‘La resistencia del indio’ es caminar por el territorio minero

No podemos ver lo que guarda tu corazón, pero sí escuchamos tu respiración jadeante y el sonido que producen tus botas al hundirse en la tierra rojiza del Alto San Jorge, en cuyo subsuelo hay oro, cobre, carbón, níquel, plata y platino.

Darlis Rojas Parra, lideresa del resguardo indígena Zenú, avanzas ágil y confiada por una zona rica en minería que conforman los municipios de Puerto Libertador, Montelíbano y San José de Uré. Cuarenta y tres títulos mineros ha otorgado la Agencia Nacional de Minería (ANM) en este territorio, diez de ellos suspendidos, pero vigentes. Entre todos, suman 1.272 kilómetros cuadrados, según datos del 2019. (Vea la lista de  títulos mineros en Puerto Libertador y en Montelíbano). Para la ANM, Córdoba es la quinta zona en importancia minera en Colombia, después de Antioquia, Cesar, Cundinamarca, Boyacá y Norte de Santander.

En el corazón de ese territorio en disputa, ubicado en el sur del departamento de Córdoba, al norte de Colombia, tu pueblo, Darlis, ocupa tan solo 9,6 kilómetros cuadrados de los 50 a los que sus pobladores deberían tener derecho, según te lo relataron a ti tus antepasados. 

“Vivimos en uno de los territorios más ricos del mundo, pero lastimosamente para nosotros como líderes sociales, como comunidades indígenas, es la maldición”, nos dices mientras avanzas contra el viento que viene de la serranía San Jerónimo y levanta las alas de tu sombrero vueltiao, símbolo nacional tejido por tu etnia.

Te detienes justo enfrente de la retroexcavadora que saca del cerro material de construcción para contarnos cómo, desde el 2017, comenzaste a recibir panfletos intimidantes contra tu vida. En junio de 2018 la amenaza se hizo real. “Iba en mi carro, se me acercó un sujeto y sacó su arma. Iba con mi mamá y mis hijas. Mi niña mayor se orinó. Fue un momento caótico”, recuerdas. Aún es vívido el mensaje que te dio el desconocido: “Te vas de la organización, no queremos verte por aquí. ¿Qué te crees tú? ¿Qué se creen los indios que quieren hacer lo que les da la gana?”. Muchas cosas humillantes.

Te amenazaron al igual que a 21 personas más del resguardo, según lo informa la máxima autoridad de tu comunidad, el cacique mayor Rafael Flórez. Y ocurre porque todos luchan por lo que les pertenece: la tierra.

“Líderes y lideresas han sido asesinadas. Vivimos en condición de amenaza por estar defendiendo esto –golpeas la tierra con tus botas–. Somos amenazados porque reclamamos nuestro derecho a vivir dignamente aquí. Lo que queremos los indígenas es vivir en paz”, nos cuentas.

Darlis Rojas Parra, lideresa del resguardo indígena Zenú.

Los 22 líderes de la comunidad zenú tienen, mal que bien, alguna medida de seguridad, según lo confirma el cacique mayor. La Unidad Nacional de Protección (UNP) dio cuenta, para este informe de Tierra de Resistentes, de 11 casos con actos administrativos que contemplan medidas en el año 2019 y cuatro vehículos asignados a los líderes amenazados, uno de ellos blindado. 

A pesar de ello, de la complejidad de moverte por el territorio, Darlis, te arriesgaste a mostrarnos las profundidades de tu tierra. Salimos de tu casa el 17 de enero de 2020 sin tu escolta. Días después te enterarías que no le renovaron el contrato laboral.

La tierra prometida

Mapa de los títulos mineros superpuestos sobre la superficie de los municipios de Puerto Libertador, Montelíbano y San José de Uré.

“La que caminamos es la tierra prometida. Es una que no oculta su riqueza y se la están llevando”, dices mientras recorres el lugar donde naciste.

Primero fue el níquel. Hace cuatro décadas fue descubierto el yacimiento en territorio del  municipio de Montelíbano y hoy la explotación del recurso minero lo hace Cerro Matoso S.A., una empresa del sector minero-industrial perteneciente a la multinacional SOUTH32, que tiene permisos para trabajar allí hasta el 2044.

