Dilan Cruz es la más reciente víctima del escuadrón antidisturbios ESMAD. La primera fue Nicolás Neira hace 14 años. Desde entonces se repiten las denuncias: actuaciones y excesos que quedan en la impunidad, detenciones arbitrarias, cuestionamientos sobre protocolos y un poder civil de débil actuación.

“He encontrado muchas barreras y las sigo encontrando, pero van 14 años y siete meses y sigo ahí de pie, denunciando y buscando justicia”. Yuri Neira, el padre de Nicolás, lleva la cuenta desde que su único hijo, que entonces tenía 15 años, murió por el impacto en la parte posterior de la cabeza, de una artefacto salido de un lanza gases lacrimógenos o truflay, por parte de un agente del ESMAD. 

El adolescente participaba en las marchas del 1 de mayo de 2005 también en el centro de Bogotá a pocas cuadras de donde cayó herido Dilan Cruz. Al igual que él, Nicolás fue llevado al hospital en situación crítica y murió horas después.

{VER: Estas son las presuntas víctimas del ESMAD}

Neira no cree en la casualidad de las similitudes entre la muerte de su hijo -la primera relacionada con la actuación del ESMAD, según la base de datos del CINEP- y la de Dilan, quien falleció el 25 de noviembre debido al impacto de munición tipo bean bag (bolsa de material textil que contiene perdigones de plomo), disparada por una escopeta calibre 12, en la zona occipital de la cabeza.

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“Es sistemático el accionar de la Policía Nacional, del ESMAD, para asesinar a jóvenes en las marchas con las armas que tienen (…) siguen disparando de forma horizontal, lo que claramente identifica un deseo de hacer daño, de matar, y una negligencia al momento de tener el arma en las manos”, afirma Neira desde España, donde vive desde 2013 tras recibir amenazas e intimidaciones por no abandonar la lucha para que la muerte de su hijo no quede impune.

Con esa intención de causar daño coincide Juan David Peña, de 19 años, quien el 21 de noviembre cuando inició el paro, recibió un impacto de gas lacrimógeno que le causó una fractura de tibia. Tiene un mes de incapacidad aunque los médicos le dijeron que podrían ser tres. “Estábamos en son de hacer nuestra protesta pacífica cuando nos empezaron a corretear, quedábamos más cerquita del ESMAD. Estaban disparando los balines que disparan, estaban disparando aturdidoras (…) Antes de que me dispararan a mí, a otro muchacho que estaba tomando fotografías, el ESMAD le disparó también directo a la rodilla y empezó a sangrar muchísimo. Nos empezaron a disparar más seguido y más hacia las piernas de todos nosotros. Después me dispararon a mí”. En la ambulancia que lo llevó al hospital San José Infantil también iba otro joven herido en el ojo.

Peña estudia Medios Audiovisuales en el Politécnico Grancolombiano y trabaja como bicimensajero para financiar parte de su carrera. El día del paro salió con sus amigos y su novia a las manifestaciones cerca de la Universidad Nacional para exigir mayor acceso a la universidad pública y contra la propuesta de reducir el salario mínimo para los jóvenes.

En cada actuación del ESMAD sus operaciones están bajo la lupa cuestionado por excesos. En los 15 meses de gobierno de Iván Duque, el escuadrón antidisturbios ha sido señalado como el presunto responsable de cuatro muertes, según el Sistema de Información de Agresión a la Protesta Social, una base de datos nacional impulsada por la campaña ‘Defender la Libertad Asunto de Todas’, que reúne a varias organizaciones de defensa de los derechos humanos. 

A la muerte de Dilan Cruz se suman los casos registrados el 24 de agosto de 2018 (Fredy Julián Conda Dagua), el 2 de abril (Deiner Ceferino Yunda Camayo) y el 6 de junio (Jefferson Tróchez Escue) de 2019, todos indígenas, en acciones de protesta en el Cauca, según detalló Alexandra González, secretaria técnica de la campaña, quien junto a otros defensores de derechos humanos han estado presentes en las manifestaciones para monitorear el desarrollo de las protestas y documentar casos de abusos policiales.

La Liga Contra el Silencio intentó, a través de la oficina de prensa de la Dirección General de la Policía,  pactar una entrevista con un vocero para conocer el funcionamiento interno del ESMAD y las denuncias que existen en su contra, pero no fue posible. Vía telefónica argumentaron que «en este momento todo lo que se diga podría ser contraproducente para la institución». Sin embargo, estamos a la espera de la respuesta a un derecho de petición.

