Encerrado en su casa en Leticia junto a los ocho integrantes de su familia, Augusto Falcón se siente enfermo aunque ninguna prueba le ha confirmado que tenga COVID-19. A unos kilómetros, John Jairo Chonta es uno de los 28 indígenas que dio positivo en el resguardo de San Sebastián. Ambos desafían sus síntomas con la medicina de sus ancestros tikuna.

En temas de salud da igual si se trata del nuevo coronavirus, la malaria o de otra enfermedad que requiera atención médica: el abandono ha sido siempre la regla en el punto más alejado al suroriente de Colombia, donde se registra la mayor tasa de contagios respecto a su población: son 1.221 casos (al 19 de mayo) en casi 79.000 habitantes.

“Estoy enfermo y he sentido todas las maldiciones de las epidemias (…) Estamos tomando nuestros remedios naturales. Y estamos desafiándonos, solitos. Y si es COVID, pues vamos a tener que desafiarlo. Y tocará así, porque ¿qué más?”, dice Falcón, presidente de la Asociación de Cabildos Indígenas del Trapecio Amazónico. 

La organización reúne a 20 comunidades de los pueblos tikuna, kokama y yagua, unas 10 mil personas, asentadas cerca de Leticia y a lo largo del río Amazonas camino a Puerto Nariño, el segundo municipio del departamento. Otros pueblos como los witoto, yakuna, andoke y tanimuka, habitan en 29 resguardos de la región.

San Sebastián, el más cercano a Leticia, a unos cinco kilómetros, ha sido de los más castigados. En el lugar habitan 1.020 personas y 28 dieron positivo a COVID-19 en las pruebas tomadas por las autoridades sanitarias. Chonta es el gobernador de ese resguardo y calcula que otras 80 tienen síntomas. Él mismo y también su madre padecieron la enfermedad y en su comunidad se han organizado para enfrentarla.

“Les ha tocado más duro a los médicos tradicionales y a las parteras porque con su conocimiento han tratado de solventar todo lo que el Estado no ha podido proporcionarnos. El Estado solo viene y nos toma muestras y ‘chaolín’. No vienen más”, cuenta Chonta.

John Jairo Chonta, gobernador resguardo San Sebastián.

Cada enfermo tiene la orientación de los sabios sobre lo que debe tomar y un auxiliar de enfermería de la misma comunidad -con traje antifluidos y tapabocas- es quien imparte los remedios: usan mezclas de plantas para hacer vaporizaciones y bebidas como té con hojas de matarratón, hierbaluisa, limón y ajo.  Con un reloj inteligente monitorean el ritmo cardíaco. También reciben instrucciones: ponerse las mascarillas que fabrican con donaciones particulares, lavarse las manos y evitar la cercanía aunque es difícil en viviendas donde varias generaciones comparten el mismo espacio.

Amazonas concentra el mayor número de indígenas en Colombia con COVID-19, según las estadísticas que manejan distintas instituciones aunque no coincidan en el número.  El Instituto Nacional de Salud, entidad oficial que desde mediados de mayo cuenta con cifras discriminadas por tipo de población, reportó hasta el 17 de mayo la muerte de 9 indígenas en todo el país y 193 contagiados, 140 de los cuales estaban en Amazonas (el 80 % tiene entre 20 y 49 años). En el informe de la Gobernación, de la misma fecha, se registraron siete muertes, entre los 222 contagiados (148 en áreas urbanas y 74 en rurales) en las comunidades de Zaragoza, Arara, Yoi y San Sebastián. Entre los fallecidos está el actor indígena Antonio Bolívar, cuya historia retrata el drama de otros.

Aunque los números difieran, la tendencia es la misma: los indígenas más afectados por la pandemia están en Amazonas y su vulnerabilidad se acentúa con ella. En el departamento representan el 60 % y  en Colombia, el 4,4 % del total de la población.

Amazonas cuenta con solo 94 camas para hospitalización, 14 para cuidados intermedios y ninguna de cuidados intensivos. En Leticia, donde la afectación del virus “es tres veces mayor que el promedio nacional”, según informó el ministro de Salud Fernando Ruiz, hay un hospital público y una clínica privada; en Puerto Nariño, el otro municipio del departamento, funciona un hospital local, y en el resto de zonas no municipalizadas hay siete centros de salud. 

Todas las fuentes que La Liga entrevistó para este reportaje hablan de estas instalaciones  usando comillas porque no responden a los mismos parámetros que en una ciudad. La falta de infraestructura, de medicinas, implementos de bioseguridad y de personal suficiente son la regla. 

