Las autoridades desampararon a las mujeres en cuarentena

Por: La Liga Contra el Silencio*

Vilma ha acudido a la Fiscalía, a Medicina Legal, a la policía, a comisarías de familia y a varios hospitales al menos cinco veces en busca de justicia y protección ante las amenazas de su expareja. Esta enfermera chocoana, de 37 años y madre de dos niños, lleva un año en la ruta de atención diseñada para mujeres víctimas de violencia de género. Pero hasta ahora no ha visto una acción judicial que la proteja.

El 2 de agosto de este año, en medio de la cuarentena por la pandemia, Vilma fue atacada otra vez por su antigua pareja, un funcionario de la gobernación del Chocó, quien tiene una orden de alejamiento desde 2019. Esa noche la tiró de una moto, la arrastró, intentó asfixiarla y la dejó malherida en una carretera cerca de Laminitas, en Quibdó. Unos jóvenes que pasaban por ahí la llevaron al hospital más cercano mientras el agresor huía. 

Vilma sufrió fracturas y perdió movilidad en su ojo derecho. Un día después, tras una cirugía y con 27 días de incapacidad, pidió acompañamiento judicial. Pero funcionarios de la Fiscalía General de la Nación le han dicho que sin testigos del hecho su caso no tendrá futuro. Hoy, cuatro meses después de ese último ataque, ella insiste en su petición mientras teme convertirse en víctima de feminicidio.

Justicia inaccesible

Vilma, cuyo nombre completo omitimos para protegerla, es una de las 18.272 mujeres que se reportaron como víctimas de violencia de género durante el encierro por el covid-19, entre el 25 de marzo y el 3 de septiembre de este año en Colombia, según cifras del Observatorio Colombiano de las Mujeres de la Vicepresidencia.

De ellas, 8.562 acudieron al Instituto Nacional de Medicina Legal para ampliar su valoración médica, tras haber sido víctimas de sus parejas o exparejas. La mayoría, un total de 7.128 mujeres, había reportado episodios anteriores de abuso y maltrato; mientras 1.407 lo hacían por primera vez. El Estado colombiano tenía información del riesgo que corría una de cada tres mujeres que denunciaron agresiones durante la cuarentena, según estadísticas de Medicina Legal. 

Ser mujer víctima de agresión y acceder a las rutas de atención ya era difícil antes de la pandemia. Pero los seis meses de cuarentena decretados por el gobierno de Iván Duque acentuaron las barreras.

No ha sucedido solo en Colombia, como muestra este reportaje publicado por la alianza periodística Centinela COVID-19, donde participó La Liga contra el Silencio. Estudios internacionales sugieren que la violencia contra mujeres creció en todo el mundo durante el confinamiento debido a la crisis de salud pública. Las llamadas de auxilio continuaron, pero miles de mujeres dejaron de llamar por falta de saldo en sus teléfonos o porque viven con sus agresores.

Aunque existe un subregistro, las cifras durante la pandemia reflejan la ineficacia de las autoridades y la deficiencia de las rutas de atención para administrar justicia y proteger a mujeres como Vilma, quienes ahora viven en una vulnerabilidad mayor.

Vilma sostuvo una relación de ocho meses con su expareja. Según dice, terminó en 2019 porque él la maltrataba física y psicológicamente. Dos semanas después de separarse, dice, empezó a seguirla y a amenazarla de muerte por las calles de Quibdó y en su trabajo.

“Me da mucho temor porque él tiene un revólver que siempre usó para persuadirme”, cuenta.

Vilma, víctima de violencia por parte de su expareja.

Cada día en Colombia al menos 115 mujeres son violentadas por su pareja y 53 niñas son agredidas sexualmente, según cifras de Medicina Legal consignadas en un informe sobre brechas de género durante el confinamiento, realizado por la Consejería para la Equidad de la Mujer del gobierno, ONU Mujeres y el DANE.

Un año después de que las autoridades expidieron la orden de alejamiento que sigue vigente, Vilma volvió a ser víctima de su expareja. Después de la golpiza que la dejó malherida en una carretera, estuvo internada casi dos semanas en la Clínica Vida de Quibdó. El diagnóstico fue politraumatismo, trauma ocular, trauma cerrado de abdomen, trauma lumbar y hematomas en todo el cuerpo. Por la gravedad de las lesiones, los médicos la remitieron a un hospital de segundo nivel. Un examen reveló fracturas en la columna. Tres meses después del alta, Vilma no ha podido volver a su trabajo.

