En la orilla del río Mira, con las casas de la antigua zona veredal de las Farc desocupadas como telón de fondo, los representantes de la Asociación Campesina de los Ríos Mira Nulpe y Mataje (Asominuma) instalaron unos parlantes e improvisaron una mesa redonda. Poco a poco fueron llegando familias de las veredas circundantes, en el sector rural de Tumaco. Ese día, 7 de febrero, se concretaría el proyecto de electrificación de 36 veredas: “Un proyecto por el que llevamos luchando siete años”, dijo en voz alta José Santacruz, vocero de la asociación.

Después de dos horas de discusión alrededor de los elementos básicos de la obra —como los tiempos de ejecución, la cobertura de la planta y el traslado de materiales por esos terrenos agrestes—, las familias comenzaron a regresar a sus veredas. En una esquina, dos campesinos hablaban mientras llegaba la lancha. Con un tono hermético, me contaron que venían de la vereda La Honda. “Dios sabrá que irá a pasar”, dijeron, hablando de la obra.

—¿Y todos son de Asominuma?—preguntamos.

—No, pues nosotros no somos ni del consejo comunitario ni de Asominuma. Ni de un lado ni del otro—respondió.

En ese momento los interrumpió un vocero de Asominuma.

—Lo que tenemos que explicarle es que el Gobierno está tratando de crear consejos comunitarios sin consultar a nadie. Acá todos somos campesinos y estamos buscando el desarrollo de la región, llevamos mucho tiempo acá, ¿no?

—Nosotros solo trabajamos, señor…— respondieron los campesinos.

Esta corta discusión es tan solo un ejemplo de la disputa profunda en la que se encuentran los habitantes de las región y en la que los cultivos de coca son uno de los ingredientes centrales.

Lanchas en los puertos, una postal cotidiana a orillas del río Mira. | Foto: Federico Ríos. | La Liga contra el Silencio.

El tema de los cultivos conduce, inevitablemente, a hablar sobre los poderes que históricamente han tenido interés sobre este territorio: la antigua guerrilla de las Farc ahora desarmada y agrupada en un nuevo partido llamado Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común; las disidencias de ese grupo guerrillero que no quisieron apostarle al Acuerdo de paz y ejercen influencia en la zona; otros grupos armados como el ELN y las Bacrim; las organizaciones de colonos como Asominuma; y los 15 consejos comunitarios afro de la zona que aquejan la enorme presencia de coca en sus territorios.

Este cruce de fuerzas e intereses ha hecho que Tumaco sea hoy el municipio con más cultivos de coca en Colombia. En apenas cuatro años, de 2012 a 2016, este rincón del país pasó de tener 5.065 hectáreas cultivadas a 23.148, según el censo anual de coca que hace la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc). Esto equivale a la sexta parte de toda la coca del país.

Ante un vacío estatal, grupos armados mandan en el territorio

En la tarde de ese mismo miércoles 7 de febrero se propagó una noticia en Tumaco: 14 policías del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) habían sido retenidos por líderes del Consejo Comunitario Río Mexicano, uno de los territorios colectivos de los afro en ese municipio.

La retención duró hasta la tarde del jueves y fue una acción de protesta en contra de la estrategia de erradicación forzada de cultivos ilícitos implementada desde el Ministerio de Defensa, que compite con los programas de sustitución concertada con comunidades que quedaron plasmadas en el Acuerdo de paz con las Farc.

Esa estrategia de ‘garrote’ ha sido severamente cuestionada tras la masacre del 5 de octubre de 2017, en la vereda El Tandil, que dejó a siete campesinos asesinados en medio de un enfrentamiento confuso con la Policía Antinarcóticos. En el episodio del 7 de febrero no hubo muertos ni heridos, y tanto la comunidad como las autoridades reconocen que fue gracias a la mediación de la Iglesia que la retención no pasó a mayores.

El acuerdo para suspender la erradicación forzada e intentar agilizar la sustitución de cultivos fue posible gracias a la medicación del vicario general de la Diócesis de Tumaco, el padre Arnulfo Mina. La ONU y la Personería estuvieron en la zona, siempre respetando las instrucciones de Mina. El gobernador de Nariño, Camilo Romero, también salió a defender la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, aunque no hubo presencia de funcionarios de la Gobernación en la zona.

Esta ausencia, tanto de la Alcaldía de Tumaco como de la Gobernación, devela, según Célimo Cortés, un reconocido líder afro y representante de la red de Consejos Comunitarios del Pacifico Sur (Recompas), la fragilidad institucional en las zonas rurales del municipio.