Las emergencias y distancias se miden en horas de lancha o de vuelo. La conectividad todavía es limitada, e incluso inexistente entre más lejos se esté de los centros urbanos. La idea del teletrabajo aquí aún es una utopía. Como también, la telemedicina o el uso de la aplicación digital del gobierno CoronApp.

Y las cifras en el departamento son preocupantes. El 17 de mayo, un mes después de que se detectó el primer caso de COVID-19, el número de contagios subió a 1.004 (821 estaban en casa) y el de muertes confirmadas llegó a 36 (a lo que se sumaban otras 29 que están en estudio). En la primera semana de mayo, las cifras de casos se llegaron a duplicar de un día al otro, y en la cárcel con problemas de hacinamiento, de 100 muestras tomadas, 91 fueron positivas. 

La proyección de fallecidos que usó la Alcaldía de Leticia para contratar la construcción de 52 bóvedas (ya insuficientes) cifra en 410 las posibles muertes por COVID-19 en la capital, que solo cuenta con una funeraria y un cementerio. En un mes se registraron en Amazonas 65 muertes entre las confirmadas y las sospechosas de COVID-19, una cifra alarmante si se toma en cuenta que en todo el 2018 murieron en Amazonas 196 personas, según el DANE.

“No hay que ser muy experto para darse cuenta que esto va a ser una catástrofe (…) La situación es compleja. Es angustiante ver cómo las personas están muriendo en sus casas porque además no hay áreas de aislamiento determinadas. Aquí un paciente que tiene una sospecha de COVID, con síntomas leves, le dicen vete para tu casa, pero resulta que en su casa viven 10 personas más y en condiciones de hacinamiento. No tenemos cómo contener esta pandemia”, asegura Daniel Oliveira, contralor departamental.

El mapeo de casos que realiza la Gobernación en Leticia muestra que los barrios con más contagiados son los del cordón fronterizo con Tabatinga, Brasil, y barrios populares, donde preocupan las condiciones de hacinamiento y salubridad.

Una calle separa a Leticia de Brasil, el tercer país con más casos de COVID-19 en el mundo, después de Estados Unidos y Rusia. Se trata de una frontera viva, donde el cambio de andén implica otro país. Y un río, el Amazonas, separa a esa misma ciudad de Perú.  De ahí que las estadísticas departamentales también incluyan los casos en las ciudades del estado brasileño de Amazonas y del departamento peruano de Loreto. Aquí está la triple frontera, lejos de Bogotá, Lima y Brasilia.

En ese contexto, los pueblos indígenas en la Amazonía aparecen como los más vulnerables en diferentes niveles, como lo explica Pablo Martínez, médico salubrista y antropólogo que trabaja desde hace 10 años en temas de salud en la región amazónica con la organización no gubernamental Sinergias. “Leticia, Tabatinga, Puerto Nariño, se volvieron absolutamente dependientes del turismo y son altamente comerciales, y los indígenas lo que han hecho es un viraje hacia ese mercado. Quedaron en unos niveles de vulnerabilidad muy altos, ahorita que ya no hay nada de eso. Y si se sube del trapecio amazónico, al río Putumayo y al río Caquetá, ahí no hay acceso a servicios de salud, no hay ningún tipo de acceso a servicios sociales, comunicación, nada de eso. No hay agua potable, no hay acueducto, no hay alcantarillado, entonces, la vulnerabilidad está por otro nivel de cosas”.

Un líder indígena en Leticia, que pidió no ser identificado, considera que “el COVID lo que hace es sacar a flote unas situaciones complejas y estructurales”.

“El COVID lo que evidencia es el abandono en que se encuentran estos territorios (…) No es un problema de hace ocho días” y a ello se suman otros, como la corrupción y la impunidad, asegura. 

Líder indígena en Leticia, que pidió no ser identificado.

Insiste en que los problemas en Amazonas, donde el 85 % corresponde a territorios indígenas, no se resuelven con visitas, reuniones, ni actas, sino con acciones. “No es una cuestión de donaciones, simplemente. No es una cuestión de mendigar (…) Es una cuestión de derecho. Del derecho a la salud, pero también al derecho que tenemos los pueblos indígenas a la integridad cultural, a la existencia y la continuidad de la pervivencia física y cultural de nosotros como cultura”.

#SOSAmazonas

A todas las necesidades del departamento, los gobiernos locales y el nacional han llegado tarde, con los titulares de los medios hablando de Amazonas y las redes sociales clamando por donaciones, a través del #SOSAmazonas. 