Detenciones para intimidar

Otras de las actuaciones del ESMAD que preocupan a ‘Defender la Libertad’ son las detenciones calificadas por abogados defensores de derechos humanos de “arbitrarias”, a través del uso de la figura de  “traslados por protección” y detenciones temporales.

Esa campaña contabilizó, entre el 21 de noviembre y el 2 de diciembre al mediodía, 916 personas detenidas (el 90% hombres), la mayoría en Bogotá, Barranquilla, Cali, Popayán y Bucaramanga. Del total, el 16% (146) fueron judicializadas por delitos como violencia contra servidor público y daño a bien ajeno.

En los casos de las detenciones como traslados por protección “han resultado una forma de amedrentamiento a la protesta social”, analiza Alexandra González de ‘Defender la Libertad’.  Esa figura está contemplada en el artículo 155 del Código de Policía y se hace efectiva cuando “la vida e integridad de una persona o de terceros esté en riesgo o peligro”. Los detenidos son llevados a un CTP o Centro de Protección Personal o a las URI (Unidad de Reacción Inmediata), por hasta 12 horas.

En la práctica se ha convertido en un mecanismo que le da un poder cuestionable a la fuerza pública en medio de las protestas. “Es una decisión que ordena la Policía, que ejecuta la Policía y que libera la Policía. En ningún momento pasan por otro tipo de autoridad , por tanto realmente es una figura que se usa como de manera discrecional y totalmente documentado de manera arbitraria”, afirma González.

“Desde hace tiempo (la figura del traslado por protección) viene siendo denunciada como una figura utilizada para detener arbitrariamente a personas y en ese caso para limitar las expresiones sociales”, coincide Jomary Ortegón, vicepresidenta del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar).

“Se ha detenido a un montón de personas utilizando la figura de traslado por protección, pero acusadas de estar generando disturbios públicos, pero sin pruebas y utilizando los Centros de Traslado por Protección que eran espacios excepcionales y se utilizan como centro de detención administrativa, lo cual de entrada ya es una irregularidad”, añade.

Uno de esos casos fue el denunciado por Andrés Leguizamón, un joven que junto a otras 13 personas fue detenido “sin estar haciendo nada” violento en las protestas el 23 de noviembre en la Plaza de Bolívar, como contó en el relato que publicó en Facebook. Primero fue retenido al interior del Palacio de Justicia con amedrentamientos y después agentes del ESMAD y de policía los subieron en unos camiones hasta llevarlos, primero al CAI de La Candelaria, en medio de insultos e intimidaciones, y después a un centro de traslado por protección.  “La experiencia fue de temor por nuestras vidas”.

La Fundación Alba Lucía Sotomayor registró hasta el lunes 25 de noviembre un total de 23 denuncias de personas que experimentaron circunstancias similares, que fueron sometidos a este tipo de “paseos” y luego detenidos temporalmente. “No los pueden judicializar, ni les pueden hacer nada. Esto es como un cumplimiento de llevárselos, sacarlos de las calles para que no marchen y vuelven y les sueltan”, explica Alba Lucía Sotomayor.

Esta mujer creó la fundación desde que uno de sus hijos fue víctima de abusos policiales. Además es secretaria técnica de la Red Distrital de Derechos Humanos de Diálogo y Convivencia de la Subsecretaría de Gobierno de Bogotá.

Ese día recibió la denuncia de los amigos de Leguizamón de que se lo había llevado la Policía. Enseguida activó un protocolo para dar con su paradero, que incluyó llamadas y búsqueda de los detenidos, cuando determinó el lugar de detención hizo “la alerta temprana para salvaguardar la vida de estos muchachos y para que no los carguen o los involucren en falsos positivos” o delitos que no cometieron.

Por este tipo de detenciones, las organizaciones de derechos humanos sugieren gritar nombres y cédula en medio de los arrestos para que haya un registro, una imagen recurrente en medio de las protestas.

Leguizamón es la única persona que aparece ante la Procuraduría denunciando presuntas irregularidades en los procedimientos del ESMAD durante las últimas protestas hasta el 26 de noviembre, según confirmó ese ente de control a La Liga.

Germán Romero, abogado de la organización DH Colombia, que lleva casos en los que agentes del ESMAD son señalados de ser los presuntos responsables de muertes, como en el caso Neira y el de Jhonny Silva (estudiante asesinado en protestas en la Universidad del Valle, en septiembre de 2005), pero también en casos de tortura y tratos crueles (estudiantes de Soacha durante el Paro Agrario de 2013) y de lesiones de gravedad (en el Paro Cívico de Buenaventura de 2017), habla de cómo en casos de detenciones que terminan en  judicialización, la mayoría de las veces terminan cerrándose.