“Hemos firmado dos acuerdos con la voluntad de sustituir los cultivos, pero el Gobierno no avanza. En lugar de eso, llena los territorios de militares. Acá la gente está dispuesta, hay más de 700 familias en ese consejo comunitario que le apuestan a esto, pero ni el jefe del municipio ni el jefe de la gobernación están asumiendo su papel político”, dijo.

Cortés respalda su afirmación con diferentes documentos en mano. Uno de ellos es una carta de intención firmada por Recompas, la Alcaldía de Tumaco y la Gobernación de Nariño el 14 de febrero de 2017, en la cual los 15 consejos comunitarios se comprometen a sustituir inicialmente 10.000 hectáreas de coca con apoyo, tanto del gobierno nacional, como local y departamental. “Esto no ha sido posible, y deberíamos empezar porque la gobernación puso dos funcionarios, ¡dos!, para avanzar en la sustitución de cultivos. No hay voluntad política y por eso nos están matando en los territorios, nos están desplazando”, contó Cortés.

En diferentes oportunidades el gobernador de Nariño ha señalado que el lío de fondo es que el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) está desfinanciado y que solamente su departamento necesitaría como mínimo un billón de pesos anuales, mientras que el presupuesto actual es de 300.000 millones. El problema, según los consejos comunitarios afro donde está fuertemente concentrada la coca, es que ni siquiera ese presupuesto se ha visto en las zonas rurales, donde escasamente hace presencia la gobernación.

De ahí se desprende, por ejemplo, el avance de diferentes grupos criminales al servicio del narcotráfico y la consolidación de las disidencias de las Farc en consejos comunitarios como el de Alto Mira y Frontera. Eso significa que están en constante situación de riesgo unas 100.000 personas, o el 43,6 % de la población dispersa que –según el DANE- habita en las zonas rurales de Tumaco.

Cortés dijo que, “hoy los consejos comunitarios Río Mexicano, Alto Mira y Frontera, Rosario, Caunapí, Veredas Unidas y Río Chagui tienen presiones de diferentes grupos armados. Han ido desplazando a la gente que no quiere cultivar coca, y el Gobierno no aparece por ningún lado”.

Actualmente, según información del Ejército, en Tumaco hacen presencia las Guerrillas Unidas del Pacífico (G.U.P), al mando de alias ‘David’, disidente del Frente Daniel Aldana de las Farc; el Clan del Golfo, con Víctor Córdoba, alias ‘Aguirre’ al mando; la Gente del Orden, grupo liderado por alias ‘Cardona’; La Empresa, cuya cabeza visible es alias ‘Matamba’; la Organización Sicarial del Pacífico, Los Negritos, Renol, Grupo Armado Organizado (GAO), al mando de Jefferson Suárez, y el Grupo ‘Oliver Sinisterra’, liderado por alias ‘Guacho’.

La aparición de estos grupos armados está relacionada con la transformación que ha vivido el territorio tras el proceso de desmovilización de los excombatientes de las Farc, principalmente de la columna móvil Daniel Aldana y de grupos paramilitares como Los Rastrojos o la Organización Nueva Generación.

De ahí que, al menos desde la perspectiva de las autoridades, disidencias tanto de las Farc como grupos residuales del paramilitarismo y el Clan del Golfo estén asumiendo el control de la zona. “Aquí se ve gente armada, sin doctrina ni nada. Antes las Farc pues ponían orden en algunos temas de la comunidad, y como tenían el control no había tantos enfrentamientos. Ahora son solo grupos narcotraficantes que no tienen interés alguno en hablar con las comunidades”, contó una lideresa afro que pidió omitir su nombre por el riesgo a represalias.

Después de que los policías retenidos regresaran a Tumaco, hablamos con el padre Mina. Cansado, gestionando algunas reuniones con la Vicepresidencia de la República, nos dijo que en el tema de las disidencias “se debe dejar algo claro: las comunidades quieren vivir en paz, y eso es lo más doloroso. Son mayoría las que apoyan la sustitución de cultivos, pero el Gobierno no les ha propuesto un plan concreto que de verdad pueda transformar sus tierras. Acá la presencia militar no es la solución si no hay inversión social. Las disidencias se han aprovechado de esta situación”.

Luego de la masacre de siete campesinos en octubre pasado, algunos consejos comunitarios fueron militarizados. | Foto: Federico Ríos. | La Liga contra el Silencio.

¿Cómo es vivir en un consejo comunitario disputado por las disidencias?

No es necesario salir del casco urbano de Tumaco para encontrar a la población afro que pertenece a alguno de los 15 consejos comunitarios.