El 12 de mayo, el presidente Iván Duque y sus ministros de Salud y de Tecnologías de la Información y Comunicación dedicaron a Amazonas el inicio del programa diario sobre COVID-19. Hablaron de “militarizar” la porosa frontera, del envío de 55.000 tapabocas para la población que -dijeron- requiere más “cultura ciudadana” y “distanciamiento social”, del desembolso de 14.000 millones de pesos para subsidiar la contratación de personal hospitalario, de conexión de alta velocidad para telemedicina, de la donación de dos ambulancias para que ahora Leticia sume tres. En ese momento nada se dijo del servicio de aviones ambulancia para evacuar pacientes graves aunque unos días después la Fuerza Aérea trasladó a siete hacia Bogotá ante el daño en la planta de oxígeno del hospital. Tampoco se mencionó una palabra sobre los pueblos indígenas.

“El Amazonas tiene un poco de gente queriendo trabajar, pero no tienen los medios”, se lamenta el dirigente indígena Falcón. También cuestiona que ahora “todo lo están culpando al COVID” cuando también se registran brotes de enfermedades por el invierno y ocurren muertes por falta de atención oportuna, como fue el caso del diputado indígena del Partido Verde, Camilo Suárez, quien murió de un infarto esperando una ambulancia. Luego se descartó COVID-19. La causas de fallecimientos más numerosas en Amazonas, según datos del DANE de 2018, fueron “muerte sin asistencia” y “neumonía”. 

El sistema de salud en la región amazónica -no solo Amazonas, sino también Putumayo, Caquetá o Vaupés, con población mayoritariamente indígena- “no funciona porque su característica principal es que tiene baja población y alta dispersión, lo que implica un costo muy alto en la atención. Para las EPS, que son las encargadas de cubrir esa población, no es rentable trabajar en la Amazonía. Se la pasan sacando el cuerpo, evitan pagar al máximo, demoran cuentas”, explica el experto Pablo Martínez.

Julio César López Jamioy, indígena del Putumayo y coordinador general de la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), dice que el riesgo para los pueblos indígenas es “permanente”. “En tiempos normales hay nula prestación del servicio de salud en los departamentos (amazónicos); la infraestructura, no solamente de salud, sino también de educación, de comunicación, de internet, es nula. Los programas del gobierno no llegan. Esta es una situación que el coronavirus lo único que ha hecho es que todos pongan su mirada y que la realidad salga a flote”.

A inicios de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos urgió a los Estados de la región a enfrentar “el grave riesgo” de los pueblos indígenas frente a la COVID-19 y a adoptar medidas específicas para ese colectivo, tomando en cuenta su cosmovisión, diversidad cultural y la “histórica discriminación” que padecen, que se ha traducido en la vulneración estructural y sistemática de sus derechos. Ante esa instancia, Colombia anunció planes específicos para la mitigación de la pandemia y para garantizar alimentación y elementos de protección. También informó del funcionamiento de las empresas promotoras de salud indígenas y de divulgación de información en coordinación con líderes en los territorios en 10 idiomas nativos.

Sin embargo, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), denunció en un comunicado del 14 de mayo la falta de “respuestas y garantías efectivas” del gobierno para acceder a ayudas humanitarias de alimentación, agua y servicios de salud, y dijo que las gestiones reportadas ante la CIDH “no se han concretado”, ni han recibido los equipos y kits de bioseguridad anunciados hace semanas. La ONIC también reclamó el “silencio administrativo” y la falta de reuniones para implementar planes presentados ante las autoridades de salud.

Según cálculos de la ONIC, en todo el país 323.441 familias indígenas están en alerta por probabilidad de contagio, teniendo en cuenta la prevalencia, letalidad y cercanía con centros poblados con casos confirmados.

Para el caso del departamento de Amazonas, su marginalidad política también impide suficiente atención y recursos. “No tenemos senadores. Somos un pueblo que electoralmente no le importamos al nivel central. Nuestro peso en el gobierno nacional es mínimo”, dice el contralor departamental Daniel Oliveira. 

Y en medio de la escasez de recursos han surgido irregularidades durante la cuarentena. Oliveira ha alertado de sobrecostos en contratos para el suministro de mercados e implementos de bioseguridad.

El gobernador Jesús Galdino, médico de profesión y que ganó con el apoyo del Centro Democrático, dijo en una entrevista con El Espectador, que junto al alcalde de Leticia, Jorge Luis Mendoza, también médico, estaban dando “el mejor manejo” y “haciendo todo lo posible para que las cosas se hagan bien”. Aunque agradeció todas las ayudas también señaló que no es suficiente.

Tampoco ha sido oportuna la coordinación entre los tres países que comparten frontera. Recién el 15 de mayo se realizó una reunión de alto nivel entre autoridades colombianas y brasileñas por el tema COVID y solo hasta el 18 estaba prevista una cita virtual con los peruanos.

