En un segundo piso, cerca del parque principal de Jericó, Antioquia, se ubica la emisora La Voz del Suroeste. En la cabina de transmisión, un pendón con la firma de la minera AngloGold Ashanti muestra a un hombre disfrazado de abuela, con abanico rosado, pañolón amarillo, blusa a cuadros, gafas y mochila. Es Daniel Loaiza, director de la emisora, interpretando a Tula Minera: un personaje inspirado en las campesinas antioqueñas, en la montañera-montañera, dice, una especie de Tola o de Maruja que habla a los jericoanos sobre las ventajas de la minería.

Por Gabriel Corredor

“Mi personaje no se llama Tula porque saquemos tuladas de plata de la emisora, como mucha gente dice, sino por la tula o el carriel que cargan los campesinos”, dice Loaiza. Prefiere reservarse cuánto reciben de AngloGold Ashanti la emisora y él, pero aclara que la cifra es generosa: “Son muy pocos espacios para el monto que pagan”.

En La Voz del Suroeste, la minera tiene un espacio diario en el horario triple A de la mañana, dos programas semanales de Tula Minera y, todos los viernes a las 8:30 a.m., Quebradona Noticias, donde informan sobre los avances del proyecto. La empresa también tiene pauta publicitaria permanente, patrocina dos programas más —el de una fundación que atiende problemas de adicción y el magazín educativo de un profesor—, y dispone de micrófonos abiertos cada vez que lo necesite. Próximamente, empezará a emitir una radionovela quincenal.

En la Voz del Suroeste, única emisora en Jericó, la minera AngloGold Ashanti paga por un espacio diario en el horario triple A de la mañana, dos programas semanales de Tula Minera y, todos los viernes a las 8:30 a.m., por Quebradona Noticias. Foto: La Liga contra el Silencio

Desde hace alrededor de diez años, AngloGold Ashanti explora yacimientos de cobre en el corregimiento de Palocabildo a través de su filial, Minera Quebradona. Periodistas del suroeste antioqueño que conocen Jericó dicen que el municipio está polarizado por culpa de la minería, que se divide entre apoyar o no la minería.

Esa tensión es evidente en los medios de comunicación: “quien lo creyera: la presencia de la minera incentivó el periodismo. Nosotros sacamos Despierta Jericó, la minera creo su propio periódico y el canal de televisión tuvo debates internos”, dice Fernando Jaramillo, director de Despierta Jericó y de la mesa ambiental del municipio. “Sin embargo, restringió la información y la participación en los debates porque tiene monopolizada La Voz del Suroeste, única emisora local. Quienes nos oponemos a la minera no tenemos acceso”.

Para el director de la emisora, Daniel Loaiza, el debate se reduce a un tema contable: “A la oposición no le hemos dicho que no tienen los mismos espacios, pero tienen que pagar igual que la empresa. Las puertas están abiertas, pero aquí se paga: nosotros vivimos de la pauta”.

Las 1.500 ediciones mensuales de Despierta Jericó se distribuyen gratuitamente y no producen ganancias. El periódico casi no vende pauta, así que su principal fuente de financiación son rifas que compran sus 100 asociados. Cada uno aporta 20.000 pesos con la posibilidad de ganarse un millón. El otro millón se reparte entre la impresión y transporte del periódico desde Medellín, así como 200.000 pesos sobrantes para transportes y otras necesidades de Jaramillo y sus colaboradores.  El director de Despierta Jericó celebra no depender de la pauta publicitaria de empresas como AngloGold Ashanti o de la administración local, pero recalca que él y los cuatro colaboradores trabajan voluntariamente y tienen que vivir de sus pensiones y otros negocios.

Las malas condiciones económicas que existen para el periodismo parecen ser lo único en lo que él y Loaiza están de acuerdo. “Las condiciones son muy complicadas; la emisora hubiera tenido que cerrar hace algunos años si no fuera por la minera”, recalca el director de La Voz del Suroeste.

“Para los periodistas locales siempre ha existido una situación muy dura que yo llamaría de sobrevivencia. Las oportunidades y la circulación son muy limitadas, el mercado es muy pequeño así que los salarios son supremamente bajos”, explica Germán Rey, uno de los investigadores más reconocidos sobre periodismo y autor del informe del Centro Nacional de Memoria Histórica sobre la violencia contra los periodistas.

