La industria de bebidas azucaradas y alimentos altamente procesados no se queda quieta y busca aliados. En Colombia ha encontrado la manera de influir en algunos espacios académicos y el gremio médico a favor de sus intereses empresariales. Una de esas organizaciones es ILSI Norandino: la oficina para Colombia, Ecuador y Venezuela del International Life Sciences Institute (ILSI) -Instituto Internacional para las Ciencias de la Vida–, una multinacional de la investigación científica que públicamente presenta como su objetivo ser un enlace entre las empresas, los gobiernos y la academia.

Esta organización con sede en Washington D.C. fue fundada en 1978 por Alex Malaspina, vicepresidente de Coca-Cola, y entre sus integrantes en Norteamérica están Coca-Cola, Unilever, Nestlé, Monsanto y McDonalds. Asimismo, ILSI Norandino tiene como miembros a empresas colombianas como Casa Luker, Postobón y Alpina, y a grandes compañías a nivel internacional con oficinas en el país, como Pepsico, Herbalife y Kellogg.

De hecho 7 de los 16 miembros del Consejo Directivo de ILSI Norandino hacen parte de las siguientes empresas, según su página de internet: Nestlé de Colombia, Alpina, Herbalife, Coca-Cola, Reckitt Benckiser (productos de limpieza), Mondelez (golosinas de paquete)  y Pronaca (carnes empacadas).

La Liga Contra el Silencio consultó a ILSI Norandino sobre el porcentaje de la financiación que recibió, en 2018, por parte de empresas de bebidas azucaradas y comida altamente procesada, y respondió: “Cada empresa miembro de ILSI Norandino, aporta una membresía anual. El valor de la membresía anual por empresa en el año 2018 fue de $15.225.000 pesos colombianos”. La membresía les permite a las empresas acceso a la información producida por ILSI Norandino, postularse para hacer parte de uno de sus comités técnicos y “acceder a una red multidisciplinaria de científicos, líderes del gobierno, la academia y la industria”, según dijo la organización en una respuesta a consultas de  La Liga.

La cercanía con la industria de bebidas azucaradas de esta fundación, que tiene presencia mundial a través de 18 oficinas regionales, ha sido cuestionada por medios como el New York Times y The Guardian. Se le acusa de haber influido en la política interna de China a través de contactos de alto nivel -al punto de compartir oficina con los entes supervisores- para bloquear recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que podrían ser perjudiciales a la industria, como los impuestos a bebidas azucaradas. En India, posicionó a uno de sus directivos en un comité para evaluar si debía instaurarse un etiquetado de alimentos, gracias a sus contactos en los entes supervisores. En Brasil, varios miembros de ILSI ocupan puestos en mesas de alimentación gubernamentales que antes estaban reservadas a profesores universitarios. Y en México, se le acusó de hacer lobby en contra del impuesto a las bebidas azucaradas. Curiosamente ante este último caso, ILSI Global respondió con la suspensión de ILSI México por participar en cabildeo, una práctica que ILSI prohíbe en sus estatutos oficiales. 

“ILSI es un grupo de lobby y una organización fachada de la industria”, le dijo a La Liga Gary Ruskin, director de la organización US Right to Know, una ONG de acceso a la información pública de Estados Unidos.

“Están tratando de influir y de manipular a instituciones científicas, de forma que beneficien las ganancias de la industria alimentaria y agroquímica”, añadió. Ruskin y su organización hicieron parte de un equipo de académicos de la Universidad de Cambridge y la Universidad Bocconi de Milán que, en junio de 2019, publicó un estudio en la revista indexada Globalization and Health, en el que describe cómo ILSI es una herramienta de la industria para tener presencia en la academia y el gobierno de los países donde opera.

Entre las 17.000 páginas de correos que ese grupo de investigación obtuvo por derechos de petición, se descubrió, por ejemplo, que el fundador de ILSI y altos ejecutivos de Coca-Cola hablaban en el año 2015 de montar una “defensa robusta” contra nuevas guías de salud del gobierno de Estados Unidos, las cuales podrían afectar a la industria con medidas como impuestos a las bebidas azucaradas, modificar los programas de alimentación estudiantil, un esfuerzo pedagógico para educar a los niños y adultos para que limiten su consumo de azúcar, restringir la publicidad de bebidas azucaradas y comenzar a reducir drásticamente el azúcar que la industria añade a alimentos y bebidas procesadas.

El caso colombiano

La Liga Contra el Silencio determinó que, desde hace al menos una década, ILSI tiene relación con al menos tres instituciones gubernamentales de Colombia y apoya algunas investigaciones académicas, mientras se presenta como una organización que no tiene intereses privados y realiza ciencia desde una posición neutral.