El 3 de agosto, un día después de ser internada, ella inició el proceso de denuncia ante las autoridades. Primero llenó la noticia criminal ante el Centro de Atención de Victimas de Violencia Intrafamiliar (Cavif). Recibió una notificación de registro y una invitación a seguir su avance en el portal de la Fiscalía. Ningún funcionario de Medicina Legal la atendió entonces, como estipula el procedimiento en casos graves de abuso. Tampoco supo si la Fiscalía consideró una medida de aseguramiento contra su agresor.

Ese día, desde el hospital, Vilma pidió una medida de protección y alejamiento a la comisaría de familia donde describió la agresión. Una vez más, según cuenta, los funcionarios solo cumplieron el protocolo, sin detallar la magnitud de sus heridas.

“Me dijeron que seguro me pondría mejor en unos días, y que les informara los trámites que yo adelantara”, recuerda. 

Vilma.

En esa nueva solicitud de protección, Vilma describió el impacto de los ataques y contó los antecedentes. “Hace más de un año llevé mi caso ante la comisaría de familia. Conciliamos y no se había vuelto a meter conmigo. Pero él siempre ha sido agresivo, por eso nos dejamos. Él tiene un arma”, escribió.

Desde entonces Vilma ha vivido un calvario burocrático en busca de protección efectiva. El 10 de agosto, tras insistir, logró que Medicina Legal le hiciera una corrección a su solicitud de valoración de riesgo. En principio se habló de lesiones menores, y no agravadas. Esto no reflejaba el verdadero nivel de riesgo que evidenció su diagnóstico médico.

El 12 de agosto un investigador de la Fiscalía le pidió los documentos de sus denuncias previas para hacerle seguimiento. “Esa información ellos la tienen, pero volví a entregarla”, dice Vilma. Lo habitual es que los funcionarios acudan a los registros de las entidades, en vez de pedir documentos a la víctima.

Seis días después, el mismo investigador y otra funcionaria de la Fiscalía la contactaron por WhatsApp para notificarle que su denuncia no contaba con soportes. “Esa valoración de Medicina Legal no tiene validez. Sin videos ni testigos (…) no sucederá nada en su caso”, cuenta que le dijeron. Vilma volvió a hablar con el médico que seguía su caso y, según explica, le aseguró que el informe de la agresión ya estaba en la Fiscalía. Eso la tranquilizó, pues la valoración de su riesgo probablemente subiría del nivel 1 al 4, el más alto. 

Una semana después, el 18 de agosto, Vilma presentó una queja ante la Procuraduría General, la personería de Quibdó y la defensoría departamental en contra de la Fiscalía, donde señaló que la ruta de atención no funcionaba. Subrayó que su agresor es un servidor público y advirtió la responsabilidad del Estado. “Logré una medida de protección hace un año, la cual él incumplió en varias ocasiones, al punto que casi logra matarme”, contó Vilma en septiembre.

Casi cuatro meses después de la agresión, en noviembre de 2020, el agresor sigue en libertad. “Él me dice que cuide lo que digo. Mi vida está en peligro, mis hijos y mi madre no pueden dormir, y se mantienen nerviosos. No es fácil estar incapacitada, asustada, triste y sin una respuesta de la justicia”, dice hoy. Algunos funcionarios le han aconsejado trasladarse a Bogotá, lejos de su agresor. Pero esto le impone sacrificios a ella, mientras le garantiza impunidad a él y exime de responsabilidad a las autoridades. “Me dicen que deje todo, pero yo no quiero. Acá están mis hijos, mi madre”, dice.

 Vilma no se quiere ir, pero tampoco quiere morir. 

Plegarias desatendidas

Heidy Soriano, madre y ama de casa caqueteña de 30 años, también fue víctima de violencia tras una relación de un año con un hombre que la agredía. “Ese señor se creía su dueño; era muy celoso. Cuando las encontraba (a Heidy y a su hija de cuatro años) jugando en el parque, siempre las hacía volver a la casa”, relata a La Liga una de sus vecinas, quien pidió reservar su nombre por temor. 

En 2019 Heidy puso una denuncia en contra de su expareja, Marco Díaz Rubio. El hombre tenía antecedentes por violencia intrafamiliar y había sido sancionado, pero la pena de cárcel fue reemplazada por una fianza. Esta información la desconocía Heidy. 

En marzo de 2020, cuando el presidente Duque decretó la cuarentena nacional, ella vivió un nuevo episodio de violencia física y verbal. Díaz la agredió porque no quiso entregarle el teléfono. Angustiada, Heidy decidió resguardarse en su casa. 

