Tuluá, la capital del silencio

Por: Cuestión Pública, con el apoyo de La Liga Contra el Silencio

En apariencia nadie ha muerto. El sol tuesta como siempre la nuca de un vendedor ambulante, los pensionados colman las licoreras y los taxis desfilan en la algarabía del centro. La vida palpita dentro y fuera de Tuluá. Pero días atrás, en el tercer fin de semana de septiembre, este municipio fue escenario de seis homicidios. Entre las víctimas estuvo el periodista Marcos Montalvo, de 68 años.

El corazón de la ciudad se compone de un parque principal con árboles escasos, la ebullición comercial de la calle Sarmiento y los vapores aromáticos de la plaza de mercado. En estos escenarios se encuentra buena parte de las 220.032 vidas que, según el Dane, habitan Tuluá. También todas las personas que acuden allí a diario desde los municipios de San Pedro, Andalucía, Trujillo y Riofrío.

Sobre el asesinato del reportero, entre los vendedores ambulantes, los ancianos sentados a la sombra o los celadores, prima el silencio. Algunos, caritativos, hacen sugerencias: “No ande por ahí preguntando eso, mijo. ¿No le da miedo?”.

La noche del domingo 19 de septiembre, en una esquina del barrio La Esperanza, la farola de una moto donde viajaban dos hombres iluminó la calle. Al llegar a una tienda, el parrillero descendió y caminó hacia la mesa donde Montalvo bebía cerveza casi a diario, al terminar sus labores de periodista independiente. Tras reconocerlo, el hombre lo mató a tiros.

En Tuluá siempre ha existido justificación para la muerte, según explicó Daniel Guerrero*, un hombre de rostro amplio y muchas canas que trabaja en prensa y radio. “Tuluá era un pueblo muy liberal y fue el epicentro de la violencia bipartidista. Luego vivió como ninguna otra ciudad del Valle la violencia del cartel y el auge del narcotráfico de 1980 a 1990”, dijo. “chulavitas”, “pájaros” (guerrilla conservadora de Tuluá) y narcos ya encontraban razones para asesinar tulueños hace décadas.

Los motivos de la violencia en el municipio son diferentes hoy, pero los resultados son los mismos. Los homicidios en Tuluá pasaron de 110 en 2019 a 151 en 2020. Según la administración municipal, entre el 90 % y el 95 % de estos crímenes está ligado al microtráfico.

Según el informe ‘La palabra y el silencio’, del Centro Nacional de Memoria Histórica, entre 1977 y 2015 fueron asesinados aquí dos periodistas por motivos asociados a su trabajo. El primero, José Wenceslao Espejo, el 1 de diciembre de 1989. El segundo fue Horacio Yepes Lozano, ultimado el 25 de mayo de 1994. La Fundación para la Libertad de Prensa registró el asesinato del fotógrafo Hernando Marné Sánchez, ocurrido también en estas tierras el 19 de febrero de 2005. Marcos Montalvo se convirtió en el cuarto periodista silenciado por la muerte en el municipio.

“Creí que el muerto eras vos”

El peligro de incomodar a algún poderoso o miembro de las estructuras del microtráfico en Tuluá es conocido por Julián Vargas*, quien se asomó desde el balcón para verificar que el visitante que tocaba su timbre venía solo, sin armas, sin apariencia sospechosa. Ofreció café y se lamentó por la muerte de su amigo Marcos.

Como periodista, Julián solicitó apoyo a la Unidad Nacional de Protección (UNP) en 2013 porque su asistente de investigación fue víctima de hostigamiento. “Un hombre mal encarado le preguntó desde una moto si ella trabajaba en la emisora que yo dirigía. Ella dijo que sí y el hombre contestó: ‘Ah, bueno. Es que a todos esos hijueputas les vamos a cortar la cabeza por sapos’. Esa mujer llegó llorando a mi oficina, hermano”, recordó Vargas.

Según relató el periodista, las amenazas surgieron tras las denuncias que él y su equipo investigativo publicaron sobre la presunta falsedad en documento público y peculado por apropiación cometidos por Beatriz Eugenia Jiménez, personera municipal de Tuluá (2012-2015). Tras las investigaciones periodísticas de Vargas, Jiménez fue destituida del cargo y encarcelada en 2013.

La oposición del periodista a la alcaldía de Gustavo Vélez (2016-2019) le trajo señalamientos en redes sociales de tener nexos con la guerrilla, y sus denuncias sobre consumo de drogas dentro del Ejército le costaron, según él, un intento de montaje judicial que el mismo Vargas denunció ante la Fiscalía.