Uno de sus principales objetivos es fortalecer su relación con la academia y, según documentos de ILSI Norandino, ha tenido convenios con la Universidad de Antioquia, la Universidad de la Salle y la Universidad Javeriana. En esta última, financia investigaciones del Grupo de Alimentos, Nutrición y Salud, en el que algunos de sus miembros son delegados de ILSI.  En 2018, la Javeriana contrató a ILSI Norandino para “desarrollar una revisión temática sobre los compuestos bioactivos más relevantes en la alimentación, su papel en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, y el marco regulatorio relacionado con su consumo a nivel local y global”, según dice en un boletín de la institución académica.

Ahora bien, los “delegados” de ILSI Norandino son académicos que eligen representar sin remuneración a la organización y reciben financiación para investigaciones. No es necesario un convenio con una universidad para que haya delegados en una institución de educación superior. Además de las mencionadas, hay delegados de ILSI Norandino en la Universidad Nacional y la Universidad del Quindío. Sin embargo, en un documento interno de 2018, ILSI Norandino se queja de que la mala prensa en otros países, y la percepción de ser cercana a la industria, le ha generado dificultades para atraer académicos. A pesar de estas dificultades, su objetivo es seguir fortaleciendo la relación con la academia y vincular a su institución a rectores de los claustros.

De otro lado, ILSI Norandino fortalece su relación con la academia realizando talleres y foros en las universidades. En marzo del 2019 realizó un taller sobre rotulado nutricional en la Universidad Javeriana, dirigido por Juan Carlos Farfán, gerente de asuntos regulatorios de Nestlé, y director regional y representante legal de ILSI Norandino. Según un documento interno de ILSI Norandino del 2017, en un año realizó dos foros con la Universidad de la Salle, la Universidad Nacional y la Universidad del Quindío.

La Liga consultó a Luis Fernando Gómez, médico especializado en salud pública y profesor de la Universidad Javeriana, sobre lo que implican estas colaboraciones: “Las universidades acogen a gente con distintas líneas de pensamiento y de financiación. Es un asunto perfectamente legal, pero el hecho de que sea legal no quiere decir que sea éticamente sostenible”.

Al preguntarle a Gómez por qué, a pesar de que la industria de bebidas azucaradas y alimentos altamente procesados tenía a sus propios investigadores, también financiaba investigaciones científicas en universidades, él respondió: “con el apoyo de industrias como Coca-Cola, los investigadores contratan encuestadoras, supervisoras de campo, críticas de campo y equipo técnico para recolectar información”. Y agregó: “contratando con universidades los estudios ganan mucha mayor credibilidad. Si fuera a partir de sus nutricionistas, las revistas académicas les rechazarían los artículos; en cambio, un académico de una universidad le da mucha credibilidad. Pero el problema más grave se presenta cuando los académicos no presentan el conflicto de interés”.

Para impedir que la influencia de la industria manipule a la academia, los profesores e investigadores tienen la práctica de declarar sus conflictos de interés. Según Diego Gaitán, médico de la Universidad de Antioquia que investiga conflictos de interés, este surge cuando la integridad de una posición académica se ve sesgada por intereses distintos al que representa el académico en virtud de su formación profesional, y en el acto médico, lo que se espera es velar por la salud del paciente.

El problema es que no hay parámetros claros que permitan abordar los conflictos de interés. Por otro lado, solo se acostumbra a presentarlos en ambientes académicos, y no cuando el académico está emitiendo juicios, por ejemplo, sobre temas de salud pública en ambientes no-académicos.

“En un contexto, como ante un auditorio, el académico declara el conflicto de interés y queda en manos del público determinar de qué manera se manifiesta el conflicto de interés; pero es otro contexto cuando un profesional da apreciaciones públicas mientras se están tomando decisiones de política pública. El Estado debería tener parámetros claros para determinar el riesgo que pueden tener las decisiones tomadas derivadas de los juicios de los expertos que convoca, en razón a sus  conflictos de interés”, dijo Gaitán.

Las investigaciones que se presentan como objetivas, pero reciben financiación de la industria y defienden posiciones que representan sus intereses, según Gaitán, son bastante extendidas entre el mundo académico. La rigurosidad científica está presente, pero las preguntas de investigación y sus objetivos podrían estar  alineados con intereses empresariales.