Galdino también atribuye el aumento de casos en Amazonas a acciones descoordinadas en una frontera porosa. Mientras en Leticia ya se había decretado el aislamiento social obligatorio, al otro lado de la calle, en Tabatinga, no regían restricciones de ningún tipo. “Tomaron medidas 17 días después de nosotros. Asimismo pasó con Loreto, en Perú”, afirmó.

El personal médico trabajando “con las uñas”

Diana Rodríguez, leticiana, es médica rural y desde agosto de 2019 está en Puerto Nariño, jurisdicción que atiende a 22 comunidades indígenas y que registra 40 casos (un fallecido) hasta el 19 de mayo. Antes de la pandemia recuerda que en el pequeño hospital local atendían a esas poblaciones por días. Las que quedaban más lejos en lancha eran atendidas los lunes y así cada día hasta llegar al viernes con las más cercanas. Pero si alguien presenta una urgencia, su atención “puede demorar incluso hasta cuatro horas porque los indígenas tienen barcos pequeños, con motores un poco más pequeños y depende de dónde” salgan hasta llegar a un hospital.

Rodríguez también recuerda que viajó hacia los territorios en brigadas médicas en las que podían atender a 70 pacientes en ocho horas. Dice que hacen lo que pueden en las precarias condiciones en las que les toca trabajar, con implementos y medicinas básicas.

Han recibido donaciones de insumos, sin embargo, todo sigue siendo limitado e incluso han tenido que crear protocolos porque no han recibido capacitaciones específicas sobre la pandemia y la toma de exámenes. Incluso, dice que tres de las muestras diagnósticas que enviaron a la Secretaría de Salud Departamental fueron descartadas por no contar con anexos, de los que nunca les hablaron. 

Por ahora en el hospital de Puerto Nariño tiene disponibles 30 kits para practicar el examen, pero necesitan una cadena de frío que no siempre se puede garantizar, una nevera con temperatura estable, cajas de icopor y pilas de hielo en las que mandan los exámenes y que también se acaban.  En todo el departamento, las autoridades han aumentado la toma de muestras en los últimos días con “búsquedas activas” y tamizajes con lo que el número de casos ha ido creciendo, pero los resultados demoran porque se envían primero por vía fluvial a Leticia y luego en avión a Bogotá. 

En el hospital de San Rafael de Leticia, intervenido por la Superintendencia de Salud debido a malos manejos de administraciones anteriores, otro médico, que llegó de Bogotá para apoyar las labores y que pidió no ser identificado por temor a represalias, no está seguro de quedarse por las condiciones laborales, salariales y de seguridad. “Los médicos que están trabajando desde que inició la pandemia lo hacen realmente por vocación y trabajan – literal, como se dice- con las uñas”, afirma. “Hay compañeros que ya se sienten agotados, el miedo a contagiarse es alto y está el tema de ser mal remunerado económicamente”, dice. Cree que las autoridades deberían implementar incentivos para que no desistan porque “ la pandemia va demorarse un tiempo en pasar acá en el Amazonas”.

La información y la comunicación, también lejos

En Amazonas enterarse de la información sobre la pandemia y acatar las medidas tampoco es fácil. El mismo gobernador Galdino admitió que en el departamento “hay un clima amplio de desinformación” y que algunas personas no han estado “dispuestas” a acatar las medidas porque deben llevar el sustento diario a sus familias.

“Si no hay conciencia me queda muy difícil entrar a cada casa a decir que hagan caso”, se quejó en El Espectador.

Jesús Galdino, gobernador de Amazonas.

La Gobernación y la Alcaldía han priorizado la entrega de información a través de redes sociales como Facebook , Twitter o Whatsapp, aunque también usan la radio y cuentan con algunos promotores de salud que en comunidades cercanas usan carteles escritos a mano y hablan con los indígenas directamente. En esas zonas el acceso a internet de baja velocidad, e incluso la señal celular, son remotos, solo les queda la televisión nacional y pocas radios locales, dependiendo del alcance. En los corregimientos más lejanos, que demandan viajes en avión de entre una y dos horas, los mensajes sobre la pandemia están llegando solo por radio, según dijo el gobernador Galdino.  De acuerdo con Cartografías de la Información, un proyecto de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), “en Amazonas el 47% de la población vive en municipios en silencio, lugares donde no existen medios de comunicación que produzcan noticias locales”.

En salud, en infraestructura, en servicios básicos, en conectividad, Amazonas está peor con la pandemia. “Todo lo que hemos logrado ha sido con el apoyo y la solidaridad de muchas personas que han visitado los territorios (…) Es la responsabilidad y la obligación del Estado garantizar una atención diferenciada a los pueblos indígenas. Aquí en Leticia eso no funciona”, afirma ya casi recuperado del virus, Chonto, el gobernador del resguardo de San Sebastián, mientras los números en el departamento siguen creciendo.