Regularizar a los venezolanos: las dudas después de los aplausos

11/11/2021
El Estatuto Temporal de Protección es la apuesta más ambiciosa del gobierno colombiano frente a la migración masiva de venezolanos. El proceso empezó hace seis meses. Sin embargo, llevarlo del papel a la realidad choca con brechas sociales y digitales, falta de comunicación entre instituciones, vacíos que afectan a los más vulnerables, y la pregunta: ¿qué pasará con quienes se queden afuera?
"La Raya", Paraguachón.  La Guajira. La Liga Contra el Silencio.
En “La Raya”, como le dicen a Paraguachón, antes de cruzar de Colombia a Venezuela aparecen vallas con mensajes que invitan a los migrantes a regularizarse. Crédito: La Liga Contra el Silencio.

Por: La Liga Contra el Silencio

Yuneisis Pereira tiene 18 años y un hijo de dos. Hace cuatro llegó por trocha desde Cabimas, estado Zulia, Venezuela, a Maicao, en La Guajira, y por primera vez cree que podrá obtener los papeles para regularizar su permanencia en Colombia. Una funcionaria de ACNUR le ha creado un correo electrónico (imprescindible para el trámite) y le ha ayudado a completar el formulario en línea que Migración Colombia exige para iniciar el proceso. 

“Fue un poco esforzado porque con este van dos días que tuve que llegar hasta aquí, ya que ayer me faltaron unos papeles y no pude hacer el trámite. Pero ya lo pude hacer”, dice contenta. Ojos vivaces, voz dulce. Carga a Daviel Mateo mientras espera junto a un grupo de familias venezolanas la toma de huellas y estampar la firma digital para completar el registro biométrico.

Están en el Centro Transitorio de Solidaridad, un lugar con carpas y contenedores donde organizaciones como ACNUR y Save The Children ayudan a los migrantes con los trámites. Es la infraestructura mejor adaptada en varios metros a la redonda. Priman los ranchos de bolsas, cartón y lata, en un asentamiento conocido como La Pista (de un antiguo aeropuerto), donde sobreviven más de 10.000 personas, casi todos migrantes.

Yuneisis ha perdido dos días de trabajo, entre 40.000 y 60.000 pesos, según calcula su pareja Fernando, que también hizo su registro. Con él vende frutas en una carretilla por las calles de la calurosa Maicao. Creen que por fin podrán regularizar su situación. Su hijo, nacido y registrado en Colombia, no requiere del trámite. Es un alivio. Saben que otros niños no podrán completar el proceso porque no cuentan con ningún documento.

Yuneisis y Fernando comparten un “potecito” o celular básico. Con el aparato hacen cuentas, reciben llamadas y aprovechan que la operadora les da “Facebook gratis” para comunicarse con sus familiares en Venezuela. Solos nunca hubieran podido hacer el trámite que ahora celebran aunque todavía deben esperar la respuesta de Migración y recibir “el plástico”, como le llaman al documento del permiso por protección temporal (PPT).

Yuneisis Pereira y Fernando Morillo.
En Maicao, La Guajira, los venezolanos Yuneisis Pereira y Fernando Morillo, con su hijo Daviel Mateo, hicieron el proceso con el que ya constan en el Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV). Ahora deben esperar unos tres meses para recibir el PPT (Permiso por Protección Temporal), el documento que certificará su regularización. Crédito: La Liga Contra el Silencio.

Unos kilómetros al norte, en Uribia, Antonio Jayariyú, un wayuu venezolano de 24 años, líder de La Transformación, uno de los sectores de otra pista abandonada e invadida, pagó 35.000 pesos para que en un cibercafé le ayudaran con el mismo proceso. También pagaron sus padres y hermanos, y el costo representó una pequeña fortuna para ellos, que viven de un mototaxi. Más arriba, en la Alta Guajira, otros miles de venezolanos difícilmente sabrán de la nueva política de regularización, por la distancia, la desconexión o el olvido.

Con el Decreto 216 de marzo de 2021 y la Resolución 971 de abril pasado, se adoptó el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos o ETPV. Desde mayo comenzó el pre-registro virtual que incluye una larga encuesta socioeconómica, y donde se deben adjuntar documentos y pruebas del tiempo vivido en Colombia. Viene luego el registro biométrico presencial con el que se completa el Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV). Luego se solicita y expide el PPT que estará vigente hasta mayo de 2031. Pueden acceder los migrantes que hayan ingresado de forma irregular hasta el 31 de enero de 2021; quienes ingresen de forma regular hasta mayo de 2023 y los que tengan salvoconductos mientras esperan la respuesta a sus solicitudes de refugio. Todos deben cumplir los requisitos que establecen las normas mencionadas.

