el que se ejecuta nuestro proyecto para que desconozcan al Consejo Mayor (Gobierno Propio) y ahora hagan proyectos Redd+ pequeños con cada una de esas empresas”, dijo.

Según Gallego, Waldrettung tiene problemas con al menos seis empresas que están impulsando proyectos dentro del Gran Resguardo de Vaupés con algunas de las AATIs que lo integran, algo que en su visión no debería suceder porque únicamente el gobierno mayor está facultado para firmar ese tipo de acuerdo. “Quien divide es quien busca a las AATIs. Waldrettung respetó la unidad del resguardo, la patrocinó y trabajó en función de ella”, dice Gallego, quien mencionó conflictos de este tipo con las empresas South Pole Asset Management, Saving The Amazon, Más Bosques, Carbon Sostenible, Wildlife Works Colombia y Amazon Carbon Bonds.

Esas son las razones por las cuales Gallego asegura que su empresa aún no ha podido firmar acuerdos de consentimiento con 900 familias en el área de influencia de su proyecto y con otras mil más que están dentro del resguardo pero en otras áreas. “El problema de división política en ese resguardo es tan grande que en algunas comunidades no nos han dejado entrar”, dice Gallego. 

De seguir existiendo estos traslapes, es probable que el Gobierno nacional, mediante la plataforma Renare, tenga que dirimirlos o definir en qué condiciones pueden convivir en un mismo territorio colectivo, ya que no pueden coincidir dos proyectos en el mismo lugar exacto— y por lo tanto, tampoco dos iniciativas de mitigación y bonos de carbono.

En todo caso, este no es el único lugar del país donde Gallego dice haber tenido este tipo de problemas. Según el abogado, representantes del resguardo Alto Únuma en Vichada firmaron un contrato con Waldrettung tras haberlo hecho anteriormente con otra empresa.

Proyectos sí, pero no así

Gran parte de la dirigencia indígena insiste en que los proyectos de bonos de carbono son una buena oportunidad para apoyar a sus comunidades y preservar el bosque amazónico. Sin embargo, piensan que las empresas deben mejorar sus prácticas para que se respete la autonomía indígena y se les reconozca el trabajo ancestral de conservación ambiental. 

“Hay empresas que lo han hecho mejor que otras, que han venido con tiempo al territorio a socializar. Lo que ocurre es que llegan otras con plata y afán, sin respetar, sin reconocer nuestro conocimiento, la forma en que vivimos y tomamos decisiones”, explica un líder indígena del Vaupés.

Los líderes coinciden en que es clave que miembros de las comunidades se capaciten para que tengan más competencias técnicas a la hora de negociar y ejecutar estos proyectos. “Si tuviéramos más abogados, más ingenieros ambientales, podríamos tener una participación más activa en las propuestas. Yo me he formado en el turismo y he podido crecer para apoyar a la comunidad, así también se puede hacer con este tema”, cuenta un joven líder del Vaupés que trabaja con proyectos de turismo sostenible.

La forma en que algunas  empresas se están disputando los proyectos de bonos de carbono ha puesto a varias comunidades indígenas de la Amazonia colombiana en medio de una fuerte tensión. Algunas de ellas viven en difíciles condiciones de pobreza y han sido asediadas por la violencia y más recientemente por la deforestación, por lo que sus condiciones de vulnerabilidad los podrían estar poniendo en una posición desigual en las negociaciones.

Todas las comunidades consultadas para este reportaje señalaron que se han sentido solas, sin ningún tipo de apoyo de entidades oficiales en estas negociaciones. Ante toda esta situación, ¿qué ha hecho el Estado para proteger los intereses de los pueblos indígenas y la selva amazónica que ellos cuidan? En el siguiente reportaje pueden conocer el rol que han tenido las entidades públicas en esta historia.

*Este reportaje fue publicado originalmente el 19 de mayo de 2022. Esta nueva versión, republicada el 2 de agosto de 2022, contiene información adicional proporcionada por la empresa Waldrettung que permite hacer una contrastación más detallada de los hechos narrados en esta historia e incluye nuevos hallazgos realizados por los periodistas de esta alianza.

Carbono opaco: Waldrettung y los bonos de la discordia es un proyecto colaborativo liderado por Rutas del Conflicto, en alianza con Mongabay Latam, La Liga contra el Silencio y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), que contó con el respaldo del Rainforest Journalism Fund del Centro Pulitzer. CLIP aportó reportería adicional y acompañamiento editorial, gracias al respaldo del Rainforest Investigations Network del Centro Pulitzer.