De acuerdo con su experiencia“los funcionarios judiciales durante estos escenarios de protestas, de paros, de movilizaciones masivas, son muy influenciables por parte del gobierno cuando solicitan resultados y sean procesadas las personas que son detenidas”, afirma.

Con el paso del tiempo y el trabajo de defensa judicial “fácilmente estos procesos no conducen a ningún lado y tienen que terminar (…) Ni la Policía ni la Fiscalía logran acreditar elementos de prueba suficientes para poder presentar una acusación” y los procesos “terminan archivándose”.

La lucha por sanciones

Hacer un inventario de los números sobre denuncias contra la unidad antimotines no es fácil. El informe “Elogio a la bulla. Protesta y democracia en Colombia”, publicado por Dejusticia, señala la dificultad de obtener datos sobre procesos disciplinarios y más aún sobre proceso penales, información a la que “no es posible acceder, pues el sistema de información de la Fiscalía no permite utilizar la palabra Esmad como filtro o criterio de búsqueda”.

Según los datos recabados y que se publican en el estudio, la Policía reportó -frente a pedidos de información para el estudio- 137 investigaciones disciplinarias en contra de agentes del ESMAD “por conducta de abuso de autoridad” entre 2007 y 2016. Solo se han emitido 12 fallos internos. En tanto que, entre 2007 y el 14 de marzo de 2017, la Procuraduría admitió 150 quejas disciplinarias en contra de miembros del escuadrón antimotines, de ellas ocho fueron decisiones absolutorias y dos condenatorias por el uso excesivo de la fuerza durante las protestas del 1 de mayo de 2005, en las que murió Nicolás Neira.

El informe apunta que “es muy difícil saber de manera general por qué los procesos disciplinarios no avanzan hasta la etapa de fallo, y por qué las decisiones sancionatorias son tan pocas”.

Sin embargo, el informe sugiere dos hipótesis para explicar lo que ocurre: primero, “cierto espíritu de cuerpo que conduce a la rendición de testimonios acomodados que esconden la verdad de los hechos con el fin de no agravar la situación de los policías investigados” y, en segundo lugar, la falta de independencia de los funcionarios de la Policía Nacional con competencia disciplinaria.

A eso hay que sumar que también hay casos que investiga la Justicia Penal Militar. Desde 2009 hasta octubre de 2019 se han abierto cinco procesos por homicidio contra nueve miembros del ESMAD, según información del Ministerio de Defensa.

Yuri Neira y su abogado Germán Romero han vivido en carne propia los obstáculos del sistema para encontrar justicia. Después de versiones iniciales para encubrir los hechos y un proceso que solo avanzó cinco años después de la muerte de Nicolás, cuando un miembro del ESMAD confirmó que el joven fue víctima de un disparo de “recalzada” o proyectil artesanal (que puede llenarse con materiales como balines, canicas y otros objetos para hacer daño) por un agente y que existió órdenes para ocultar lo que realmente ocurrió. En 2017 el capitán César Rodríguez Nevia, quien dirigía la unidad que desarrolló la operación aceptó cargos por delito de encubrimiento por favorecimiento.

Los últimos episodios en este laberinto judicial se registraron este año. La Corte Suprema de Justicia tumbó en julio de 2019 un pre-acuerdo entre la Fiscalía y el patrullero del ESMAD Néstor Rodríguez Rúa, presunto autor del disparo hace más de 14 años, para cambiar el delito de homicidio doloso (con intención) a culposo (involuntario) y así la condena, contrario al planteamiento de los denunciantes.

Romero señala que durante el proceso se pudo establecer “que hay un patrón” de utilización de armas que terminan siendo letales, de munición restringida o no convencional, de mecanismos y procedimientos cuestionables al interior del ESMAD, “pero lo más lamentable es el nivel de ocultamiento de información y la solidaridad de cuerpo”.

En la actualidad “no podemos creer al director de la Policía colombiana, ni al comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá en relación a lo ocurrido con el joven Dilan Cruz, (que) estén dispuestos a aportar, colaborar y abrir toda la información que sea necesaria. Lo que nos han enseñado estos procesos es que, por el contrario, hacen todo lo posible por que no se puedan conocer cómo fueron los operativos y quiénes participaron de los mismos, las órdenes que se dieron y la forma de encubrir los crímenes”, concluye el abogado Romer.