Centro Transitorio de Solidaridad, Maicao.
Familias enteras acuden al Centro Transitorio de Solidaridad, en Maicao, para hacer el pre-registro virtual, con ayuda de funcionarias de ACNUR y Save The Children. En el lugar también se realiza el proceso biométrico (toma de huellas y firma).  Crédito: La Liga Contra el Silencio.

Las Naciones Unidas, a través de ACNUR y la OIM, y el gobierno de Estados Unidos fueron los primeros en aplaudir la medida. Meses más tarde, a mediados de octubre, el presidente Iván Duque entregó personalmente el primer “plástico” a un venezolano en La Calera, y poco después a un grupo de niños en Mosquera. Ambos municipios de Cundinamarca.

Pero el proceso pasa por tener una conexión a internet. En La Guajira, donde se asienta casi el  6 % de venezolanos en Colombia, esto es poco menos que un privilegio. La región es una de las más rezagadas en términos de conectividad a internet. Según el censo del DANE de 2018, La Guajira es el departamento con menor porcentaje de cobertura de internet en el Caribe colombiano. En la zona rural era el 5,8 % de la población y el 35,7 %, en las cabeceras municipales. A ello se suma que en algunas zonas no hay luz o el servicio de energía es deficiente.

“Hay una herramienta, una plataforma súper compleja, que le permite a la población acceder a la regularización, pero que al mismo tiempo tiene unos impedimentos” para regiones como La Guajira, dice Jairo Ibarra, activista por los derechos humanos y líder de la Fundación Brisas del Norte en Riohacha, que trabaja con población migrante y retornada.

Organizaciones como esta y otras de la cooperación internacional están colaborando para que más personas reciban asistencia y puedan acceder al proceso del ETPV. Para Ibarra, Migración Colombia debería ofrecer más acompañamiento. Es como decirles a los migrantes, “yo pongo la herramienta y ustedes ven cómo se defienden, por decirlo de alguna forma. Ahí está el instrumento, ustedes ven cómo lo implementan”, reclama Ibarra, quien a los 9 años llegó a Venezuela, con su madre y seis hermanos, víctimas del conflicto armado. Los paramilitares asesinaron a su padre en los Montes de María, los amenazaron y les despojaron de sus tierras. Luego de estudiar y hacer su vida en Venezuela y empujado por la crisis en ese país regresó a Riohacha en 2014. Hoy, con 46 años, es un reconocido defensor de los derechos de los migrantes y retornados. 

La suma de dificultades

Como parte del apoyo al Estado colombiano, y específicamente a Migración Colombia, ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, viene realizando sola o junto con Save The Children y Pastoral Social, el proceso de pre-registro asistido en puntos fijos o con brigadas móviles. Irene van Rij, jefa de la suboficina de ACNUR Región Caribe, en Riohacha, destaca que el proceso avanza a pesar de que en La Guajira el acceso a la información, a los territorios y al proceso de regularización son difíciles. Recuerda que es el departamento con el porcentaje de pobreza multidimensional más alto en Colombia y, en ese contexto ya vulnerable, los migrantes venezolanos están entre los más pobres. Además, se suman factores como la dispersión de la población en zonas alejadas, niveles bajos de educación, las necesidades específicas (lengua y cultura) de la población indígena wayuu , entre otros. 

“Hay ciudades como Medellín, donde la gran mayoría de la población, no todos, no digo que es fácil para todo el mundo, pero sí hay una gran parte de la población que logró hacer el pre-registro ellos mismos. Esto aquí, en La Guajira, existe, pero es un porcentaje bastante bajo y la gran mayoría necesita la asistencia”, explica. 

Van Rij ilustra los inconvenientes: “A veces, literal, tener acceso o no al internet tiene que ver con cómo va el viento”. “Con un internet estable y con personas que saben lo que están haciendo, (el pre-registro) se demora unos 40 minutos por persona (…) Entonces, familias de cinco, es cinco veces los 40 minutos. Si el internet no está estable a veces hay que recomenzar el proceso y es bastante difícil”, añade.

Wifi sin funcionar, plaza Uribia.
En la plaza principal de Uribia, en La Guajira, uno de los municipios más pobres de Colombia, el recuerdo de lo que fue el proyecto de llevar internet gratuito a la región. Hoy no funciona. Crédito: La Liga Contra el Silencio.