“¿Está ILSI sesgada? Hay que tener en cuenta que el propósito de ILSI es insertarse en las entrañas burocráticas de las políticas de salud, nutrición y agricultura en países de todo el mundo. Eso es lo que dicen sus documentos. Puede que no sea lo que dicen que hacen, pero sus documentos son muy claros”, explicó Ruskin, director de la organización US Right to Know.

La Liga le insistió a ILSI Norandino sobre cómo definía su relación con la industria de bebidas azucaradas y alimentos altamente procesados. La organización respondió mediante un comunicado firmado por su directora, Claudia Lucía Manzano, que trabajó para las empresas de alimentos Alpina y Gloria (Perú) :

“ILSI es una organización única, integrada por representantes de la industria alimentaria, académicos y gubernamentales que proporciona ciencia en el área de la nutrición y seguridad alimentaria, para mejorar los sistemas alimentarios y contribuir al mejoramiento de la salud pública”.

Dijo, además, que las colaboraciones que realiza con científicos no son remuneradas, sino que solo se encargan de los gastos de las conferencias a las que atienden. Esto fue corroborado por Pablo Aschner, director científico de la Asociación Colombiana de Diabetes.

“Yo pertenecí en un tiempo a ILSI Norandino”, dijo Aschner a La Liga. “Uno pertenece, pero no le pagan. Es una entidad sin ánimo de lucro, pero patrocinada por la industria en buena parte, por lo tanto, tienden a patrocinar y financiar lo que le convenga a la industria. Pero ellos no pueden interferir en los resultados. Eso es lo que hace que tengan un nivel académico serio. Están sesgados en lo que financian, pero generalmente son muy rigurosos en la manera como manejan la información”.

Pero para algunas empresas extranjeras, esa publicación selectiva afecta la transparencia de la institución. La multinacional estadounidense Mars, que produce los chocolates M&M, entre otros, en un intento por hacer más transparentes sus posturas científicas, anunció el año pasado que dejaba de ser miembro de ILSI Norteamérica. “No queremos hacer parte de estudios impulsados por intereses privados, que a menudo han sido criticados por buenas razones”, dijo a Reuters el vicepresidente de asuntos públicos de Mars, Matthias Berninger.

ILSI Norandino y el gobierno colombiano

Además de instituciones académicas, ILSI Norandino tiene una fluida colaboración con varias oficinas del gobierno de Colombia, como el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Pero quizás la posición más influyente sea la que ocupa como entidad de apoyo a la Comisión Nacional del Codex Alimentarius, junto con el Instituto Nacional de Salud, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y el Departamento Nacional de Planeación.

El Codex Alimentarius se refiere a lineamientos base para proteger la salud de los consumidores y tener prácticas leales en el comercio alimentario, que se acuerdan con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). En una reunión anual, estos lineamientos se revisan y actualizan. Las entidades de apoyo, entre las que se encuentran ILSI Norandino, asesoran a la Comisión Nacional del Codex Alimentarius, que está compuesta por 10 ministerios y agencias gubernamentales, la ANDI y un representante de las Asociaciones de Consumidores. 

“Me parece que podría incurrir en una falsedad si te digo si se presentan como sociedad científica o como industria, pero hacen parte de las reuniones, opinan, y hacen parte del consenso que se manda al Comité Nacional del Codex, y terminan participando de la posición oficial de Colombia en un organismo multilateral”, dijo Rubén Orjuela, nutricionista e investigador de Educar Consumidores.

Con respecto a su papel en el Codex Alimentarius, ILSI Norandino señaló: “La participación de ILSI Norandino en eventos académicos, se realiza a través de académicos que siempre declaran que no existe conflicto de interés toda vez que la información que comparten es el resultado de su trayectoria académica o investigativa”. Esto a pesar que las reuniones del Codex Alimentarius no son simplemente un evento académico, sino una reunión para definir aspectos de la política pública.

Por otro lado, junto con el Invima, ILSI Norandino elaboró en 2018 la segunda edición de un documento del 2010, llamado ‘El ABC de los alimentos derivados de plantas genéticamente modificadas para consumo humano’, que tiene propósitos pedagógicos. Según la introducción que firmó el entonces director del Invima, Jairo Céspedes Camacho, el documento “explica qué son, cómo se obtienen, por qué son importantes y cómo se evalúan, de forma tal que los consumidores puedan tomar decisiones informadas y fundamentadas en el conocimiento, confiando siempre en la gestión que a favor de la salud pública en Colombia adelanta el Invima”.

Las preguntas surgen cuando se conoce que ILSI  recibe financiación de Monsanto, una empresa interesada en la venta de plantas genéticamente modificadas.

