La maquinaria burocrática que gobierna a Medellín

Por De la Urbe y La Liga Contra el Silencio

“Ese cargo lo necesitamos, porque ya lo comprometimos”, le dijo Esteban Restrepo, secretario de Gobierno y Gestión del Gabinete de Medellín, a Camilo Quintero Giraldo, entonces subsecretario de Recursos Renovables. Era junio de 2020 y habían pasado solo tres semanas desde la aprobación en el Concejo del Plan de Desarrollo presentado por el alcalde Daniel Quintero.  

“Me dijo: ‘Estamos contentos con tu trabajo, pero son movimientos que hacemos después del Plan de Desarrollo’”, cuenta Quintero Giraldo, abogado ambientalista y exdirector de la Clínica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes. El secretario de Gobierno le ofreció ubicarlo en otro cargo, pero Quintero Giraldo no aceptó. Ahora trabaja en el equipo del concejal Daniel Carvalho, quien integró la coalición oficialista durante 2020, hasta que en febrero pasado se retiró, según dijo en una carta al alcalde, “decepcionado por el estilo polarizador y adánico que trajo a nuestra ciudad”. 

La historia de Camilo Quintero, uno de los pocos exfuncionarios que se ha atrevido a hablar con nombre propio sobre los manejos burocráticos de la Alcaldía de Medellín, ejemplifica el poder que concentra el secretario Restrepo y cómo la administración de Daniel Quintero ha tejido alrededor suyo toda una red de clientelismo y repartición estratégica de puestos en todos los niveles del gobierno municipal.  

“Gestión del Gabinete” 

Esteban Restrepo tiene 28 años y ha construido su trayectoria profesional a la sombra del alcalde Quintero. En 2016 se graduó en Negocios Internacionales de la Universidad Católica Luis Amigó. Según su propio perfil en la página de la Alcaldía de Medellín, es especialista en Gerencia del Ceipa Business School, una institución universitaria enfocada en finanzas y administración. Su perfil decía también que es magíster en Dirección de Empresas de la universidad española Alcalá Global School, aunque en realidad se trata de un certificado incluido en su especialización. La información estuvo disponible hasta el pasado 7 de abril, pero luego fue modificada y desapareció la referencia al supuesto título de magíster (ver primer perfil publicado y perfil modificado). 

Entre septiembre de 2014 y diciembre de 2015, Restrepo fue asistente del entonces concejal Miguel Quintero, hermano del alcalde. En 2016 fue asesor de Innpulsa Colombia, donde Daniel Quintero era gerente. Y en agosto de ese año estuvo como contratista del Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Fontic), unas semanas después de que el hoy alcalde fue nombrado viceministro de Economía Digital.  

En 2019, Restrepo trabajó en Intrasoft, la empresa de software que el alcalde fundó en 2005; el ahora secretario también trabajó para esa empresa durante la campaña a la Alcaldía. En su perfil se identificaba como gerente de esa candidatura, pero el dato también fue modificado recientemente.

Pero Restrepo sí fue importante en el equipo de Daniel Quintero. Lo acompañó en debates y actos públicos, y su nombre figura en los registros oficiales de contabilidad con donaciones en especie a la campaña que suman más de 20 millones de pesos. Al mismo tiempo recibió honorarios por 30 millones como “estratega político”, según datos de Cuentas Claras.

Antes de asumir como secretario, Restrepo fue director del empalme con la administración del exalcalde Federico Gutiérrez. Allí comenzó a estructurar la planta de contratistas y funcionarios directivos cuyos nombramientos pasan por su aval casi sin excepción. 

Además de su cercanía con el alcalde, un antecedente explica por qué un secretario de despacho concentra tanta influencia. En la administración anterior, el Concejo aprobó el acuerdo 01 del 25 de febrero de 2016, que convirtió la Secretaría de Gobierno en una poderosa dependencia a la que se agregó el nombre de Gestión del Gabinete, con funciones de “coordinación y articulación”. Desde entonces la oficina se transformó en un despacho de relaciones políticas.