Desde Brisas del Norte también trabajan en el pre-registro asistido y se han ingeniado formas de superar los obstáculos. Crearon un grupo de “guardianes de protección”, que lidera Jenny Pardo González, una colombovenezolana radicada en La Guajira desde hace dos años. Han realizado jornadas de pre-registro fuera de Riohacha y ante la falta de luz o conectividad, en algunas zonas han optado por recoger la información y el material necesario y luego procesar todo en su oficina. Cuenta que todavía “hay muchísima gente” que no conoce el ETPV y que no se ha registrado. Son, principalmente, trabajadores informales, vendedores ambulantes, limpiavidrios. Por ello consideran hacer jornadas en semáforos y mercados. En otros casos los pre-registros no se han podido realizar, dice Pardo González, porque hay quienes no cuentan con documentos de identidad, y regresar a Venezuela no es una opción, fundamental por los costos, que ahora se tasan en dólares. 

“Hay muchas personas que no han podido registrarse todavía aunque el proceso tiene tiempo que comenzó. Todavía no saben cómo es el proceso, desconocen hasta qué es eso y tratamos de orientarlos y ayudarlos”, dice Pardo González. La mayoría vive en asentamientos informales.

Van Rij, de ACNUR, explica que están mapeando con otras organizaciones esos sitios donde viven venezolanos y colombianos que retornaron de Venezuela. Solo en Maicao, según la Alcaldía, hay 48 asentamientos informales, y hay otros en Riohacha, Uribia, Fonseca, Dibulla y otras zonas. 

El personero de Riohacha, Yeison Deluque, dice que no son pocas las personas indocumentadas que llegan a La Guajira. Entre enero y agosto de este año su oficina atendió a 500 migrantes y “el 97 % de esta población se presenta sin documento. No tiene papeles, los atracaron; no tienen pasaporte, que se les perdió. Esas son las razones que ellos nos presentan”, señala.

Se queja del poco apoyo del gobierno nacional a las Personerías para poder atender la alta demanda de la población migrante, principalmente para resolver temas de salud y educación. 

Sin papeles

El asentamiento informal Aeropuerto, en las afueras de Uribia, era originalmente un terreno de los militares. Como el predio es extenso y los migrantes siguen llegando, no se sabe con certeza cuánta gente habita allí. Una líder dice que 9.000 personas; otro que 1.224 familias, casi todas venezolanas y muchas wayuu. Hasta el lugar, dos veces a la semana, llega personal de la cooperación internacional que entre las ocho y doce del mediodía atiende a alrededor de ocho personas para hacer su pre-registro, cuenta Antonio Jayariyú, el líder que pagó 35.000 pesos en un cibercafé para hacer su trámite. Entre quienes han logrado hacer el proceso están madres, cuyos hijos no han podido hacer lo mismo por falta de documentación y dificultades para volver a Venezuela por la partida de nacimiento o una constancia de nacido vivo. También están quienes siguen llegando irregularmente y no alcanzarán a ser amparados por el ETPV cuando concluyan los plazos previstos. 

Cambio de dólares en La Raya.
Ante la dramática devaluación del bolívar, la circulación del dólar en Venezuela, prácticamente se ha extendido por todo el país. En Paraguachón abundan los que prefieren cruzar la frontera con la moneda estadounidense. Crédito: La Liga Contra el Silencio.

Yudith del Carmen González, wayuu de 27 años, teje mochilas. Salió de Maracaibo hace un año. Vivió en Manaure y hace cinco meses se trasladó a Uribia, donde están algunos familiares. Ya realizó su pre-registro, pero está preocupada porque no ha podido hacer el de su pequeña Misbeli, de dos años, que nació en Venezuela y no tiene papeles. Junto a Yudith está otra wayuu, María Adela Morales, de 23 años. Con Angélica, su hija menor, de dos meses, en los brazos, se lamenta de que dos de sus tres niñas no tengan ningún documento de identidad. Llegaron hace menos de un mes de Venezuela.

Al lado de Yudith y María Adela está Yolisbeth Montiel, de 21 años. Tiene dos hijos, el menor de seis meses. Lleva seis años en Colombia, pero no ha hecho ningún trámite para conseguir su regularización.

La prioridad de estas tres mujeres es otra: calmar el hambre de sus hijos y no siempre lo consiguen. Los papeles son importantes, admiten, los necesitarán para recibir atención de salud, por ejemplo, pero no es fácil conseguirlos en su situación.

Hasta el 31 de agosto de este año 1.842.390 venezolanos vivían en Colombia (ver mapa). De ellos, casi 345.000 estaban en condición regular, unos 315.000 en irregular y cerca de 1,2 millones estaban cumpliendo el proceso para acogerse al Estatuto Temporal de Protección, la gran mayoría solo ha cumplido la primera fase.

Fabiana González, mujer venezolana trans de 21 años, que es trabajadora sexual en Maicao y ya completó su trámite, está a la espera de la aprobación y entrega del PPT. Es la única de su grupo de pares que lo ha hecho. No todas han accedido a la información, otras no tienen documentos y algunas ni lo han intentado. Fabiana llenó la información con sus nombres y género asignados al nacer, pero espera tener en su “plástico” sus datos identitarios. Esta posibilidad está prevista en el artículo 36 de la Resolución 971 que contempla mecanismos, a través de notarías, para hacerlo.