Aunque en los casos de Neira y Silva, el estudiante de la Univalle que murió en septiembre de 2005, el Estado reparó económicamente a las familias de las víctimas, en el ámbito penal ningún uniformado ha sido condenado. 

El proceso por el caso Neira, 14 años después de lo ocurrido, continúa en la justicia. En la última actuación judicial, la semana anterior, se dio una nueva dilación. La juez aceptó una prórroga pedida por la defensa de Rodríguez Rúa, para iniciar la fase de presentación de pruebas. La nueva fecha fijada es el 3 de diciembre.

Otro caso emblemático es el del sindicalista Juan Carlos Martínez, que ya fue admitido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En una protesta en Manizales, en junio de 2007, perdió su ojo izquierdo luego de ser alcanzado por un artefacto lanzado con el truflay por un agente del ESMAD , como muestra el video presentado como evidencia ante la CIDH. 

En este caso, como comandante del escuadrón,  fue condenado Libardo Fandiño Soto, a una multa económica y prisión de 28 meses por lesiones personales culposas en calidad de coautor , algo “simbólico” para Martínez. “No pagó un solo día de cárcel ni perdió su cargo”, explica. 

Sobre el autor del disparo, en el proceso no se pudo determinar quién lo realizó. “Siempre ha habido una complicidad de parte de la Fiscalía para no dar sanciones penales ejemplares en este tipo de casos”, añade este sindicalista que en medio de amenazas lleva 12 años buscando justicia. Hoy sigue con el proceso disciplinario en Procuraduría buscando y lograr la destitución de los uniformados, incluido Fandiño.

Un poder civil débil

Creado en 1999, el ESMAD empezó entonces con nueve oficiales, ocho suboficiales y 200 patrulleros cuya misión era “apoyar a los Departamentos y Policías Metropolitanas en el manejo y control de multitudes y espectáculos públicos”. Hoy, según la información del portal de la Policía, cuenta con 24 escuadrones integrados por 3.876 (3.770 hombres y 106 mujeres) en 21 ciudades.

Para Jerónimo Castillo, director de Estudios en Seguridad y Política Criminal de la Fundación Ideas para la Paz, “reducir la discusión al ESMAD, es desconocer toda la estructura de control que existe en el país”. Se refiere a que existen organismos del Estado como Defensoría del Pueblo, Procuraduría y Personerías, encargados de “garantizar que la fuerza se utilice de manera acorde con el tipo de amenaza que se está presentando y que se está atendiendo”. “A estas entidades también les cabe responsabilidad sobre los últimos eventos que han sucedido en el país”, opina. Sobre ese aspecto poca discusión pública se está dando.

Castillo, hizo parte de un estudio comparativo sobre el uso de la fuerza letal en varios países de América Latina. Para el caso de Colombia, cuenta el experto, recoge la advertencia de que “hay unas fallas importantes en el control civil de los grupos especializados como el ESMAD, donde debería incentivarse o debería desarrollarse un control mucho mayor y una discusión que también se refiere a otros aspectos de la Policía” como revisar el tipo de armamento que se utiliza, los protocolos de formación de procedimiento.

Además, Castillo cree que en el marco de las protestas que continúan, hay otros elementos “un poco más graves” que el ESMAD, como los allanamientos a la revista Cartel Urbano, censuras de expresiones artísticas e incluso las órdenes de expulsión de extranjeros desde Migración Colombia. “Ahí hay muchos elementos que involucran a los civiles (en general) y los civiles que dirigen a la fuerza pública (como, por ejemplo, un ministro de Defensa civil). Terminar reduciendo esto solamente a los eventos de violencia durante el proceso de la protesta social es desconocer que también venía toda una cadena donde se estaba planteando la confrontación en el marco del paro”, dice Castillo.

Ortegón, la directiva de Cajar, añade otras discusiones que han sido apoyadas por organizaciones diversas: el desmonte del ESMAD y la necesidad de pensar en

 “una fuerza pública para la paz”, que responda a un momento posterior al acuerdo con las Farc. Eso “implica preguntarse por el tamaño, el presupuesto y la doctrina (…) En nuestro país la Policía hace parte de las Fuerzas Armadas, es una Policía altamente militarizada en su doctrina, concepción y práctica”. 

Veinte años después de su creación, las manifestaciones de noviembre en Colombia volvieron a poner al ESMAD en el centro de una discusión que ojalá no quede en la inercia otros veinte años. Y que en el caso de Dilan -a diferencia de otros- la justicia llegue.