La razón es sencilla: en los últimos dos años los han ido desplazando de sus territorios y ahora deben esconderse en barrios marginales de la ciudad. “En ninguna parte estoy permanente. Puedo estar acá, allá, parcial en el centro, parcial en el consejo. Me toca moverme porque me pueden matar. En mi consejo ya mataron a dos líderes”, dijo el representante de un consejo comunitario, quien pidió ocultar su identidad.

Sentado en un taller de mecánica, el hombre revisaba constantemente el paso de las motos y los carros. Quería saber quién podía estar mirando. Solo han pasado cuatro meses desde que hombres armados asesinaron a uno de sus compañeros más queridos: José Jair Cortés, integrante de la junta de gobierno del consejo comunitario Alto Mira y Frontera.

Cortés fue asesinado en la misma región en donde ocurrió la masacre de los siete campesinos. Aunque contaba con un esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP); aunque el mismo vicepresidente de la República, Oscar Naranjo, había reconocido días antes que la vida del líder corría peligro; y aunque desde finales de agosto la Alcaldía sabía sobre las amenazas contra 12 miembros del consejo comunitario, Jair fue asesinado mientras estaba desprotegido.

“Nos dolió mucho”, confesó su compañero. “Más cuando nos había pasado lo mismo con Genaro”.

En ese momento su memoria se trasladó al 3 de agosto de 2015, cuando la guerrilla de las Farc, en medio del proceso de paz, asesinó al líder comunitario Gilmer Genaro García, uno de los más visibles de la Costa Pacífica por su postura crítica frente a los cultivos ilícitos, en ese entonces controlados por las Farc. Justamente en ese consejo comunitario, la relación con las Farc ha sido conflictiva, en parte porque extorsionó a los habitantes, saboteó los programas de sustitución y desde 2008 asesinó líderes afro reconocidos.

Hoy no están las Farc, pero como ya hemos dicho, están las disidencias. Sin embargo, el miedo en el territorio se puede rastrear desde el año 2000. El líder afro contó que con la coca llegaron los asesinatos selectivos y los desplazamientos: “Mataron aquí, mataron allá, cogieron el territorio y luego nos dijeron que con la paz el Gobierno iba a llegar, pero eso significó que llegaría el plan de erradicación, es decir, más desplazamientos. Lo que hemos pedido es un saneamiento del territorio, poder cultivar tranquilos como antes, plátano, coco, maíz, yuca, arroz…”.

La ausencia de las instituciones en estos territorios ha impedido, por ejemplo, que los planes agrícolas propuestos por Recompas –la red que reúne a los consejos comunitarios de la región– desde 2008 se queden en el papel. Últimamente, cuando el líder afro viaja a su territorio no sabe quiénes son los hombres armados. Dice que el ELN solo pone grafitis, pero que no se ven, que los paramilitares hacen un trabajo silencioso y que las disidencias son las que mandan mensajes: “Guacho y David son los mandamás aquí, por eso el alcalde nunca dice nada sobre los consejos comunitarios, porque no puede. El gobernador tampoco. Con el asesinato de Jair las disidencias demostraron que tenían más poder que cualquier entidad del Gobierno”.

La molestia con el alcalde de Tumaco, Julio César Rivera, es reiterativa en los consejos comunitarios. Esto sucede en parte porque Rivera ganó las elecciones con la bandera del desarrollo rural y con el aval del partido Autoridades Indígenas de Colombia (AICO), colectividad que en teoría respalda a los grupos étnicos y campesinos. No obstante, sus compromisos políticos con Cambio Radical han eclipsado el discurso en favor de la sustitución. Lo mismo dicen sobre Camilo Romero, el gobernador: apoya públicamente la sustitución de cultivos, pero no tiene la capacidad para cambiar las cosas en el terreno.

A unos 20 minutos del taller de mecánica, en una panadería de barrio, nos encontramos con una mujer representante de un consejo comunitario ubicado en la zona montañosa. Antes de comenzar a conversar, dijo que era peligroso: “Hace unas semanas mataron a una pelada que tenía cinco hijos; esos niños quedaron sin mamá, la mataron los nuevos guerrilleros. Mire, yo lloraba como si fuera uno de los familiares. Es muy triste”. En su consejo comunitario sucede algo similar a lo que nos comentó su colega minutos antes: había zonas de pesca, anteriormente se cultivaba plátano, cacao y luego llegó la coca, que no solo desplazó familias sino otros tipos de cultivos agrícolas.