La gestión de Gutiérrez también legó una estructura clientelar que Quintero conservó. Esa red de prebendas burocráticas está ahora en manos de Esteban Restrepo.

“El poder detrás del trono”

“La máscara que tiene puesta es de soberbia, y se la puso para sobrevivir”, dice sobre Restrepo una persona de la administración que prefirió no publicar su nombre. “Todo lo hace a la fuerza. Dice que los cargos de la Alcaldía los maneja él”, agrega. La repartición burocrática va desde pequeños contratos de prestación de servicios hasta nombramientos directivos del Conglomerado Público de Medellín, una figura creada en 2015 para la administración de un conjunto de entidades que son propiedad o tienen participación de la Alcaldía. En 2019 los activos sumaban 82 billones en 36 entidades que generaban más de 70 mil empleos. Es el segundo holding público más grande de Colombia, después de Ecopetrol. 

Tres fuentes que aún trabajan con Quintero recuerdan que durante los primeros meses de 2020 las instrucciones de contratación estuvieron consignadas en un documento con datos personales, cargo y relación política de cientos de personas en puestos de la Alcaldía o en sus entes descentralizados. En el inventario de burocracia cohabitan sectores políticos diversos y antagónicos, con puestos para concejales y líderes políticos del Centro Democrático, la Alianza Verde, el Partido Liberal y Colombia Humana. Ese archivo era administrado por el despacho de Restrepo.

Hay ejemplos. Como director del Museo Casa de la Memoria fue nombrado en julio de 2020 Jairo Herrán Vargas, excandidato de Colombia Humana en las elecciones de 2019. Mientras que Albert Corredor, concejal del Centro Democrático y viejo amigo de Quintero (foto), tiene a cinco personas que trabajaron para su familia dentro de la administración municipal.

Versiones del archivo con el registro de las cuotas políticas eran enviadas por correo a los secretarios o a personas delegadas por ellos para que atendieran los requerimientos de la Secretaría de Gobierno. Una fuente que mencionó ese documento cuenta que el mecanismo fue modificado por orden de Restrepo. “Ahora pasan todo por USB. Son archivos particulares para cada secretaría”, dice.

En ese proceso de autorizaciones soterradas, un funcionario cercano a la contratación en la Alcaldía de Medellín explica que cada dependencia pide un certificado de inexistencia de personal solicitado: así se garantiza que una función es pertinente y no está cubierta por otro cargo. Es necesario diligenciar un formato que se envía por correo a la Secretaría de Gobierno con el objeto del contrato, el perfil profesional, la experiencia requerida, el valor del contrato y la duración.

“Mandamos el cuadro y nos indican a quién le emitimos el certificado”, cuenta el funcionario. Según él, está prohibido mencionar que los contratos ya están aprobados por Esteban Restrepo. Solo cuando se expiden estas certificaciones, las dependencias pueden avanzar con la contratación. En algunas ocasiones se han frenado procesos que ya habían pasado por esta etapa.  

A principios de 2020, el personal que trabajaba en la Subsecretaría Técnica de Movilidad esperaba noticias sobre la renovación de sus contratos de prestación de servicios. Sus jefes les explicaron que la contratación podía tardar, pues ya no sería directamente con la Alcaldía sino mediante un convenio interadministrativo con la Institución Universitaria Pascual Bravo, una de las tres de educación superior municipal. Como otros entes descentralizados, actúa como operadora de convenios que tercerizan la contratación. 

El 16 de abril recibieron un correo de esa institución en que les solicitaron los documentos para la renovación, pero dos horas después llegó otro mensaje: “El correo enviado el día de hoy con esta solicitud fue un error. Hacer caso omiso del mismo”, decía.

El proceso de contratación se frenó, y el subsecretario Técnico de Movilidad, Diego Zapata, explicó las razones en un mensaje de WhatsApp que De la Urbe conoció y corroboró. El mensaje fue enviado en ese momento a los jefes de las personas que habían recibido la información contradictoria. “A pesar de que yo, en todo momento, defendí férreamente los perfiles que me recomendaron, después de un larguísimo tire y afloje, muchas de las personas que venían trabajando con nosotros no van a continuar por decisión de S.Gob., quienes fueron los tomadores de decisiones en última instancia”, escribió.