“La industria agroquímica es muy poderosa dentro de ILSI, así que no es de sorprender que haya estas colaboraciones. Distintas compañías o industrias tienen poder sobre ILSI, pero parece que las más influyentes en este momento son Coca-Cola y Monsanto”, dijo Ruskin.

ILSI también ha trabajado con el ICBF en comentar sus guías alimentarias, y con el Ministerio de Salud elaboró en el 2017 un documento sobre los efectos diferenciados de los ácidos grasos saturados y los ácidos grasos trans. Además de la elaboración de documentos, ILSI Norandino participa en talleres, jornadas y conferencias con estas entidades públicas.

Entre 2009 y 2014, ILSI Norandino fue uno de los tres miembros de una terna que nombra a uno de los cinco representantes de la Sala Especializada de Alimentos y Bebidas Alcohólicas del Invima. Los otros dos miembros son el Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos de Colombia y la Asociación Colombiana de Médicos Veterinarios y Zootecnistas (Acovez). La Sala hace parte de la Comisión Revisora, un órgano asesor del Invima para emitir conceptos técnicos.

A pesar de estos vínculos, ILSI Norandino dijo a La Liga que “no tomaba posiciones sobre la legislación o políticas públicas específicas, no tenía ninguna postura definida frente a políticas públicas. Las Políticas Obligatorias de ILSI prohíben expresamente el cabildeo o la abogacía por resultados específicos en el campo de la política pública”.

El deportólogo que cautivó a Coca-Cola

Las empresas de bebidas azucaradas también patrocinan a investigadores que comparten sus posiciones. Es el caso de John Duperly, quien en el 2009 fue director científico del Comité de Estilos de Vida Saludable de ILSI Norandino y una parte de su trabajo actualmente es financiado por Coca-Cola. Es un prolífico y reconocido deportólogo de Colombia, profesor de la Universidad de los Andes, cuya trayectoria además representa algunas de las preguntas que despierta la colaboración entre academia e industrias de bebidas azucaradas, y alimentos altamente procesados.

Algunos académicos como él argumentan que eligen trabajar con la industria, sin necesariamente alterar su campo de estudio o las tesis que defienden. Duperly fue enfático en afirmar que sus investigaciones o posturas no se han visto afectadas por su cercanía con la industria: recibe financiación de Coca-Cola para realizar eventos relacionados con su campo de investigación, y en mayo de 2012 fue nombrado en el Comité Asesor de Coca-Cola. Esta colaboración, sin embargo, se presta para situaciones que organizaciones no gubernamentales como Rizoma, una organización no gubernamental que investiga casos de interferencia de la industria en instituciones públicas y academia, dicen que son zonas grises problemáticas.

“No debería haber académicos que basen su trabajo en investigaciones pagadas por la industria, porque necesariamente eso crea un sesgo dentro de la investigación”, dijo Laura Casman, investigadora de Rizoma.

Duperly es uno de los principales especialistas en medicina deportiva de Colombia y de América Latina. Obtuvo su PhD en la Universidad Alemana para las Ciencias del Deporte en 1999, y desde entonces ha trabajado en una misma línea.

Según le explicó a La Liga: “En múltiples ocasiones he manifestado la necesidad de reducir la ingesta calórica total (no solo azúcar y alimentos procesados, sino también de arroz, papa, yuca, pan, fritos y comidas tradicionales) y aumentar significativamente el gasto calórico, muy disminuido en las últimas décadas por el sedentarismo. Ambos son conceptos ampliamente documentados actualmente”.

Duperly dijo que la empresa difundió la tesis que él ya sostenía de antemano. En su carrera, ha defendido desde antes de trabajar con la industria la idea de que, dentro de un problema multifactorial como la obesidad, la actividad física es necesaria para combatir la obesidad. Las ONG defensoras del consumidor ven algo más complejo en esta afirmación aparentemente obvia:

“Lo que pasa con la actividad física es que es un argumento que ha sido utilizado muchas veces por la industria de alimentos y de bebidas para desviar la conversación. Cuando tú le dices a una persona que tiene que tener hábitos de vida saludables y que eso incluye alimentación sana y actividad física, le estás poniendo la responsabilidad al consumidor, y quitándosela a productos que hacen daño, y el doctor Duperly es un abanderado de esa tesis. La narrativa siempre es quitarles la responsabilidad a las empresas y ponérsela al consumidor”, explica Laura Casman.

Duperly, por su parte, aclaró que nunca ha defendido posiciones favorables a Coca-Cola por trabajar con ella, y que siempre que se presenta en eventos académicos declara sus conflictos de interés. 