Antes del proceso de paz, la mujer contó que las Farc mandaban en más de 30 veredas, “ni siquiera el Ejército se metía”. Aunque en su territorio nunca han existido profesores ni médicos ni servicios públicos, con las Farc, al menos, los niños no se metían en las drogas. “Uno podía concertar esos temas de la comunidad con ellos. A Guacho y David hemos tratado de acercarnos, pero no se ha podido. Antes de que lo mataran, hablamos con Don Y –otro cabecilla–, estábamos muy preocupados porque los niños se estaban yendo como raspachines, pero con él no se podía dialogar, no se podía opinar, solo les interesa que les despejemos el territorio para seguir con el negocio de la coca”.

En los últimos 20 años, los consejos comunitarios se han caracterizado por gobernar sus territorios. En las 160.000 hectáreas que les han sido reconocidas como territorios colectivos, según cifras del Incoder a 2014, los planes de etnodesarrollo han sido una constante, así como las propuestas de cultivos alternativos.

Sin embargo, la violencia comenzó a disipar este poder. La líder afro aseguró que solo basta recordar el caso de la madre Yolanda Cerón, quien abanderó la lucha por la tierra para las comunidades afro en Tumaco y quien, justo por ese motivo, fue asesinada el 19 de septiembre de 2002 por el Bloque Libertadores Sur de las Autodefensas (AUC), como relata el libro Guerras recicladas de María Teresa Ronderos.

“Acá –afirmó la mujer– nos toca cuidarnos a nosotros mismos, resolver nuestros propios problemas. En mi consejo muchas familias no saben qué es un inspector de policía, y cuando vienen de la alcaldía o de la gobernación les tienen que pedir permiso a los armados. Si quiere poner una denuncia, hablar con la Defensoría o algo así, toca que se venga al municipio, como yo ahora”.

La voz del Gobierno en el territorio

Aterrizar a la realidad los planes del Gobierno es una de las labores más difíciles que tienen sus delgados en Tumaco.

Uno de ellos, encargado de impulsar la sustitución y el desarrollo local, nos recibió en su oficina, con la condición de no revelar su nombre por cuestiones de seguridad. Paradójicamente, su versión coincide con las de los líderes de los consejos comunitarios. Desde 2008 han intentado implementar diferentes propuestas sobre desarrollo étnico y sustituir los cultivos de coca. No obstante, cuando llegan al territorio se encuentran sin autoridades locales que representen al Estado.

Si bien es cierto que organizaciones como Recompas y 12 resguardos indígenas han construido una autonomía y un poder político, la interlocución de las familias con el Estado no ha sido la mejor y, como decía el funcionario, “no hay confianza”. Aunque el Gobierno ha intentado acercarse para abordar temas cruciales como las consultas previas y la formulación de planes de etnodesarrollo, los objetivos se han quedado en el papel. “Históricamente no se les ha cumplido, por eso hay desconfianza”.

Con el Acuerdo de paz, el funcionario ha intentado explicarle a las comunidades que existe una veeduría internacional, que no es cualquier otra promesa: “El discurso suena bonito, pero en la realidad no es fácil porque hay intereses que quieren que el territorio siga en esa marginalidad, que les interesa el negocio del narcotráfico. Hay otros grupos armados, debo decirlo, que sí nos han dado permiso de hacer algunas preasambleas para concertar con las familias. No se meten y dejan que nosotros hablemos. Ahí es donde estamos trabajando más duro”.

En los consejos comunitarios existe una polarización entre “aquellos que quieren que la guerra continúe y los que no. En este contexto es clave que entren las administraciones locales y departamentales, pero no lo hacen. Tenemos que estar buscando a los alcaldes, invitándolos para que nos apoyen, pero existe una miopía en los gobernantes. No hay un compromiso territorial, ni siquiera para tomarse la foto con el proyecto”, dijo.

Sin confianza entre las comunidades y las instituciones difícilmente podrá avanzar en Tumaco el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que son los planes de inversión del Acuerdo de paz para las regiones históricamente más afectadas por la guerra.

Las preasambleas con la Agencia Nacional del Territorio (ANT) no han sido suficientes para que las familias se vinculen a los proyectos productivos; una desconfianza que ha crecido con la aprobación de la segunda fase de erradicación de cultivos. “El temor que sentimos es que todos estos intentos de construir proyectos sean ignorados por los gobiernos que vengan. Si la comunidad no se apropia de los proyectos, nadie los va a implementar”.

Antes de abandonar el casco urbano de Tumaco, le preguntamos al funcionario sobre la siembra de coca, sobre las Farc y las disidencias: “Todos sabemos que las Farc motivó la siembra de coca directamente. En ese proceso trajo personas a los territorios para que cultivaran coca y se encargaran del procesamiento, algo que los nativos no sabían hacer. Ahora tenemos a la Gente del Orden, a las GAO, al servicio del narcotráfico. Usted va y encuentra laboratorios, cocinas, cada día hay más”. Hasta el momento, el plan del Estado para copar los territorios que dejaron las Farc consiste en aumentar el pie de fuerza militar con 6.000 efectivos, decisión cuestionada por los consejos, en donde, más allá de eso, han solicitado escuelas y puestos de salud.