Pero en febrero pasado la salida del exgerente de EPM, Álvaro Guillermo Rendón, reveló que la maquinaria burocrática de la administración de Quintero alcanza el más alto nivel. Además demostró las implicaciones nocivas que eso tiene para la independencia en la toma de decisiones; especialmente en esa empresa, que parecía estar blindada por un acuerdo de gobierno corporativo que pretende evitar la influencia excesiva del alcalde como presidente de su junta directiva.

Rendón, amigo de Quintero, asumió la Gerencia en enero de 2020 con el encargo de liderar la demanda de esa empresa contra los contratistas del proyecto Hidroituango. Los movimientos tuvieron consecuencias: la renuncia masiva de la junta, cuestionamientos por una supuesta “toma” de EPM en manos de la empresa privada, y una narrativa del alcalde donde prometió que “recuperaría” esa compañía para la ciudad. 

Sin embargo, a principios de este año Quintero declaró insubsistente al gerente y lo acusó de malos manejos. Rendón señaló a Quintero de ejercer presiones burocráticas y con ello surgió el nombre de una funcionaria que hasta ese momento había tenido un bajo perfil: María Camila Villamizar Assaf, secretaria privada de la Alcaldía de Medellín. 

En varias entrevistas Rendón dijo que Quintero trató de hacer una “toma hostil” de EPM; que impuso a por lo menos dos vicepresidentes y que Villamizar, su delegada, daba órdenes por encima de la Gerencia. Varias fuentes en EPM aseguran que hasta el momento de romper relaciones, Rendón y el alcalde manipulaban las posiciones directivas y pasaban por alto los procesos de selección que utilizaba la empresa. En una de esas acusaciones mutuas figuró la secretaria Villamizar, y luego varios concejales promovieron una fallida moción de censura en su contra. 

Uno de esos concejales, que no apoyó la moción, admite que tiene a por lo menos seis personas cercanas en cargos medios de varias entidades descentralizadas de la Alcaldía de Medellín. Esto, según dice, lo consiguió gracias a un contacto que ha establecido con el secretario Restrepo. El concejal dice que no ha recibido ninguna solicitud a cambio de esas contrataciones.

Luz María Múnera, exconcejal de Medellín por el Polo Democrático y presidenta de ese partido en Antioquia, no logró reelegirse en las elecciones de 2019. En enero de 2020, Diana Osorio, gestora social y esposa del alcalde, le ofreció crear y asumir una gerencia de paz que nunca nació; al menos no con ese nombre. 

“Yo presenté una gerencia muy barata, austera”, cuenta Múnera, y dice que le bastaban 12 personas. Para la Alcaldía esa nueva entidad debía tener 35. La explicación que recibió sobre la necesidad de sumar cargos es que Esteban Restrepo los requería para aumentar su margen de negociación con el Concejo.

En el equipo que formulaba el proyecto estaba Múnera, otra persona que ella propuso para acompañarla y varios funcionarios de diferentes dependencias de la Alcaldía. “Pasaron algunos días y los contratos nunca llegaron. Siempre hablaban de Esteban; que él definía eso, que había que hablar con él”, cuenta Múnera.

En ese proceso, el 20 de febrero de 2020 el alcalde Quintero ordenó el ingreso del Esmad a la Universidad de Antioquia para contener una protesta estudiantil. La decisión fue criticada en diferentes sectores, incluida Múnera. Allí murió la gerencia de paz. Múnera cuenta que Osorio la llamó. “Dijo: ‘Luzma, me da mucha pena, pero no te puedo mantener la promesa de la gerencia. Cuando uno va a trabajar con una Alcaldía tiene que comprometerse y apoyarla, así haya decisiones que uno no entienda»’, recuerda.