“Siempre he manifestado la posición actual, el ejercicio y la actividad física, dieta saludable, así como la reducción del tabaquismo y el alcohol son los grandes pilares de la salud. En ese momento me ofrecen apoyo para educación continuada, respetando totalmente los contenidos académicos así como las referencias bibliográficas y evitando la publicidad en los salones o eventos”.

En efecto, La Liga pudo comprobar que el doctor Duperly ha declarado conflictos de interés en un video que está disponible en redes sociales. Durante esta charla, se toma también el trabajo de citar estudios hechos por académicos distintos a él para defender sus posiciones, en caso de que el auditorio estime que los conflictos de interés afectan la objetividad de los suyos. 

Pero también es cierto que las posiciones que Duperly defiende son las mismas que Coca-Cola está interesada en difundir, en especial en un contexto en el que la región latinoamericana fortalece la regulación a las bebidas azucaradas y alimentos altamente procesados para combatir la epidemia de obesidad. Desde que México aprobó el etiquetado de advertencia en los alimentos, el 1 de octubre, Colombia es el único país de la Alianza del Pacífico (Chile, Perú, México y Colombia) que no lo ha aprobado. 

“Yo no creo que él sea ingenuo. Es una persona sumamente inteligente y sabe lo que está haciendo. Es una persona muy capacitada y pasa cuando uno no dice todo completo. Cuando participa en debates de política pública, no manifiesta ningún conflicto de interés. Se presenta como un médico”, dijo Luis Antonio Torrado, director creativo de Rizoma.

Duperly ha ido más allá y el 13 de septiembre de 2015 publicó una columna de opinión en el diario El Espectador titulada “Impuestos para la obesidad”.  La publicación surgió en el contexto del debate parlamentario sobre introducir un impuesto a las bebidas azucaradas. En ella dijo: “no estoy seguro de qué tan sensato y qué tan útil sea aumentar los impuestos a un sector de la industria que ha sido satanizado por algunos fanáticos del tema con pobre evidencia científica, para solucionar un problema de salud tan complejo y multifactorial como la obesidad”.

Más adelante expuso: “Quizás lo más racional y equitativo para el país sea que cada persona, familia, comunidad o empresa reflexione y asuma los gastos ocasionados al sector salud como consecuencia de sus comportamientos poco saludables”. En el artículo no se menciona, sin embargo, ningún conflicto de interés, porque es un escrito periodístico, no académico.

“Estas opiniones habrían sido recibidas de una manera muy distinta si los lectores supieran que él trabaja para Coca-Cola”, dijo Torrado.

Si bien en términos académicos una columna de opinión no es una plataforma en la que se esté obligado a declarar conflictos de interés, resulta importante para el lector saber que el autor que se opone al impuesto de bebidas azucaradas no es solo un deportólogo, sino un académico que recibe financiación de Coca-Cola.

La Liga  le preguntó al doctor Duperly al respecto y respondió: “la verdad al momento de escribir el editorial, no pensé que fuera necesario declarar que había recibido apoyo para eventos de educación en actividad física y ejercicio. Reflexionando, aunque no sea usual o no se estile, creo que sí puede ser importante para el lector de esta columna, conocer esta información”.

Las complicaciones de las colaboraciones tan estrechas entre especialistas de la salud y la industria de bebidas azucaradas y alimentos altamente procesados, según Rizoma, surgen cuando se tiene en cuenta que hay un claro conflicto entre el interés de la industria por vender sus productos y la salud pública.

“Esto no se trata de hacer un cuestionamiento de la vida académica de él, sino dejar planteada la pregunta de si es bueno que la academia se deje financiar por industrias que no tienen interés en la salud de las personas, sino en sus propios intereses económicos”, dijo Casman.

Lo que se evidencia es que se ha normalizado la presencia de las empresas de bebidas azucaradas y alimentos altamente procesados entre algunos espacios académicos. En esos ámbitos, los investigadores pueden presentar sus conflictos de interés, pero a menudo no lo hacen cuando participan en el debate público, disimulando  así la influencia de la industria en cuestiones de salud pública. Y cuando el conocimiento es financiado por las industrias de bebidas azucaradas y alimentos altamente procesados, la salud pública depende de quién tenga músculo financiero en la academia. 

Aviso: Esta historia hace parte de una línea de investigación de La Liga Contra el Silencio sobre asuntos relacionados con salud pública y censura, que hace énfasis en la industria de bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados. Este trabajo cuenta con la financiación de Vital Strategies, una organización global de salud pública.