El poder cada día más visible de Asominuma

Los consejos comunitarios de Tumaco, donde por sectores hay coca sembrada, tienen más de 150.000 hectáreas. | Foto: Federico Ríos. | La Liga contra el Silencio.

Que Asominuma y no la Alcaldía estuviera organizando el evento de socialización de una planta eléctrica no es gratuito.

Por lo menos en Alto Mira, un territorio con 30.000 hectáreas en zona de frontera con Ecuador, Asominuma dice representar a más de 1.500 familias que habitan en 36 veredas. En este consejo comunitario, del que hacía parte Jair Cortés, el desplazamiento de familias afro ha crecido y Asominuma, en teoría una organización campesina, está asumiendo las riendas en el territorio, allí mismo donde el Ejército ha comprobado la presencia de la disidencias.

Cuando le preguntamos a un líder afro por Asominuma fue contundente: “Asominuma fue una organización creada por las Farc, ha desplazado a mucha gente nuestra. Crearon Juntas de Acción Comunal a fuego y sangre, por encima del consejo comunitario. Hoy son la principal fuerza política del territorio. El que no siembre coca, se va”.

El poder político que tenían las comunidades afro y los indígenas se ha ido desvaneciendo

Esa versión la confirma un informe de 2010 del Gobierno nacional, hecha por el Observatorio de Derechos Humanos de la Presidencia, que dirigía el reconocido investigador Carlos Franco, y que estaba bajo la tutela del entonces vicepresidente Francisco Santos.

Pero ellos dicen estar de acuerdo con la sustitución, le decimos. “Hombre, ellos no respetan nada. Siete líderes nuestros de esa zona han sido asesinados, 32 desplazados. El domingo pasado casi matan a Federmán Tenorio cuando trato de regresar al consejo comunitario”.

Esta versión es rechazada por Asominuma, organización que se ha declarado perseguida y que ha negado cualquier vínculo con las Farc o con los disidentes. En una entrevista, su vocero, Jose Santacruz, habló sobre las denuncias de los consejos comunitarios, de los cultivos de coca y de la paradoja de que vivan en un territorio donde se sabe que operan las disidencias de las Farc.

“Vea, nosotros siempre hemos tenido la disposición de hablar con los consejos comunitarios y con el mismo Estado. Aquí vinieron funcionarios a decirnos que iban a comprar unas tierras para entregárselas a nuestros campesinos, pero eso no ha pasado, y no ha pasado porque el Estado es paquidérmico”.

Le mencionamos el capítulo étnico del Acuerdo de Paz y en este punto disiente: “¿Cómo es eso de que las Farc-EP y el Estado devolverán el territorio a los grupos étnicos? Eso aparece en la página 207 y los señores de la CSIVI (Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación del Acuerdo Final) no nos han dicho qué quieren decir con eso, con devolver, si nosotros hemos estado históricamente aquí”.

— Pero muchas personas coinciden en que las Farc trajeron familias como colonas para sembrar coca…

— Eso no es cierto. Cada cuadro de las Farc trajo a su familia sí, pero di tú, un guerrillero traía a cuatro o cinco personas, no más allá de eso. Es que Asominuma no existiría si no existiera el hambre, representamos a los campesinos.

—Hay evidencias de que las disidencias operan en esta zona.

— Eso es un mito, dicen que han llegado narcotraficantes, grupos armados pero personalmente yo no he visto a nadie.

—Y los asesinatos de los últimos meses…

—En este territorio hay mucha muerte, es cierto, pero es porque vivimos en un ambiente traqueto, mafioso.

Sí, es en este ambiente traqueto, como lo describe Santacruz, que las principales víctimas son afrodescendientes. Han habitado un territorio en donde mandó la Columna Móvil Daniel Aldana de las Farc hasta finales de los noventa, cuando entró en el mapa de la guerra el Bloque Libertadores del Sur de las Autodefensas, grupo que hoy sobrevive bajo los nombres del Clan del Golfo y los Rastrojos.

Paradójicamente, hoy con las Farc por fuera de la ecuación, el poder político que tenían las comunidades afro y los indígenas se ha ido desvaneciendo, dejando las más de 150.000 hectáreas de los consejos comunitarios a punto de convertirse en una suerte de reino dedicado a la coca.