Pero el fracaso de la iniciativa, según Múnera, pasó más bien por la figura de Esteban Restrepo y por las imposiciones burocráticas que, según dice, intentó el secretario. “Me dijeron que nada que tuviera que ver con puestos o contratos se podía mover si no se hablaba con Esteban. Lo que vi con Federico (Gutiérrez), y veo ahora con Daniel (Quintero), es que los secretarios de Gobierno son los encargados del trabajo sucio”, dice Múnera. La gerencia de paz se transformó en una Secretaría de la No-Violencia, creada en septiembre de 2020, a cargo de Juan Carlos Upegui, otra persona de confianza del alcalde Quintero. 

“Se fue alejando un poco, eso se corrige”

El 12 de agosto de 2020 el alcalde confirmó en una entrevista su decisión de remover al director del centro de innovación y negocios Ruta N, una entidad con capital 100% público. Según dijo, con el nuevo director lograría “más cercanía con la Alcaldía”. Juan Andrés Vásquez, el director saliente nombrado por el propio Quintero, “se fue alejando un poco, pero eso se corrige”, dijo el alcalde. 

Las declaraciones tuvieron efectos. Unas horas después, siete de los nueve miembros de la junta renunciaron con una carta pública donde aseguraron que el alcalde desconocía la institucionalidad de Ruta N, pues los estatutos de esa corporación establecen que solo la junta directiva en pleno —la preside el alcalde— puede nombrar o remover a la persona que dirige la entidad.

La confirmación de la salida de Vásquez, el anuncio de su reemplazo y la carta de la junta directiva ocurrieron un día después de la renuncia de la junta de EPM. Esto reveló el divorcio entre el alcalde de Medellín y un amplio sector del empresariado que Quintero y su gabinete empaquetaron en el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), un conglomerado económico que reúne tres de las compañías más grandes de Colombia: Sura (a su vez propietaria de Bancolombia), Nutresa y Argos.

Quintero y sus allegados hablan desde entonces de una supuesta captura histórica de las instituciones públicas de la ciudad por parte del GEA. Pero algo no cuadra: el mismo alcalde, cuando ganó la elección, designó en sus comisiones de empalme a varias de las personas que ahora acusa de usar el patrimonio público con intereses corporativos.  

En el caso de Ruta N apareció otra razón burocrática para explicar la salida de Juan Andrés Vásquez, su director. Y de nuevo, en el centro, figuró el secretario Restrepo. “El secretario de Gobierno le pidió explícitamente que nombrara a una persona en ese cargo. Era alguien con experiencia y con un muy buen perfil. Se incluyó la hoja de vida en el proceso. Esa persona llegó hasta el último filtro, pero no fue seleccionada”, dice una fuente que trabajó en la entidad. 

Se trata de Johana Jaramillo Palacios, comunicadora con 20 años de experiencia, tres maestrías y un doctorado. En los últimos tres años fue gerente de Comunicaciones de la gobernación de Luis Pérez Gutiérrez y asesora de la Rectoría del Politécnico Jaime Isaza Cadavid. Estuvo casada con Gabriel Jaime Rico, empresario y político, exconcejal, tres veces candidato a la Alcaldía de Medellín y miembro del comité de empalme de Daniel Quintero.   

El cargo al que Jaramillo se postuló se denomina “Gestor de Portafolio Persuadir”; en la práctica es una dirección de comunicaciones. Tres fuentes que conocieron ese proceso aseguran que, pese a las presiones del secretario Restrepo, se siguió el “Procedimiento de Reclutamiento y Selección de Personal”, que incluía 16 pasos y se aplicó en los procesos de escogencia hasta el 20 de octubre de 2020, cuando Javier Darío Fernández, quien relevó en la dirección a Juan Andrés Vásquez, lo derogó para nombrar empleados sin ese corset. 

“Yo pasé de trabajar 15 horas al día para sacar adelante Inspiramed (respiradores artificiales de bajo costo), a pensar en cómo meter a un amigo del alcalde o de su gente”, dice una exempleada de esa entidad. Muy pronto, el 27 agosto de 2020, apenas dos semanas después del revolcón en Ruta N, Johana Jaramillo fue nombrada subsecretaria de Comunicación Estratégica de la Alcaldía de Medellín. 