Tres meses después, el 15 de junio, Díaz llegó tomado a la casa de Heidy en el barrio Valladolid de Bogotá, en la localidad de Kennedy. Esa noche ella murió tras recibir nueve cuchilladas. Su hija de cuatro años murió degollada. La Policía Metropolitana de Bogotá informó que, al llegar, ninguna tenía signos vitales. El agresor se hirió a sí mismo, establecieron funcionarios del CTI, y fue trasladado en ambulancia a un centro de salud. Allá llegaron policías para tomarlo en custodia en cuanto se recuperara de las heridas.

Al día siguiente, cuando se conoció el caso, la opinión pública exigió justicia y la captura del feminicida. La madre de Heidy sufrió un preinfarto. Ante la presión, que incluyó un plantón de familiares y vecinos, las autoridades distritales iniciaron una maratón de comunicados contra el asesinato, sin mencionar los registros que existían sobre los antecedentes de Díaz. Ninguna institución explicó por qué madre e hija estaban sin protección; o por qué había fallado la ruta de acompañamiento a mujeres víctimas de violencia de género.

Entre el 24 de marzo y el 26 de octubre de este año se registraron 143 feminicidios en Colombia, según estadísticas del Sistema Integrado de Información sobre Violencias de Género, del Ministerio de Salud. Pero las organizaciones de mujeres aportan una cifra más alta: el Observatorio Feminicidios Colombia contabilizó 271 asesinatos por motivos de género entre marzo y agosto, durante el confinamiento obligatorio. 

“En Colombia el riesgo de las mujeres de morir por violencia machista es muy superior al de morir por covid. Muchas que denuncian y no son escuchadas, terminan muertas”, dice Estefanía Mosquera, de la Red de Mujeres Jóvenes en la región Caribe. Incluso, cuenta, hay casos en donde las medidas de aseguramiento a los agresores llegan meses después de que las mujeres son asesinadas.

Las cifras también revelan un aumento de las agresiones. La línea 155, que opera la Consejería para la Equidad de la Mujer en todo el país en alianza con la Policía Nacional, atendió 13.920 llamadas entre marzo y agosto. Pasaron de 35 a 85 llamadas diarias. En seis meses de confinamiento, la línea 123 de la Policía también vio un aumento del 14 % en las llamadas.

El 17 de junio la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció que Díaz había sido capturado. Seis días después la Fiscalía lo judicializó y el Fiscal de la Unidad de Vida le imputó el delito de feminicidio agravado y solicitó cárcel para el agresor, petición que fue aceptada por el juez de control de garantías. Díaz podría pagar una pena de hasta 41 años de prisión.

Al margen de este caso, las cifras evidencian altas tasas de impunidad. De 106.454 denuncias por violencia intrafamiliar instauradas ante la Fiscalía en 2019, solo el 14 % ha sido esclarecido. De 571 feminicidios cometidos ese año, solo la mitad de los victimarios fueron capturados, según Medicina Legal. La mitad obtuvo libertad provisional, el 25 % fue identificado pero está prófugo, y el 25 % restante no fue identificado.

Pedir ayuda por otras vías

Ximena, como Heidy y Vilma, también había denunciado a su expareja. Pero en dos años no había logrado nada con las autoridades. Hasta que, en pleno confinamiento, expuso su caso en redes sociales. Todo sucedió tras un nuevo ataque. 

Esa noche de junio en Barranquilla, Ximena, de 20 años, buscó a su hijo de dos años en casa de su expareja. Los encontró a ambos dormidos y decidió volver más tarde. Estaba cerca con una vecina cuando él la llamó y dijo que su hijo acababa de despertar. 

Ximena volvió, pero se dio cuenta de que aún dormía. Él cerró la puerta y la golpeó en un ojo. Después corrió al patio y ella aprovechó para buscar las llaves. Abría la puerta cuando sintió un golpe en la cabeza. Se tocó y vio que sangraba.

“Perdí el conocimiento. Cuando reaccioné, sentía dolor en todo el cuerpo. Me había golpeado. Supongo que pensó que estaba muerta. Como pude, corrí con mi bebe hasta mi casa”, cuenta. Ximena decidió pedir ayuda en Instagram.

“Siempre que voy a las instituciones me dicen que las medidas de protección van a ser un hecho, pero al final todo queda en promesas”.

Ximena, violentada por su expareja.

Desde abril de 2018, cuando presentó su primera denuncia por violencia intrafamiliar agravada ante la Fiscalía, Ximena cuenta que sus solicitudes terminaban en frases escuetas de funcionarios distantes y a veces hostiles. 