Una buena noticia que se quedó a medias. “Mi impresión es que ese artículo sobre personas trans lo escribieron con la mejor intención, pero con mucho desconocimiento de la práctica”, dice Laura Cristina Dib, directora de la Clínica Jurídica para Migrantes de la Universidad de los Andes. En los casos que ha conocido, las notarías desconocen lo resuelto por Migración Colombia, por lo que las personas trans son sometidas a procesos de revictimización y deben, además, hacer el pre-registro con un nombre y una identidad que no quieren. Es “la interseccionalidad de la vulnerabilidad: soy migrante, soy persona trans, tengo una orientación sexual diversa, soy pobre. Todo confluye y realmente es muy preocupante lo que estamos viendo con esta población”, afirma Dib.

La Clínica Jurídica y organizaciones como Caribe Afirmativo, GAAT, Colombia Diversa, Dejusticia, entre otras, han evidenciado la falta de comunicación entre Migración Colombia y la Superintendencia de Notariado y Registro que impide concretar en la práctica lo que dice la norma. Frente a los reparos hechos a esas dos instituciones y las peticiones de encontrar soluciones no han recibido respuesta.

¿Desincentivar las solicitudes de refugio?

El último informe del Centro de Estudios en Migración (CEM) de la Universidad de los Andes destaca el ETPV “como una medida trascendental en la construcción de la política pública migratoria”. Sin embargo, alerta que tanto en el Decreto 216 como en la Resolución 971 existen “barreras insuperables para la población migrante y refugiada venezolana que dificultan el acceso a la protección temporal que contempla el Estatuto”. También advierten sobre la “amplia discrecionalidad” de Migración Colombia, sobre todo en lo relacionado con los requisitos para otorgar el PPT y las causales de cancelación de este permiso. Abogan por garantías mínimas de acceso a la justicia y el ejercicio del derecho al debido proceso.

Hay antecedentes para inquietarse. Según un reporte de Dejusticia,  hasta ahora, las “expulsiones discrecionales” se han convertido en la regla y no en la excepción. En los últimos cinco años aumentaron en un 728 % pasando de 190 en 2015 a 1573 en 2020. “Esta práctica ha dado lugar a que Migración Colombia tome decisiones arbitrarias e implemente las expulsiones discrecionales sin la debida garantía de los derechos al debido proceso y la unidad familiar”, señala.

Asimismo, Migración ha dicho en documentos como el ABC del Estatuto que “el cumplimiento de los requisitos no implica el otorgamiento del permiso (por protección temporal), el cual obedece a la facultad discrecional de la autoridad migratoria”. Todo esto genera interrogantes. 

Dib también apunta otros “vacíos de protección” que han ido detectando, como el relacionado con la solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado. En un momento, explica, las personas deberán decidir si desisten de esa solicitud y se acogen al ETPV (de carácter temporal) o si se quedan con la solicitud de refugio. 

El informe del CEM señala “la resistencia del Estado colombiano para reconocer a la población proveniente de Venezuela como refugiada, insistiendo en el trato de estas personas como migrantes económicos” cuando hay casos, por ejemplo, de persecución política. “De allí que el Estatuto contemple una protección de carácter temporal y que no prevea mecanismos para la garantía del principio de no devolución”, apunta.

Un hecho reciente preocupa. En las últimas semanas varios de los usuarios de la Clínica Jurídica han recibido actas de rechazo de solicitudes de refugio. Todas vienen como una plantilla donde se copia y pega la misma información, sin consideraciones particulares. Luego les mandan un correo y les agregan información sobre el ETPV, cuenta Dib. “Hay una universidad (que asesora a migrantes) que en menos de una semana ya llevaba 17 rechazos”, detalla. La lectura que la experta hace es que “te ponen todo para desincentivar que la gente acuda a la figura de reconocimiento de la condición de refugiado”, lo que implica mayores obligaciones de protección del Estado.

También ve en la limitación temporal para la regularización una barrera. “Nadie sabe qué va a pasar, y el RUMV cierra en mayo del año siguiente y con los días que pasan en tropel, ya mañana es 2022 y todavía no hay solución”.

El líder de la Fundación Brisas del Norte, Jairo Ibarra, teme que una vez cierre la plataforma de pre-registro mucha gente sea deportada y se pregunta qué pasará con las personas que siguen llegando. “La situación de Venezuela no se va a mejorar de un día para otro (…) y aún si el gobierno (de Venezuela) cesara, no se sabe cuándo se mejoraría la situación de ese país”, concluye.

El tiempo corre y aún hay temas por resolver. 

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