A finales de abril fue designada por el alcalde como gerente de Telemedellín. Reemplazó a Mabel López, cercana al exgobernador Luis Pérez, quien asumió como vicepresidenta de Comunicaciones de EPM. Ese movimiento y la llegada de María Cristina Toro a la Secretaría General de esa empresa motivó un comunicado de Sinpro (sindicato de profesionales de la entidad). “La politiquería sigue entrando a EPM con permiso de su junta directiva”, decía. El sindicato acusó al alcalde y al gerente general de darle cuotas a los políticos que los apoyan.

“Lo tengo anotado en la lista de temas”

El 10 de diciembre de 2020, Esteban Restrepo fue anunciado por Quintero como gerente del proceso de vacunación. Esa decisión le dio al secretario una visibilidad mediática que no había tenido, incluso por encima de la secretaria de Salud, Andree Uribe, la única persona, además del alcalde, con vocería sobre el manejo de la pandemia en Medellín. 

La secretaria Uribe es enfermera profesional, especialista en Gerencia de Servicios de Salud y magíster en Salud Pública. Según varias fuentes de la administración, Uribe sorprendió al gabinete municipal por la precisión de sus proyecciones sobre los efectos de la pandemia, incluso antes del primer aislamiento obligatorio. “Ella ha evitado que el manejo de todo esto sea peor, pero la opaca el alcalde; y ahora Esteban con la vacunación”, dice una fuente. La secretaria también trabajó en Mintic cuando Quintero fue viceministro. Además fue pareja de Restrepo, como consta en la declaración de conflicto de intereses que presentó ese funcionario al asumir el cargo. 

La Liga buscó una entrevista con el secretario. Su equipo de comunicaciones respondió que llevaría la petición a su comité de agenda y que estaba en “la lista de temas a tratar”. Pero el espacio nunca se produjo. 

Con la vacunación, Restrepo tiene ahora una de las labores más visibles y con mayores réditos políticos en plena pandemia. Una fuente de la administración dice que él y su compañero de Gabinete, Juan Pablo Ramírez, —quien recientemente dejó de ser secretario de Participación Ciudadana y pasó a la Secretaría de Inclusión Social— se impulsan con ambición electoral.

La misma fuente menciona que la Secretaría de Gobierno adelanta programas como los Consejos Territoriales de Gobierno, a través de los cuales Restrepo busca construir su base política. Sin embargo, el paro nacional lo ha hecho menos visible. Si bien acompaña el Puesto de Mando Unificado, donde la Alcaldía y otras instituciones definen sus actuaciones ante las protestas, sus declaraciones públicas se concentran en la vacunación. 

Pero las movidas burocráticas no se han detenido. A finales de abril la Alcaldía anunció la salida de la secretaria de Inclusión Social, Mónica Alejandra Gómez, quien había sido recomendada por el concejal Luis Bernardo Vélez, aliado del alcalde en la campaña y cabeza de lista al Concejo por Independientes, su movimiento político. En realidad presentó su renuncia por petición de Quintero, luego de que Vélez votó negativo a un proyecto de acuerdo que cambiaba el objeto social del aeropuerto Olaya Herrera para convertirlo en un gran parque. 

Otro concejal asegura que Restrepo “no hizo bien la tarea” de conseguir los votos para ese proyecto, y que ese episodio pone en duda su capacidad para lograr mayorías. “Con Mónica ya se sentían incómodos porque no les dejó meter gente a la Secretaría. Pero que se les haya caído ese proyecto fue el florero de Llorente para sacarla y cobrarle a Luis Bernardo”, dice. 

En febrero, en medio del escándalo por la salida del gerente de EPM y sus acusaciones mutuas con el alcalde, Restrepo publicó un trino que resume bien la paradoja y la promesa incumplida: “La ciudadanía votó por el alcalde de Medellín @QuinteroCalle para que destapara las ollas podridas que el establecimiento de Medellín históricamente ha tapado”.