Hasta mayo de 2015, Cerro Matoso perteneció a BHP Billiton. En 2015 se completó la escisión más grande en la historia empresarial australiana, a partir de la cual diferentes operaciones, empleados y contratistas seleccionados dejaron BHP Billiton para conformar la compañía independiente SOUTH32 de la que hace parte Cerro Matoso. Tras una serie de acciones judiciales, las minorías étnicas lograron que la justicia colombiana, específicamente la Corte Constitucional, le ordenara a Cerro Matoso por fin hacer una consulta previa –ya tardía– para atender los reclamos del resguardo zenú. Y aunque la empresa lo viene haciendo, las comunidades insisten en que no es suficiente porque los daños causados por la explotación del níquel han ocurrido a lo largo de 37 años. Por esa razón confían en un plan b que aun explora el abogado Javier De La Hoz: que BHP Billiton y SOUTH32 respondan civilmente –en tribunales internacionales– por los daños que Cerro Matoso le ha causado al territorio tras décadas de operación. Sin embargo, a la fecha no han adelantando ninguna acción.

Pero el níquel sólo es una de las tantas fuentes de riqueza minera que hay en la zona y que genera enormes diferencias con las comunidades raizales. También existen yacimientos de otros minerales.

“Las multinacionales vienen, son dueñas y nosotros nos sentimos invisibles”, reflexionas Darlis.

¿En manos de quiénes se está quedando la tierra? Esos 1.272 kilómetros cuadrados que hacen parte territorio minero pertenecen a 13 empresas y consorcios mineros. En el área que ocupan cabría tres veces la ciudad de Medellín. El equivalente a dos veces la mina de carbón del Cerrejón ubicada en el departamento de La Guajira.

Sumando la superficie de los municipios de Puerto Libertador, Montelíbano y San José de Uré, 4.398 kilómetros cuadrados, las 13 empresas y sus 43 títulos ocupan el 29% del territorio. 

Además de níquel y oro se extraen cobre, plata, platino, hierro, cromo, cobalto y carbón. Eso explica el interés de la industria minera que desde finales de los años 80 se encuentra operando allí y sin duda pone a esta región en el foco de lo que el anterior gobierno  denominó la “locomotora minera”.

Solo la mencionada Cerro Matoso S.A. tiene seis títulos en la zona. Ocupa la mayor parte del territorio, 891,43 Km² -casi el 70 % de los 1.272,71 Km²-. Cinco de estos títulos están dedicados a la extracción de cerca de 40 mil toneladas de níquel al año, además de hierro, cromo y cobalto. El sexto título es operado a través del Consorcio Las Palmeras, cuyo propósito es la explotación de carbón para las termoeléctricas que maneja Gecelca S.A. E.S.P. (Generadora y Comercializadora de Energía del Caribe), socia de Cerro Matoso S.A. en este proyecto.

A la cabeza de Cerro Matoso S.A. está Ricardo Gaviria Jansa, un barranquillero que ha trabajado toda su vida en la minería, de ahí su amplia cercanía con dirigentes, funcionarios y exfuncionarios del sector. 

Otra de las compañías importantes en el territorio del San Jorge es Minerales de Córdoba S.A.S, que le pertenece a la canadiense Cordoba Minerals Corp., a su vez subsidiaria de High Power Exploration (HPX).

Minerales de Córdoba tiene a su haber 22 títulos mineros, que cubren 141,71 Km² de superficie, es decir el 11 % del total del área de la zona. Su foco está en la explotación de cobre, oro, plata y platino, entre otros. Actualmente es co-propietaria de la mina El Alacrán, que se proyecta como una de las empresas mineras a cielo abierto más grandes de Latinoamérica. Según los cálculos hechos hay una producción estimada de 417 mil toneladas de cobre, 724 mil onzas de oro y 5,9 millones de onzas de plata.

El Alacrán había sido administrado por Cobre Minerals S.A.S, quien registra como titular de la concesión (40 Km²), en un lugar en el que se encuentran y chocan la minería industrial, la tradicional y la artesanal, ya que desde hace 30 años mineros de la región explotan el yacimiento de oro.

El Cabildo San Pedro -también poblado por indígenas zenú- y la Asociación de Mineros del Alacrán sostienen que actualmente se ven afectados por las labores de exploración y que el asunto será más complejo cuando Minerales de Córdoba inicie la explotación a cielo abierto.

Carlos Enrique Aguirre Pérez, presidente de la Asociación de Mineros de la Mina El Alacrán, un hombre que toda su vida ha estado sacando oro de esta mina artesanal, se refiere a la compañía:

“Ellos dicen que son los que mandan y son los dueños, pero nosotros llevamos muchos años aquí y nuestro trabajo vale”.

Carlos Enrique Aguirre Pérez, presidente de la Asociación de Mineros de la Mina El Alacrán.

También se refiere a que nunca quisieron, desde el nivel central, otorgarles los títulos a los pequeños mineros. Alrededor de El Alacrán viven de la explotación artesanal 120 familias.

Miembros de la comunidad del corregimiento de Juan José y del casco urbano de Puerto Libertador han reportado que en la zona, en la que hay confluencia de varios ríos, hay por lo menos 20 retroexcavadoras. Los funcionarios del Parque Nacional Paramillo han hecho recomendaciones sobre cómo regularizar esta actividad para proteger las cuencas y la zona de amortiguamiento de esa área protegida que resguarda uno de los bosques montañosos más biodiversos del Caribe colombiano.