A diferencia de La Voz del Suroeste, el periódico Despierta Jericó no depende de pauta publicitaria de empresas como AngloGold Ashanti o de la administración local. Quienes trabajan en ese medio lo hacen voluntariamente y tienen que vivir de sus pensiones y otros negocios. Ilustración: @Lopezgrafico

En Colombia los medios de comunicación locales tienen muy pocas opciones de financiamiento, así que los periodistas y directores de medios hacen malabares para sobrevivir financieramente. En este proceso, deben caminar una delgada línea de la que es fácil resbalarse y sacrificar la independencia. “Los periodistas tienen que completar con otros ingresos y ahí empiezan las zonas grises porque se mezclan muchos intereses con la labor periodística”, explica German Rey.

En la mayoría de municipios, la única fuente de financiación es la pauta publicitaria oficial de alcaldías y gobernaciones. En otros lugares, como Jericó, los grandes recursos de compañías mineras o petroleras son determinantes, limitan la independencia del periodismo e inclinan la balanza a favor de los sectores más poderosos.

Las instituciones públicas regionales y nacionales han aprendido a sacar provecho de las grietas que existen en la regulación de la asignación de publicidad oficial, los recursos que tienen estas entidades para comunicar información de interés de los ciudadanos.

Le han encontrado la ‘comba al palo’ y resulta muy frecuente encontrar que estos contratos sean asignados a medios y periodistas como forma de presión que actúa como premio o castigo a los contenidos periodísticos.

En el departamento de Córdoba es especialmente visible la autocensura por pauta publicitaria. Periodistas de distintos municipios manifiestan anónimamente las presiones que ejercen los grupos políticos a través de este mecanismo. “Los temas sobre la administración pública toca manejarlos con mucho cuidado porque uno vive de la pauta. Por eso no hay total independencia. Además, hay temor por los grupos violentos y las amenazas contra los periodistas”, explica un periodista del municipio de Planeta Rica. Los medios que informan a favor de las administraciones locales reciben mayores pagos de pauta, mientras otros optan por la autocensura para evitar poner el dedo en la llaga y perder los pocos recursos económicos con que cuentan.

En todos los casos, la debilidad económica de los medios significa difíciles condiciones laborales para los periodistas y una disyuntiva casi inevitable: trabajar con las uñas o sacrificar la independencia. “Yo llamo al funcionario por la mañana para pedirle información y por la tarde para venderle publicidad”, resume un periodista local de Barranquilla.

Encontrar soluciones a estos y otros problemas fue la tarea que, sin éxito,  asumió el gobierno del presidente Santos en el 2012, cuando, en cabeza del Ministerio de Interior, comenzó la formulación de una política pública de libertad de expresión. Su objetivo es implementar los programas necesarios para acabar con las limitaciones al ejercicio de la libertad de expresión: desde la inseguridad y la impunidad de los crímenes contra periodistas, hasta las malas condiciones laborales y la ausencia de opciones de capacitación en las regiones.

En el diagnóstico realizado para la formulación de esta política pública, elaborado en concertación con diferentes organizaciones de la sociedad civil entre las que se encuentran la FLIP y la Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper), se admite que “los periodistas en el país atraviesan por situaciones de precariedad en materia de derecho al trabajo y esto tiene una incidencia notable en el derecho a la libertad de expresión frente a la libertad de buscar, recibir y difundir información”. No obstante, tras cinco años de iniciado el proceso, nadie da razón en la dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior sobre cuándo estará lista esta política. “¿Cuánto puede durar el proceso? Le podemos decir un mes o hasta un año y medio o dos”, indica Juan Pablo Jaimes, asesor de esta dirección que lidera la formulación de la política pública.

Funcionarios consultados aseguran que el Ministerio de Interior no tiene competencia sobre la contratación pública, así que es “probable” que las propuestas frente a la asignación de la pauta oficial no sean parte del texto de la política pública de libertad de expresión, sino de un decreto del Departamento Nacional de Planeación (DNP). “Hay una disposición administrativa de que este tema debe ser centralizado en el DNP. No dejaría de existir como política pública, sino que ya no lo lideraría el Ministerio de Interior”, indica León.