“Después de la muerte de Marcos he recibido cualquier cantidad de llamadas de colegas que pensaron que me habían matado a mí. Cuando contesto y escuchan mi voz me dicen: ‘Uy, huevón, yo creí que el muerto eras vos”, comentó Vargas iluminado por el sol del domingo que atravesaba la ventana.

Julián tiene códigos estrictos de autoprotección que Marcos Montalvo, su amigo cercano, no practicaba. Para el periodista, el asesinato estuvo motivado por las denuncias que su colega hizo sobre la propagación del crimen organizado en Tuluá. “Una cosa es hablar de funcionarios corruptos, y otra de bandidos”, opinó Vargas.

Esa distinción la tiene clara el periodista Daniel Guerrero, quien hablaba con seguridad sobre la operación de las bandas de microtráfico que actúan en el municipio a plena luz del día y, sin embargo, dijo: “Yo eso no lo escribo porque es un riesgo”.

Guerrero relata que solo los periodistas locales fueron testigos de la salida del “gran narcotráfico”, como lo denominó durante la entrevista. Tras la huida a Venezuela en 2006 y posterior captura en 2010 de alias ‘Beto Rentería’, el último capo del cartel del Norte del Valle, empezó una sucesión del poder del tráfico de drogas hasta el dominio de alias “Pipe” y alias “Caregallo”, quienes hoy controlan el microtráfico del municipio desde sus respectivas cárceles, según los reporteros, la Fiscalía y el actual alcalde, Jhon Jairo Gómez.

“Ya no hay una estructura con una cabeza con la que se puede hablar como con ‘Beto Rentería’ en su momento. Ahora hay un montón de pelaos’; juntan 12 o 13 muchachos, les dan armas y no creen en nadie”, aseguró Julián Vargas. Para él existe una atomización del poder armado, de la que deviene la violencia que hoy vive en el municipio.

Para las autoridades, la cosa no es tan grave. “La mayoría de personas habla sin conocer y sin saber”, aseguró el mayor Mauricio Molina, comandante de la Policía de Tuluá, sobre la percepción de inseguridad que algunos tulueños manifestaron. “Claro, sí, aquí hurtan. Yo no le voy a decir que no, y a tapar el sol con un dedo”, afirmó el oficial. Para él, los problemas de orden público en ese municipio son los robos y los accidentes de tránsito. Aseguró que hay una reducción en la tasa de extorsión y de homicidio reportada en 2021. No se pronunció sobre el caso de Marcos Montalvo, pues, según dijo, es una investigación de la Dirección Departamental de la Policía.

El contexto que viven los tulueños tiene delitos más graves que los hurtos: tres cabezas humanas aparecieron este año en espacios públicos del municipio. Una en enero, otra en junio y a principios de octubre la tercera de las víctimas, que se cuentan entre los 103 homicidios registrados en Tuluá en lo corrido de 2021. 

Distintos actos, mismos actores

–Quién sabe qué habrá hecho, yo escuché que había escrito algo sobre el alcalde. De seguro fue eso, dijo un taxista sobre el asesinato de Montalvo, mientras conducía hacia el Centro Transitorio para Menores Infractores (Cetra).

Esta hipótesis no es solo un rumor. Según la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), hay indicios suficientes para creer que el asesinato del reportero fue motivado por su labor. También el ministro de Defensa, Diego Molano, barajó esa posibilidad tras visitar el municipio el 20 de septiembre, un día después del crimen. “La información que salió del consejo de seguridad en este caso [es que] eran denuncias relacionadas con la administración municipal”, dijo el funcionario.

Semana a semana desfilan por el Cetra los protagonistas de la violencia en Tuluá. Al ser aprehendidos con armas o drogas, o bien capturados en flagrancia, los jóvenes que integran la delincuencia común y organizada del municipio pasan las primeras 36 horas de su detención en aquel espacio que busca, sin éxito, combinar la crudeza de una cárcel y la hospitalidad de un hogar.

Francisco Tabares y José Alberto Rodríguez, directivos de ONG La Red (que opera el Cetra y es gestora de proyectos de paz y liderazgo para jóvenes), han visto el funcionamiento de la delincuencia en Tuluá y, a través de los cientos de menores que han pasado por el establecimiento desde su apertura en 2017, han confirmado los secretos a voces del crimen en el municipio.

Tabares, alto y de barba rala, aseguró que en Tuluá una olla de microtráfico produce a diario un promedio de $10 millones. “Al mes son $300 millones con los que sostienes tu grupo. El que campanea [alerta a la banda sobre peligros] se gana dos o tres millones, tiene su moto, sus novias, la sensación de poder. ¿Cómo se compite contra eso?”, preguntó en voz alta.