Por último, hay un puñado de títulos que pertenecen a empresas y personas poderosas en el país. Una de ellas es Sator, que pertenece al Grupo Empresarial Argos. Sator es la titular de dos concesiones de carbón que se explotan en el municipio de Puerto Libertador y que ocupan 104,42 Km², el 8,1 % de la zona minera especial. 

También está el empresario Juan Manuel Ruiseco Vieira y su familia, quienes poseen siete títulos mineros que ocupan 50,16 Km², a través de tres empresas: Juan Manuel Ruiseco V & CIA S.C.A., Seeling Road Grupo Inc. y Zanesfield Trade Company Inc. (estas dos últimas conformadas en Panamá por terceros y representadas por el hijo de Ruiseco). Los Ruiseco participan en cuatro compañías más, entre sociedades portuarias y mineras con proyectos en Santander. Todas estas empresas, según los registros de Cámara de Comercio, operan en las mismas oficinas en Barranquilla.

Los demás títulos de la zona minera están repartidos en sociedades, como la que tiene desde el 2019 Melquiades Carrizosa Amaya –representante a la Cámara por el Partido Conservador hasta 1998 y excoordinador General de la CRTR– con Rubén Darío Vélez Vélez.

Las comunidades zenúes insisten en que las decisiones estatales que se toman en el territorio están pensadas para favorecer más a las mineras que a los pobladores. Darlis nos lo asegura: “La minería no lo es todo, nosotros necesitamos proyectos productivos, seguridad estatal para no sentirnos tan solos”.

La muerte ronda

En el mismo territorio, donde se desarrollan estas prácticas de exploración y extracción de minerales, se han exacerbado las disputas por la tierra. Las más perjudicadas han sido las comunidades minoritarias zenú, embera katío y afrodescendientes, que se han visto arrinconadas en sus territorios ancestrales debido a la presencia de diversos grupos irregulares. 

A la creciente ola expansiva de la minería se suman las imparables economías ilegales que han disparado las muertes en los territorios, principalmente el cultivo de hoja de coca que alcanza los 46,36 kilómetros cuadrados en todo el departamento Córdoba: 10,14 en Puerto Libertador, 9,74 están en Montelíbano y 4,42 en San José de Uré, según datos del 2018 del Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), de Unodc, publicados en el Observatorio de Drogas de Colombia (ODC). En todo el país hay 1.690 kilómetros cuadrados sembrados con coca.

En el periodo comprendido desde el 2010 hasta el 2019 fueron asesinadas, en los tres municipios, 616 personas: 167 de ellas en Puerto Libertador, 388 en Montelíbano y 61 en San José de Uré, según información de la Policía Nacional. Mientras en el primer municipio la cifra ha ido descendiendo, en los otros dos ha crecido, sobre todo desde 2018, todos catalogados como homicidios según el Informe Forensis, del Institucional Nacional de Medicina Legal.

Tan solo San José de Uré pasó de un homicidio en 2017 a 21 en 2019. Es un incremento del 2.100 % en apenas dos años. En Montelíbano el aumento fue del 369 %, de 16 homicidios en 2017 a 59 en 2019. Allí las muertes violentas casi se cuadruplicaron desde abril del 2018.

La violencia en el territorio no es desconocida por el gobierno. La Defensoría del Pueblo emitió cuatro alertas tempranas entre 2018 y 2019, para los tres municipios. Las alertas cubren homicidios selectivos, desplazamiento forzado, confinamiento, desapariciones forzadas, violencia sexual, combates con interposición de la población civil, reclutamiento y utilización de menores de edad, estigmatización de la población civil y en especial de líderes indígenas, comunitarios y promotores de  la política de sustitución de cultivos de hoja coca.

¿Quiénes amenazan a la población y a sus líderes? Según los reportes de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, en la zona actúan varios grupos. Están la guerrilla del Eln, los frentes Carlos Vásquez, Rubén Darío Ávila y Juan de Dios Úsuga de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) herederas de las estructuras paramilitares y dos facciones disidentes de de las Farc que abandonaron el proceso de paz y que se  autodenominan “Nuevo frente 18 Román Ruíz Cacique Coyará Farc-EP» y el Bloque Virgilio Peralta Arenas (Bvpa, denominados ‘Caparros’ por la Fuerza Pública).

Pese a que en el sur de Córdoba no hay presencia del Ejército Popular de Liberación (Epl), el paro armado decretado por este grupo subversivo, en febrero de 2020, fue aprovechado por las bandas criminales en los municipios de la zona minera, para exigirle a la población que no saliera de sus casas.