En Colombia los medios de comunicación locales tienen muy pocas opciones de financiamiento, así que los periodistas y directores de medios hacen malabares para sobrevivir financieramente. Ilustración: @Lopezgrafico

Otto Sánchez regresó a la Orinoquía en 2006 para trabajar con una campaña política y terminó creando El Correo del Orinoco, durante varios años el único periódico local del Vichada. Sánchez había salido 20 años atrás de su natal Tame, Arauca, amenazado por el ELN. Se refugió en Puerto Inirida, hasta que lo descubrieron, y entonces viajó a protegerse en el anonimato de la enorme Bogotá hasta su llegada al Vichada. El Correo del Orinoco existió por casi 10 años, pero cansado de un coctel de circunstancias adversas, Sánchez terminó cediéndolo en 2015 a un funcionario de la gobernación del departamento.

Y así, se extinguía el único medio de carácter no institucional que existía en el departamento.

“A mí me tocó desempeñar todas las actividades porque no había plata para pagar trabajadores. Entonces vendía la pauta publicitaria, hacía la fotografía y la redacción, todas las labores del periódico”, explica Sánchez, de 77 años. En ese entonces tenía que pedirle el favor a sus amigos que viajaban a Bogotá para que llevaran un CD con el diseño del periódico hasta las imprentas de los diarios El Siglo o La República. Allí era revisado e impreso El Correo del Orinoco, cuyas 3.000 ediciones volaban de vuelta al departamento. Todo el proceso costaba alrededor de dos millones de pesos y esto no le generaba ningún ingreso porque el periódico era repartido gratuitamente. Otros negocios que tenía Sánchez le permitían mantener la publicación aunque no generara ganancias: “Hacía las cosas por ayudar a la gente que acá no tiene cómo comunicarse”, dice.

En 2003, Alejandro Manrique e Iván Cardona publicaron con la Universidad Javeriana una investigación titulada ‘La situación laboral de los periodistas en Colombia’. Ya para ese momento, la situación era crítica: el 89% de los periodistas trabajaban en condiciones precarias: bajos salarios, sin prestaciones sociales o sin pago de horas extras. En muchos casos, ni siquiera existía un vínculo contractual con el medio ni un salario básico, sino el arriendo de espacios publicitarios que el periodista debía comercializar para obtener sus ingresos .

Casi quince años después, los hallazgos de la FLIP luego de estudiar 12 departamentos y 2 subregiones de Colombia constatan que la situación de los periodistas colombianos es precaria: el 23% de los 638 medios detectados le paga a sus periodistas menos de un salario mínimo y el 42% no les ofrece ningún tipo de vinculación laboral.

Los asesinatos, amenazas y múltiples formas de agresión realizadas por todos los actores del conflicto armado han empeorado los problemas de la comunicación local, pero su raíz está en los problemas estructurales de las regiones colombianas.

“La ausencia de tejido comunicativo, la debilidad de los mercados locales y la falta de asociaciones y de opciones de formación”, dice Germán Rey.

El Vichada tiene los peores números que ha encontrado hasta ahora Cartografías de la Información: el 78% de la población vive “en silencio”. Sólo en Puerto Carreño se produce información local, aunque es insuficiente. En los otros tres municipios no hay medios que informen sobre lo que allí ocurre y en Cumaribo sólo existe una emisora del Ejército. Vichada tiene, además, la menor tasa de suscripción a internet, tan solo el 0,2% de la población tiene acceso; y su velocidad es la segunda más lenta del país: la descarga y subida de archivos es 75 y 90 veces más lenta que en Bogotá. Con una frágil economía forestal y ganadera, la única opción que tienen para financiarse los medios de comunicación de la región es la pauta oficial: “Las entidades, sobre todo gobernación y alcaldía, quieren que la prensa esté al servicio de ellos”, explica Otto Sánchez.

“Yo recibí amenazas por comentar cosas que afectan a los políticos o a los funcionarios. Una vez, incluso, un candidato a la Cámara me agredió en plena calle y en una ocasión se metieron a la casa y me quemaron la ropa”. Sánchez no ha terminado de hacer el traspaso del periódico porque, dice, no le han pagado todo. Sin embargo, ya no lo maneja: “Ahora se llama El Nuevo Correo del Orinoco y publica todas las actividades de la gobernación porque lo está manejando uno de sus principales asesores”.

 

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