Los nuevos capos de las bandas oscilan entre los 20 y 22 años. “Saben que es una vida corta, pero están dispuestos a ello porque ya están en la posición del no-futuro”, dijo Tabares.

Según datos de la Fiscalía General de la Nación, el grupo etáreo más afectado por el crimen de homicidio en Tuluá es el de jóvenes menores de 28 años, con 454 casos registrados entre 2010 y 2021. Por debajo se encuentran el segmento entre 29 y 59 años, que cuenta 326 asesinatos, y el de los mayores de 60 años, que acumula 129 muertes. Entre ellas la del periodista Marcos Montalvo.

El 5 de octubre de 2020 la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana informando el regreso de la amenaza guerrillera a Tuluá. “Se habían ido a un Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR), pero empezaron a volver y ya están a simple vista, armados y recobrando el control territorial”, afirmó Tabares.

El regreso de jóvenes a Grupos Armados Residuales (GAO) se suma a los otros flagelos que Francisco y José Alberto ven cada semana materializados en los muchachos capturados. De la acción de las bandas de microtráfico, según explican, deriva la extorsión a los comerciantes. “Eso es un estudio de mercado; ellos ven por ejemplo a la señora que vende arepas, calculan cuántas le compran al día y le llegan en la moto a decirle que para trabajar tranquila debe pagarles $2.000 diarios”, contó Tabares.
También se vive en el municipio una cartelización de alimentos como cilantro, cebolla y papa, monopolizados por agentes ilegales. “Esos productos vienen vacunados y con la orden de a quién se le compra, a quién se le vende y a qué precio”, aseguró José Alberto.

El secretario de Gobierno, Convivencia y Seguridad, Jorge Alexander Gallego Chávez, enumeró los logros de su gestión desde el Observatorio de Seguridad Municipal. Dijo que la palabra ‘carteles’ es la denominación de los medios de comunicación para hablar del monopolio que los delincuentes quieren ejercer sobre  ciertos alimentos. Explicó que las cifras de 2021 indican una reducción en la extorsión, y que la administración ha actuado frente a la delincuencia. “Desarticulamos 23 bandas en 2020”, dijo. 

El secretario Gallego había sido increpado por Marcos Montalvo el 1 de septiembre de 2021, cuando el periodista comenzó a denunciar el aumento de la inseguridad en el barrio La Esperanza, donde fue asesinado.

“Tenemos ladrones, carteles, microtráfico, disidencias y extorsión. Al mismo tiempo tenemos una base antinarcóticos, escuela y comando de la Policía aparte de un batallón del Ejército que queda a diez minutos. Algo pasa ahí, ¿no?”, comentó con sarcasmo a las afueras del Cetra un ciudadano que pasaba por ahí.

Contradecir el silencio

En entrevista con W Radio el pasado 20 de septiembre, el alcalde Jhon Jairo Gómez, electo por el Partido de la U, informó que no se conocían denuncias de amenazas en contra de Montalvo. 

Mauricio Altamirano, sobrino del periodista, aseguró que su tío fue objeto de amenazas en redes sociales, y que en 2019 lo agredieron desde una motocicleta, advirtiéndole que dejara de informar. Según el periódico Diario de Occidente, ya en 2014 existían intimidaciones en contra de Montalvo. 

En su perfil de Facebook, el periodista dejó registro del acoso que recibió por ejercer su profesión: denunció que lo acusaban de incitar al odio, que le habían cerrado las puertas de la administración municipal y que los funcionarios de la Alcaldía no le concedían entrevistas. Un mes antes de ser asesinado publicó una imagen relativa a la censura.

La Gobernación del Valle del Cauca y la Alcaldía de Tuluá ofrecieron una recompensa de $160 millones para quien aporte información que permita esclarecer el homicidio de Marcos Montalvo. Según la FLIP, el caso fue priorizado por una Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía. Consultamos a la institución en busca de un pronunciamiento sobre el avance de las indagaciones, pero aún no recibimos respuesta.

Entre sus colegas —quienes se sienten tratados con desprecio por parte de las autoridades locales—, Montalvo es recordado por la valentía, la pasión y el rigor con los que ejercía el periodismo en Tuluá. Allí la libertad de prensa está en riesgo permanente bajo múltiples actores armados, y a la vez coartada por el temor de perder la pauta publicitaria de la administración local.

Tres semanas después del crimen, cuando las noticias de otras muertes generaban nuevos titulares en Tuluá, un modesto diario local siguió rindiendo homenaje a su memoria: “audaz, atrevido, intrépido, osado, suicida”. Con estas palabras lo definieron en ese último adiós.

*Los nombres de los periodistas fueron modificados por motivos de seguridad.