Este manifiesto se construyó con la participación de Josefina Klinger, Fátima Muriel, Paola Chindoy, Alexander Rodríguez, Santiago Valencia y Hernán Gutiérrez, seis líderes y lideresas comunitarios que trabajan por la defensa de la tierra y del medio ambiente en Colombia.
Nosotras y nosotros, lideresas y líderes de las costas, las montañas, las selvas y manglares del territorio colombiano, representantes de un llamado colectivo, portadores de un saber nacido en las entrañas de la Tierra y aprendido por nuestros mayores, dejamos por escrito nuestros sentires para que el Acuerdo de Escazú sea letra fértil.
Estamos convencidos de que el Acuerdo de Escazú alberga la semilla para que nuestras comunidades puedan respaldar nuestra labor de manera plena.
Creemos que el Acuerdo, que ya es ley de la República (Ley 2273 de 2022), puede convertirse en una herramienta fundamental para visibilizar y fortalecer nuestra labor de defensa territorial y para crear mecanismos de información, participación y justicia real.
“Con el acuerdo sentimos una sombrilla, algo muy poderoso, que ya no estamos solas, sino que ya tenemos la posibilidad de defendernos”, Fátima Muriel, Putumayo.
Consideramos, además, que el Acuerdo es una oportunidad para reevaluar y reescribir los mecanismos de participación existentes, como la consulta previa.
Este mecanismo de participación ha sido manipulado y moldeado para responder a intereses externos, se han convertido en un mecanismo de fractura del tejido social de las comunidades y ha provocado desorden social, cultural y ambiental.
“El territorio es como nuestra madre, la mamá que nos da la vida. Para nosotros, la vida de la mamá no se negocia”, Paola Chindoy, Putumayo.
Sin embargo, alertamos que el acuerdo solo podrá ser letra viva si se descentraliza y se entrelaza con los saberes, los ritmos y las formas de comunicación de cada territorio.
"Soy honesto: si hoy nos vamos al territorio chocoano a preguntar por el acuerdo de Escazú, la respuesta que vamos a obtener es nula”, Alexander Rodríguez, Chocó.
Este proceso requiere esfuerzos humanos y económicos en los que estamos dispuestos a contribuir, pero que deben ser liderados por los gobiernos locales y nacionales, y ajustarse a las dinámicas internas de comunicación, tener en cuenta las brechas digitales y reconocer la importancia de la comunicación oral en nuestros territorios.
“Las poblaciones campesinas del país todo lo hacemos a través de la palabra. Ahora, hay que centrar la intención en el corazón para que la palabra haga pedagogía”, Josefina Klinger, Chocó
Somos enfáticos en que el Acuerdo de Escazú seguirá siendo semilla latente, más no germinada, mientras el cuidado siga siendo relacionado con “escoltas y camionetas blindadas” y no pensando como una necesidad colectiva ligada al territorio.
“Es muy diferente cuando uno se mete solo en una lucha, a cuando ya es una comunidad que está empoderada, que conoce sus derechos. Ahí, el panorama cambia radicalmente”, Hernán Gutiérrez, Magdalena.
Exigimos mecanismos de protección que consideren los riesgos familiares, emocionales y espirituales que enfrentamos todos los días. Necesitamos que quienes planean estrategias para protegernos entiendan que un cordón umbilical amarra nuestra misión al territorio, por lo que no concebimos alejarnos para protegerlo.
En cambio, reivindicamos la necesidad de crear modelos de protección colectiva efectivos en cada rincón de nuestras comunidades – y no solo en los centros urbanos – que nos ayuden a visibilizar nuestras luchas. Esta es la manera más efectiva de protegernos sin salir del territorio.
“Encontramos un gran vacío hoy en Colombia para llevar Escazú a la práctica, para pasar de lo que está escrito bien bonito, a acciones en los territorios”, Santiago Valencia González, Valle del Cauca.
Queremos ver a Escazú pelechar en nuestras costas, montañas, selvas y manglares. Pero, para eso, su presencia debe ser como la del Sol o la brisa: constante, cercana y tan real que la sintamos en la propia piel.
Paola Margarita Chindoy Sakunke
Organización: ASOMI (Asociación de Mujeres Indígenas) — Mocoa, Putumayo
Fátima Muriel
Organización: Tejedoras de Vida del Putumayo — Putumayo
Alexander Rodríguez Mela
Organización: COCOMACIA (Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato) — Quinto Chocó, Medio Atrato
Santiago Valencia González
Organización: Consejo Comunitario de las Comunidades Negras de La Plata, Buenaventura, Valle del Cauca
Josefina Klinger Zúñiga
Organización: Mano Cambiada — Nuquí, Golfo de Tribugá
Hernán Gutiérrez
Asociación Juvenil Biohuellas Makondo — Aracataca, Magdalena
En la cumbre de Río+20, en Río de Janeiro, los países de América Latina y el Caribe acordaron diseñar un acuerdo regional para garantizar el acceso a la información, la participación y a la justicia en temas ambientales. Allí está la semilla de Escazú.
Se crea un comité de negociación en el que participan 24 países y personas interesadas. Tras años de deliberación, 9 reuniones presenciales y 6 virtuales, el acuerdo pasa a la siguiente fase.
El 27 de septiembre, en Escazú, Costa Rica, el Acuerdo Regional se hace realidad. Arranca el periodo de firmas, que llegará hasta 2020, cuando 24 países de América Latina y el Caribe lo habrán firmado.
Colombia suscribe el Acuerdo de Escazú ante la ONU. Pero para poder implementarlo mediante normas y políticas públicas debe ser ratificado por el Congreso.
El proyecto para legalizar el Acuerdo de Escazú se presenta en el Congreso con mensaje de urgencia, pero se archiva durante la pandemia.
El gobierno reintroduce el proyecto de ley para ratificar el acuerdo. El proceso venidero será largo y complejo.
En una medianoche de diciembre, tras una aprobación relativamente sencilla en el Senado, la iniciativa es aprobada en la Cámara de Representantes con 110 votos a favor y uno en contra.
El presidente Gustavo Petro sanciona la Ley 2273 de 2022. Con este acto queda oficializada la adhesión de Colombia al Acuerdo de Escazú.
La Corte Constitucional declara la validez de la ley, tras una serie de audiencias públicas en las que hubo alrededor de 80 intervenciones ciudadanas, la mayoría a favor del acuerdo.
En diciembre, cuando se depositó la ley en la Organización de las Naciones Unidas (que implica entregar un tratado internacional para su custodia y gestión oficial), el Acuerdo de Escazú entró en pleno vigor para Colombia. Sigue el largo camino de implementarlo.
En agosto, el Ministerio de Ambiente convoca una consulta pública para que los liderazgos ambientales participen en el diseño del decreto que creará una Comisión Intersectorial cuya misión será implementar el Acuerdo.