Muchas mujeres que acuden a las autoridades pierden la confianza al verse tratadas con indolencia. “Muchos funcionarios revictimizan. Insinúan que parte de esos sucesos son responsabilidad de la víctima y no del victimario, lo que hace que la víctima desista de pedir ayuda”, dice Angélica Naranjo de la Corporación Mujeres que Crean.

Para Naranjo, uno de los aspectos que resta eficacia a las rutas de atención son esas subjetividades de los operadores, tanto en la rama judicial como en el sector de protección. “Parte de ellos no cuenta con una comprensión integral de todo el alcance que tiene una situación así en la vida de las mujeres”, dice.

“Yo vuelvo a mi casa con más miedo”, confiesa Ximena. Las golpizas y las heridas no lograba que el mecanismo la protegiera. En dos ocasiones acudió sin resultados; ni en la policía judicial, ni en la comisaría de familia, ni en la Fiscalía. Ninguna decisión judicial hubo a su favor. En medio de esa frustración, ella dejó de salir para evitar riesgos. Pero tampoco funcionó: su agresor pasó a acosarla junto a su familia en su propia casa.

Ximena entonces subió un video en Instagram. “Por favor, necesito que me ayuden. La Fiscalía y las autoridades no hacen nada. Por eso acudo a este medio, porque de verdad, ya siento que no puedo más. Él me dice que me va a matar”, dijo a la cámara. Se le ve respirar con dificultad, llora y luego retoma la denuncia; dice el nombre de su agresor y menciona las entidades a las que había acudido.

El video se volvió viral, y un abogado especialista en investigación criminal le ofreció acompañarla. A la mañana siguiente, 810 días después de su primera denuncia, la Alcaldía, la Fiscalía, la policía y la personería distrital hablaron públicamente y se comprometieron a apoyarla.

Medicina Legal le otorgó 12 días de incapacidad médica. Su caso entró al protocolo de valoración de riesgo epidemiológico semestral del Ministerio de Salud y Medicina Legal, según el cual 15.000 mujeres están en riesgo de feminicidio en Colombia. Un 46 % de ellas enfrenta un riesgo extremo, y el restante 54 % un riesgo moderado.

Con su denuncia en redes, Ximena logró que la Fiscalía abriera una investigación priorizada y detuviera a su agresor el 20 de julio. Tres días después, el abogado de ella solicitó en audiencia que fuese enviado del centro policial donde estaba detenido a una cárcel. Hoy se expone a una pena de ocho años si es imputado por el delito de violencia intrafamiliar agravada. A las autoridades les tomó 28 días capturarlo. 

“El sistema judicial aún tiene mucho que hacer por las mujeres que tenían procesos legales en curso antes de la pandemia. Las violencias se profundizaron y solo hasta ahora se le ha empezado a dar trámite a una parte de estos procesos”, dice la abogada Flor Borja, de la Red Psicojurídica del Caribe. El 90 % de los feminicidios ocurridos después de amenazas, dice Borja, pudo evitarse si la institucionalidad hubiera actuado con acciones de protección contundentes.

Teresa Aristizábal, de la Ruta Pacífica de Mujeres, coincide. “La deuda de administración de justicia con perspectiva de género antes y en medio de la pandemia es estructural e histórica”, afirma.

Si en los próximos meses aumentan los contagios y vuelven las cuarentenas, muchos de estos calvarios pueden repetirse. La protección para las mujeres puede seguir ausente, mientras las autoridades no resuelvan los obstáculos en las rutas de atención. Ahora que la recesión económica está afectando de manera desproporcionada a muchas de ellas, estos cuellos de botella pueden empeorar una situación que ya es grave en todo el país. 

Una justicia que funcione de manera oportuna puede ofrecer garantías y despejar los temores de mujeres como Vilma y Ximena. Para otras como Heidy ya es demasiado tarde.

* Alianza Centinela COVID-19 es un proyecto de periodismo colaborativo y transfronterizo sobre la respuesta a la COVID-19 en América Latina, del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Chequeado (Argentina), El Deber (Bolivia), Agência Pública (Brasil), El Espectador y La Liga Contra el Silencio (Colombia), La Voz de Guanacaste (Costa Rica), Ciper (Chile), GK (Ecuador), El Faro (El Salvador), No Ficción (Guatemala), Quinto Elemento Lab (México), El Surtidor (Paraguay), IDL-Reporteros  (Perú), Univision Noticias (Estados Unidos), Confidencial (Nicaragua) y Sudestada (Uruguay), con el apoyo de Oxfam y el Pulitzer Center on Crisis Reporting.