Las voces zenúes

Volvemos a ti Darlis y a Luis Joaquín Rojas, gobernador del cabildo indígena zenú Centroamérica, quien te acompaña en tu recorrido. “Puerto Libertador se convirtió en zona minera y los territorios donde está el resguardo, los territorios ancestrales, son para la minería. Entonces ellos compran las tierras y nos van hacinando y eso es muy duro para nosotros”, dice Luis Joaquín.

Te concede la razón cuando cuestionas las acciones del Estado en el territorio, pero también te pide que no hables tanto. “Hija, ya sabes que por aquí la cosa no está fácil”. Lo dice mientras se quita el sombrero y se seca la frente. Te ama y a su manera te protege, es tu padre.

El gobernador transita entre la dulzura y la mesura: “Esta es una zona muy importante para cualquiera y nosotros siempre hemos estado aquí viviendo y viviremos, pero siempre estamos de bajo perfil”. Mientras más tierras compran las empresas, menos oportunidades de trabajo y estudio hay, dice Luis Joaquín. “Por eso creo que el Gobierno tiene que meterle la mano a esto”.

Su rostro se torna severo, preocupado, entonces dice: “No sé de dónde vienen las amenazas, pero yo he estado resistiendo. No tengo esquema de seguridad. La seguridad mía es Dios”.

Lo mismo piensa Rafael Flórez, cacique mayor y la máxima autoridad del Resguardo Zenú, a quien comenzaron a amenazar a través de panfletos y llamadas telefónicas:

“Yo tengo el esquema de seguridad, porque usted sabe que a los grandes líderes que se pronuncian y hablan por el derecho de las comunidades, a esos son los que más persiguen. El Estado me concedió ese esquema. Dos hombres y un carro, desde el año pasado”.

Rafael Flórez, cacique mayor y la máxima autoridad del Resguardo Zenú.

El escolta lo mira desde la ventanilla del vehículo. Es un trabajo duro seguirle los pasos a estos representantes zenú que a pesar de las intimidaciones no dejan de recorrer las zonas donde viven 1.301 personas miembros del resguardo del Alto San Jorge, compuesto por 5 cabildos. En la comunidad, 15 líderes cuentan con carros para movilizarse entre las montañas que cubren las riquezas mineras del territorio.

Rafael Flórez explica que los fundadores del resguardo se propusieron iniciar una pelea jurídica para que les legalizaran el territorio, pero los mataron. “Mis tíos fueron sacrificados el primer día, los tres juntos, por allá en Barranco Colorado, donde nace el resguardo (cuando estaban reunidos)…. Toda la mesa directiva fue sacrificada, toda”. Los hechos relatados por Rafael ocurrieron en 1998.

Flórez también se refiere a las denuncias que ha hecho el pueblo zenú del Alto San Jorge sobre la sistematicidad de las amenazas, persecuciones y 48 asesinatos entre el 2004 y el 2015.

Darlis, escuchas al Cacique y asientes con tu cabeza cada palabra. “Él sí que ha sufrido y sabe por lo que hemos pasado… ¡Él sí ha resistido!”, dice la mujer.

Para Rafael Flórez es claro que hay que seguir luchando, “hay que seguir reclamando el respeto territorial, presentando demandas, metiendo tutelas. Nosotros defendemos nuestro derecho territorial y al ambiente en el alto San Jorge”, lo dice desde San Antonio y La Meta, en Tierrandentro, zona rural de Puerto Libertador, donde construyen la sede principal del resguardo.

Rafael te dirige la mirada y te habla, Darlis: “Nosotros somos resistentes, aquí nacimos y aquí morimos. Esa es la resistencia del indio”.

Nota al pie:

El 15 de junio de 2020, la Procuraduría General de la Nación indicó en un comunicado que abrió indagación y solicitó suspender proceso de explotación minera a cielo abierto en la Mina Las Palmeras (propiedad de Gecelca S.A, Cerro Matoso S.A y Consorsio Las Palmeras -título JDF-16002X-), ubicada en el municipio de Puerto Libertador, Córdoba.

La Procuraduría informó que «busca establecer si se pudieron presentar irregularidades en el proceso contractual SCN01-2019-049» y solicitó al vicepresidente administrativo de Gecelca, Erick Wehdeking Arcieri, «suspender el proceso por considerar que habría un posible desconocimiento a los principios de igualdad, moralidad, selección objetiva, y responsabilidad de la contratación estatal».

El proyecto Tierra de Resistentes es una iniciativa colaborativa que une a periodistas de América Latina para narrar las violencias a las que son sometidos los defensores del medio ambiente.

La Liga Contra el Silencio aportó esta historia en el sur de Córdoba y esta historia en Guaviare.